La caída del abogado de la UNE, el diputado anti-Cicig

Son las 9:20 horas del miércoles 22 de marzo de 2017. El diputado está en el sótano de la Torre de Tribunales, minutos antes de que lo trasladen hacia un Juzgado de Mayor Riesgo, donde se la informará por qué un grupo de policías irrumpió en su casa y le capturó unas horas antes. Está intranquilo en una carceleta, un lugar frío, sombrío, maloliente.

Además hay 16 policías, una decena de periodistas, sus abogados y un hombre recién capturado, a quien se le acusa de robo. A los reporteros que se acercan para entrevistarle les dice que no quiere que los nervios le jueguen una mala pasada y por eso evitará dar declaraciones.

El diputado era conocido por irascible. Tanto que en 2006 fue acusado de poner una bomba frente a la casa de alguien que estaba investigando a las mafias de militares retirados dentro de la UNE. Se trataba de la casa de José Carlos Marroquín, el periodista que se en esa época se convirtió en mano derecha del candidato presidencial Álvaro Colom e intentaba ‘limpiar’ la UNE de la influencia de personajes como el oscurísimo Francisco Ortega Menaldo. Su padre, Óscar Clemente Marroquín, el presidente del diario La Hora, acusó directamente a César Fajardo como responsable del atentado.

El caso nunca se dilucidó, César Fajardo continuó siendo secretario general adjunto de la UNE en tiempos de Álvaro Colom y luego de Sandra Torres, y sólo volvió a recordarse su posible cercanía con las mafias cuando en 2007 llegó a la comisión legislativa de relaciones exteriores una iniciativa de ley que proponía crear un instrumento llamado Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para apoyar al Ministerio Público. La comisión, presidida por la entonces diputada Zury Ríos, logró un dictamen desfavorable, y una de las firmas que sorprendió fue la de un diputado de la UNE, que entonces proclamaba su apoyo incondicional a la iniciativa de la sociedad civil y Naciones Unidas. Se trataba de César Fajardo.

Quizás era una premonición. Diez años después, el Ministerio Público y la CICIG fueron a tocar a la puerta de su casa.

Este miércoles de marzo de 2017, César Fajardo no puede ocultar el peso de 66 años con sus pasos lentos y cortos, el pelo gris y la vista cansada. Tampoco puede esconder que recién acaba de llorar y  que está preocupado por lo que le espera al encarar a la justicia. Está esposado y sus manos tiemblan. Sabe que le esperan días difíciles después de su captura y que no podrá volver a su curul en el Congreso. Lo más probable es que su carrera política haya llegado a su fin.

En su caso, se le señala de aprovechar su cargo como primer secretario de la Junta Directiva del Congreso en 2015 para solicitar la contratación sin justificación legal de 20 personas, principalmente asistentes con salarios que oscilan entre Q7 mil y Q15 mil (entre US$1 mil y US$2 mil), y permitir que tres asesores a su cargo cobraran su salario sin presentarse a trabajar en el Congreso. Capturado por una de las formas más pequeñas de corrupción en el Estado.

En la audiencia de primera declaración, César Fajardo será acusado ante un juez por los delitos de abuso de autoridad y de peculado por sustracción, que según la Ley contra la Corrupción, tienen penas máximas que en conjunto suman 16 años de prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de Q50 mil.

La caída del abogado de la UNE

Exintregrantes de la cúpula de la UNE describen al diputado como una mente brillante pero también oscura, conocedor del juego de la política, un estratega que supo mover los hilos del poder a su favor para garantizarse aliados en las cortes, a través de la elección de magistrados y el posicionamiento de actores clave en el sistema de justicia, pero que encontró un límite con la CICIG.

Un diputado de la UNE dijo a Plaza Pública en 2014 que Fajardo era mancuerna del oscuro operador Gustavo Herrera, señalado de narcotráfico el Gobierno en 2006 y del caso de corrupción en el IGSS en tiempos de Alfonso Portillo. "El diputado también lo observaba en mancuerna con el diputado César Fajardo, el más cercano al entonces presidente Álvaro Colom. Fajardo era la cara pública, el puente con Colom, y Herrera era la mano oculta, el gran conspirador. Fajardo lo desmiente. Dice que nunca ha hablado con Herrera", reza el reportaje.

