La resolución del juez Gálvez, en 5 puntos

Dos años, seis meses y once días le llevó al juez Miguel Ángel Gálvez mandar a juicio al caso que provocó la indignación ciudadana en abril de 2015. En el camino, tuvo que sortear las decenas de impugnaciones puestas por la defensa, las peticiones por querer separarlo del caso y las campañas de desprestigio por parte de los grupos que defienden la impunidad.

La corrupción no es normal P147

El abogado, César Calderón, entre Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Foto: Carlos Sebastián.

Desde el 16 de abril de 2015, el caso fue un escándalo. No era poca cosa conocer que el jefe de la institución que recauda impuestos estaba estafando al Estado y a los ciudadanos. Al revelarse que el secretario de la Vicepresidenta de la República tenía orden de captura, el caso tuvo relevancia internacional. El resto de la historia ya la conocemos.

Durante este tiempo pasaron manifestaciones ciudadanas, paros nacionales, renuncias de altos mandos, elecciones presidenciales y el caso no llegaba a juicio.

El sistema de justicia guatemalteco, para dar más garantías de defensa a sus ciudadanos, divide cada proceso judicial en dos momentos llevados por dos jueces distintos. El primero es la ‘etapa intermedia’, en la que un juez decide si la acusación del Ministerio Público tiene sustento y merece un juicio. Y el segundo es el juicio de sentencia, en el que otro juez decide si condena o absuelve a los acusados.

El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, tenía dos retos.

Uno era sortear las impugnaciones de más de 30 abogados defensores, que querían retrasar el caso hasta que dejaran sus puestos la fiscal Thelma Aldana (mayo de 2018) o el comisionado Iván Velásquez.

Y otro era preparar una resolución con los 4 mil 815 folios, escuchas telefónicas y documentos financieros presentados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

El día por fin llegó y fue este viernes 27 de octubre de 2017. Gálvez había dicho que resolvería en un día (el martes 24) si los 30 implicados por este caso irían a juicio. Algo poco creíble considerando que para ligar a proceso a los 50 acusados de Cooptación del Estado, en julio de 2016, se tardó dos semanas.

Esa es una muestra de la estrategia de la defensa de Pérez Molina y compañía. El caso de Cooptación del Estado, que involucra a políticos y a grandes empresarios y empezó un año después, logró pasar a la etapa de sentencia antes que el caso La Línea.

El juez Gálvez hizo su resolución en cuatro días. Con los meses, muchas cosas cambiaron. Gálvez incorporó una librera a su sala para ordenar los cientos de documentos incorporados al proceso, aumentó su seguridad personal y el ambiente en la sala parecía estar más relajado por momentos.

Daba la impresión que los acusados se habían acostumbrados a sentarse frente al juez a escuchar sus eternas conclusiones y que los medios de comunicación se habían familiarizado con la escena del expresidente y la exvicepresidenta frente a la justicia.
Incluso, en esa escena habían cambiado ciertos personajes. Durante estos dos años y medio, algunos de los abogados que iniciaron el proceso ya no estaban. Como los abogados de Roxana Baldetti, Mario Cano y Benjamín Estrada. El primero está acusado de lavado de dinero en el caso Cooptación del Estado, y al segundo lo capturaron por ser cómplice de Marixa Lemus, alias La Patrona, cuando se fugó de la cárcel de Mariscal Zavala.

Otro de los ausentes era el recién capturado, Moisés Galindo, abogado de Otto Pérez Molina y acusado en el caso Caja de Pandora, donde también está involucrado Luis Lima (hermano de Byron Lima) y Álvaro Arzú.

 

El juez Miguel Ángel Gálvez.

Qué decidió el juez

Estos cuatro días de audiencia, los familiares de los acusados aprovecharon a pasar tiempo con ellos. En los momentos de receso, la sala de Mayor Riesgo parecía un campo de picnic. Los presentes también lograron sentirse en la confianza de protestar disimuladamente por los tiempos del juez, al punto de lograr impacientar a Gálvez.

