Cómo Ricardo Quiñónez y empleados usaron la Muni para que Alvaro Arzú fuera reelecto

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Arzú, también llamado Alfa I en la Muni, ejercía la autoridad y parecía el pastor de un rebaño, compuesto por los trabajadores municipales y por sus electores en toda la capital. Ellos le ayudaron a ganar las elecciones continuamente. Pero eso no pasó por casualidad.

Para ‘endiosar’ a Arzú, un equipo de funcionarios de la Municipalidad de Guatemala planificó una serie de estrategias ilegales que ejecutaron con fondos públicos entre 2011 y 2015. Entre esos “predicadores” estaría Ricardo Quiñónez, antes concejal I y ahora alcalde capitalino.

Una nueva investigación de la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) saca a la luz esa estrategia para instrumentalizar la Municipalidad con fines electorales a través de dos planes: Plan Hormiga y Plan 8.

Alvaro Arzú y Ricardo Quiñónez. Foto: Prensa Libre

Los aires de Ubico en Arzú

‘El Plan Hormiga’, como lo llamaron los líderes del Partido Unionista (PU), tenía el objetivo de captar más votantes para el rebaño de Arzú a partir del 2011.

En ese año el PU temía que Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, se hiciera con el control de la Municipalidad de Guatemala. Así que tenían que idear una respuesta para esa amenaza.

El mexicano Jesús Gómez Espejel cobró al menos Q983 mil para idear y asesorar el plan, con el que convirtieron a cada trabajador municipal en una suerte de captador de votos, en un activista político del PU.

Plan que benefició a Arzú.

El Plan Hormiga se desarrolló cuidando hasta el más mínimo detalle y hay evidencias de eso en organigramas, diagramas y hasta un mapa de acción que se compartieron a través de mails, documentos y mensajes de texto. Los investigadores de la CICIG y la FECI encontraron toda la información en computadoras y dispositivos electrónicos.

Para ejecutar la estrategia construyeron un mapa de la Ciudad de Guatemala que se dividió en cuatro sectores: cada uno con una letra del apellido Arzú. La región “A”, al este de la Ciudad, estuvo a cargo de Howard Yang. La región “R”, al norte, a cargo de Giovanni Mussela. La región “Z”, al sur, a cargo de Víctor Manuel Martínez. La región “U”, al oeste, a cargo de Francisco Barnoya Asturias.

Mapa de acción dividido con las letras del apellido de Alvaro Arzú.

Cada uno tenía a su cargo a un  grupo de funcionarios y trabajadores municipales, quienes tenían la responsabilidad de hacer actividades proselitistas. Por ejemplo, Amílcar Montejo, el jefe de Emetra, estaba trabajaba en el equipo A, de Howard Yang y Álvaro Véliz, actual candidato a alcalde, en el grupo R, de Musella.

Los empleados de la comuna debían ir de puerta en puerta en cada vecindario de la Ciudad —como una especie de evangelizadores— y en todos  los eventos de la Municipalidad para elevar el perfil de su ‘salvador’.

Los conciertos, capacitaciones, veladas artísticas y eventos deportivos de la Municipalidad eran aprovechados para promocionar la reelección de Arzú y del PU.

Los fondos para idear y ejecutar el plan salieron del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU). Las tres personas que aprobaban esos pagos eran los miembros del consejo técnico del fideicomiso: Ricardo Quiñónez Lemus, entonces concejal y ahora alcalde; Víctor Martínez, actual ministro de Finanzas, y Luisa María Salas Bedoya, actualmente en prisión por el caso Caja de Pandora.

Conversaciones sobre los contratos en los fideicomisos.

Pero Ricardo Quiñónez y Luisa María Salas no solo aprobaban los desembolsos del FAPU para la campaña del PU, también supervisaban que esos fondos públicos se orientaran a la campaña de su jefe, Alvaro Arzú. Así que no podían negar que conocían la trama.

Al final el plan funcionó: Arzú consiguió 180 mil votos, el 36.72% del electorado.

