“Hay que recordarle a la Fiscal General que las violaciones también se cometen por omisión”

Cuando el gobierno de Jimmy Morales daba sus primeros pasos, el abogado Ramón Cadena ya advertía que su mano podría ser maś peligrosa que el puño del gobierno del Partido Patriota. En agosto de 2016 un grupo de hombres allanó la casa del penalista, destrozó todo y robó el computador en que el penalista guardaba información importante sobre los casos en que ha estado involucrado.

Su historial incluye desde la defensa de comunidades afectadas por hidroeléctricas y proyectos mineros, hasta su participación como perito en el caso CREOMPAZ, el caso por desaparición forzada más grande de América Latina, por el que se encuentra prófugo Edgar Ovalle, el coronel que llevó a Jimmy Morales a ser candidato de FCN.

Tres años después, la advertencia de Cadena, lamentablemente se ha cumplido.

—La Fiscal General, Consuelo Porras, aseguró que CICIG “se retiró” y que por lo tanto ella sacó al equipo de analistas criminales que apoyaban a la Comisión. Dado que CICIG sigue vigente, ¿Cómo interpreta el actuar de la Fiscal?

—Ella está incurriendo en pasividad, en falta de acción y hay que recordarle que las violaciones también se cometen por omisión. Ella sabe que debió haber actuado desde hace mucho tiempo y decir que debe esperar a que la Corte de Constitucionalidad se lo ordene, es solo su mejor pretexto.

El caso del aeropuerto (cuando el gobierno intentó impedir el ingreso al país de un trabajador de CICIG) fue revelador. Ella actuó porque no tenía otra opción ante la presión internacional y de la ciudadanía. Sin embargo su pasividad demuestra que sigue respondiendo a los intereses de su elector, el presidente Jimmy Morales.

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—Pero el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el caso de financiamiento electoral ilícito y algunas manifestaciones públicas de apoyo a CICIG parecían mostrar que trabajaría con independencia...

—Es que solo actúa cuando la presión no le deja espacio para maniobrar. Su proceso estuvo viciado. En la elección de Fiscal General había mejores candidatos pero el presidente Jimmy Morales decidió no hacer una evaluación pública y elegir a puerta cerrada a quién creyó que mejor iba a defender sus intereses.

Por eso fue que el Congreso frenó las reformas constitucionales, porque esas reformas garantizaban que los funcionarios no le debieran lealtad a sus electores. El resultado es que dos años después ya colocaron a un Procurador acorde, cambiaron la cúpula policial y por supuesto, a una Fiscal General que ha dejado en evidencia su posición respecto a CICIG.

Mientras la Corte de Constitucionalidad se mantenga hay una esperanza de que esto pueda mejorar.

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—Pero también tenemos una Corte de Constitucionalidad que no parece tener la fuerza suficiente para hacer respetar sus resoluciones...

—Es el derecho mismo el que está perdiendo fuerza porque el mismo Presidente de la República dice que no va a obedecer una orden constitucional. Guatemala Inmortal le pidió al Congreso que no cumpla con la resolución de la CC que deja sin efecto el antejuicio contra los magistrados. En un Estado ideal ellos deberían haber sido detenidos en flagrancia por sedición.

Esto es similar al Jueves Negro y Viernes de Luto cuando el Estado a cargo de FRG le ordenó a la PNC que no actuara frente a las manifestaciones violentas que el mismo gobierno organizó. Allí también hay un precedente porque tiempo después el director de la PNC fue encontrado culpable por no actuar.

Acabamos de ver cómo un tribunal y la misma PNC deciden proteger al hijo de un diputado (Juan Ramón Lau) cuando él fue detenido en flagrancia portando un arma de manera ilegal. Y esto va a seguir sucediendo porque el presidente ha dejado en claro que pueden actuar con impunidad y que el Ministerio Público tampoco va a estar allí para detenerlos.

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—Si damos por hecho que el Ministerio Público se alineará a los intereses del Presidente. ¿Quién nos queda para ejecutar las órdenes de la CC?

—El pueblo. Está claro que la Fiscal General sólo actúa cuando la presión social la obliga. Entonces el pueblo tiene que presionar para que se inicie la persecución penal contra el presidente Jimmy Morales y sus ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores. Mientras se mantengan los magistrados independientes, aún podemos seguir interponiendo acciones pero ellos ya han cumplido su primer objetivo que era minar la cooperación entre las instituciones.

También habrá que determinar en su momento si el actuar del gobierno viola el Pacto de San José y en ese caso podríamos llevar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

—¿A esa posibilidad de apelar al ente internacional responde el interés del gobierno por postular a Stuardo Ralón (también candidato a presidir el Colegio de Abogados) como comisionado de la CIDH?

—¿Cómo puede tener legitimidad el candidato de un gobierno que no cumple con sus obligaciones internacionales? Es que el problema es mucho más grave. Por ejemplo, qué garantías tiene Belice de que, en caso de llegar a una solución al conflicto, Guatemala respetará el acuerdo. ¿Cómo, si es un país que ha dejado en claro que no le importa violar el derecho internacional?

Consuelo Porras, fiscal general.

—Si la Fiscal General tiene responsabilidad por no actuar, ¿Qué grado de responsabilidad tiene la CC por no haber ordenado la destitución de los ministros desde que inició la crisis?

—Ellos emiten resoluciones con las que no estamos de acuerdo. Para mí, la CC debió haber certificado lo conducente desde el 2017 para evitar que esta crisis se agudizara pero intentaron salvaguardar la institucionalidad. El problema es que a estas alturas ya estamos en un punto de no retorno. Las instituciones ya fueron afectadas. Cualquier solución a la crisis va a afectar la institucionalidad.

Lamentablemente este es el punto al que nos llevó la mano de un presidente que ha sido manipulado por el ejército y por el poder económico.

—Los más optimistas creen que las elecciones presidenciales pueden ayudarnos a solucionar la crisis. ¿Usted lo percibe así?

—Creo que la campaña electoral será usada para confundir a la población. Nada nos asegura tampoco que el presidente y los suyos van a aceptar un resultado contrario a sus intereses. Incluso la misma Ley Electoral prevé la posibilidad de ir a elecciones bajo un estado de excepción y frente a eso tenemos que estar alerta. Por eso el interés por infundir miedo con actos violentos.

Además, antes de que salga Jimmy Morales, este Congreso elegirá nuevas Cortes y esa elección es tan importante como la presidencial. Los puestos ya se están negociando y los jueces probos saben que las cosas han cambiado y que ahora ellos también son más vulnerables.