Seguro Escolar: las deficiencias del programa estrella de Giammattei

El Seguro Médico Escolar se comenzó a ejecutar a finales de abril de este año en medio de una crisis sanitaria. Sin embargo ha sido evidente que la cobertura de este servicio no está llegando a los niños y niñas más vulnerables.

Además de la mala ejecución, el programa está tan plagado de secretos y trampas que varios diputados aseguran que será el “Agua Mágica” de Gimmattei; eso, en referencia al proyecto multimillonario que promovió Roxana Baldetti para supuestamente limpiar el lago de Amatitlán y que terminó en una estafa de Q137 millones.

La comparación no es exagerada. Todo apunta a que en el Seguro Médico Escolar se antepusieron los intereses comerciales antes que su utilidad en beneficio de la población.

Negociación comenzó en los últimos días de Jimmy Morales

El 21 de junio de 2019, en uno de sus últimos mítines en zona 18, Alejandro Giammattei, en ese entonces candidato presidencial por el partido VAMOS, aseguró que al llegar a la presidencia implementaría un programa llamado “Seguro Médico Escolar”. Esa era de una las grandes propuestas de quien se presentaba como un doctor y político experimentado.

En febrero de este año, ya con Giammattei como presidente, la información sobre el proyecto aún era poca. A finales de ese mes el diputado de Semilla, Alberto Sánchez, requirió información sobre el seguro médico a la ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola. Ella aseguró que el gobierno aún no comenzaba con los planes para implementar el seguro. Sin embargo en menos de un mes, el 20 de marzo, ya estaba listo el decreto gubernamental 44-2020 que le dio vida al proyecto.

Fue una implementación extremadamente rápida en comparación con lo que le costó al gobierno poner a andar los programas creados para paliar los efectos económicos de la pandemia.

“A finales de febrero ella explicó que tenía el programa del seguro, pero no tenían ni convenio y no sabían cómo iban a hacerlo. Luego, el 24 de abril, salió el convenio y dos días después dicen: mire, ya está funcionando”, explica Sánchez. La rapidez generó sospechas en el diputado, pues era indicio de que, pese al supuesto desconocimiento de la ministra, ya habían habido reuniones y planificación desde tiempo antes.

Sus sospechas eran ciertas.

En un requerimiento de parte de la bancada Semilla al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), entidad bancaria a cargo del seguro, se evidenció que la cotización del call center que atendería el seguro se hizo el 7 de enero del 2020, 7 días antes de la toma de posesión de Giammattei, cuando Jimmy Morales aún era presidente.

El CHN ya cotizaba en enero el proyecto que fue adjudicado y que llegó a ser oficial en papeles hasta en marzo del 2020. La persona del banco que solicitó la cotización fue Stella Marina Padilla Solórzano, coordinadora administrativa y financiera del departamento de seguros y fianzas.

Anteriormente Padilla Solórzano fue gerente de recursos humanos del Ministerio de Comunicaciones y es parte de una de las familias más influyentes del gobierno de Jimmy Morales: los Melgar Padilla.

Stella Padilla, según pudo constatar Nómada, es hija de Rafael Alberto Padilla Paz, quien a su vez es tío* de los hermanos Melgar Padilla.

Heber Melgar Padilla, es diputado por FCN y fue investigado por lavado de dinero; Erick Melgar Padilla, está acusado de ordenar el asesinato de su padre; y Manfred Melgar Padilla, fue asesor y viceministro de Seguridad Alimentaria en el gobierno de Jimmy Morales.

En las manos de Stella Padilla estuvieron algunas de las decisiones determinantes para este proyecto de Q203 millones: la contratación del call center, del servicio funerario y de la red de farmacias involucradas en el Seguro Médico Escolar.

Berta Alicia Pérez, vocera del CHN, aseguró a través de un correo electrónico que Padilla “atiende los temas administrativos relacionados con diferentes pólizas que emite el departamento de seguros del CHN. Su papel en la contratación es estrictamente administrativo”.

Cotización entregada a Stella Padilla.

