La historia de la deuda ficticia para carreteras (que financia campañas)

La demanda de la Contraloría General de Cuentas (CGC) se centraba en dos aspectos. El primero era que la ley no permite a los ministerios adquirir deuda si no tienen presupuesto para pagarla. Pero un acuerdo del Ministerio de Finanzas anuló esa prohibición y excusó a los señalados al darles un plazo indefinido para registrar las operaciones hechas fuera del presupuesto. Desde entonces, la deuda con constructores (generalmente financistas de las campañas electorales) crece.

La deuda emitida sin fondos ni respaldo presupuestario quedará impune. A menos hasta que la Contraloría General de Cuentas entregue el informe de autoría especial a los 1,524 proyectos que los fiscales le solicitaron en 2013, y que podría arrojar indicios de anomalías en la contratación de cada una de las obras. La denuncia que el ente contralor presentó el 27 de noviembre de 2011 no arrojó los datos suficientes para que el Ministerio Público solicitara procesar penalmente a cinco ex ministros de Comunicaciones y 12 funcionarios de Covial, por el delito de incumplimiento de deberes.

Esto luce cuestarriba después de los compromisos adquiridos por el recién electo contralor, Carlos Mencos, con los dos partidos mayoritarios, PP y Líder, quienes además aprobaron un presupuesto para 2015 con fondos opacos en el Ministerio de Comunicaciones para financiar sus campañas electorales.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hizo una investigación sobre la deuda flotante, como se conoce técnicamente a la deuda ficticia, sin respaldo. El documento  explica que ese término hace referencia a los compromisos adquiridos por una institución sin una asignación presupuestaria, es decir, fuera del presupuesto aprobado. Y esta práctica fomenta la corrupción y el tráfico de influencias.

Cuando la Contraloría presentó los cargos encontró incongruencias en los reportes de los proyectos emitidos por la Unidad Ejecutora de Covial. Explicó que a partir de ellos no podía establecerse cómo se conformó la deuda flotante por Q2,336 millones ya que la documentación carecía de confiabilidad y legitimidad.

Las auditorías que arrojaron esos resultados fueron realizadas entre el 1 de enero de 2007 al 30 de abril de 2011. En ese tiempo Covial y el Ministerio de Comunicaciones suscribieron contratos que no registraron en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

“No obstante, se incumplióel registro de reportes de lo comprometido y por pagar, la unidad de Ejecutora de Covial ha realizado pagos”, detalló la Contraloría. En cinco años esos pagos sumaron Q9 mil 499 millones, según la denuncia.

Los cuestionados en el documentos fueron los exministros Manuel Eduardo Castillo Arroyo, Francisco José Unda Toriello, Luis Alfredo Alejos Olivero, Guillerm Andrés Castillo Ruiz y Jesús Insua Ramazzini, y los funcionarios Berta Lidia del Valle Pérez, Guillermo Andrés Castillo Ruiz, Alfredo Estuardo Mury Aguirre, Otto Efraín Ordoñez López, Miguel Ángel Cabrera Gándara, Henry Jesús López y López, Oscar Armando Escribá Morales, Justo Alfredo Cobar Guerra, Edson Javier Rivera Mendéz, Jaime Antonio Arriaga Sosa, Marvin Antonio Lemen Ortiz y Carlos Humberto Hall.

Algunos fueron citados y escuchados en la Fiscalía contra la Corrupción, la cual investigaba el caso para establecer si existía un delito que perseguir o si solo se trataba de una falta administrativa por el incumplimiento de un procedimiento presupuestario.

Deuda para pagar deuda

Mientras la Contraloría investigaba este caso de corrupción, hace cuatro años, en año electoral también, el Congreso aprobaba una emisión de más deuda interna para el pago de esta flotante (o ficticia). El diputado Leonel Soto Arango, uno de los tradicionales del clientelismo, antes del FRG y de la Gana y ahora del partido Unionista, hizo una conferencia de prensa para proponer una iniciativa de ley por Q7 mil millones para el pago a contratistas.

Cuestionado por periodistas sobre los datos que respaldaban esta deuda, bajó su iniciativa de ley a Q5 mil millones. Y finalmente, fue aprobada por el Congreso con el apoyo de todas las bancadas y de la Cámara de la Construcción. El entonces presidente Álvaro Colom la sancionó. Así, quedaba legalizada la deuda contratada ilegalmente.

