Los sospechosos de matar a periodistas de Suchi buscan su reelección con Líder-PP

La iniciativa #LaVerdadPuedeMás es un esfuerzo de cuatro medios —Revista ContraPoder, Nómada, Plaza Pública y Soy502—, para investigar los hechos y el contexto que condujeron al cobarde asesinato de los periodistas de Suchitepéquez, en marzo 2015. Este es el segundo reportaje de la serie que trabajamos y publicamos en conjunto con el propósito de demostrar que #LaVerdadPuedeMás.

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El caso es complejo. Después de tres meses tiene algún avance en las investigaciones del Ministerio Público –con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig)-. Fueron capturados los sicarios y esta semana se aprehendió también a Luis Emerio Juárez Pichillá y Jorge de León Cabrera Solis, el primer subinspector y el segundo agente de la Policía Nacional Civil. Pero cuatro alcaldes, principales sospechosos según testigos y según la información que pudieron recopilar estas periodistas, ni siquiera han sido citados por el MP para declarar.

De momento, la campaña electoral sigue y los partidos Libertad Democrática Renovada (Lider) y el Partido Patriota (PP) pelean sus espacios en Suchitepéquez con estos cuatro alcaldes, conocidos por sus actos de corrupción, su personalidad violenta y porque todos están ligados a Danilo López, el corresponsal de Prensa Libre, asesinado a sangre fría junto a otro de sus colegas. Los otros dos periodistas de Suchitepéquez que fueron asesinados se llaman Geovani Villatoro y Federico Salazar.

En el parque de Mazatenango está la placa y la imagen de los tres periodistas. Foto: Carlos Sebastián

Julio Juárez, de Santo Tomás la Unión, heredó el puesto de Roberto Villate –mano derecha de Manuel Baldizón y jefe de la bancada de Líder– y ahora encabeza el listado distrital por Suchitepéquez. Marco Antonio Méndez y José Linares, buscan la reelección como alcaldes en San Miguel Panán y San Lorenzo, con el PP. Mientras que Oscar Roberto Lemus Gordillo, alcalde Mazatenango, también está con Líder para su reelección.

Los coordinadores nacionales de Líder y PP no pusieron atención a las pruebas de corrupción, las denuncias que existen en el Ministerio Público (MP) y la implicación que estos cuatro personajes podrían tener en la muerte de dos reporteros.

Todavía no se sabe quién fue el resposable del primer asesinato de los periodistas, de Danilo López. Se comprobó que el crimen fue planificado y que Danilo López era el hombre a eliminar. Aunque el juzgado B de Mayor Riesgo que lleva el caso dejó claro que los cuatro alcaldes debían ser investigados, el MP no los ha incluído entre los sospechosos. Los funcionarios ya se inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral y sin ninguna pena participan en esta contienda. El asesinato y las anomalías administrativas parecen quedar archivados en la memoria de quienes conocen más a fondo la historia y prefieren hablar a las periodistas bajo condición de anonimato.

Informar sobre las irregularidades de las comunas de Suchitepéquez no es cosa fácil. El departamento está dividido en 21 municipios y tiene menos de 20 corresponsales para contar las noticias y transmitirlas a medios locales y nacionales. Se trata de un departamento con altos índices de violencia y de narcotráfico.

Las prácticas periodísticas fuera de la capital tienen una variante que marca la diferencia con los reporteros de medios más grandes de la Ciudad de Guatemala: los corresponsales cobran por nota publicada, no tienen salario fijo.

Para hacer rentable la profesión, ellos venden su información a las entidades de Estado y a los medios locales. En Suchitepéquez, los dueños de los canales de cable son también candidatos a diputados o a alcaldes, lo que vulnera, según el Centro Cívitas de periodismo, la labor de la prensa.

Con este escenario, Danilo López, periodista que estudió en la Universidad San Carlos, tenía 9 años de trabajar para el diario Prensa Libre. Una revisión de sus publicaciones desde enero 2012 a marzo de 2015 en la Hemeroteca Nacional muestran la diversidad de temas que informaba, desde la celebración del carnaval de Mazatenango, capturas, muertos, descontento social hasta casos de corrupción de las municipalidades. Sus publicaciones casi siempre iban acompañadas de documentos que respaldaban los señalamientos contra los alcaldes.

