El presidente de la Corte recibió fondos de VesTex y votó a su favor

Hace tres años, cuando Molina Barreto empezaba su segundo período como magistrado constitucional (primero electo por Óscar Berger y después por la Corte Suprema de Justicia), creó una Fundación Cívica por un Mejor País (Fundacívica). Reunió a siete asesores y funcionarios de la Corte durante su presidencia de 2010 y a una de sus hijas, y y los invitó hacer los fundadores de un ente que tiene como objetivo promover la cultura cívica ciudadana mediante la implementación de programas y proyectos de educación.

Para lograr su objetivo necesitaría de donaciones. El nueve de febrero pasado, Molina Barreto sonreía para las cámaras. Ese día el embajador de Taiwán, Adolfo Sun, le entregó un cheque por US$100 mil (Q800 mil), como parte de una donación para su Fundacívica.

Junto a Molina Barreto y el embajador taiwanés, también aplaudían, sonreían y se estrechaban la mano los otros donantes de Fundacívica: Vestex, una asociación que aglutina 186 empresas de vestuario, 33 textileras y 250 compañías de servicios y accesorios. Una asociación que promueve políticas públicas y reformas legales en el país. Dos de ellas son la “iniciativa de ley de empleo” para aumentar incentivos (o privilegios) fiscales y otra es la reducción de salarios mínimos en cuatro municipios.

Según una nota de la revista Estrategia y Negocios, la alianza de Vestex y Fundacívia para “formar a los guatemaltecos que laboran en el sector de vestuario y textiles en valores y principios cívicos” inició el 26 de julio del 2012.

El voto a favor de sus donantes

A finales del año pasado, el gobierno de Otto Pérez Molina anunció que en cuatro municipios del país las empresas no estarían obligadas a pagar el salario mínimo de Q2,500, sino que podrían pagar uno de Q1,500. Nómada reveló en un reportaje que Vestex fue una de las entidades que intermedió para que un grupo de empresarios coreanos visitaran el país y fueran de los primeros inversionistas en los cuatro municipios.

Alejandro Ceballos, director de Vestex, confirmó que son benefactores de la fundación del presidente de la CC, pero negó que los salarios mínimos diferenciados sea un tema que impulsen y que exista un conflicto de interés al respecto.

“Nosotros, al igual que lo hacemos con Fundacívica, lo hacemos con Artradom, que son los sindicatos de la maquila. Los hemos ayudado hacer sus publicaciones y sus cosas porque creemos que aquí es de ayudar a todo el mundo. Y no veo yo más que el hecho de que se acercó a nosotros Fundacívica para pedirnos un apoyo. No sabía yo que Roberto (Molina Barreto) estaba allí”.

Más adelante en la conversación, dijo que tiene comunicación con el magistrado porque es su amigo de la infancia, pero que no ha hablado con él de Fundacívica, sino solo con “una señorita que es la jefa”. La señorita, por cierto, se llama Mónica Molina y es la hija del magistrado Molina Barreto. La otra hija, Lucrecia Molina, está entre las fundadoras de la Fundación.

El 29 de diciembre pasado, el Procurador de los Derechos Humanos interpuso una protesta legal ante la Corte, un recurso de inconstitucionalidad, para que detuvieran esta decisión presidencial, pues el Código de Trabajo dice que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos adquiridos (como el salario mínimo).

“Las nuevas condiciones laborales fijadas para los cuatro municipios son discriminatorias y violan los principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala y los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en relación con la igualdad de la remuneración”, citó la PDH.

El argumento no convenció a Molina Barreto. Fue uno de los tres magistrados que se opusieron y darían la razón al presidente Pérez Molina (y a gremiales como VesTex). Pero esta vez fueron minoría. Al menos provisionalmente. La Corte, los siete magistrados, tienen que resolver pronto en definitiva. No sólo sobre el argumento del PDH, sino también de otras tres inconstitucionalidades.

La educación cívica de Molina y sus asesores

Molina Barreto llegó a la CC en el año 2006, cuando lo nombró el presidente Óscar Berger, el más proempresarial de los presidentes. Logró su reelección con los votos de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, lunes 13 de abril de 2015, es su último día como presidente de la Corte de Constitucionalidad. Mañana asumirá el cargo la magistrada Gloria Porras.

