Los 14 días de arraigo de Claudia Paz que ningún medio contó

La jueza Jisela Reinoso firmó el 20 de junio pasado los oficios de arraigo y embargo contra Paz y Paz y los envió a la Dirección de Migración, al Registro de la Propiedad y todos los bancos del sistema. Reinoso fue decana de Derecho de la Universidad Rural y como jueza ha sido señalada por la CICIG de favorecer a capturados por lavado de dinero, de retrasar casos contra ex militares y el MP promovió cuatro antejuicios en su contra por resoluciones negligentes. Votó en contra de Paz y Paz en la Comisión de Postulación para elegir sexteto para el MP en mayo.

Durante su mandato como Fiscal  (2010-2014), Paz llevó a juicio a Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y avanzaron otros casos paradigmáticos contra exmilitares. Capturó a casi 90 del cártel de los Zetas y a 15 capos. Esto le valió el apoyo de Estados Unidos. Capturó a bandas de violadores y a banqueros. Tuvo pocos resultados en investigaciones sobre corrupción a nivel gubernamental. Los casos de militares hicieron que sus detractores la calificaran de tener un sesgo ideológico. Redujo la impunidad en crímenes contra la vida en un 30 por ciento. Fue nominada al premio Nobel de la Paz.

Reinoso arraigó a la ex Fiscal General a solicitud de Gloria Guillermo, abogada de Globalcorp International, quien ese mismo día pidió estas medidas contra la Fiscal (2010-2014) y tres funcionarios administrativos porque desde hace 14 años el MP no ha pagado un contrato de arrendamiento por equipo de cómputo a su empresa, entonces por Q21 millones y ahora por Q107 millones.

En casos penales el arraigo no es una figura usual, ya que su naturaleza es de ámbito civil. Dos medidas comunes de coerción de la justicia son prisión preventiva o medida sustitutiva –o sea, arresto domiciliario y pago de fianza–. Sin una investigación que compruebe que una persona cometió un delito, no existen argumentos para que esté arraigada.

Globalcorp International denunció a Paz y Paz y otros tres empleados administrativos del MP por once delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, incumplimiento de pago, omisión de renuncia, retardo malicioso, denegación de justicia, encubrimiento propio, conspiración y asociación ilícita. La jueza Reinoso aprobó su resolución por todos estos delitos.

El actual MP se opone al arraigo

A los cuestionamientos jurídicos se suma otro menos común. El actual Ministerio Público se opuso al arraigo. En la audiencia del 20 de junio, la fiscal Eva Sosa Pérez señaló que ni siquiera contaba con una investigación que justificara la petición. Sosa enfatizó que los delitos del señalamiento (una deuda del año 2000) se cometen en función de un cargo.«Esto quiere decir que ninguno tiene obligación a título personal, por lo que no pueden ser afectados en su propiedad privada, acotó».

El MP le pidió a Reinoso que se apartara del caso, señalando que en dos ocasiones anteriores emitió opinión del proceso pues conoció una denuncia planteada contra el ex Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate, por los mismos hechos. Reinoso respondió iracunda, rechazó la recusación y cuestionó a la fiscal sobre «el lado» que defendía: «Sus argumentos, fiscal, como fiscal o como Ministerio Público, pareciera que está acá para oponerse a un derecho de víctimas, para actuar como abogados en defensa de ellos, eso es lo que está haciendo usted». La jueza pidió a la Fiscalía de Delitos Administrativos que cambiara a Sosa «por obstruir la justicia» al oponerse al arraigo. A continuación, el audio:

La causa penal fue identificada con el número de expediente 01069-2014-00250. El próximo 18 de agosto a las 11 de la mañana Reinoso conocerá de fondo la recusación que el Ministerio Público planteó en su contra.

El caso fue apelado por el MP y llegó a la sala de apelaciones de jueces poco amigos de la gestión de Paz y Paz: Walter Villatoro, Axel Maas y Frank Martínez. Villatoro fue fotografiado junto al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien luchaba contra un antejuicio; Martínez fue uno de los magistrados que confirmó que el caso contra Efraín Ríos Montt regresaba al 2011.