Para entender su poder e influencia, basta con saber que su cercanía con Sandra Torres y Álvaro Colom era tan estrecha que fue el notario responsable de casarlos el 22 de febrero de 2002, y ese mismo año, el 6 de septiembre, les acompañó en el proceso de fundación de la UNE como partido político.

En 2004 asumió por primera vez como diputado y conservó su curul durante 14 años, hasta 2017. Durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) mantuvo su influencia y cercanía con el mandatario, pero según fuentes del partido, mantuvo más y mejor comunicación con Sandra Torres, a quien asesoró cuando se le criticó por la falta de transparencia en la ejecución de los programas sociales y en su intento para ser candidata presidencial en las elecciones de 2011, aunque finalmente no lo consiguió.

En esta foto de elmundo.es, Fajardo aparece a la izquierda de Sandra Torres.

Desde 2016, con la llegada de Mario Tarcena a la presidencia del Congreso y las denuncias que éste hizo en contra de las plazas fantasmas que incluían a las de César Fajardo, la relación con la UNE se deterioró. Al extremo de ser señalado en el pleno por Taracena de tener una oficina de alquiler carísimo y más de 20 plazas fantasmas. Fajardo, enajenado de la rabia, sólo atinó a responder a Taracena que también era un corrupto y que explicara cómo había financiado la compra de su casa.

De momento, el que tendrá que explicar a la justicia por qué tenía a 20 empleados con fondos públicos será César Fajardo cuando el Congreso era un burdel administrativo.

Lo tendrá que explicar junto a la cúpula de la otrora poderosa alianza legislativa del Partido Patriota, Líder y sus aliados satélites.

Ayer también fueron capturados el diputado Manuel Marcelino García Chutá, electo por el PP y ahora del Movimiento Reformador, el exdiputado Alexander Castillo, que era la mano derecha de la vicepresidenta Roxana Baldetti en el Congreso. Esperan turno para hablar con la jueza Claudette Domínguez, también el exdiputado de CREO y alcalde estrella del bergeísmo: Selvin Boanerges García Velásquez.

El caso de las plazas fantasma que investigan la CICIG y el MP tendrá más resultados en los próximos días. Todavía se espera que continúe el secuestro de información y se capture al diputado que había pasado del FRG a la UNE y de la UNE a Todos, Carlos López, y a los exdiputados Julio López Villatoro, Juan Alcázar y Pedro Gálvez. López Villatoro fue secretario general adjunto de la UNE y es hermano del abogado Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.  Juan Alcázar, del PP, es empresario de radios y su esposa fue Secretaria de Bienestar Social durante el Partido Patriota. Y Pedro Gálvez era abogado de grandes corporaciones, ingresó a la política con VIVA de Harold Caballeros y terminó su carrera política con el cascarón del FRG, el partido PRI.

Acompañarán en prisión preventiva a los exdiputados Edgar Cristiani (PP), Alfredo Rabbé (UCN), Carlos Herrera (UCN), Luis Mijangos (FRG). Tienen inmunidad todavía Arístides Crespo (FRG, PP, MR) y Christian Boussinot (UNE, Todos), mientras que el expresidente del Congreso, Luis Rabbé (FRG, Líder) está prófugo de la justicia en algún país latinoamericano en el que su excuñado y patrono, el magnate televisivo Ángel González, todavía domina la política.

César Fajardo y otros de los diputados señalados dieron batalla hasta la semana pasada. Intentaron aprobar de urgencia nacional, con el apoyo de FCN, una ley que dijera que todos sus actos desde 2008 hasta 2015 habían sido legales y legítimos. Tendrán que discutir su siguiente estrategia de defensa con sus abogados y la ‘bancada’ más influyente del Congreso, la de todos los políticos que se encuentran recluídos en la lujosa cárcel de Mariscal Zavala.