La denuncia perdida en el MP (hasta ayer)

Durante toda una semana el Ministerio Público no daba respuestas del caso. La oficina de Prensa llegó a afirmar que no estaba registrada, que únicamente aparecía una parte de la misma que en el año 2012 fue desestimada por la Fiscalía de Delitos Administrativos. La insistencia de ubicar y saber de la denuncia por incumplimiento de deberes que presentó la Contraloría en 2011 hizo que el gran expediente del caso apareciera hasta ayer. Donde siempre estuvo: en la Fiscalía contra la Corrupción.

Alexander Villeda, desde agosto jefe de la última Fiscalía, explicó que el Acuerdo Ministerial 92-2010 “A”, de Finanzas, dice que los contratos de antes del 2 de enero de 2009 podrán ser activados. Es decir, se les amplió el plazo de forma indefinida para corregir el procedimiento administrativo por el cual los denunció la Contraloría y de esa forma la deuda ya no sería flotante, ilegal.

“Aparentemente el problema es que (Finanzas) dijo que se podía ampliar (el plazo) pero no se les fijó un término máximo para hacerlo, y por allí está el inconveniente. El caso está en investigación, pero no tiene actividad, ya que también estamos a la espera de un informe que se le solicitó a la Contraloría General de Cuentas y así determinar que rumbo tomará, si será de índole penal o administrativo”, dijo el fiscal para explicar por quéel proceso está estancado.

El investigador agregó que con la auditoría especial se buscaba establecer si existieron anomalías en las contrataciones, verificar si los gastos están fundamentados y las obras ejecutadas. Para el efecto, en 2013 Finanzas firmó un convenio donde se comprometía a trasladar recursos a la Contraloría para apoyar los casos relacionados con corrupción. El MP sigue sin recibir ese reporte.

“Si dicen que las obras se ejecutaron, que la información se actualizó y que los pagos se ejecutaron como debían, entonces ya no habría delito que perseguir porque el incumpliento sería no haberlo registrado en el sistema”, concluyó Villeda. El caso se cerraría gracias a un cambio administrativo.

“Durante sus primeros años, este gobierno tuvo bastante interés en ese caso”, recordó Javier Monterroso, que fue asesor de la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz. “Luego el mismo gobierno fue parte de la práctica de adquirir deuda sin respaldo ni fondos, y al final también los fiscales no terminaron de ver el tema como un delito sino como una cuestión administrativa”, agregó.

Más deuda flotante (ilegal)

La deuda flotante ha existido desde el gobierno de Álvaro Arzú, señaló Carlos Barreda, diputado de la bancada UNE. Pero nadie fue sancionado porque hasta 2013 la adquisición de obras que no estuvieran contempladas en el prespuesto no constituía un delito.

“En 2013 se reformó la Ley del Presupuesto. Antes de esa fecha la deuda flotante no era un delito ni tenía una sanción. Por eso es que no properaban las denuncias contra Fritz García-Gallont (ministro del PAN, 1996-1999), Gudy Rivera (diputado del PP), Luis Rabbé (ministro del FRG, 2000-2003, actual presidente legislativo), porque ninguna Ley decía que era delito. Ahora es abuso de autoridad e incumpliento de deberes. Por eso es que hoy ya no podría existir ese tipo de endeudamiento”, enfatizó.

En un citación de su bancada, Barreda señaló que a la fecha el Ministerio de Comunicaciones tiene una deuda flotante de Q1,062 millones, de 16 unidades ejecutoras. También dio a conocer que el Ministerio de Salud ha suscrito contratos sin respaldo presupuestario por Q2,108 millones; mientras que Gobernación se ha endeudado por Q820 millones. Las cifras, según el Ministerio de Finanzas, son menores: Q618.1 millones por las tres carteras.

Impunidad y corrupción

La ley presupuestaria ya no se cumple. La conclusión a la que arribó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudanana, es que en ese tipo de procedimiento hay una violación a las normativas qe regulan el presupuesto y que prohiben contratar deuda sin respaldo.

“Tanto el gobierno anterior y como este que hizo campaña contra sus antecesores por haber contratado deuda siguió con esa política. El problema en Guatemala es la impunidad desde el poder. Ya no les importa lo que diga la Ley. Habría que juzgar a los más altos funcionarios de gobierno por haber adquirido esa deuda porque desde el momento en que es ilegal es corrupta y se hace con motivos de corrupción”, apuntó.

El Icefi, en su investigación sobre la deuda flotante, resaltó que pese a la existencia de normas legales vigentes que prohíben la práctica y de denuncias penales, no existe castigo ejemplar a los transgresores, y esto sigue estimulando que el Ministerio de Comunicaciones ofrezca pagos a constructores aunque no tenga presupuesto aprobado para hacerlo.