Mal negocio para el Estado pero bueno para la aseguradora

El proyecto insignia de Giammattei está lleno de letras pequeñas bajo el contrato. El gobierno no ha sido transparente en cuanto a la forma en la que eligieron el seguro, ni sus alcances y limitaciones.

Durante una citación, el viceministro de Educación, Erick Mazariegos, fue cuestionado acerca de cómo se realizó la contratación del Seguro Médico Escolar. El funcionario aseguró que todo se hizo bajo el acuerdo 44-2020 y bajo el convenio suscrito por el CHN. Con ello justifican el que no se hiciera concurso ni un estudio de factibilidad para implementar este programa. Todo se hizo bajo órdenes presidenciales.

Según la información proporcionada por el CHN en la citación de la bancada Semilla, el seguro incluye gastos médicos hasta por Q15 mil anuales por alumno, Q7,500 para gastos funerarios y Q300 mensuales (no acomulables) para medicinas.

Más allá de lo ofrecido los problemas notorios del seguro son los siguientes:

Para 340 municipios solo hay 575 farmacias porque las medicinas solo pueden ser adquiridas en las farmacias afiliadas: Similares, Galeno, Cruz Verde, Meykos y Del Ahorro. En mayo de este año, estas tres últimas farmacias se unieron en un solo grupo comercial.

Las consultas médicas vía telefónica están a cargo de un call center que tan solo cuenta con 54 personas, 31 de ellos médicos y los demás, operarios. Según constató el diputado Cristian Álvarez, los médicos tienen otros trabajos y no están dedicados únicamente a la atención del seguro. Nómada llamó en 20 ocasiones a este centro de llamadas y ninguna fue contestada. En una emergencia, esta tardanza podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de un menor.

El seguro solo tiene 443 médicos afiliados y el 41% de estos están ubicados en el departamento de Guatemala. Para el resto del país hay menos de un doctor por municipio.

Si bien en Guatemala hay 22 idiomas y los niños y niñas de las comunidades indígenas son los más vulnerables, el call center solo presta atención en 6 idiomas.

“Urgencias Médicas se vende como un seguro con cobertura a nivel nacional, sin embargo no tienen cobertura total. Lo que ellos hacen es contratar una red de médicos y en esta, la mayoría están en Guatemala”, explica Alberto Sánchez, diputado de Semilla.

Según el acuerdo, el seguro no llegará al mismo tiempo a todos los niños y niñas, ya que tendrá tres fases de implementación: la primera fase inició el 24 de abril, la segunda llegó el 1 de junio y la tercera llegará hasta el 30 de septiembre.

Además el programa fue tan mal planificado que llegará más tarde a los niños que lo necesitan con urgencia. Por ejemplo, A San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, con el 78.5% de niños y niñas con desnutrición, el programa llegará hasta septiembre; al igual que en Concepción Tutuapa, San Marcos, que tiene a un 72.7% de su niñez con desnutrición.

En contraste Guastatoya, El Progreso, con con un 8.2% de desnutrición, fue uno de los primeros municipios beneficiados con la implementación del programa en la primera fase.

Hasta el cierre de esta nota no hubo pronunciamiento sobre estas deficiencias por parte de Julieta Méndez, vocera del Ministerio de Educación.

Si bien para el Gobierno y para la niñez vulnerable el seguro parecer ser un fiasco, si será un buen negocio para las empresas que son parte de este proyecto ejecutado desde el Crédito Hipotecario Nacional.

En este programa, de los Q9.50 destinados para la atención por cada niño o niña, solo Q5.58 irán destinados a la atención de los menores, pues Q3.92 serán usados para el reaseguro. Es decir que el 41% del presupuesto se utilizará para pagar un seguro que responda en caso que el seguro del CHN no lo haga.

Según documento el diputado Álvarez, así se encuentran las oficinas del supuesto call center.

El problema para ubicar a Urgencias Médicas

La base del proyecto radica en el servicio del call center prestado por Urgencias Médicas. El diputado Christian Álvarez, de CREO, se presentó a la sede de dicha empresa y encontró que todo estaba vacío. No había equipo ni personal. Giammattei salió en defensa asegurando que los médicos que están atendiendo las llamadas lo hacen desde casa por el COVID-19.