En una ocasión, el juez se vio en la obligación de amenazarlos con meterlos en la carceleta de la sala sino dejaban de hacer muecas mientras él resolvía. “Yo se los dije, si no están de acuerdo, utilicen las guías impugnativas, ese es el sentido. No solo me interrumpen y todavía están haciendo muecas, si no me voy a verme en la necesidad de meter a todos en la carceleta, para eso están las carceletas, no están de adorno”, agregó en el segundo día de audiencias.

1. De cohecho pasivo a enriquecimiento ilícito

Una de las primeras conclusiones a las que llegó Gálvez fue que no era suficiente acusar al expresidente Pérez Molina y a la exvicepresidenta Baldetti de cohecho pasivo; les cambió el delito a enriquecimiento ilícito.

La pena por cohecho pasivo (robo de fondos público), según el Código Penal, es de uno a diez años, con multa de cien a tres mil quetzales. Gálvez agravó la situación de los exfuncionarios y los mandó a juicio por enriquecimiento ilícito, delito que tiene de cinco a diez años de prisión y multa de cincuenta mil a quinientos mil quetzales.

Gálvez dijo que en el caso de Roxana Baldetti, ella actuando y aprovechándose de su calidad de vicepresidenta, se apropió de Q5 millones aproximadamente, producto de sobornos obtenidos entre mayo y octubre de 2014.

A decir del juez, hay suficientes pruebas para creer que Pérez y Baldetti mantenían una estrecha relación con la estructura criminal, incluso, dio validez a las escuchas que evidenciaban a Pérez al querer tener poder de decisión sobre la contratación del jefe de Recursos Humanos de la SAT.

“Discúlpenme, pero un Presidente no puede conocer la contratación de una persona ajena, no se puede”, afirmó.

Gálvez también se refirió al uso de apodos. Durante los días de audiencia se conoció que a Baldetti le decían Cher, a Claudia Méndez Asencio (jefa de la Intendencia de Aduanas) le decían Pocahontas o la Princesa, a Omar Franco le decían “el de anteojitos”, entre otros.

“¿Que querían ocultar al poner apodos?, yo lo más que hago es no poner mi rostro en las redes, pero ¿cómo voy a usar un apodo?, dijo molesto.

Ante esto, las risas y carcajadas de Pérez Molina y Baldetti antes de la audiencia, se convirtieron en un silencio incómodo. Los exfuncionarios también fueron enviados a juicio por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

2. Dos en libertad

De los 30 acusados, el juez de Mayor Riesgo decretó la libertad de dos personas únicamente. Se trata de Herbert Francisco Cabrera Castellanos y Mónica Jauregui Zamora. A decir del MP, Cabrera y Jauregui pertenecía a la estructura externa de La Línea.

A decir del juez, las pruebas no fueron suficientes para comprobarlo y en el caso de Jauregui, la acusación decía que ella controlaba los cobros, pero Gálvez agregó “no podemos juzgar a una esposa solo por contestar una llamada”.

3. 28 van a juicio

Además de Pérez Molina y Baldetti, quienes tendrán que enfrentar el proceso en un tribunal de sentencia son:

Carlos Muñoz, ex Superintendente de la SAT, por asociación ilícita.

Omar Franco, ex Superintendente de la SAT, por caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Claudia Méndez, ex Intendente de Aduanas, por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Sebastián Herrera Carrera, gerente de Recursos Humanos de la SAT, por asociación ilícita.

Gustavo Adolfo Morales Pinzón, por asociación ilícita y cohecho pasivo.

Anthony Segura, ex secretario general del sindicato de la SAT, por asociación ilícita y cohecho pasivo.

