Las reformas son más que el pluralismo jurídico

Actualmente es la Corte Suprema de Justicia la encargada de la administración del mismo organismo. ¿Qué significa esto? Que la Corte no tiene una función exclusivamente jurisdiccional, o sea, de impartir justicia en sus respectivas cámaras. También se encargan de conocer sobre traslados de jueces, sanciones y otras funciones administrativas. Esto da suficiente poder a la Corte para mantener cierta disciplina sobre los jueces, pudiendo así coartarlos por medio de traslados y sanciones. Como ha ocurrida no pocas veces.

Esto es un efecto nocivo de la descomposición del Estado: por medio de las mafias y de la corrupción a nivel de Comisiones de Postulación, entran diversos grupos de abogados a las más altas magistraturas de la nación y trafican influencias con las personas que se encargaron de asegurar su designación. Entonces, la llave a la Corte Suprema de Justicia, en el actual sistema político, pasa por la designación de magistrados.

Las Comisiones de Postulación son el mejor ejemplo de cómo se manifiesta el talento de la política guatemalteca para corromper cualquier cosa. Originalmente fueron pensadas para asegurar que profesionales calificados llegasen a los diferentes puestos para los que se establecen (Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de las Cortes de Apelaciones, Fiscal General de la República y Contralor General de Cuentas); pero en la realidad se transformaron en un vil mecanismo para el tráfico de influencias.

El tráfico de influencias surgido a raíz de las comisiones de postulación han socavado al sistema de justicia, afectando a instituciones claves en su desenvolvimiento, como la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos – aunque este fenómeno se ha generalizado y se observa con las elecciones a rectoría- y al Colegio de Abogados. Incluso han surgido mercaderes especializados de influencia como Roberto López Villatoro, el famoso Rey del Tenis.

El poder que tienen los designantes en las comisiones ha contribuido al decaimiento del estudio del derecho del país, al volver la decanatura de la Universidad de San Carlos en un botín, para la cual se organizan costosas campañas cuyo principal objetivo es el estudiante, el que obtiene beneficios cuestionables por pertenecer a la agrupación que quede ganadora. El Colegio de Abogados se volvió en otro mercado del tráfico de influencias al ser aprobada la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, extendiendo las elecciones a la Junta Directiva y Tribunal de Honor de cada colegio a las cabeceras departamentales, en donde el Estado es mínimo, y donde nuestra raquítica administración de justicia tiene menos peso y poder para suprimir el tráfico de influencias. Entonces, las comisiones de postulación resultaron debilitando al Estado y han sido objeto del tráfico de influencias para aquellos que procuran impunidad.

El Consejo Nacional de Justicia se crearía para concentrar todas las funciones administrativas del Organismo Judicial. Crearía dos dependencias administrativas: la dirección de la Carrera Judicial, y la Dirección Administrativa. La dirección de la Carrera se integraría por siete titulares, con el mismo número de suplentes: un juez de paz, un juez de primera instancia y un magistrado de la Corte de Apelaciones elegidos por sorteo en el Congreso de la República; un consejero electo por dos tercios del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no pertenezca al Organismo Judicial; y tres profesionales de distintas disciplinas, electos por concurso público.

La Dirección Administrativa contaría con tres miembros titulares y el mismo número de suplentes: un abogado electo por dos tercios del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no forme parte del Organismo Judicial; una persona electa por mayoría simple por el pleno del Congreso a propuesta de una terna de postulados del Presidente de la República; y una persona designada por el Presidente de una terna propuesta por el Congreso. Como podrá observarse tras una lectura detenida, los mecanismos de designación para cada dirección tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, tienen la gran ventaja de eliminar la participación del Colegio de Abogados y Notarios y de la Universidad de San Carlos, junto con los decanos de las facultades de ciencias jurídicas, de la designación de miembros.

En el presente, los diversos grupos de poder temen a la pérdida de poder que representaría perder las comisiones de postulación. Su habilidad para transar fallos y detener investigaciones judiciales se vería limitada en el caso que pasen las reformas. Es por esto que los principales afiliados que pretenden continuar impunes a los grupos de poder (y sus medios de comunicaciones) intentan socavar la reforma. Y pretenden hacerlo valiéndose de la ignorancia supina del capitalino promedio con respecto al derecho de los pueblos indígenas, así como aprovechándose de su racismo. Los principales argumentos en contra de la reforma por parte de sus detractores provienen, precisamente, de la oposición al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas. Poco o nada se ha discutido del Consejo Nacional de Justicia. Por este punto, pretenden socavar las reformas y eliminar una ventana de oportunidad para que este país salga del atraso.

¿Por qué les tiene que importar, si no apoyan el contenido íntegro? Si apoyan la lucha en contra de la corrupción, deberían ser consecuentes y apoyar el contenido de la reforma. El fortalecimiento del Organismo Judicial es el primer paso hacia depurar el Estado y crear la suficiente certeza de que la corrupción será perseguida. Esto, sumado a que contribuirá con la promoción efectiva de la misión del Organismo Judicial; es decir que todo juicio o asunto llevado a cabo bajo la jurisdicción de los tribunales guatemaltecos, será juzgado de la forma más competente y con absoluto apego al ideal de justicia (que, ojalá, sea complementado por los ideales de la justicia de los pueblos indígenas).

La reforma no es perfecta, pero es poco probable que exista otra oportunidad para pasar unas reformas de este calibre. Sí, necesitan más análisis y sustento técnico. No, no tenemos ni el tiempo, ni los legisladores tienen la voluntad política para hacerlo. Es tiempo de apostarle a las reformas. Hay que tener miedo a que todo siga igual, no al cambio.