“Polémica por compra de vehículos”, “Concejales denuncian corrupción en Comuna”, entre otras, fueron notas que incomodaron a Oscar Roberto Lemus, alcalde de Mazatenango que espera reelegirse con Líder.

El primer sospechoso

Aquel 10 de marzo, el día en el que dos sicarios asesinaron a sangre fría a Danilo López y a  Federico Salazar, reportero de Radio Nuevo Mundo e hirieron a otro corresponsal Marvin Túnchez. Ese día, los colegas de los periodistas asesinados fueron a acorralar con sus lentes de video y de fotos al alcalde Lemus, de Mazatenango. Según los medios locales, era el principal sospechoso del asesinato.

Los sicarios fueron capturados a los pocos días, y los testigos dicen que antes se habían escondido en la casa del alcalde Lemus. El alcalde negó tener vínculos con los malhechores y aclaró su inocencia por los señalamientos. Miguel Ángel Méndez Zetina, director de Prensa Libre, declaró en ese momento a una radio que López recibía presiones y amenazas de dos alcaldes.

El alcalde Lemus llegó a la municipalidad por el PP y ahora participa en la contienda con la plataforma de Manuel Baldizón.

Al ocupar su puesto en 2012 compró una camioneta agrícola y quiso construir un nuevo palacio municipal, pero ante las críticas se detuvo. “Nos quedamos con los diseños, era una municipalidad muy bonita, ya se estaba trabajando en el lugar donde se iba a hacer. En ese momento para mí no era muy cara, costaba Q8 millones (US$1 millón)”. Lemus también dijo que contrataba los servicios para de los periodistas para promocionar sus obras, y para que le llevaran las denuncias de la población sobre su gestión.

Mientras las periodistas de ContraPoder y Nómada lo entrevistaban, entraron al despacho sus propios periodistas. Foto: Carlos Sebastián

El segundo alcalde sospechoso

Antes de que lo asesinaran, Danilo López había hecho otros enemigos por su trabajo periodístico. El alcalde de San Lorenzo, José Linares, fue otro de los sospechosos para los vecinos y comunicadores del lugar. El 18 de julio de 2013, dos años antes de su asesinato, el periodista lo denunció por amenazas ante el Ministerio Público.

En la municipalidad que dirige el alcalde Linares fue el único lugar en donde nadie atendió la solicitud de entrevistas para este reportaje. Las periodistas que escribieron esta nota visitaron el edificio municipal, pero allí nadie habla. No hay personal femenino y solo tres hombres cuidan el sitio. Oscar Rivera, un empleado de esa comuna, tomó los mensajes y dijo que era imposible que alguien más del concejo municipal atendiera.

El legado que deja en su municipio el alcalde Linares, quien ahora busca la reelección con el PP, está ensombrecido por pagos millonarios en obras inexistentes. Una demanda por la desviación de Q2.8 millones y un proceso judicial en el que casi pierde la inmunidad.

Danilo López trasladó todas estas historias en su cobertura noticiosa. Poco tiempo antes de morir, el segundo alcalde somató tres veces el pecho del periodista advirtiéndole que dejara de escribir sobre su administración. Así cuentan testigos del hecho que quedó archivado en el monitoreo del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua), otra organización que monitorea los ataques a periodistas.

El juez pesquisidor que tuvo a su cargo el proceso contra el alcalde Linares recomendó que se retirara la inmunidad al alcalde. “Que se corroboren dichas denuncias pues las obras indicadas no se culminaron, ni se realizaron, pero existió facturación y entrega de cheques por obras y proyectos inexistentes”, dictó en su resolución. La opinión del juez fue rechazada por la Sala de Apelaciones de Retalhuleu, que conoció el caso y que concluyó: “no ha lugar”.

