La pieza judicial sin la cual las cárceles nunca funcionarán

Todos los ojos están puestos sobre el caso a la red del reo Byron Lima en las cárceles y la responsabilidad del ministro de Gobernación y subsecretario general del Partido Patriota, Mauricio López Bonilla. Pero hay una contraparte que permite que todo siga podrido. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia que dejó que se estancara durante medio año la reforma de los juzgados responsables busca la reelección en septiembre.

Byron Lima Oliva cárceles CICIG control crimen organizado ejército Mauricio López Bonilla P147

Byron Lima muestra fotos de su pareja Alejandra Reyes, enjuiciada también, junto a la esposa de López Bonilla.

Foto: Carlos Sebastián

El caso por sobornos en el traslado de reos contra Lima, capitán militar sentenciado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario, y doce personas más, muestra que los reos siguen teniendo el control de las cárceles, como lo tenían hace ocho años cuando la administración de Óscar Berger «recuperó» Pavón en una operación en la que siete reos fueron asesinados y por la que se ha enjuiciado a tres autoridades guatemaltecos en Europa. Tanto que López Bonilla aceptó que Lima le propuso a Camargo para el puesto.

Pero hay una contraparte estatal que podría impedir judicialmente estas redes criminales. Los Juzgados de Ejecución son los encargados de conocer las peticiones de las personas condenadas. Las redenciones de pena, los traslados de centros carcelarios, las solicitudes de libertad condicional, la suspensión de la pena y las salidas a centros médicos. En todo el país existen ocho jueces de este tipo que se reparten alrededor de 45 mil expedientes. Estaban en un proceso de reforma liderado por el magistrado César Barrientos, quien se suicidó hace seis meses, pero su sustituto en el puesto, el magistrado Héctor Maldonado, permitió que se estancara toda la reforma.

La mora judicial, el hacinamiento, el descontrol y señalamientos de corrupción motivaron a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a plantear una reingeniería en esos juzgados. Las salidas de Byron Lima de Pavoncito también hicieron que la Corte le diera más fuerza al proyecto, ya que los puso en el mapa como un órgano que no controla lo que pasa con los reos condenados.

 

El intento del exmagistrado Barrientos por reformar los juzgados para las cárceles.

El intento del exmagistrado Barrientos por reformar los juzgados para las cárceles. Imagen: Nómada

 

En un estudio del Organismo Judicial realizado en el 2013 se evidenció la saturación de los expedientes, la falta de un control de los procesos que hacía que el Estado no supiera cuántas veces un reo tuvo permiso para salir de prisión. La ausencia de registros también dejaba espacios abiertos para la manipulación de casos. Los jueces no siempre sabían qué sucedía.

Uno de los jueces de ejecución es Javier Sotomora Chacón, quien en el año 2012 resolvió con lugar la redención de penas para Byron Disrael Lima, padre de Byron Lima, y ordenó su libertad. A su llegada a esos jugados fue cuestionado por la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial por ser familiar (y potencial protegido) de Gladys Chacón, ex magistrada de la Corte de Constitucional (su madre), y Mauro Chacón, actual magistrado de la CC (su tío).

En otro caso relacionado a su labor en el juzgado, Sotomora fue denunciado por la Cámara Penal en el momento que César Barrientos la presidía. Por anomalías en el proceso contra dos señalados del tráfico de drogas pero condenados por otro delito. Además, el MP apeló un caso, pero cuando la Cámara Penal quería notificar la resolución a los reos, se dio cuenta que ya Sotomora los había dejado salir de la cárcel porque dijo que habían cumplido su pena, cuando no era cierto. El caso fue denunciado ante la Supervisión General de Tribunales y Barrientos denunció a Sotomora en el MP. El caso aún sigue en investigación, y una secretaria fue sancionada por el Organismo Judicial.

Con los problemas a la vista, se impulsó una reforma señalando los lugares sensibles a la corrupción y transparentando qué pasaba en la justicia una vez eran condenados y encarcelados los acusados. Fue promovida por César Barrientos como presidente de la Cámara Penal, y avalada por Gabriel Medrano, entonces presidente de Corte Suprema de Justicia.

