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Ganar una silla en la Corte usando fondos públicos

Hay una Corte, con cinco jueces, que decide el futuro de Guatemala. Va a decidir si todos los juicios y las reformas del MP y la CICIG son legales o no lo son. Y uno de los cinco puestos lo decidirán unos 5 mil abogados de su colegio profesional. Pero hay un candidato que cuenta con ventaja. Un puesto público, con fondos públicos, en el que se cruzan con facilidad las líneas de la academia y el proselitismo. Se llama Bonerge Mejía.

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Bonerge Mejia, exdecano y exdirector de la Unidad Académica, al medio, en un debate para llegar la CC.

Foto: Carlos Sebastián

Para ganar una elección en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) hay que ser popular. No bastan las propuestas y los planes de trabajo. Hay que recorrer el país y agradar al menos al 30 por ciento del los colegiados que votan. Cada cinco años, los abogados eligen a uno de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) y a un suplente. Esta vez, seis aspirantes y sus grupos se disputan el puesto. Pero hay uno con ventaja sobre todos: Bonerge Mejía, que desde un puesto público ha hecho campaña para llegar a la Corte más poderosa del país.

No existe línea divisoria entre la política gremial y la academia en el Colegio de Abogados, y en esa entidad, de la academia, a la cacería política y el clientelismo, hay un puesto: la dirección de la Unidad Académica.

“La Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (Conamis) tiene el gusto de invitarlo a celebrar el día del cariño. Asimismo, a la conferencia El Valor de la Amistad. Tendremos música, regalos, concursos juegos y algo más”. Es una invitación del grupo dirigido por Luis Reyes, ex presidente del Colegio e impulsor de Bonerge Mejía como candidato a magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad.

Esa actividad sería normal y pasaría desapercibida si no fuera por la relación que existe entre Luis Reyes y Bonerge Mejía y el interés de ambos para que el último ocupe un puesto en la CC.

Bonerge Mejía lleva años haciendo campaña para ese puesto. En el año 2013, Luis Reyes, siendo presidente del Colegio de Abogados gracias al apoyo del gobierno del Partido Patriota, lo nombró director de la codiciada Unidad Académica del Colegio, una oficina que tiene un presupuesto aproximado de Q1 millón anual para desarrollar actividades de actualización y tecnificación profesional para sus agremiados y que permite acercamiento con asociaciones y redes de abogados en todos los departamentos del país. Un presupuesto ideal para convencer a unos 3 mil abogados que se necesita para ganar una elección dentro del Colegio.

La ventaja del candidato Bonerge Mejía sobre el resto de aspirantes viene de su paso por Unidad Académica. Allí se hizo de una plataforma para recorrer el país coordinando conferencias académicas, promoviendo acercamientos con quienes busca sean sus futuros votantes. La fórmula, que no es nueva, ya ha resultado antes.

Cuando Fredy Cabrera presidía la Junta Directiva del CANG nombró a Luis Reyes en la Unidad Académica. Como representante de una universidad privada, Fredy Cabrera fue denunciado en 2014 por ser uno de los operadores de PP-Líder para la elección de jueces, con mensajes de texto en coordinación con el subsecretario general de Pérez Molina, Marvin Lau. En el 2012 Reyes heredó el puesto de Cabrera y dejó su cargo en dicha unidad a Bonerge Mejía. Mejía estuvo allí dos años (2013-2014) para hacer campaña.

De hecho, Bonerge Mejía intentó llegar a la presidencia del CANG en 2015, pero sus planes se truncaron cuando Marco Sagastume Gemmel ganó y lo despidió de la Unidad Académica.

“Nada más llegué y lo cambié. Él me dijo ‘Maco seguimos’, yo le dije: no porque vos vas de candidato para la CC, entonces no es ético que te aproveches de los recursos del Colegio para que impulses tu candidatura”, explica el presidente Sagastume en una entrevista.

En lugar de Mejía nombró como director académico a su aliado Estuardo Gálvez, ex rector de la Usac, dónde el ahora presidente Sagastume trabajó varios años en el departamento jurídico. “Le pregunté a Estuardo Gálvez si iba de candidato a algo y me dio su palabra de honor de que no”, añade.

Gálvez no es candidato, pero tiene un candidato.

Gálvez apoya públicamente la reelección de Héctor Hugo Pérez Aguilera, uno de 5 los magistrados actuales, uno de los 3 actuales que trabajó y votó para que a Pérez Molina no se le quitara la inmunidad, validó la elección de jueces de Líder y PP, anuló el juicio por genocidio y permanentemente falló a favor de militares en sus cinco años en el cargo. El presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, asegura que están vigilando que la estructura de la Unidad Académica no sea utilizada para impulsar a Hugo Pérez Aguilera.

De regreso al candidato Bonerge Mejía, éste tiene a su favor el voto de los estudiantes beneficiados mientras él pasó por la USAC. Una investigación de Nómada evidencia que durante la decanatura de Bonerge Mejía, el número de graduaciones aumentó a un ritmo fuera de lo normal. Del 2001 al 2010 las graduaciones se quintuplicaron, aunque cada año se inscribió la misma cantidad, de 18 mil estudiantes. De 241 graduandos en en 2001 pasaron a ser 1,019 en 2010. Se intentó contactarlo para una entrevista, pero no fue posible durante varios días de la semana pasada.