El diputado, en una visita a dos médicos de la empresa, encontró que ambos tenían otros trabajos en el mismo horario que deberían atender el call center, a pesar de que reciben un sueldo de Q15 mil al mes por trabajar para el seguro. Álvarez sospecha “que la empresa no está equipada para este trabajo y que con el primer desembolso de Q4 millones comenzará a comprar el equipo”.

Si bien la dirección legal de Urgencias Médicas se encuentra en la zona 7 de la ciudad capital. En documentos del Crédito Hipotecario Nacional registra como sede la 20 calle 23-60 de la zona 10 . Sin embargo en el lugar no hay ninguna oficina identificada con tal nombre; sólo se encuentra el rótulo de otra empresa, Smart Communications. Según Guatecompras dicha dirección también es el domicilio fiscal de otras dos compañías: Voip, S.A. y Corporación de Internet, S.A.

Nómada intentó contactar a las empresas que funcionan en el lugar y la única que dio declaraciones fue VOIP S,A.

Una persona de la empresa, que prefirió no dar su nombre, aseguró:

“Esta empresa la verdad no tiene nada que ver con el seguro escolar; solo presta el sistema, el servicio de telefonía y el alquiler del espacio físico a quienes tienen a su cargo este contrato”.

La persona entrevistada aseguró que les ha causado mucho daño que los relacionen con este proyecto: “Yo tengo clientes del extranjero que están pensando en cancelarme, por andar involucrándonos en un tema que realmente para nadie es agradable”. Sobre la relación de la empresa con una persona ligada al lavado de dinero aseguró que “Están escarbando cosas de otros días o de otras épocas” concluyó que “para relacionar con cosas malas, siempre van a encontrar como hacerlo”.

Smart Communications, se comunicó con este medio el 9 de julio, posterior a la publicación de este reportaje para aclarar que la empresa no tiene responsabilidad en la forma en cómo se gestionó el negocio y solamente presta el espacio físico a Urgencias Médicas de manera temporal.

Además recalcó que si bien en documentos oficiales aparece la dirección de Smart Communications como domicilio de Urgencias Médicas para recibir notificaciones, ambas empresas son independientes y solo las une una relación contractual.

Pese a los problemas de ejecución, las dudas sobre la forma en que se realizó el proyecto y sobre las personas detrás de la empresa beneficiada, para renovar este programa el próximo año bastará con una firma del presidente. No será necesaria la fiscalización y supervisión. Un negocio redondo a costa de la salud de miles de niñas y niños.

Para Gabriela Ayerdi, de la organización Acción Ciudadana, tanto la Contraloría como el Ministerio Público deberían investigar el caso: “Acá se puede evidenciar que se pueden estar cometiendo delitos como tráfico de influencias, abuso de poder y esto amerita una investigación penal”.

*Nota del Editor: En la publicación original se cometió el error de consignar mal la dirección en que se encuentra Urgencias Médicas asegurando que su domicilio fiscal era el mismo que Smart Communications. De tal manera y ante la imposibilidad de tener comunicación con la empresa antes de la publicación del artículo, se consignó información de sus socios y de una offshore perteneciente a estos. Dicha información fue retirada por solicitud de Smart Communications, lamentamos el error, la confusión y los daños que dicha vinculación pudiera haber causado.

*Se hizo una corrección a las 16:05 sobre el parentesco de la familia de los Melgar Padilla con Stella Padilla, su prima.

*Se hizo una corrección a las 10:00 del 8 de julio dado que se consignó erróneamente a uno de los representantes legales de Smart Communications. El Ingeniero Steven Bendfeldt se comunicó con este medio para aclarar que hace 10 años canceló su nombramiento como representante legal de dicha compañía y que actualmente tampoco tiene relación con ella. En esta nota también se había mención que su padre, Manolo Bendfeldt Alejos estuvo acusado por CICIG en un caso de lavado de dinero y tuvo reparos en la Controlaría General de Cuentas por la ejecución de un proyecto relacionado con un fideicomiso del CHN. Steven Bendfeldt aclara que ambos casos ya se encuentran cerrados puesto que presentaron las pruebas de descargo correspondientes.