En la USAC habrá elecciones (al estilo de la vieja política)

La USAC tiene una cuota de poder como pocas instituciones en el país. Su fuerza está en la incidencia que tiene en el Estado a través de sus delegados en distintos órganos de decisión política, entre ellos las comisiones de postulación que eligen a magistrados, intendentes, contralor y fiscal general.

Una investigación de Nómada evidenció cómo la politización de la Facultad de Derecho de la USAC fue clave para copar las magistraturas en el Organismo Judicial, favoreciendo a grupos de presión política.

Las facultades que la Constitución le otorgó a la USAC en 1985 y 1994 la hicieron un botín para grupos externos que quieren acceso a las instituciones en las que tiene representación, dejando la academia al servicio de la política. La joya de la corona es el magistrado, de cinco en total, que la universidad puede nombrar en el órgano con mayor poder del país: la Corte de Constitucionalidad, un privilegio que la pone al mismo nivel que el Presidente de la República, el Congreso y el Organismo Judicial, y que comparte con el Colegio de Abogados.

Las mafias no tardaron en comprender que para controlar la universidad hay que controlar a sus autoridades, y las elecciones son la mejor oportunidad para asegurar que las personas que lleguen a esas posiciones se plieguen a sus intereses.

Los rectores de la USAC de las últimas dos décadas han tenido un papel importante en la cooptación de la academia, aliándose con los gobiernos de turno y las mafias del Estado. Pero entre todos, uno de destaca porque fue quien mejor entendió y supo utilizar a su favor las relaciones entre la universidad y la política nacional. Ahora quiere volver al gobierno universitario como poder tras el trono.

Gálvez y los exAEU detrás de los perfumes finos de Murphy Paiz

Estuardo Gálvez, decano de la Facultad de Derecho (2000-2004) y rector durante dos periodos consecutivos del (2006-2014),  es conocido dentro y fuera de la comunidad universitaria como el gran cooptador de la USAC. Es señalado de ser el artífice de una compleja estructura de clientelismo y corrupción interna que logró aliarse con grupos de poder externos para hacer nombramientos en puestos clave del Estado, con el fin de comprar voluntades y lanzar su carrera política. Tuvo un papel clave en la politización del Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho.

El plan de Gálvez era continuar incidiendo en la universidad tras su salida como rector y para ello logró colocar como heredero a su secretario privado, Carlos Alvarado Cerezo, actual rector de la USAC. Pero la asociación duró poco una vez se dio el cambio de mando y, con la ruptura, Gálvez perdió poder.  Ahora, tiene un nuevo pupilo, Murphy Paiz, quien puede ser su boleto de regreso a la USAC.

Murphy Paiz fue decano de la Facultad de Ingeniería durante dos periodos entre 2006 y 2015. Después del vencimiento de su mandato puedo mantenerse un año más ilegalmente en el cargo, burlando la Ley Orgánica de la USAC con la ayuda de Gálvez.

Paiz subió la escalera política en la universidad con rapidez. Comenzó en 1991, a los 20 años, como presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería. A los 27 años fue electo miembro del Tribunal de Honor y gerente del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Dos años después, los profesores de la facultad lo eligieron como su representante ante el Consejo Superior Universitario.

Sus conexiones políticas lo catapultaron de tal manera que a los 30 años ya era representante de la universidad ante la Junta Monetaria, la máxima autoridad en política financiera del país, a pesar de no tener estudios de economía.

Su gestión como decano está plagada de señalamientos y dudas sobre su manejo de los recursos de la facultad. Dos miembros de la Junta Directiva de la facultad durante su gestión, quienes hablaron con la condición de no ser citados, lo acusan de la sobrevaloración de obras en el campus, hacer cobros irregulares a los estudiantes en proceso de graduación, y lucrar con diplomados y cursos organizados a través de la Fundación de Superación del Ingeniero (FUNSIN).

En 2009 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de Ingeniería denunció ante el Consejo Superior Universitario que en la Facultad había un proceso de privatización, delitos y cobros de laboratorios, pero cualquier señalamiento contra Murphy Paiz fue desoído por ese órgano, entonces controlado por el rector Gálvez.

