La justicia no es de derecha ni de izquierda

Durante su última visita a Guatemala, en agosto pasado, usted participó en un seminario sobre pluralismo jurídico y habló de injusticias históricas, un punto de vista de la izquierda.

El tema de los derechos humanos supone un marco de reconocimiento tan amplio que escapa a las ideologías políticas. Antes, cuando se utilizaba el concepto de derecho, eran muy pocos los reconocidos. Pero la situación cambió con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Guatemala ratificó hace 20 años.

La declaración es clara al hablar de las injusticias históricas (Lee): “preocupados por el hecho que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado entre otras cosas de la colonización, enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer en particular su derecho de conformidad con sus propias necesidades e intereses”. Por lo tanto, la categoría injusticias históricas y el proyecto de descolonización no son más un asunto que se pueda tildar de izquierda.

Pero en este país, al hablar de derechos indígenas, se insiste en esa distinción entre izquierda y derecha.

Quienes venían tradicionalmente de la izquierda hablaban de la lucha de clases y privilegiaban en su análisis a los propietarios y a los desposeídos. Lo que les interesaba era llegar al poder para redistribuir riquezas. Pero no necesariamente se enfocaban en las injusticias históricas contra pueblos indígenas. Lo mismo se puede decir para las mujeres. Puedes encontrar a izquierdistas que no entienden nada de la lucha de las mujeres o de los pueblos. O gente de derecha –mujeres de clase alta que, porque han estudiado, reivindican la paridad del poder de las mujeres–, pero si tienen empleadas indígenas no llevan al Congreso una ley de trabajadoras domésticas.

Si lee la Convención sobre la Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ve cómo las luchas de las mujeres, las de los pueblos indígenas y las de los campesinos confluyen en los Derechos Humanos. Las demandas no son marginales, son lo central de un estado democrático y plural de derecho.

Usted visitó las mesas de diálogo para la reforma de la justicia, el mes pasado. ¿Qué le llamó la atención?

Las diferencias de agenda de la izquierda y la de la descolonización. En México, cuando se vivió el alzamiento zapatista en Chiapas, en 1994, en el minuto final de la negociación se permitió que la Constitución reconociera la justicia indígena a condición de que fuera homologada por los jueces ordinarios. Eso no tiene sentido. Lo mismo pasó en Guatemala. Cuando se discutió la fórmula de reconocimiento de la jurisdicción indígena, la ex Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) aceptó omitir el pleno reconocimiento de la jurisdicción indígena porque eso trababa las reformas. Por eso la agenda de izquierda no es la misma que la agenda de reconocimiento de los pueblos.

Mi recomendación es que no acepten limitaciones. Existe un marco internacional que permite defender estos derechos sin tener que reducir la demanda indígena en materia de reconocimiento del pluralismo jurídico y de la jurisdicción indígena: La jurisprudencia de la Corte Interamericana que reconoce el derecho consuetudinario y el artículo 34 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas que reconoce los sistemas jurídicos indígenas. Ya no tienen por qué usar la expresión "usos y costumbres" que es una ley de Carlos V de 1555 ya derogada.

Pero, si ya existe un marco, ¿por qué en las mesas de diálogo se repiten preguntas sobre el funcionamiento de los sistemas indígenas o si estos derechos no violan los derechos humanos?

Bueno, sí pueden violar los derechos humanos, pero hay mecanismos de control. El punto está en que se instalen mecanismos de control con base a una composición plural y una interpretación intercultural de la Constitucion, para velar que no se violen los derechos humanos. Lo que hay que ganar en la ciudadanía es admitir que estamos de acuerdo en un Estado de Derecho, en una convivencia democrática o ¿nos queremos matar? Si ya estamos de acuerdo en este Estado de Derecho, la Constitución debe recogerlo.

Si ya tenemos todo esto ¿para qué refundar el Estado si bastaría con reforzar los controles?

Yo diría que es al revés. Los derechos ya están pero están en desorden. Entonces, ¿para qué queremos una reforma constitucional? En primer lugar para poner en orden esas normas dispersas, me refiero a esas obligaciones que tiene el Estado y que ayudan para la seguridad jurídica. Tienen normas constitucionales que deberían de interpretarse de conformidad con las internacionales, pero un juez no lo aplica porque no está en el texto escrito de la Constitución. Por lo tanto, es importante volver constitucionales las obligaciones internacionales que tiene en este momento Guatemala. Eso ayudaría a la certeza jurídica que reclaman estos sectores.

