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Con esta reforma, Pérez Molina saldrá libre en 2 años

Tras el rechazo internacional al intento de reformar la Ley de Reconciliación Nacional, una segunda propuesta avanza en la agenda del Congreso. Esta vez apelan a los Derechos Humanos para sacar a los veteranos que guardan prisión por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

Entender la política Alvaro Arzú Escobar Conflicto Armando Interno Congreso de la República Ley de Reconciliación Nacional Luis Fernando Linares Beltranena P258

Víctimas y sobrevivientes ven con preocupación el intento de los diputados por excarcelar a criminales de guerra.

Foto: Carlos Sebastián

En 1981 la joven Emma Molina Theissen fue secuestrada y violada en una base militar. Tras haber logrado escapar, el Ejército se vengó desapareciendo a su hermano, Marco Antonio, quien entonces tenía 14 años. Por ese caso fueron condenados en mayo de 2018 los militares Benedicto Lucas, Manuel Callejas y Callejas y Hugo Zaldaña Rojas. Los tres podrían salir de prisión próximamente gracias a una reforma que preparan los diputados.

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Desde el inicio del actual periodo legislativo diputados como el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar y el presidente de la comisión de legislación, Luis Fernando Linares Beltranena, señalaron que entre sus prioridades estaba la modificación de la Ley de Reconciliación Nacional.

El objetivo, en palabras de Linares Beltranena:

—Que todas esas sentencias (relacionadas con crímenes durante el conflicto armado) se declaren nulas y las personas detenidas de ambos bandos tienen que salir libres.

Según los datos del propio diputado, 72 oficiales del ejército y un guerrillero se encuentran detenidos por estos casos.

La iniciativa avanzó en la agenda pero los diputados detuvieron su plan ante el fuerte rechazo y la posibles sanciones que podría recibir el país por violar tratados internacionales que prohíben la amnistía cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta el G13, conformado por los gobiernos de los principales donantes para el país, manifestaron su rechazo.

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El plan B para liberar a los veteranos

Entre julio y agosto de 2018 se presentaron dos iniciativas de ley con el objetivo de establecer un plazo máximo para la prisión preventiva. La primera, la 5474, fue presentada por los diputados Juan Ramón Lau y Felipe Alejos que proponen que la medida solo se pueda ampliar una única vez por un lapso de seis meses.

La segunda, 5466, de Luis Hernández Azmitia, propone que la prisión preventiva termine si un recluso ya ha cumplido el tiempo equivalente al delito por el que se le está juzgando.

—Todos reconocemos la importancia de legislar para evitar que se sigan violando los derechos de la gente que guarda prisión sin haber sido vencida en juicio. Sin embargo, nuestro acuerdo en jefes de bloque era crear una comisión específica para ver este tema porque las medidas que se requieren son mucho más grandes y también dependen del Organismo Judicial—, explica la diputada de Convergencia, Sandra Morán.

La clave en el nuevo plan de los diputados está en el dictamen sobre ambas iniciativas que hizo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, dirigida por el diputado Linares Beltranena.

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En el dictamen se propone una nueva causal para finalizar el encarcelamiento que no había sido propuesto en las dos iniciativas. Se lee textualmente:

“La comisión recomienda la incorporación de un numeral “4” al artículo 268 del Código Procesal Penal e incorporar así a los mayores de 70 años, esto en atención a ser personas de la tercera edad, para quienes la reclusión de forma indeterminada afecta de forma más grave la salud e integridad física”.

El analista en temas de justicia Javier Monterroso, explica:

—Las medidas que están proponiendo no solucionan el problema de la prisión preventiva porque eso requiere, sobre todo, cambios en la forma en que el OJ gestiona los casos. Se percibe más el interés de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad, sobre todo cuando sabemos que desde que llegó al Congreso el objetivo de Linares ha sido favorecer a los militares.

El rango de edad a partir del que se propone la liberación de los reos permitiría la libertad de militares como los condenados por el caso Molina Theissen. Benedicto Lucas tiene 86 años, Callejas y Callejas, 81 y Hugo Zaldaña, 76. De esta manera casi cualquier militar de alto rango que pudiera ser procesado por crímenes durante el conflicto armado, podría beneficiarse con la reforma.

También algunos implicados en grandes casos de corrupción podrían beneficiarse con la reforma que propone Linares Beltranena. Otto Pérez Molina, por ejemplo, solo pasaría dos años más en la cárcel ya que actualmente tiene 68 años.

—Si en realidad les preocupa el problema en general de la prisión preventiva o la sobrepoblación de las cárceles, estarían presionando al Organismo Ejecutivo para que, por ejemplo, implemente el brazalete electrónico—, cuestionó la diputada Morán.

El dictamen fue entregado por la comisión que preside Linares Beltranena en septiembre de 2018 pero fue esta semana que regresó a estar en agenda para la discusión de los diputados. Esta semana podría ser clave para aprobar la reforma.

Además:

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Gabriel Woltke
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Guatemala / Xibalbá 1988. Ingresó al seminario queriendo ser sacerdote, salió a estudiar literatura y luego hizo carrera como periodista. Avanza sobre el río. Desea ser escritor, corrector, carpintero, programador, diseñador, monje, mago, árbol, pájaro, ballena.


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