Poca propaganda se observó en el lugar del alcalde del PP; sólo su nombre aparece solo debajo del puño naranja pintado en algunas casas de la localidad. Hasta la fecha la denuncia que Danilo López puso hace dos años contra Linares Rojas no prosperó y el Ministerio Público tampoco se interesó en investigarlo a él ni al alcalde de Mazatenango por la muerte de los periodistas.

Gasto en efectivo sin control

A casi dos horas de Mazatenango, en el pequeño y viejo edificio municipal de San Miguel Panán, se encuentra el despacho de otro de los funcionarios cuestionados por el periodista: Marco Antonio Méndez, alcalde de San Miguel Panan, que busca reelegirse por el PP.

Una calle de San Miguel Panán. Foto: Dafne Pérez.

La casa del edil fue una de las allanadas el día en que asesinaron a los periodistas. Su residencia fue rodeada luego de que varios testigos afirmaron que uno de los atacantes se escondió allí. Los fiscales no encontraron nada en el lugar. Méndez negó estar involucrado en el crimen. Un mes antes, después de una publicación de Danilo López, también negó que se cometieran actos de corrupción en su comuna.

El 11 de febrero Prensa Libre tituló: “Señalan a ediles de corrupción”. En un pueblo pequeño, la noticia fue un escándalo. Desde que inició la gestión, era la primera vez que en la prensa nacional se cuestionaba la administración de Méndez.

En la nota, el sindicato de esa municipalidad denunció al alcalde y a su concejo por retención de salarios y malversación de fondos. El sindicato, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque en dos meses a más de 100 empleados no se les había pagado salario y aguinaldo. En la nota también se cuestionó que el contador de la municipalidad Sandy Cárdenas recibiera una “ayuda económica” de Q15,999. También se señaló que la alcaldía pagaba Q1,600 por cada viaje que realizaba un camión de basura particular (en un año se pagaron Q178 mil), y se cuestionó el destino de Q175 mil 500 que supuestamente habían sido invertidos en alimentación y capacitación para empleados y líderes comunitarios, pero no había prueba de ello.

Las explicaciones que el periodista recogió en su nota dejaron en evidencia a la corporación municipal, ya que el tesorero de la entidad, Cristian Marcial reconoció que constantemente se emiten cheques a personas que no trabajan en la comuna. Ese día, según cuentan fuentes cercanas a la municipalidad, el alcalde buscó al líder del sindicato para preguntarle escandalizado: “¿Qué pasó? ¿Por qué me puso el dedo?” Se convocó a una conferencia de prensa con medios locales y se había planeado un viaje a las oficinas de Prensa Libre en la Ciudad Capital para aclarar la información. Esa última reunión nunca se concretó, y la publicación sirvió para enemistar a Danilo con el alcalde.

“Danilo no tuvo la culpa de sacar esa noticia”, dijo Ezequiel Marroquín, vicealcalde de San Miguel Panan. Según su versión de la historia, en la publicación de esa nota estuvo involucrado un proveedor del Estado al que no se le había pagado un proyecto. El empresario es Erick López Posada, de Cisa Constructora, que entre 2008 y 2015 le ha cobrado Q82 millones al Estado. Entre sus clientes figuran 11 de las 21 municipalidades de Suchitepéquez. Y otras de Retalhuleu, Totonicapán y Guatemala.

El primero era para mejorar una rampa de acceso, el segundo para hacer un camino rural y el tercero para adoquinar otro. Los tres negocios de 2012 suman Q2.58 millones. “Si no me pagan voy a chingarlos y a publicar cosas en Prensa Libre. Eso dijo”, contó Marroquín a ContraPoder y Nómada. Se buscó al empresario para consultarle, pero no fue posible establecer comunicación.

La nota aludida habría sido la publicada el 11 de febrero en 2015 bajo el título Señalan a ediles de corrupción. Toda la información allí consignada fue cierta, reconoció Marroquín. Incluso admitió que los miembros del Concejo extraen dinero de la comuna para entregarla a “personas necesitadas del pueblo”. El retiro de esos fondos no se registra en Guatecompras u otro sistema financiero.