Oposición que acaba con la reforma

Pero al plan se opusieron varios actores. Entre ellos un grupo denominado Abogados Litigantes de los Juzgados de Ejecución o defensores de reos. Cuando se fusionaron los juzgados para crear uno solo que con ocho jueces y el mismo personal judicial tramitaran los casos, este grupo de abogados, donde también había ex trabajadores de las mismas instancias judiciales, envió un memorial cuestionando el proyecto y pedían integrar una comisión para revisar la reforma. Esa solicitud hizo que Barrientos y Medrano apresuraran la reforma por la necesidad de evitar nexos entre los empleados públicos y los abogados privados que defendían a los acusados.

 

El grupo de abogados que se opuso a la reforma. Imagen: Nómada

El grupo de abogados que se opuso a la reforma. Imagen: Nómada

 

Los abogados opositores. Imagen: Nómada.gt

La oposición de los litigantes. Imagen: Nómada.gt

En los Juzgados de Ejecución y en la rama penal, a diferencia de un proyecto financiado por USAID para medir los tiempos que se toma cada juzgado civil en los casos (y que llegará a tener el certificado de calidad ISO), todavía no hay ninguna herramienta que mida sus fallos, las peticiones que no han resuelto, sus tiempos. Tampoco estadísticas, como respondió Eloísa Yoc, coordinadora de estadísticas de las cortes.

En el caso de los traslados, la ley permite que en situaciones de emergencia, el director del Sistema Penitenciario pueda hacerlos. Es decir que las autoridades del SP tienen la facultad para decidir si mueven a un reo de la prisión, sin consultar a un juez. Aunque después esa decisión tiene que ser confirmada o revocada por un juzgado. La Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público aseguran que Camargo no sólo se extralimitó sino lo hizo con base en sobornos.

Acá hay dos versiones y una realidad. Según Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, en los últimos 10 años, sólo el 15 por ciento de traslados ha sido sin autorización de juez. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con base en estadísticas oficiales, en los últimos siete meses, sólo el 15 por ciento de traslados sí contó con autorización de juez. Según Esquivel, en los últimos diez años, se han realizado 20,594 traslados. La población reclusa es de 18,294 privados de libertad.

Los movimientos de Lima (y la desconfianza en López Bonilla)

El Ministerio Público y la CICIG, a través de escuchas telefónicas presentadas en la audiencia de primera declaración de Lima, Camargo y doce personas más, puso los medios para probar entre los traslados autorizados por Presidios, al menos siete fueron coordinados por un condenado y benefició con miles de dólares a una gran estructura criminal.

Así, la voz de Lima, llamado con el sobrenombre Bravo, lo incriminó ante el juez. En militar fue grabado mientras decía: «para que lo muevan yo le doy unos, vamos a ver, unos $5 mil y $2 mil (son para) vos». La conversación la sostuvo con Carlos Cermeño, un intermediario posteriormente se comunicó con Camargo para dar el nombre del reo que sería beneficiado. Ese fue el primer caso que la Fiscalía presentó ante el juez, para evidenciar el método en las coordinaciones. En una de las llamadas presentadas, Lima dijo que necesitaba una confirmación de si el trasladado se realizaría sí o no, de lo contrario «yo me voy a encaramar en otra gente». Así, las 45 escuchas telefónicas presentadas en el primer día de audiencias dejaron a Lima en evidencia.

Desde que fue trasladado de prisión y acusado nuevamente la semana pasada, Byron Lima no ha parado de acusar a Mauricio López Bonilla de estar vinculado en negocios oscuros relacionados con señalización de tránsito, cámaras de seguridad y emisión de pasaportes. Desde que fue capturado Lima ha dicho a los medios de comunicación que prepara una maleta de documentos, que afirma, vinculan a otros altos funcionarios en actos de corrupción.