Según consta en Guatecompras, cuando todavía era decano, Murphy Paiz recibió Q2 millones 480 mil 745.96 como contratista del Estado por efectuar proyectos de supervisión para COVIAL, en los tiempos en que diputado el Oscar Armando Escribá (ex UNE, LIDER y ahora miembro de Alianza Ciudadana) era director de esa dependencia. Hay una denuncia en su contra que pide al Ministerio Público investigar si esas supervisiones realmente se efectuaron, pues era decano a tiempo completo.

Su campaña, que comenzó desde el año pasado, es la más costosa de todas.  Para promocionarse celebrado almuerzos en restaurantes y hoteles caros, incluyendo el Adriátika, donde Jimmy Morales vivió “gratis” cuando era candidato presidencial.

A los estudiantes regaló panes, golosinas, artículos con su propaganda durante varios días en el campus central, y a los miembros del CSU les ofreció perfumes finos para agradarlos, según declaraciones de testigos.

El cierre de campaña de Murphy no dejó de estar a la altura: se celebró con cientos de invitados en el centro de convenciones más grande de Quetzaltenango, el Gran Karmel.

Profesores y trabajadores de la facultad de ingeniería que se preguntan cómo pudo costear los gastos de todas esas actividades, señalan que detrás del exdecano están las empresas de construcción que cooptaron el Ministerio de Comunicaciones y la Cámara de Construcción. Una de sus principales financistas, coinciden los entrevistados, es la Compañía Constructora de Obras Civiles- COCISA-, que tuvo contratos millonarios en la universidad durante la gestión de Gálvez.

En 2014 COCISA fue adjudicada para la construcción de un edificio en el Centro Universitario de Occidente por Q64 millones. La constructora recibió un anticipo de Q12.8 millones por la obra, pero el edifico nunca se construyó. La Universidad le ha demandado la devolución del dinero, pero el caso está a la espera de una resolución por parte de un tribunal arbitral.

Eso no es todo.  El exdecano de Ingeniería tiene otro aliado de la vieja política además de Estuardo Gálvez y las constructoras. Murphy fue fotografiado junto a los miembros de la excomisión transitoria que tuvo secuestrada a la AEU durante 17 años y quienes el 23 de marzo pasado tomaron por la fuerza el desfile bufo, amenazando con armas y bates a los legítimos representantes estudiantiles para que desalojaran el Paraninfo universitario.

Foto: Facebok / El Mañanero Económicas Usac.

El candidato prometió una entrevista a Nómada, pero luego desistió y dejó de contestar los mensajes y las llamadas a su celular. El sábado pasado no asistió al debate de candidatos al que estaba invitado.

El amigo de los amigos del “Rey”

El despacho del rector actual, Carlos Alvarado, está dividido entre los apoyos a Murphy Paiz y otro candidato: Carlos Sierra. Y aunque el rector no ha hecho pública su preferencia hacia ninguno de ellos, sus asesores trabajan con este último, aseguraron trabajadores de la Rectoría.

Carlos Sierra es catedrático de zootécnica y eterno representante del Colegio de Médicos, Veterinarios y Zootecnistas ante el CSU. Fue Director General de Administración en la USAC durante la rectoría de Luis Leal, periodo en el que fue cuestionado ante el Consejo por la opacidad en la ejecución de varias obras.

Consultado al respecto, se defiende afirmando que cuenta con un finiquito de la Contraloría General de Cuentas y que no tiene ningún proceso penal abierto.

Algunos entrevistados vinculan su financiamiento a las empresas que han ejecutado obras de infraestructura en los distintos campus de la Universidad, pero Sierra asegura que su campaña,  la segunda más grande después de la de Murphy Paiz, ha costado Q75 mil y ha sido financiada únicamente por sus ingresos. Las dos afirmaciones son poco creíbles.

– ¿Las paneles con autoparlantes repitiendo su propaganda todo el día en el campus central están incluidas en esos Q75 mil?

– No, eso, es solo un carrito que nos prestaron. Ya la quitamos, solo la tuvimos una semana, pero ya la quitamos.  Las bocinas son mías, oye. Solo gastamos en un pequeño cartel que se colgó ahí en la panel, responde Sierra.

