La justicia cerrará su fiscalización interna por falta de fondos

Las dos unidades, Supervisión de Tribunales y Auditoría Interna, harán “lo exclusivamente indispensable y prioritario porque no podemos realizar ninguna actividad como lo teníamos programado en el presupuesto”, dijo Hugo Guzmán, Gerente General del Organismo Judicial. Detrás de él, Rosalba Corzantes, encargada de la Supervisión de Tribunales, asentía con la cabeza.

La Supervisión de Tribunales tiene como labor investigar las denuncias presentadas contra jueces, magistrados y el personal judicial de la institución. La unidad de Auditoría Interna es la que realiza las investigaciones cuando denuncian a personal administrativo del Organismo Judicial (OJ). Estas unidades redactan un informe que luego es enviado a la Junta de Disciplina Judicial y al Régimen Disciplinario. Y ahí se deciden las sanciones, desde llamadas de atención hasta destituciones.

En lo que va del año, Supervisión de Tribunales ha tenido asignados Q15 millones, pero solo ha ejecutado Q10.3 millones. Auditoría Interna recibió Q8.7 millones y gastó el 84 por ciento.

Un memorando (146-2014SGT) enviaba a un grupo de supervisores a monitorear la Sala Tercera de Apelaciones, un día después de que más de 50 jueces se pronunciaran a favor de la independencia judicial. La orden fue emitida por el magistrado Manfredo Maldonado, quien fue sancionado verbalmente por el pleno de la CSJ. José Arturo Sierra, entonces presidente del Poder Judicial, dijo que la orden de Maldonado fue ilegal.

Otro de los casos abiertos en la Supervisión de Tribunales fue el de Walter Villatoro, magistrado fotografiado almorzando junto a Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, que tiene seis intentos de juicios en su contra por supuestos actos de corrupción. Los detalles de las pesquisas no se conocieron, y Villatoro continúa en su oficina.

En mayo de 2012, la instancia emitió un informe sobre las actuaciones de la jueza Silvia de León Santos. La Corte Suprema de Justicia mandó a investigarla luego de que declarara que no había sustento en la acusación por lavado de dinero contra el ex fiscal general, Carlos de León Argueta. De León fue removida de su cargo, pero después la Corte de Constitucionalidad ordenó reinstalarla.

Además de la reducción de presupuesto a estas dos unidades, ni jueces, ni secretarios, ni ayudantes, ni ningún trabajador del Organismo Judicial cobrará a fin de mes por su trabajo.

Dice que no es culpa del Gobierno

Con casi tres años en el gobierno, con una reforma fiscal mutilada, una ley que elimina el pago de impuestos para renovación de concesiones a telefónicas, televisiones y cableros, y otra iniciativa para dar incentivos fiscales a grandes empresas, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti dicen que no es su culpa que el Estado no cuente con recursos y tenga que financiarse con más deuda.

Insisten en la necesidad de que el Congreso apruebe la emisión de deuda por Q4 mil millones. Que no es su culpa, que entienden la situación del OJ, pero que solo la aprobación de más deuda interna podría salvar la actual crisis.

La Corte de Constitucionalidad todavía no decide sobre la protesta del Organismo Judicial para obligar al presidente y a la vicepresidente a trasladar Q438 millones 900 mil que adeuda a la justicia.

En el Congreso, el Partido Patriota no ha logrado los votos y continúa con las negociaciones. Afuera del Palacio Legislativo la presión en las entidades públicas continúa. Las penúltimas en cerrar fueron las salas de emergencia de los hospitales. Las últimas serán las unidades de fiscalización interna del Organismo Judicial.