La pieza judicial sin la cual las cárceles nunca funcionarán

El caso por sobornos en el traslado de reos contra Lima, capitán militar sentenciado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario, y doce personas más, muestra que los reos siguen teniendo el control de las cárceles, como lo tenían hace ocho años cuando la administración de Óscar Berger «recuperó» Pavón en una operación en la que siete reos fueron asesinados y por la que se ha enjuiciado a tres autoridades guatemaltecos en Europa. Tanto que López Bonilla aceptó que Lima le propuso a Camargo para el puesto.

Pero hay una contraparte estatal que podría impedir judicialmente estas redes criminales. Los Juzgados de Ejecución son los encargados de conocer las peticiones de las personas condenadas. Las redenciones de pena, los traslados de centros carcelarios, las solicitudes de libertad condicional, la suspensión de la pena y las salidas a centros médicos. En todo el país existen ocho jueces de este tipo que se reparten alrededor de 45 mil expedientes. Estaban en un proceso de reforma liderado por el magistrado César Barrientos, quien se suicidó hace seis meses, pero su sustituto en el puesto, el magistrado Héctor Maldonado, permitió que se estancara toda la reforma.

La mora judicial, el hacinamiento, el descontrol y señalamientos de corrupción motivaron a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a plantear una reingeniería en esos juzgados. Las salidas de Byron Lima de Pavoncito también hicieron que la Corte le diera más fuerza al proyecto, ya que los puso en el mapa como un órgano que no controla lo que pasa con los reos condenados.

El intento del exmagistrado Barrientos por reformar los juzgados para las cárceles. Imagen: Nómada

En un estudio del Organismo Judicial realizado en el 2013 se evidenció la saturación de los expedientes, la falta de un control de los procesos que hacía que el Estado no supiera cuántas veces un reo tuvo permiso para salir de prisión. La ausencia de registros también dejaba espacios abiertos para la manipulación de casos. Los jueces no siempre sabían qué sucedía.

Uno de los jueces de ejecución es Javier Sotomora Chacón, quien en el año 2012 resolvió con lugar la redención de penas para Byron Disrael Lima, padre de Byron Lima, y ordenó su libertad. A su llegada a esos jugados fue cuestionado por la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial por ser familiar (y potencial protegido) de Gladys Chacón, ex magistrada de la Corte de Constitucional (su madre), y Mauro Chacón, actual magistrado de la CC (su tío).

En otro caso relacionado a su labor en el juzgado, Sotomora fue denunciado por la Cámara Penal en el momento que César Barrientos la presidía. Por anomalías en el proceso contra dos señalados del tráfico de drogas pero condenados por otro delito. Además, el MP apeló un caso, pero cuando la Cámara Penal quería notificar la resolución a los reos, se dio cuenta que ya Sotomora los había dejado salir de la cárcel porque dijo que habían cumplido su pena, cuando no era cierto. El caso fue denunciado ante la Supervisión General de Tribunales y Barrientos denunció a Sotomora en el MP. El caso aún sigue en investigación, y una secretaria fue sancionada por el Organismo Judicial.

Con los problemas a la vista, se impulsó una reforma señalando los lugares sensibles a la corrupción y transparentando qué pasaba en la justicia una vez eran condenados y encarcelados los acusados. Fue promovida por César Barrientos como presidente de la Cámara Penal, y avalada por Gabriel Medrano, entonces presidente de Corte Suprema de Justicia.

Oposición que acaba con la reforma

Pero al plan se opusieron varios actores. Entre ellos un grupo denominado Abogados Litigantes de los Juzgados de Ejecución o defensores de reos. Cuando se fusionaron los juzgados para crear uno solo que con ocho jueces y el mismo personal judicial tramitaran los casos, este grupo de abogados, donde también había ex trabajadores de las mismas instancias judiciales, envió un memorial cuestionando el proyecto y pedían integrar una comisión para revisar la reforma. Esa solicitud hizo que Barrientos y Medrano apresuraran la reforma por la necesidad de evitar nexos entre los empleados públicos y los abogados privados que defendían a los acusados.

El grupo de abogados que se opuso a la reforma. Imagen: Nómada

La oposición de los litigantes. Imagen: Nómada.gt

En los Juzgados de Ejecución y en la rama penal, a diferencia de un proyecto financiado por USAID para medir los tiempos que se toma cada juzgado civil en los casos (y que llegará a tener el certificado de calidad ISO), todavía no hay ninguna herramienta que mida sus fallos, las peticiones que no han resuelto, sus tiempos. Tampoco estadísticas, como respondió Eloísa Yoc, coordinadora de estadísticas de las cortes.