Mynor Martínez Castellano, administrador de aduanas de Puerto Quetzal en 2014, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Gudiel Alvarado de León, administrador de aduanas en 2014, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Julio Robles Palma, administrador de aduanas en 2014, asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Karla Mireya Reyes, supervisora de aduanas, asociación ilícita, casos especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Obdulio Horacio Barrios Vásquez, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Gustavo Adolfo Peña, de Puerto Quetzal, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Rolando Gil Monterroso, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Carlos Ixtucuc, asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Juan Carlos Ávila Moran, técnico de aduanas, por cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Gilda María Maldonado García, de la SAT en Puerto Quetzal, por casos especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Giovanny Marroquín Navas, por asociación ilícita.

Osama Ezzat Aziz Aranki, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

Byron Antonio Izquierdo, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el Teniente Jerez, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

Miguel Ángel Lemus Aldana, asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

Julio Cesar Aldana Sosa, encargado de la Portuaria Quetzal, asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

Julio Estuardo González de León, agente externo de la SAT, asociación ilícita.

Delfino de Jesús Morataya, por asociación ilícita y lavado de dinero.

Adolfo Sebastián Batz Rojas, miembro de estructura interna en Puerto Quetzal, por asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Edgar Sac Coyoy, por asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

4. Los reparos de los abogados

Los abogados defensores tuvieron buena parte de responsabilidad por el atraso del proceso. Un ejemplo de esto es que Gálvez se tardó un día en resolver los siete incidentes interpuestos por la defensa.

El abogado de Otto Pérez Molina, Mario Federico Hernández, fue quien interpuso varios recursos. Uno era con el objetivo de suspender la fase de resolución de la audiencia de etapa intermedia, otro era un escrito de rechazo de competencia por declinatoria con el objetivo de separar a Gálvez del proceso y el siguiente fue una apelación al rechazo del escrito anterior, por lo que pedía la suspensión de la audiencia. Por último, Hernández interpuso un recurso de reposición que fue apoyado por otros abogados, pero todo esto también fue rechazado por Gálvez.

“Nunca había estado en una audiencia donde se interrumpe a cada rato, yo los escuché”, dijo en una ocasión Gálvez.

Otro motivo de discusión fue conocer que el juez no tomaría en cuenta la declaración en prueba anticipada de Juan Carlos Monzón. Pero si esto fue así, fue porque los mismos abogados no dejaron que declarara en una audiencia anterior programada exclusivamente para eso.

La única declaración que utilizo Gálvez fue la del colaborador eficaz, Salvador Estuardo González, quien recuperó su libertad hace algunas semanas como beneficio al apoyo brindado a las investigaciones en tres casos, incluyendo el de La Línea.

5. Debe haber más implicados

Gálvez también aprovechó esta audiencia para llamar la atención a la fiscalía por no ahondar más en las investigaciones y dijo que para la acusación que habían presentado tendrían que haber más implicados.

Uno de ellos tendría que ser Carlos Pinzón, ex jefe de Recursos Humanos de la SAT. “¿Qué pasa con Carlos Pinzón? De él se hace referencia hasta que lo destituyen”, dijo el juez al agregar que Pinzón es una de las personas mencionadas por Salvador González.

A decir de Gálvez, otro que tendría que estar en su sala, es Filadelfo Reyes, quien estuvo como Intendente de Aduanas antes de Claudia Méndez Asencio.

Hasta el momento, Reyes está implicado únicamente en el caso Redes, otro de los procesos que iniciaron después de la jornadas anti corrupción en 2015.

Aunque Gálvez está cerca de terminar con este largo caso, aún debe definir las audiencias para el ofrecimiento de las pruebas a utilizar en el juicio y la audiencia de revisión de medida solicitada por la mayoría de acusados que piden guardar prisión desde sus casas.

 

Mariajosé España
/

Periodista, apasionada del ciclismo urbano y las causas sociales. Las redes me han enseñado que la libertad de expresión incluye serias responsabilidades. Sarcástica, humanista, feminista.


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