Un detalle enorme, del tamaño de un elefante en una sala, fue que el ministro de Gobernación, López Bonilla, no fue informado por parte de la CICIG de estas capturas, y se enteró a las 6 de la mañana de ese mismo día porque lo llamó Camargo. Esto es el primer caso en el que no se coordina entre la CICIG, el MP y Gobernación desde hace cuatro años.

 

Camargo fue sugerido a López Bonilla por Lima. El subdirector del SP era el suegro de Lima. Foto: Nómada

Camargo fue sugerido a López Bonilla por Lima. El subdirector del SP era el suegro de Lima. Foto: Carlos Sebastián

 

La reforma engavetada por un magistrado

Marco Antonio Canteo, abogado con una carrera en el análisis y la incidencia en el sistema de justicia, dijo que la desarticulación de la supuesta estructura en Presidios da una «gran oportunidad» para que las autoridades del Organismo Judicial indaguen en el trabajo de los Juzgados de Ejecución. «Es parte del problema porque demuestra que las instituciones cuyas funciones están legalmente establecidas para administrar el Sistema Penitenciario no funcionan. Esto provoca que evidentemente haya un sinfín de acciones fuera de la ley. Si bien es cierto es reprochable desde el ámbito informal se trasladaban reos mediante cobros, también es muy reprochable que el Estado haya decidido ceder el control a los privados de libertad», opina.

Héctor Maldonado, el magistrado de la Corte Suprema que sustituyó a Barrientos como presidente de la Cámara Penal, acepta que cuando se realizó la reestructuración de los juzgados se encontró corrupción. Sin brindar detalles recordó que un grupo de empleados fue destituido por sobornos para acelerar las peticiones que hacían los condenados. Ninguno fue acusado penalmente. También dijo que por la independencia judicial, cada juez es responsable de sus actos dentro de su jurisdicción. No quiso responder sobre una acción desde la Cámara que preside para investigar corrupción en estos juzgados. «La oportunidad es para la siguiente magistratura (desde octubre)», dijo el magistrado que aspira a reelegirse este septiembre.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    Ruben Zamora /

    12/09/2014 10:02 PM

    Byron Lima Oliva es acusado de participar en el asesinato de monseñor Juan Gerardi, en su primera declaración hizo señalamientos y amenazó con presentar pruebas de corrupción contra funcionarios de la actual administración, sobre todo de la Cartera de Gobernación.



    •Lima Oliva asegura que el parto de Alejandra Reyes Ochoa, su esposa, fue pagado con un cheque de Gobernación, y dice tener pruebas.
    •Dice tener 300 facturas a nombre de la esposa del Ministro y varios cheques sin fondo de la familia López Bonilla.
    •Según las declaraciones de Byron Lima, él obtiene al menos $10 mil de renta de sus propiedades, que fueron obsequidas por empresarios. Asegura que la casa en la playa de San Marino, una de las propiedades que la CICIG investigó, fue un regalo de una familia de renombre.
    •En cuanto a la cooperativa Torre Fuerte, la maquila instalada en la prisión y que hizo las camisas para el Partido Patriota, el excapitán asegura tener pruebas que señalan que varias empresas, incluyendo un medio de comunicación que ha hecho negocios con la misma.
    •El reo dijo que una casa ubicada en Alamedas de San Isidro, zona 16, se está pagando con un crédito y su fiadora es Yulissa Palma, esposa de López Bonilla.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Ruben Zamora /