El Plan 8

A pesar de su éxito, las elecciones de 2015 le preocupaban a Alvaro Arzú. Sinibaldi no había conseguido un buen resultado cuatro años antes e incluso desapareció después de que se girara una orden de captura en su contra.

Pero Luis Enrique Cruz, alias Veneno, —entonces candidato del partido Visión con Valores—, parecía una nueva amenaza. Así que la cúpula de la Municipalidad de Guatemala y el PU ideó una nueva estrategia: el 'Plan 8'.

Este consistía en una serie de acciones para realizar los ocho meses previos a las elecciones de septiembre de 2015, pero su objetivo ya no eran los vecinos sino los empleados municipales.

Las investigaciones de la CICIG y la FECI apuntan a que las autoridades identificaron cierto ‘desapego’ de los trabajadores de la comuna hacia Arzú y la Municipalidad de Guatemala. Eran una especie de ovejas que se habían apartado del rebaño, así que debían  reagruparlas a su favor.

Para eso realizaron convivencias, capacitaciones y otros eventos, con el objetivo de fidelizar nuevamente a los trabajadores. Pero además, pedían que los empleados municipales buscaran otros adeptos, así que debían llevar los datos de otros potenciales votantes de Arzú.

–Se realizaban actividades antiestrés y de integración, los cuales se realizaban en Cayalá, en el cual pretendían ganarse a los trabajadores municipales, declaró una testigo.

El objetivo del Plan 8 era ganar las elecciones municipales con 300 mil votos. Ese año Arzú consiguió 269 mil, que fueron suficientes para reelegirse.

Para ejecutar esa estrategia, la cúpula de la Municipalidad de Guatemala y del PU también hicieron organigramas, redactaron documentos e incluso, un Plan Operativo Anual (POA), una herramienta administrativa que se acostumbra a usar en proyectos importantes.

En el POA del Plan 8 se estableció que una de las debilidades en la estrategia del PU era “la contratación de personal municipal no afín a los planes de desarrollo municipal” del alcalde Alvaro Arzú.

Así quedaba claro que dentro de la comuna todos los trabajadores debían responder a los intereses electorales de Arzú y el PU.

Los nombres de los empleados, sus familiares y amigos eran incluidos en una base de datos para el manejo de la estrategia partidista y campaña política, señala la investigación de CICIG y la FECI.

Además hay evidencia clara de actividades de trabajadores municipales en las que hay personas que llevan los uniformes de la Municipalidad de Guatemala y del PU.

Fotografías donde se evidencia la integración de actividades entre la Municipalidad y el Partido Unionista.

Las claves de la investigación

La CICIG y la FECI determinaron que más de un millón de quetzales se facturaron en la Municipalidad de Guatemala para hacer actividades que beneficiaron al Partido Unionista.

Eso sin contar los servicios personales de empleados de la Municipalidad que se dedicaron a hacer campaña y cuyos sueldos eran pagados con fondos de la comuna.

Las autoridades pedirán el retiro de la inmunidad del alcalde Ricardo Quiñónez Lemus y del ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez Ruiz.

Además, se citará a declarar a Pedro Licinio Ruano Roldán, director financiero del FAPU; Luisa María Silvana Salas, presidenta del Comité Técnico del FAPU —en prisión— y a Carlos Alejandro Miranda, gestor y organizador de actividades proselitistas y de campaña.

También capturaron a Luis Pedro Villanueva Mirón, vocal del Comité Técnico del FAPU y a Héctor Cifuentes, secretario general del Partido Unionista hasta 2015 y de la Municipalidad.

A todos se les señala de los delitos de financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.

Todas las evidencias encontradas por la CICIG y la FECI dan cuenta de hechos que ocurrieron entre el 2011 y el 2015. No hay evidencias que demuestran que las actividades ilícitas hayan continuado después; por eso Álvaro Arzú Escobar no está mencionado en la trama.

El alcalde Quiñónez respondió a las acusaciones en este video:

• Leé el perfil de Ricardo Quiñónez: El guardián de la ‘Caja de Pandora’ necesita repetir en la Muni