Estas 4 veces se salvó OPM de la justicia

No ha pasado un año desde que Otto Pérez Molina renunció a la presidencia del país y ya es habitual verlo al menos una vez al mes en la sala de audiencias del juez Miguel Ángel Gálvez. Ya no está solo, ahora lo acompañan aliados que han sido capturados por colaborar con el Partido Patriota, el grupo político que llegó al poder para enriquecerse.

El exgobernante y militar retirado tiene señalamientos en tres casos por corrupción en el Estado. Ya fue ligado a proceso por ser el sospechoso de dirigir La Línea, la red de defraudación aduanera que operaba en el Puerto Quetzal y por recibir un soborno de US$24 millones de empresarios españoles para controlar la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Pérez Molina está por conocer los millones  de documentos que la Fiscalía recopiló en las investigaciones por el financiamiento ilícito de la campaña electoral del PP y la forma en que durante su gobierno (2012-2015) convirtió la administración pública en su propio negocio.

Pero la justicia le sigue los pasos desde antes, y aunque se le acercara no lograba tocarlo por completo. Al menos en tres casos el Ministerio Público tuvo indicios que lo vinculaban a crímenes durante el conflicto armado interno y a triangulación de fondos del Congreso. Pero Pérez Molina siempre ganaba. Ya fuera porque sus allegados militares encontraban la fórmula para esquivar los procesos o porque su inmunidad como funcionario lo protegía.

Esos casos en los que la Fiscalía no logró acusarlo siguen abiertos. Estas investigaciones contra Otto Pérez Molina continúan.

1. MDF

En el año 2008 Eduardo Meyer , entonces Presidente del Congreso, denunció que “a sus espaldas” Byron Sánchez Corzo, su secretario privado, y José Benvenuto Conde, entonces director financiero , retiraron  Q82 millones de los ahorros que el organismo tenía en el Banco Uno para depositarlos en la casa de bolsa Mercados del Futuro (MDF).

Según las pesquisas del MP, dirigentes de dicho banco  habrían ayudado a hacer la transacción. MDF ofrecía al Congreso un interés de apenas 9% cuando otros inversores que pusieron menos capital recibían hasta 13%.  Las investigaciones apuntaban a que en esa diferencia se escondía un margen de ganancias que probablemente derivó en sobornos.

En medio de las investigaciones se localizan diversos cheques emitidos por MDF, uno de ellos a nombre de Otto Pérez Molina, por Q690 mil. El exfuncionario, que acababa de dejar el cargo de diputado , aseguraba que ese dinero provenía de un préstamo .

Para evitar el juicio pagó esa cantidad en un juzgado. Luego la Intendencia de Verificación Especial (IVE) detectó que ese dinero salió de Fonapaz y que llegó hasta Juan de Dios Rodríguez, quien fue Secretario Privado de Pérez Molina y presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) .

Rodríguez salió al auxilio del general retirado y presentó una escritura para justificar que el cheque era producto de la compraventa de un terreno entre ambos. Ese documento sirvió para que las líneas de investigación del Ministerio Público (MP) no apuntaran más al exmandatario.

En 2015, justo a una semana de que perdiera su inmunidad, el MP reactivó el caso y solicitó que las cuentas de Pérez por Q5 millones y US$22  mil fueran embargadas ante la sospecha de un origen ilícito.

De la vinculación del expresidente, Javier Monterroso, asesor de la Fiscalía durante la gestión de Claudia Paz y Paz, recordó: “Lo que se decía es que le habían dado dinero a Otto Pérez para que él y el Partido Patriota no hicieran escándalo del tema”. Margarita Izaguirre, fiscal a cargo del expediente, dijo que todavía trabajan en la investigación para determinar el origen del dinero del expresidente.

2. La desaparición de Efraín Bámaca

En el año 1991 Pérez Molina era director de inteligencia (G2) del Estado Mayor Presidencial . Un año después, el comandante guerrillero Efraín Bámaca fue detenido y desaparecido. Según las investigaciones del Ministerio Público, la seguridad del prisionero estuvo a cargo de agentes de inteligencia militar.

El Ministerio Público emprendió una investigación para determinar si participó en los hechos; sin embargo, no pudo llegar muy lejos porque el 5 de enero de 2012, Marvin Giovanni Vásquez Vicente, entonces jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, le solicitó a la jueza Carol Patricia Flores que cerrara el caso a favor de Pérez Molina basado en el dictamen del asesor militar peruano Rodolfo Robles.