    12/09/2014 1:31 AM

    Con el lema “Nadie puede contra Lima”.
    y POR EL OTRO LADO MAURICIO LOPEZ BONILLA: “¡No renuncio…!
    Ministro advierte que ya no hablará más del tema Byron Lima Oliva, porque “fue una ingenuidad tratar con él”.
    El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, descartó hoy de manera categórica cualquier posibilidad de renunciar al cargo por el affaire con el excapitán y reo Byron Lima Oliva, y advirtió que ya no se referirá al caso porque “fue una ingenuidad” tratar con él.
    BYRON LIMA OLIVA NO es solo el reo que tenía el control del Sistema Penitenciario del país, sino la encarnación de los vínculos del Partido Patriota con una de las mafias que apoyó su campaña proselitista, la cual se había ampliado gracias, precisamente, a esa connivencia. El reo no era un agente extraño en la estructura del partido en el poder, del cual reclama haber sido uno de sus fundadores. Su hermano, Luis Lima, fue jefe de campaña del PP en Quiché, y al capitán lo unen vínculos políticos con los diputados oficialistas Urrea, Galdámez y Cristiani, este último estaría relacionado con la cooperativa Torre Fuerte que funciona en Pavoncito. Más aún, Lima Oliva fue financista de la campaña patriotista y confeccionó playeras y prestó vehículos blindados para trasladar a los candidatos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, lo cual conocía muy bien Mauricio López Bonilla, quien era el coordinador general de campaña del PP.
    SI BIEN EL PODERÍO de Lima Oliva viene de tiempo atrás, fue durante la actual gestión patriotista cuando se acrecentó gracias al respaldo que sentía de un gobierno de corte militar. Tan buenos vínculos había que el PP permitió que el capitán llevara a su suegro, Samuel Reyes, como subdirector técnico administrativo del Sistema Penitenciario. Incluso le propuso a López Bonilla una lista de candidatos a dirigir Presidios, entre los que estaba Édgar Camargo, quien finalmente asumió ese puesto a principios del 2013. La rosca estaba completa. Quizá si el capitán hubiera tenido un perfil más bajo habría logrado amasar fortuna sin llamar la atención, pero su fuerte personalidad mediática colmó la paciencia de sus padrinos patriotistas que veían en él un molesto compañero de viaje y por eso intentaron aplacar su poder.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Ruben Zamora /

    12/09/2014 1:26 AM

    MAS ELOCUENTE QUE SU INCRIMINACION Y SER EL SUBJEFE DE TODA LA CORRUPCION... PORQUE SIN ELLOS NO TENDRIA PODER LILMA:
    "Ministro: Lima recomendó a Camargo para director
    López Bonilla revela detalles de influencias del excapitán condenado pÉdgar Camargo Liere fue uno de los recomendados por el reo y excapitán Byron Lima Oliva para dirigir el Sistema Penitenciario (SP), admitió hoy el ministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla.
    El funcionario –teniente coronel retirado- reconoció también haber tenido alguna relación con el exoficial sentenciado a 20 años por el asesinato del obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, Juan Gerardi, en 1998
    or el asesinato del obispo Juan Gerardi, en 1998."

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Marvin Ramirez /

    11/09/2014 10:10 AM

    Un caso controversial y de alto impacto donde nuevamente se demuestra el nivel de corrupción en todos los órganos del Estado.
    Por un lado, el hecho de que el propio Ministro de Gobernación acepte que en su momento le sugirieron los nombres de los candidatos, un privado de libertad, es motivo suficiente para que por honorabildad (si existe tal cosa en el ámbito político nuestro) renunciara a su cargo, pues no puede alegar error o ignorancia respecto a las implicaciones que un condenado penalmente con tales antecedentes fuera quien le hiciera la recomendación.
    Simplemente sale a la palestra con argumentos falaces y tratando de desviar la atención del público, ahora sí, invocando a nuestro Sistema de Justicia, simplemente inaceptable.
    Respecto a lo corrompido del Sistema de Justicia: teóricamente nuestro Estado está estructurado de tal manera que se rija por el sistema de pesos y contrapesos, con el objetivo de que cada una de las instancias trabaje de manera independiente. Simplemente no se da.
    El presentado en el artículo es solamente uno de tantos ejemplos donde se da a conocer la manera en que las relaciones filiales e históricas, funcionan con el único afán de mantener poder e ir ampliándolo.
    ¿Cuál será el desenlace de tal embrollo en todo el aparato estatal?, ¿Será que se hará justicia real? o finalmente ¿solo quedará en otro show mediático?, Siempre son más preguntas que respuestas.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!



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