Sierra prometió a Nómada entregar los documentos de contabilidad de su campaña, pero hasta la hora de publicación de este artículo no cumplió con ello.

A su favor cabildea el decano de la Facultad de Humanidades, Walter Mazariegos, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Suárez. Ambos son afines a la estructura delincuencial que conformaba la ex comisión transitoria de la AEU y que mantiene copadas las asociaciones estudiantiles de esas unidades académicas.

Otros apoyos vienen de los abogados cercanos al “Rey del Tenis”, Sergio Roberto López Villatoro, importante operador de las elecciones de funcionarios judiciales, quien fue capturado por el MP y la CICIG por regalar un apartamento al magistrado Giovanni Orellana a cambio de su voto en las comisiones de postulaciones para magistrados del Organismo Judicial.

Durante un evento en la Facultad de Derecho el 16 de febrero de 2017, Giovanni Orellana dio su respaldo público al candidato a rector Carlos Sierra, aunque este último niega tener una relación cercana con él.

Otro abogado, Juan Godínez Rodríguez, miembro de la agrupación Abogados de Mixco está trabajando a favor de Sierra. Como representante del Colegio de Abogado, solicitó al CSU investigar el contrato de la financista de Murphy, COCISA para la construcción del edificio en el Centro Universitario de Occidente.

Godínez trabajó con el Rey del Tenis como operador de las comisiones de postulación de magistrados del Organismo Judicial, pero rompió su relación con él en 2015 porque no quiso apoyarlo para magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Algunos estudiantes dijeron que están preocupados porque su eslogan no oficial es “te voy a graduar” y les preocupa que facilite los trámites para obtener un título, minando la calidad académica.

La candidata contracorriente

Aunque el escenario de elección de rector en la USAC parece beneficiar a las mafias de la universidad, hay quienes ven en la candidata Hada Alvarado una oportunidad de recuperación de la USAC.

Alvarado es reconocida como la única candidata independiente, por lo que tiene el apoyo de los trabajadores, docentes y estudiantes críticos al involucramiento de la política en la USAC. Hizo oposición a la red de clientelismo y tráfico de influencias de Estuardo Gálvez cuando ambos integraron el CSU.

Se ha dedicado a la docencia por 32 años y fue decana de la Facultad de Farmacia. La gestión como decana de Hada Alvarado, afirman representantes estudiantiles y docentes de Farmacia, fue poco cuestionada. También ha sido representante estudiantil y presidenta del Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala.

Tiene la campaña más modesta de todas y se ha quejado de que su propaganda ha sido destrozada por trabajadores administrativos y de servicio de la universidad  que apoyan a Sierra o a Murphy Paiz.

Hada Alvarado asegura que su campaña se sostiene con aportes voluntarios que hacen estudiantes, egresados, catedráticos miembros de su movimiento, llamado Generación U. El informe de los gastos de su campaña esta disponible en la página del movimiento.

Un sistema desfasado por 50 años con estudiantes de segunda categoría

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo contra la convocatoria de elecciones de rector en la USAC debido a que excluye a más de la mitad de los estudiantes y profesores de la comunidad universitaria, pero la Corte de Constitucionalidad no ha conocido siquiera la solicitud de amparo provisional.

Si la Corte llegara a resolver el amparo de manera favorable, podría obligar al CSU a incluir a todos los sectores excluidos y de esa forma democratizar el proceso electoral.

Marlon Son, miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda” (AEU), cree que el desinterés de todos los rectores para reformar el sistema electoral para hacer valer los derechos de representación y votación de todos los estudiantes es una decisión política. Entre menos electores haya, menos esfuerzo se debe hacer para ganar votos.

Además de la falta de democracia, advierte, el sistema de elección también carece de controles para asegurar la transparencia: no establece tiempos ni techos de campaña y no hay mecanismos oficiales para auditar el financiamiento de las mismas, lo que constituye un vacío legal más a favor de los de los grupos con poder económico que quieren controlar las elecciones generales o de decanos dentro de cada facultad.