Eso pasa por el reconocimiento de la jurisdicción indígena.

Sí, eso ya está garantizado en el Convenio. El artículo 42 de la Declaración dice que los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones y velarán por su eficacia. ¿Cómo lo promueve? En primer lugar, que esté en el marco normativo interno, en la Constitución, en las leyes. Eso es de cajón.

También pueden dar un paso más: Caminar a hacia la refundación del Estado, hacia la pluralidad. El Convenio plantea un modelo de Estado pluripueblos y la Declaración dice en el artículo 9 que los pueblos tienen el derecho de pertenecer a una comunidad o nación indígena. En Huehuetenango, los kanjobales y los chortís ya se identifican como "naciones".

¿Una refundación, no una reforma?

Claro. Yo creo que es el horizonte, iría más allá de este enjambre de normas. En este momento, lo que se propone es una iniciativa hacia la certeza jurídica. Cuando los pueblos piden la reforma del artículo 203, piden certeza jurídica. Quieren que las normas vigentes se incluyan en la Constitución. Nada más.
Es una demanda conservadora que hay grupos que no la quieren aceptar es porque no quieren cumplir con el convenio ni con la declaración, y así tiran a la borda el Estado de Derecho. A ellos hay que denunciarlos políticamente en ese sentido.

Cuando dicen que no quieren reconocer el derecho indígena porque lo desconocen, significa que están en contra del Estado de Derecho actual. Estamos discutiendo lo mismo que desde hace 20 años, y hay que plantearlo así en los medios de comunicación. Se pide que se ratifique lo existente. Ni un paso más.

¿Cuales son las ventajas de reconocer un Estado plural?

Que en la Constitución debe quedar claro que los pueblos indígenas tienen función jurisdiccional y su propio sistema jurídico con derecho a aplicarlo dentro de su territorio, a través de sus propias instituciones. Esas decisiones deben ser adoptadas como "cosa juzgada" y que no se vuelvan a revisar para evitar el desgaste de un Estado que resuelve en dos tiempos. Esa sería una primera ventaja. Así se reduce la violencia institucional del Estado en contra de los pueblos originarios que preexisten al Estado mismo. La segunda ventaja es que si tienen un estado que respeta y valora las culturas indígenas se puede avanzar hacia un mayor desarrollo colectivo. Hay tanta energía que se desgasta en esta falta de reconocimiento que se podría emplear para un buen vivir entre pueblos.

...Y para evitar persecuciones contra autoridades.

Hay mucha represión en ese sentido. Es lo que pasa en Huehuetenango.

¿Huehuetenango es conflictivo?

Cuando los pueblos reivindican sus derechos territoriales o reclaman la falta de consulta previa, reclaman derechos vigentes desde hace 20 años. A eso no se le puede llamar conflicto. El conflicto lo genera quién niega esos derechos y reprime a los que los reclaman.

El problema aquí es que no se aplica el derecho como debería ser.

El Estado incumple con sus obligaciones adquiridas de manera legítima en el marco internacional. Son obligaciones introducidas en el sistema propio. Eso ayudaría en gran parte a pacificar los conflictos. Si el Estado se dedicara a hacer legítimamente el ordenamiento territorial, con respeto de los territorios y de las autoridades indígenas, si concertara políticas públicas participativas, entonces no habría la violencia que se da en estos momentos.

¿Cuales son los países más difíciles en los que se ha dado esta lucha?

Cada país tiene sus dificultades, no los llamaría difíciles. Ha habido avances. En Colombia se hacen esfuerzos para reconocer el derecho a consulta, con sus bemoles. Los pueblos desde Honduras, Nicaragua y Surinam han llevado casos a la Corte Interamericana, y eso ha ayudado a avanzar en el marco del derecho.

Por último, cuál es su perspectiva latinoamericana sobre este tema:

También he estado en Asia discutiendo estos temas, en situaciones de posguerra. En Cambodia, en Timor Leste y siempre es la misma historia. Hay una resistencia a reconocer los sistemas jurídicos propios. Hay una tendencia a importar normas. En este mundo globalizado hay una tendencia a desproteger y a no aplicar los derechos de los pueblos originarios para facilitar la penetración de corporaciones extractivas. Ese es el punto, para qué nos engañamos.