Hace un año, entre trabajar, encontrar tiempo para ir a las citas con los médicos y los procedimientos diarios para limpiar sus riñones (diálisis peritoneal), los pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tuvieron que hacer espacio para unirse y denunciar un caso que ponía en peligro su salud y vida.
El proceso que empezó con la sospecha de que la vida de 530 afiliados al Seguridad Social (IGGS) estaba en riesgo con el negocio de Q116 millones con la Droguerías Pisa, se materializó en 49 muertes y 150 personas lesionadas.
El 13 de mayo de 2015, Acción Ciudadana acompañó la denuncia de los afectados. Señalaron a Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del IGSS y ex secretario Privado de Otto Pérez Molina, a toda la junta directiva de la institución y a los gerentes de los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude. Quince días después 17 personas fueron capturadas.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) había tomado el caso. Según las investigaciones los detenidos eran parte de un grupo estructurado que con roles definidos obtenía beneficios en los procesos de licitación de servicios médicos del IGSS. El modus operandi era aprovechar las influencias en las autoridades del Seguro Social y nexos con empresarios que ofertaban los servicios.
Sin embargo, la denuncia por homicidio culposo, en la cuál no intervino la CICIG, no tuvo mayor avance. Fue remitida a la Fiscalía de Delitos contra la Vida. La oficina de prensa del Ministerio Público informó que el expediente ahora está en manos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, misma que investiga la suscripción anómala del contrato con Pisa y el caso La Línea, entre otros.
Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana, atribuye el atraso a que la CICIG no intervino en esa parte del expediente porque su mandato se lo impide. Se intentó hablar con el fiscal a cargo de ese caso, pero no fue posible localizarlo.
Sospechosos retiros de efectivo
Droguerías Pisa, en campos publicados en los medios, insiste en que es víctima de una campaña de desprestigio y competencia desleal; que la cancelación del contrato se hizo sin fundamento; que no recibieron ningún pago del IGSS por los servicios prestados y que esperan que durante el proceso contra dos de sus exgerentes se respete el Estado de Derecho.
En las conclusiones de su investigación, la CICIG y el Ministerio Público citan un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que detectó movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de Droguerías Pisa de Guatemala.
La denuncia de transacción sospechosa de la IVE detalla que Pisa, entre noviembre y diciembre de 2014, “realizó retiros en efectivo en su cuenta de depósitos monetarios” para ser entregados a Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña, los dos gerentes de la empresa que se encuentran detenidos.
La IVE detalla que por medio de cartas al banco, la empresa solicitó que debitara de su cuenta Q500 mil y Q4.6 millones y que los fondos, en efectivo, fueran enviados en billetes de Q200 a Lorenzana y a de la Peña.
Pisa justificó sus transacciones bancarias ante el banco en que necesitaba el dinero en efectivo para el pago de sus empleados, visitadores médicos y proveedores. Sin embargo, según la acusación del Ministerio Público, ese monto (Q5.1 millones en total) equivalía al pago de salarios para los empleados de la droguería por un año y ocho meses.
El retiro de los fondos se realizó el 10 de diciembre de 2014, siete días antes de la suscripción del contrato, remata la Fiscalía. Incluso la IVE cita en su reporte que tras analizar los estados de cuenta de la entidad determinaron que, según los movimientos de la empresa, ese tipo de transacciones no eran recurrentes. También resalta que los retiros de efectivo eran atípicos y que se realizaron en fechas “cercanamente posteriores a la fecha de adjudicación” del contrato con el IGSS . Con los retiros del efectivo se pierde el rastro de los fondos, advierte el documento.
Los resultados de las investigaciones entre el MP y la CICIG se conocerán a lo largo de cinco días, del 2 al 8 de febrero. La jueza Silvia de León deberá determinar si todos los capturados enfrentarán juicio por la contratación de Pisa.
Los pacientes y su lucha contra la impunidad
En enero de 2015 se corrió la noticia que los alarmó. El Instituto había cambiado de proveedor. Baxter, una multinacional que durante seis años prestó el servicio, perdió el concurso para renovar su contrato. Ganó Droguerías Pisa, una farmacéutica sin experiencia ni instalaciones para atender enfermedades renales.
El 20 de diciembre de 2014, el IGSS le adjudicó a Pisa los tratamientos de diálisis peritoneal continua ambulatoria para 530 personas por Q116 millones. Para que eso pasara intervino en el proceso de adjudicación, Otto Fernando Molina Stalling, el hijo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. Junto con otras personas negoció con Pisa el pago de casi Q18 millones para ganar el contrato. La fuerza de Molina venía de alguien con poder en la institución, un individuo identificado como JD. El resto se sabría tres meses después.
Los pacientes, confundidos, llegaban al IGSS para tener noticias del tratamiento de su enfermedad. De allí eran enviados al antiguo hospital Las Américas, el cual fue comprado por Banco Industrial para hacerlo parte de su red de servicios de salud.
Pisa rentó tres habitaciones. En una sala de conferencias eran atendidos y en otro cuarto, sin muchos cuidados de limpieza, les cambiaban el catéter para que la empresa les suministra sus propios medicamentos. Allí se prendió la mecha. Las infecciones en los pacientes aumentaron luego de ese procedimiento.
La noticia se corrió. Sorayda Macz empezó a comunicarse con sus compañeros y a recopilar los datos de cada complicación entre el resto de afectados. Como la mayoría de enfermos renales, ella estaba por quedarse sin los insumos para dializarse y sabía que para recibir nuevos medicamentos tenía que someterse al cambio de línea (catéter) con Pisa. Con su caso y una decena más llegó a Acción Ciudadana, la oenegé que los asesoró legalmente.
Pronto comenzaron a denunciar las deficiencias en los servicios de Pisa y la mala calidad de sus medicamentos. Mientras eso pasaba, las infecciones aumentaban y eran frecuentes las llamadas y mensajes para comunicarse la muerte de sus compañeros.
En dos conferencias de prensa, el IGSS, a través del subgerente general, Álvaro Dubón, defendió el contrato y mostró estadísticas que afirmaban que con Pisa se mantenía el nivel normal de complicaciones.
Uno de los peritajes que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo desmiente: las infecciones aumentaron en un 900 por ciento desde que Pisa trató a los pacientes.
El 27 de marzo, cuando eran 54 las personas que estaban hospitalizadas por peritonitis y cinco habían fallecido, Nómada entrevistó a los exgerentes de Pisa (ahora capturados) Edgar de la Peña y Ramiro Lorenza. Al hablar de los decesos y las quejas de los enfermos su respuesta era: “Van a fallecer tarde o temprano”.
Ese mismo día, el Procurador de los Derechos Humanos declaró al IGSS y a Pisa “violadores de los derechos humanos a la vida y la salud de los pacientes de insuficiencia renal”. También le reclamó a la Junta Directiva del Seguro Social su falta de interés en el caso. La Contraloría General de Cuentas recomendó rescindir el contrato por anomalías en el proceso de licitación.
Mientras eso pasaba, los afectados aumentaban. Al morir el décimo tercer paciente, infectarse 91, ser condenados por el PDH y recibir la orden de la Contraloría, la Junta Directiva del IGSS decidió revocarlo.
Un año después, con 49 pacientes fallecidos, el caso por el robo de Q18 millones (acompañado por la CICIG) regresa a tribunales. El caso por homicidio culposo está estancado.
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