Los recursos públicos

Como sucede con ministerios como el de Comunicaciones antes de las elecciones presidenciales o legislativas, en el Colegio de Abogados todos tienen claro que la Unidad Académica se usa con fines electorales.

Pero en sus fiscalizaciones, todavía no todos tienen claro que usa fondos públicos.

El Estado obliga a cada abogado a pagar su colegiación y el artículo 28 de la Ley de Impuestos de Timbres Fiscales y de Papel Sellado, el Ministerio de Finanzas mensualmente paga al Colegio de Abogados un 4 por ciento de comisión por la adquisición de timbres y papel para protocolos que hagan los notarios. Los tribunales, además, han reconocido en sentencias que los directivos de los colegios profesionales se equiparan a los funcionarios públicos.

Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, lo denuncia. Con Bonerge Mejía se detectó que se hizo de una red de asociaciones de abogados –el Colegio le da fondos a cada asociación que se crea–, y aunque Sagastume Gemmel lo detuvo, ya llevaba dos años en el puesto. A finales de enero, organizaciones de la sociedad civil le plantearon su preocupación al Colegio de Abogados porque parte de sus fondos se utilizan para llevar a la Corte más importante del país a una persona clientelar.

“Bonerge Mejía fue el operador de las hermanas Torres de la UNE en el año 2009. Ese mismo año fue operador del Rey del Tenis (el abogado Roberto López Villatoro). Cinco años más tarde, él y el actual decano de Derecho, Avidán Ortiz, fueron los operadores en 2014 de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y de Juan de Dios Rodríguez (expresidente del IGSS). Estuvieron en el grupo de operadores”, dijo la activista Ibarra.

Bonerge recorrió el país y usó a la institución para darse a conocer, y todo lo hizo con el presupuesto del Colegio de Abogados. Más que un delito, es un problema de orden ético, considera Carmen Aída Ibarra.

No es complicado hacer proselitismo disfrazado de eventos académicos. Eventos con mucha mayor convocatoria que los de los demás aspirantes, que llaman a sus colegas para presentar su plan de trabajo y logran convocar a 30 abogados si les va bien, cómo denuncia una integrante de Alternativa Independiente.

Luis Reyes, que antes de ser presidente del Colegio de Abogados también fue director de la Unidad Académia, lo reconoce. Las campañas son caras. Transmitir el mensaje no es barato. “Todos tiene que invitar a los colegas. En Petén, por ejemplo, tiene que invitar a comer a todos para que lleguen, porque el agremiado no va a dar un centavo para ir a escuchar a un candidato. Es difícil. A veces se cree que es onerosa la elección, pero si uno no motiva la participación del agremiado que vaya a un desayuno, a una conferencia o a un evento, no asiste”, añadió el expresidente del CANG.

En Guatemala hay 23 mil abogados colegiados y en promedio votan 6 mil.

Bonerge Mejía y Luis Reyes van más allá de un desayuno en Petén. Al estilo de la vieja política, en su convivio navideño del año 2015 rifaron una motocicleta, regalaron canastas navideñas e invitaron a decenas de abogados y sus familias a un almuerzo en Hacienda San Isidro, ruta al Pacífico.

No hay quien fiscalice las campañas de los aspirantes a la Corte de Constitucionalidad porque el reglamento del Colegio no plantea nada al respecto. Ni techos, ni nombres de financistas. El actual presidente del Colegio, Sagastume Gemmel, se justifica: “No puedo detener las campañas millonarias de los candidatos porque no hay ningún candidato inscrito. El último día para inscribirse es el 22 de febrero”. No puede investigar la campaña anticipada porque 'la campaña legal dura sólo dos semanas'. La votaciones son el 2 de marzo.

Dice que algo que puede hacer diferente el proceso es la participación de todos los colegas que pertenecen al gremio. De 23 mil colegiados, sólo votan 6 mil. La mayoría del 30 por ciento define a sus representantes. Cuando Sagastume Gemmel ganó la presidencia de la entidad obtuvo 3 mil 400 votos, el 15 por ciento de los abogados de Guatemala lo llevó a ese cargo. Tres mil ciudadanos guatemaltecos serán entonces los que eligan a uno de los cinco jueces constitucionales de la República.

Las elecciones del CANG son el próximo 2 de marzo. De los cinco que aspiran a ocupar un puesto en el máximo tribunal constitucional, hay dos que tienen ventaja. Bonerge Mejía, exdirector de la Unidad Académica; y Hugo Pérez Aguilera, actual magistrado de la CC, que cuenta con el apoyo de Estuardo Gálvez, el exrector y actual director de la Unidad.

También buscan llegar Óscar Cruz, el candidato con el apoyo de Roberto López; Ricardo Alvarado, magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y expresidente del CANG; y Marco Antonio Villeda, el reconocido juez de extinción de dominio.


