El MP de Consuelo Porras vuelve a dejar a la CICIG en el aire

En la vista pública realizada en la CC se solicitó que quede en firme el amparo provisional que suspendió la decisión del gobierno de dar por finalizado el acuerdo con la ONU que le dio vida a la CICIG en 2006.

[¿Aún no recibís La Jugada? Suscribite aquí y recibí en tu correo una explicación de lo más importante del día.]

Los magistrados de la Corte escucharon los argumentos de los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila.

Cada representante tenía 15 minutos para exponer sus argumentos. Los primeros cuatro en exponer fueron claros al señalar la falta de validez del Acuerdo Gubernativo 2-2019, en el cual el presidente Jimmy Morales dejó sin vigencia el decreto que instauró la CICIG. Resaltaron que la creación de la Comisión se basa en un convenio de derechos humanos y que la finalización del acuerdo violenta los derechos fundamentales de seguridad y de justicia de todos los guatemaltecos.

Los ponentes enfatizaron que el acuerdo gubernativo desobedece al fallo de septiembre 2018 en el que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se respetara el plazo del mandato vigente de la CICIG hasta septiembre 2019. Por lo mismo, Claudia González Orellana de la CICIG indicó que el control constitucional también debe aplicar para el presidente de la república. “La ley no es inferior a él, la ley es superior a todos los ciudadanos”, dijo González Orellana.

Esta entrevista es reveladora: Fiscal contra la Impunidad: “Si la CICIG se va, volvemos a lo de antes”

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, hizo ver los conflictos de interés que tiene el presidente Morales en relación a la CICIG e indicó que serían el motivo para utilizar el poder de su cargo para su propio beneficio.

—Si analizamos el fondo de por qué el presidente de la República de Guatemala y el consejo de ministros emiten un acuerdo gubernativo debemos remitirnos a que existe un serio conflicto de intereses del mismo presidente. Puesto que tanto él, su hijo, y su hermano están siendo señalados en procesos específicos donde tanto el Ministerio Público como la CICIG están actuando—, dijo Cux.

José Manuel Morales y Sammy Morales —hijo y hermano del presidente— están siendo juzgados por el Ministerio Público por fraude en el caso Botín Registro de la Propiedad. El mismo presidente Morales esquivó con ayuda de aliados en el Congreso una investigación de la CICIG por el financiamiento de su campaña electoral en 2015.

La última en exponer fue la abogada Verónica Mazariegos Herrera, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, quien dio una declaración vaga que ocupó solamente dos de los 15 minutos disponibles para defender la presencia de la CICIG.

Mónica Mazariegos, del MP, durante la vista pública en la CC donde se conoció el acuerdo gubernativo que puso fin a la CICIG.

—En este contexto, señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver, como hizo este honorable tribunal, el presente caso ha quedado sin materia sobre la cual resolver—, dijo Mazariegos Herrera.

Esa frase sorprendió al resto de las partes que esperaban una postura y defensa más contundente de parte del Ministerio Público.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, explicó que respeta que las partes del amparo sean independientes para participar en la vista o las audiencias en la forma que consideren oportunos. Pero no comparte la ligereza del alegato de la fiscal Verónica Mazariegos.

—El Ministerio Público tiene fundamento legal y fáctico suficiente como para solicitar el otorgamiento en forma definitiva del amparo solicitado y que se declare ilegal lo actuado por el organismo ejecutivo. Esperaba que el alegato del Ministerio Público fuera mucho más sólido y contundente y no a la ligera como desafortunadamente fue—, explicó el PDH.

El representante de Acción Ciudadana, Eddie Cux, ve con preocupación la poca defensa de parte del Ministerio Público:

—La calificamos como sorpresa y preocupante, tanto por plantear que el amparo quedó sin materia, como por la escueta defensa y argumento de la fiscal que representó. Se esperaba que el MP defendiera a su principal socio en la lucha contra la corrupción y argumentar más que sólo 2 minutos.

Cux no quiere especular sobre el motivo de la falta de apoyo a la CICIG en la vista pública, aunque dice que sí da causa para cuestionar a la Fiscal General, Consuelo Porras, si realmente existe un apoyo a la CICIG y lucha contra la corrupción.

Esta investigación dio luces sobre el MP: La estrategia del Pacto, Consuelo y EEUU para reemplazar a la CICIG y acabarla desde ahora (parte 2)

La vista pública fue solicitada por el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, quien fue más expresivo en su interpretación de la exposición de la representante del Ministerio Público. Él y las partes que presentaron el amparo en defensa a la CICIG se quedaron solos.

–Se le cayó la máscara a la Fiscal General. Puso en evidencia que la Fiscal General dice una cosa y hace otra; está apoyando el Pacto de Corruptos y se opone a la lucha contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedamos solos, solo nos queda la Procuraduría de Derechos Humanos. El problema es que las resoluciones del Procurador no son vinculantes, las del Ministerio Público sí—, comentó Mejía Dávila.

El abogado Mejía Dávila comenta sobre la declaración del Ministerio Público acerca del caso, que para el ente investigador quedó sin materia, es decir que ya no hay nada que resolver:

—Está diciendo que la CICIG ya no existe. Entonces, como el caso se había quedado sin materia, porque ya no existía la CICIG, entonces que la Corte Constitucionalidad no otorgara el amparo definitivo. Eso resume todo.

El abogado califica el Acuerdo Gubernativo 2-2019 como una “aberración jurídica” ya que el presidente Morales está usurpando atribuciones de legislación que no le corresponde. En el acuerdo gubernativo el presidente y el consejo de ministros derogaron el decreto original que permitió la creación de la CICIG y que fue aprobado por el Congreso en 2006. Un decreto que únicamente puede ser derogado por el mismo Congreso. El mensaje que el Ministerio Público dejó en la vista pública, dice Mejía Dávila, significa que el Presidente puede seguir actuando como si fuera monarca.

Otro momento que el MP tomó distancia de CICIG: MP rompe con CICIG postura por financiamiento electoral ilícito

Investigación contra esposa del presidente

La fiscal Consuelo Porras dijo que la Fiscalía contra la Corrupción comenzará una investigación acerca de unos cheques a favor de Patricia Marroquín de Morales, esposa del presidente. Una investigación del diario El Periódico reveló que Othmar Sánchez giró cuatro documentos por Q250 mil que fueron depositados en cuentas de la pareja presidencial.

Jimmy Morales y Patricia Marroquín de Morales.

Sánchez, propietario de la firma Fulanos y Menganos, fue financista de la campaña del FCN-Nación. La investigación reveló que cuando Jimmy Morales fue secretario general del partido, entre 2014 y 2015, recibió el aporte que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral. Los cheques aparecen a nombre de Jimmy Morales y Patricia Marroquín, su esposa.