Su primera presidencia de la Corte fue en 2010. El 2 de junio de ese año creó el Instituto de Justicia Constitucional (acuerdo 7-2010) dentro de la CC para promover el estudio y la difusión de obras en materia de justicia constitucional. Este instituto es dirigido por el presidente en funciones de la Corte.

En 2011, recién reelecto magistrado constitucional, con los mismos conceptos que el Instituto, creó su propia fundación. La escritura constitutiva del 27 de octubre del 2011 consigna que él y siete de sus asesores de la Corte y dos personas más fueron los creadores de Fundacívica.

Molina Barreto, en febrero, en un acto de su fundación.

Mónica Molina, gerente de Fundacívica, explicó por qué se hizo una fundación que haría lo mismo que un instituto dentro de la Corte de Constitucionalidad. Cuando el magistrado dejó la presidencia en 2011, no hubo continuidad de los planes de trabajo del Instiuto y, para no perder lo avanzado, se creó la fundación.

En efecto, los programas de educación cívica y ciudadana son los mismos. Los ejes de acción, la metodología de trabajo y las gráficas en sus publicaciones no varían de las que fueron delineadas para el Instituto de Justicia Constitucional, también patrocinado por la Embajada de Taiwán y el Instituto de Gobernanza.

La fundación dirigida por su hija y sus asesores

Quienes crearon la Fundación, según el acta constitutiva, fueron Lucrecia Molina Spillari, quien es abogada como su padre, Molina Barreto. También es fundador Federico Sandoval Duchez, quien es representante legal y gerente general de la empresa Orcatec, que desde el año 2005 ha recibido Q4.5 millones en contratos con el Estado, según Guatecompras. En el 2010 le vendió a la CC equipo para el departamento de informática por Q70 mil.

Otros fundadores trabajan ahora con Molina Barreto. Son Óscar Perdomo, quien antes fue secretario particular del exvicepresidente Rafael Espada; Silvia Lara, candidata a consejal metropolitana en 2011 y ahora directora Administrativa de la Corte. Josefina Arellano es abogada del equipo de Molina Barreto; Oscar Moreno es director de Recursos Humanos de la Corte; Rita Moguel Luna, directora ejecutiva en el Instituto de Justicia Constitucional; Pedro Pop es su vocero y jefe de la unidad de protocolo; y Ana Lucrecia López y María Gabriela Ponce son sus asesoras. Los directivos de Fundacívica son ad-honorem. Reciben sueldo sólo el personal.

Como Mónica Molina, gerente de la Fundación. Mónica Molina, en la entrevista para este reportaje, abre una presentación de powerpoint en su computadora y lee. Asegura que dentro del proyecto han sido capacitados en derechos cívicos y ciudadanos 10,165 personas (las fotos de las capacitaciones están en la página de la fundación), incluidos estudiantes, docentes, agentes policiales, militares, de seguridad y guardias del Sistema Penitenciario. También agremiados el Colegio de Abogados, y personal de diversas instituciones del Estado a través de convenios bilaterales.

En este año electoral, la fundación de Molina Barreto lanzó una campaña para enseñarle a los ciudadanos cuáles son las características en que deberían fijarse los guatemaltecos a la hora de elegir a sus autoridades. Algo parecido a la campaña que empezará el Tribunal Supremo Electoral.

La gerente añadió que cuando Fundacívica inició, Cementos Progreso y Ceibaranda fueron sus benefactores. No reveló el monto de las aportaciones; tampoco las de VesTex. Taiwán ha entregado a Fundacívica en total US$360 mil dólares (Q2.7 millones).

El magistrado Molina Barreto no quiso hablar para este reportaje. Se intentó obtener una entrevista desde el viernes por medio de su vocero, pero respondió que por ser su último día en el despacho, este lunes su agenda estaba sin un espacio.

Los artículos 35 y 37 de las Normas Éticas del Organismo Judicial exige a los jueces no utilizar su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. “El juez ha de ser escrupuloso en evitar actuaciones que razonablemente puedan dar lugar a la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de familia o de amistad influyen en alguna forma en sus decisiones judiciales”.

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El ahora magistrado Roberto Molina Barreto dio una entrevista a Nómada después de esta publicación. Niega que haya ningún conflicto de interés.