“Él (Robles) trabajaba con la Fundación Myrna Mack y dijo que no había pruebas de que la G2 hubiera hecho ese operativo y el fiscal Vásquez sin consultarlo con la Fiscalía General desestimó el caso”, recordó Monterroso en entrevista con Nómada.

Las autoridades del Ministerio Público dejaron de confiar en el fiscal de Derechos Humanos. En ese momento también se preparaban para solicitar que Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez fueran enviados a juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. La medida de la fiscalía fue trasladar a Vásquez Vicente a la sede en La Antigua Guatemala.

No pasó mucho tiempo para que Juan de Dios Rodríguez apareciera en la escena y reclutara a Vásquez.  El ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos  fue contratado como asesor del IGSS para trabajar en la Subgerencia Administrativa.

“Fue un mecanismo de impunidad, porque aprovecharon que la fiscal Claudia Paz y Paz no estaba en Guatemala. Compraron prácticamente a ese fiscal. El Partido Patriota lo jaló para que trabajara con ellos”, dijo Monterroso. El Ministerio Público nunca inició un proceso interno para sancionar la acción de Vásquez porque a pesar de todo, tenía la facultad de pedir el cierre de los casos.

En mayo de 2013, la Corte de Constitucionalidad confirmó la resolución de la jueza Carol Patricia Flores. Pérez Molina pudo respirar tranquilo.

En octubre de 2015, cuando el expresidente llevaba un mes en prisión preventiva en Mariscal Zavala, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó a la Corte Suprema de Justicia reactivar el caso. Hace 15 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó investigar la desaparición de Bámaca, y para eso, la Cámara Penal tiene que escuchar a todas las partes involucradas. Esto ha sido imposible porque una vez tras otra, los abogados defensores han presentado protestas judiciales contra los magistrados que convocan a esa audiencia.

Pese a todo, el caso contra Pérez Molina no está engavetado. “La desestimación (que dictó la jueza Flores a favor del expresidente) no cierra irrevocablemente el proceso. La investigación continúa”, dijo Hilda Pineda, fiscal de Derechos Humanos.

3. Tito Arias

En pleno juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, el testigo del Ministerio Público, Hugo Ramiro Leonardo Reyes, implicó a Pérez Molina ejecuciones cometidas durante el conflicto armado interno.

“Los soldados que ejecutaban las masacres en el destacamento de Nebaj recibían las órdenes del comandante Tito Arias”, el alias de guerra del ahora presidente guatemalteco”, dijo el testigo frente al Tribunal Primero A de Mayor Riesgo. Según su relato, Pérez Molina estuvo en el destacamento Saquil Grande.

Ese testimonio implicaba que el ex presidente podría ser acusado por crímenes de guerra. La Fiscalía aseguró que desconocía el contenido de la declaración de Reyes porque el testimonio fue espontáneo, nunca preparado. Pérez Molina negó los señalamientos. Ese hecho pudo influir en que pese a tener una de las calificaciones más altas para ser reelecta como Fiscal General, Claudia Paz y Paz terminara fuera del proceso.

La declaración de Reyes no fue un hecho aislado para el MP. Pineda, la fiscal de Derechos Humanos, dijo que el caso no está cerrado y que la investigación sigue abierta para todos los que puedan resultar responsables.

4. Las aduanas y el ascenso al poder

La captura del Estado tiene una razón histórica. Los grupos criminales que se crearon bajo las dictaduras sobrevivieron a los acuerdos de paz y a la democracia. Controlaron las aduanas y los puertos.

Una investigación de Nómada , revela que las aduanas eran clave para que los militares pudieran obtener beneficios ilícitos y que desde 1994 Otto Pérez Molina sabía de las mafias y grupos paralelos que allí se empezaron a formar. El germen de lo que el 16 de abril el Ministerio Público desarticuló, esa red de defraudación aduanera llamada La Línea, nació allí, en una oficina que tenía el control de todas las exportaciones, importaciones, y movimiento de personas. Era la institución más corrupta del Estado en febrero de 1004, según el cable de Estados Unidos GT-ATC-2400-001-94.

En ese caso la impunidad del pasado se ve reflejada en la corrupción del presente. Mientras Pérez Molina esquivaba la justicia y ascendía en el poder hasta llegar ser el presidente de Guatemala, los indicios y las pruebas del Ministerio Público sobrevivían al tiempo y a la impunidad.

Todos los casos mencionados en este texto siguen abiertos y podrían llevar al general retirado a comparecer ante un juez por cuarta, quinta o sexta vez.