En el caso de los traslados, la ley permite que en situaciones de emergencia, el director del Sistema Penitenciario pueda hacerlos. Es decir que las autoridades del SP tienen la facultad para decidir si mueven a un reo de la prisión, sin consultar a un juez. Aunque después esa decisión tiene que ser confirmada o revocada por un juzgado. La Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público aseguran que Camargo no sólo se extralimitó sino lo hizo con base en sobornos.

Acá hay dos versiones y una realidad. Según Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, en los últimos 10 años, sólo el 15 por ciento de traslados ha sido sin autorización de juez. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con base en estadísticas oficiales, en los últimos siete meses, sólo el 15 por ciento de traslados sí contó con autorización de juez. Según Esquivel, en los últimos diez años, se han realizado 20,594 traslados. La población reclusa es de 18,294 privados de libertad.

Los movimientos de Lima (y la desconfianza en López Bonilla)

El Ministerio Público y la CICIG, a través de escuchas telefónicas presentadas en la audiencia de primera declaración de Lima, Camargo y doce personas más, puso los medios para probar entre los traslados autorizados por Presidios, al menos siete fueron coordinados por un condenado y benefició con miles de dólares a una gran estructura criminal.

Así, la voz de Lima, llamado con el sobrenombre Bravo, lo incriminó ante el juez. En militar fue grabado mientras decía: «para que lo muevan yo le doy unos, vamos a ver, unos $5 mil y $2 mil (son para) vos». La conversación la sostuvo con Carlos Cermeño, un intermediario posteriormente se comunicó con Camargo para dar el nombre del reo que sería beneficiado. Ese fue el primer caso que la Fiscalía presentó ante el juez, para evidenciar el método en las coordinaciones. En una de las llamadas presentadas, Lima dijo que necesitaba una confirmación de si el trasladado se realizaría sí o no, de lo contrario «yo me voy a encaramar en otra gente». Así, las 45 escuchas telefónicas presentadas en el primer día de audiencias dejaron a Lima en evidencia.

Desde que fue trasladado de prisión y acusado nuevamente la semana pasada, Byron Lima no ha parado de acusar a Mauricio López Bonilla de estar vinculado en negocios oscuros relacionados con señalización de tránsito, cámaras de seguridad y emisión de pasaportes. Desde que fue capturado Lima ha dicho a los medios de comunicación que prepara una maleta de documentos, que afirma, vinculan a otros altos funcionarios en actos de corrupción.

Un detalle enorme, del tamaño de un elefante en una sala, fue que el ministro de Gobernación, López Bonilla, no fue informado por parte de la CICIG de estas capturas, y se enteró a las 6 de la mañana de ese mismo día porque lo llamó Camargo. Esto es el primer caso en el que no se coordina entre la CICIG, el MP y Gobernación desde hace cuatro años.

Camargo fue sugerido a López Bonilla por Lima. El subdirector del SP era el suegro de Lima. Foto: Carlos Sebastián

La reforma engavetada por un magistrado

Marco Antonio Canteo, abogado con una carrera en el análisis y la incidencia en el sistema de justicia, dijo que la desarticulación de la supuesta estructura en Presidios da una «gran oportunidad» para que las autoridades del Organismo Judicial indaguen en el trabajo de los Juzgados de Ejecución. «Es parte del problema porque demuestra que las instituciones cuyas funciones están legalmente establecidas para administrar el Sistema Penitenciario no funcionan. Esto provoca que evidentemente haya un sinfín de acciones fuera de la ley. Si bien es cierto es reprochable desde el ámbito informal se trasladaban reos mediante cobros, también es muy reprochable que el Estado haya decidido ceder el control a los privados de libertad», opina.

Héctor Maldonado, el magistrado de la Corte Suprema que sustituyó a Barrientos como presidente de la Cámara Penal, acepta que cuando se realizó la reestructuración de los juzgados se encontró corrupción. Sin brindar detalles recordó que un grupo de empleados fue destituido por sobornos para acelerar las peticiones que hacían los condenados. Ninguno fue acusado penalmente. También dijo que por la independencia judicial, cada juez es responsable de sus actos dentro de su jurisdicción. No quiso responder sobre una acción desde la Cámara que preside para investigar corrupción en estos juzgados. «La oportunidad es para la siguiente magistratura (desde octubre)», dijo el magistrado que aspira a reelegirse este septiembre.