Montenegro todavía confía en la justicia
Aún después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que inició el proceso de cancelación de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, la secretaria general de esa agrupación, dijo confiar en que la justicia le dará la razón y disipará las acusaciones de financiamiento electoral ilícito que pesan sobre su partido.
EG es la única organización política que, según se ha dado a conocer públicamente, está negociando una posible candidatura presidencial de la exfiscal general, Thelma Aldana.
El trámite de cancelación del partido se inició a solicitud de la Fiscalía de Delitos Electorales, que notificó al TSE de su investigación por financiamiento electoral ilícito contra el partido político. Montenegro dijo que el caso en su contra no va más allá de simples faltas administrativas y cuestionó la facultad del Ministerio Público para solicitar la inhabilitación de EG.
Óscar Schaad, fiscal de Delitos Electorales, rechazó ambas afirmaciones y explicó que el MP tiene obligación de informar al TSE sobre los hallazgos contra partidos políticos.
La Fiscalía de Delitos Electorales señaló el pasado 10 de agosto a Encuentro por Guatemala por no entregar a tiempo los estados financieros del último semestre de la campaña electoral 2015. Además, la acusación indica que el TSE no pudo establecer la procedencia de Q1.7 millones para gastos de campaña debido a que no tuvo acceso a la información contable de la agrupación.
El MP también investiga dos aportes no registrados ante el TSE: uno por Q76 mil de Maximum Financial and investments Services, para la campaña de 2015, y otro por Q197 mil de la entidad Publicidad Avance S. A., para la campaña de 2011.
Montenegro, como secretaria general y representante legal de la agrupación política debe responder ante los tribunales por estas acusaciones. La solicitud para retirar su inmunidad todavía está bajo análisis de la jueza la jueza pesquisidora Zonia de la Paz Santizo, de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.
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FCN-Nación retrasa su cancelación
El 18 de abril el Ministerio Público solicitó la cancelación de FCN-Nación, el partido que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Una semana más tarde el TSE comenzó las gestiones para cumplir con el requerimiento.
El MP y la CICIG señalan a FCN Nación por haber recibido financiamiento electoral ilícito por más de Q15 millones durante la segunda vuelta de las elecciones de 2015. Por este caso la fiscalía ha presentado dos antejuicios contra el presidente. Uno de ellos todavía está bajo análisis de la comisión pesquisidora del Congreso.
La magistrada del TSE, María Eugenia Mijangos, explicó que después de iniciarse el proceso de cancelación los partidos políticos todavía tienen la oportunidad de presentar pruebas de descargo para salvarse. Tienen 30 días para remitir su defensa al Registro de Ciudadanos y pueden pedir un mes más para presentar sus pruebas.
El diputado Javier Hernández, secretario general de FCN-Nación, presentó el memorial de defensa el 20 de agosto solicitando desestimar el expediente. Luego de esto, la agrupación tiene hasta el 8 de octubre para presentar las evidencias ofrecidas y diez días después el Registro de Ciudadanos resolverá el caso.
FCN-Nación ha recurrido a todos los recursos legales posibles para evitar su muerte política. La agrupación ha presentado seis amparos ante distintas salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia para detener el proceso de cancelación, pero hasta la fecha ninguno ha dado resultados. Cinco han sido rechazados por cuestiones de fondo o de forma, mientras que uno más está pendiente de resolverse.
Aparte de los amparos FCN ha planteado dos apelaciones y dos ocursos de queja, otro tipo de impugnación que consiste en denunciar actuaciones y resoluciones erróneas por parte de un órgano judicial ante su superior.
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¿Qué pasará con Unionista?
El 5 de 2017 el MP y la CICIG presentaron el caso Caja de Pandora, que involucraba al reo Byron Lima Oliva y alcalde Álvaro Arzú en una estructura de financiamiento electoral ilícito. De acuerdo con las investigaciones, la cooperativa Torre Fuerte, de Lima Oliva, alteró facturas para esconder los gastos de campaña del partido Unionista, de Arzú y sus aliados políticos.
El MP señaló que personal de la alcaldía bajo las órdenes de Arzú requería a Torre Fuerte la elaboración de artículos promocionales para Unionista y aliados. Posteriormente Torre Fuerte emitía facturas en blanco, que se llenaban en la comuna como servicios prestados a la misma y se pagaban con recursos públicos que estaban destinados al Fideicomiso de Apoyo a Planificación Urbana.
Este caso fue la primera investigación grande por corrupción que golpeó a Arzú, cacique de las élites políticas conservadoras que acumuló enormes cuotas de poder político.
La investigación contra Unionista guarda similitud con los señalamientos contra Encuentro por Guatemala y FCN-Nación, pues los tres partidos dejaron de reportar algunas aportaciones para sus respectivas campañas ante el TSE y las ocultaron recibiéndolas a través de terceros.
Sin embargo, el MP todavía no ha solicitado la cancelación de Unionista, confirmó la magistrada Mijangos. Según explicó, el tribunal ha conocido del caso por los medios de comunicación, pero la fiscalía no ha notificado ningún hallazgo a esta institución.
El expediente, a diferencia de los dos casos anteriores, es investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a la que correspondería informar al TSE sobre sus hallazgos.
Juan Francisco Sandoval, encargado de la FECI, no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados a su celular para que explicara la razón por la cual no se ha solicitado la cancelación de Unionista.
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