El jueves 26 de junio, los magistrados tenían lista una resolución, a la que tuvo acceso Nómada, que confirmaba el arraigo y el embargo.

Pero los argumentos de secretarios del Ministerio Público actual, que llegaron el viernes 27 a conversar con los magistrados, pesaron más y al final resolvieron que se levantaran las medidas.

“Esto no es político ni personal”

Los actores involucrados en la demanda o los cuestionamientos, Globalcorp, Mario Archila y Jisela Reinoso, se han esforzado porque nada de esto pueda ser considerado personal ni político. Acá unos ejemplos.

Durante el proceso de elección de Fiscal General, contra Paz y Paz se presentaron dos tachas basadas en el caso de la deuda del MP con Globalcorp. El comisionado Mario Archila, decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, fue uno de los que se mostró a favor de aprobar las objeciones, entre ellas la demanda.

Tres de los comisionados opinaron que no existía fundamento para aceptar la denuncia, pero Archila insistió en que legalmente la orden para cancelar el monto millonario adquirió firmeza en la gestión de Paz. En la entrevista de la Comisión, la ex fiscal dijo que por falta de fondos y trámites pendientes el pago no se realizó durante su gestión. Archila fue quien la increpó por este caso. José Arturo Sierra, presidente de la comisión y de la Corte Suprema, intentó zanjar la discusión diciendo que no eran cobradores de ninguna empresa. Pero Archila y cuatro comisionados más votaron para que aceptara la tacha. Archila y los cuatro votaron al final en contra de Claudia Paz.

Esto aunque el alquiler de las 1,300 computadoras, 100 servidores y 1,000 impresoras fue en un contrato de 2000 con el fiscal Adolfo González Rodas y no hay ninguna demanda contra quien dejó de pagar dos años después, Carlos de León Argueta. Esto aunque en marzo de 2014 el MP inició los trámites para pagar. Por medio del oficio 327-2014 JAMP, la Fiscalía estableció la existencia de Q110 millones para gastos de funcionamiento que podían ser utilizados para realizar el pago. Paz solicitó la emisión de la orden de pago por Q107 millones el 18 de marzo. El 28 de abril emitió el acuerdo de pago DFG-234-2014 y ordenó que se depositara el dinero en la tesorería del Organismo Judicial. Pero surgieron dudas sobre los impuestos y pidieron una consulta a la SAT. La respuesta llegó a finales de mayo, dos semanas después de que Paz dejara el MP.

Se intentó hablar con Claudia Paz, pero fue imposible. Javier Monterroso, su ex asesor principal durante su administración en el MP, dijo que en las acciones judiciales el resultado apuntaba a que el MP debía pagar el monto adeudado. Pero no se canceló porque la Fiscalía requería informes financieros y fiscales para establecer el método para el cobro de impuestos a la empresa.

Pan para cada matate

El papel de la Comisión de Postulación contra Paz y Paz fue aplaudido por los empresarios más conservadores. A pesar de la grabación de los cuestionamientos de Archila como comisionado, en una entrevista para este reportaje el abogado del prestigioso bufete Consortium negó haber hecho esas preguntas.

La empresa procura, 14 años después, cerrar su segundo gran contrato con el Estado. Antes le vendió el tablero electrónico al Congreso. Enrique Boesche, propietario de Mobile4Tech, la empresa sucesora de la quebrada GlobalCorp, dijo que continuarán peleando por la deuda. Al borde de las lágrimas, exigió también que les devuelvan las computadoras (que contienen todos los casos judiciales de Guatemala que lleva el MP).

La jueza Jisela Reinoso espera su premio. La exdecana de la Universidad Rural, jueza cuestionada por la CICIG y quien arraigó a Paz y Paz en contra de las peticiones del MP y la jurisprudencia, presentó su papelería y es una de las grandes competidoras por una de las 13 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia o para llegar a la Corte de Apelaciones. Todo indica que el sistema la considera la jueza ideal. (N)