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COMENTARIOS

RESPUESTAS

    Guillermo Maldonado C. /

    17/02/2016 10:26 PM

    Apreciada Jody, por hoy tengo que disentir de su enfoque. Para evaluar lo que pasa en los órganos jurisdiccionales, habría que subir de nivel. Lo que su artículo proyecta sobre la persona de Boanerge Mejía, deja de lado muchos aspectos fundamentales que podrían dar luces para un análisis más completo, objetivo y diferente. Me explico, si usted habla con cualquiera de los alumnos que ha tenido en su labor académica el abogado Mejía, podría tener como respuesta de que es un profesor inteligente y que domina con propiedad las materias que imparte. Además que tiene una hoja de vida de alta meritocracia. Personalmente me consta que es un docente que sorprende a cualquier alumno avezado; no necesariamente porque comparta sus puntos de vista políticos, sino por el dominio que tiene sobre las materias que imparte. Puede verificarlo con otras personas que hayan sido sus alumnos o bien teniendo con él una entrevista en profundidad. Ahora en lo que respecta a las campañas políticas, los grupos de poder que impulsan candidaturas, etcétera, salvando mejor criterio, hacen lo mismo que hacen todos, en estas campañas, pues son las reglas de un sistema clientelar, donde traga más pinol, el que tiene más saliva. Esto es de su majestad el dinero que manda y eso es lo que todo contendiente tiene en consideración cuando se aventura en la consecución de las mieles del poder. Si como usted dice, la ventaja del mencionado profesional deviene de su labor en la academia e instancias del colegio, también lo es que tiene otra fundamental que raya con el beneficio de la duda. Él no ha sido magistrado ni juez, tengo entendido. He ahí dónde usted podría encontrar una veta prodigiosa para evaluar a los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Sus ejecutorias, lo que hacen. No lo que dicen. Pues en una entrevista realizada por un programa de televisión le preguntaron a dos de los aspirantes, quienes han ejercido función jurisdiccional, sobre cuál era su ideología –obviamente para cuadricularlos en lo que estaban dispuestos a ir a hacer a la CC—y sin menor empacho, inocentes quizás, para el gusto de los entrevistadores, respondieron que eran conservadores. Pregunta similar le hicieron en un programa radial a una candidata que está en funciones en la referida Corte y respondió, palabras más palabras menos, que actuaría en función de lo que establece la ley, es decir tiene puestos los pies sobre la tierra. Y así debería de ser y no para el gusto de los conservadores. Ni hablar de cuántos se gradúan en las universidades, pues en mi modesta opinión es un absurdo colosal que después de haber ganados todos sus cursos, los alumnos sean sometidos a otra evaluación para establecer si pueden ser profesionales –con el perdón de todos, esto solo sirve a la política social de mercado. Ese viejo invento, resabio del egoísmo profesional raya en la competencia más desleal de todas. Ahora bien, según mi punto, ¿sabe quiénes de los candidatos pudieron ser objetivamente evaluados con base a sus ejecutorias?, son los que aspiran a ser reelectos o han ejercido jurisdicción en cualquier órgano jurisdiccional, pero desafortunadamente a ese nivel no pasamos de los chismes, sin un debate de altura teórico, doctrinal, de derecho comparado, a nivel nacional e internacional. Todavía habremos de trascender el camino de la justicia en un plano más amplio, ante lo cual no sea suficiente argüir que la Corte de Constitucionalidad es una corte celestial por la prepotencia de sus magistrados, para entender que ante todo debe ser una corte de Constitucionalidad –además que muchos no sabemos con qué intensión pusieron al frente la estatua de un caballo con alas. ¿Arrogancia de la oligarquía o del nuevo crimen organizado? Quién sabe. Mi admiración para usted por tener un proyecto a futuro.

    ¡Ay no!

    1

    ¡Nítido!

    Carlos /

    15/02/2016 9:45 PM

    periodista transfuga

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Cristina Fernandez /

    15/02/2016 7:56 PM

    El ingenuo Presidente del Colegio de Abogados nombró como director académico a su aliado Estuardo Gálvez, ex rector de la Usac, dónde el ahora presidente Sagastume trabajó varios años en el departamento jurídico. “Le pregunté a Estuardo Gálvez si iba de candidato a algo y me dio su palabra de honor de que no”, dijo pero todo el mundo sabe incluyendo Sagastume Gemmel que Estuardo Galvez no tiene palabra y que con ese puesto no solo hizo alianza con el corrupto de Hugo Pérez Aguilera, quien le devuelve el favor apoyándolo para la CC por la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea la mafia apoyada en la mafia... y donde queda "la palabra de HONOR si el ladrón no conoce el honor, sino que lo digan los trances que realizó en la Universidad como Rector. Queremos gente limpia, honorable y sin compromisos. No se olvide que Estuardo Galvez utilizo su posiciòn de elector para favorecer a su "hermanita" que quedo de "Magistrada" de Apelaciones de la CSJ. Mas nepotismo y trafico de influencias.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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