En el informe de auditoría de la Contraloría General de Cuentas sobre el ejercicio 2012 se consigna el hallazgo “uso excesivo de efectivo”. La comuna giraba un solo cheque para pagar en efectivo los salarios de todos los empleados municipales, impuestos, alumbrado público, fomento al deporte y otros gastos. Esto provocaba (obvio) riesgo de robos del dinero municipal. La contratación de esos servicios se hacía, además, de forma fraccionada para no licitar ni cotizar en Guatecompras.

Méndez busca la reelección con el PP. En una publicación en el perfil de Facebook de Cisa Construcctores, aparece Erick López Posadas, representante legal de esa empresa, junto a Otto Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi. El pie de la fotografía es A sus órdenes señor presidente y Con el futuro presidente Alejandro Sinibaldi.

En cuatro años, la publicación por las anomalías en el uso de los recursos y una nota del 28 de octubre del 2013 sobre la denuncia de un grupo de pobladores de la comunidad San Rafael Bujilla por daños a las tuberías de agua potable, fueron las únicas que Danilo escribió sobre la municipalidad de San Miguel Panan.

La última charla antes de morir

Pero estos tres alcaldes no tienen lo que tiene el cuarto sospechoso. Una conversación con el periodista Danilo López dos horas antes de su asesinato.

Julio Juárez, alcalde de Santo Tomás La Unión hasta enero de 2015, encabeza ahora el listado de candidatos a diputados por el distrito de Suchitepéquez, el mismo lugar que ocupaba Roberto Villate, la mano derecha de Manuel Baldizón en el Congreso.

Es representante legal vigente de las empresas Multiservicios Juárez, Construservi Zoe, Pinturas Acuarelas, Road Market, y Servicentro J y R. que entre 2005 y 2011 contratos con al menos 14 municipalidades de Suchitepéquez y de otros departamentos, para sumar Q111.9 millones. Dejó de facturar en 2102, cuando ganó la alcaldía .

Esto lo convierte en alcalde y contratista del Estado, algo prohibido por la ley. Al ser indagado dijo que desde que asumió el puesto en la municipalidad vendió las empresas. Sin embargo, en el Registro Mercantil su estatus de socio y representante legal continúa vigente.

La versión de un allegado a Danilo López, que por seguridad pidió el anonimato, señaló que el periodista y el ex alcalde tenían una relación de amistad que terminó cuando ambos gestionaban la adjudicación de un proyecto de infraestructura en San José La Máquina. El periodista estaba procurando que el contrato se le cediera a un contratista en específico y Julio Juárez influyía para que se le entregara a otra empresa. Ese negocio frustrado a principios de marzo habría provocado que el periodista decidiera publicar toda la información que cuestionara la gestión como alcalde de Juárez y que afectara su imagen de candidato a diputado. En sus años de cobertura noticiosa, ninguno de los reportes de Danilo López mencionó al alcalde Juárez.

Pero, el 6 de marzo pasado, Danilo López publicó en su página, Periódico El Sur (en Facebook), que el alcalde Juárez era uno de los deudores nombrados en un listado dado a conocer por la Superintendencia de Administración Tributaria. El mismo listado público del que Nómada obtuvo la lista de los dueños de las 47 megaempresas que se registran como maquilas.

Pero además de alcalde y contratista, Juárez interactuó con el periodista Danilo López el día que fue asesinado. De acuerdo al relato de un testigo, que el día del asesinato del periodista, éste se encontraba en una de las esquinas del parque central de Mazatenango con otro grupo de comunicadores hablando de la cobertura del día.

A eso de las 10.30 de la mañana llegó un picop rojo y de vidrios polarizados a estacionarse justo frente a ellos. Cuando bajaron los vidrios se dieron cuenta que era el alcalde Juárez, a quien Danilo López estuvo evitando días atrás. Se esperaba un reclamo por la publicación de su deuda con la SAT y sus denuncias en el Ministerio Público. “Danilo rodeó el carro y se subió a la cabina del lado de atrás, del lado del piloto. Estuvo hablando allí casi dos horas”, detalla el testigo.

A las 12.10 pm, dos horas después, Danilo López bajó del carro y regresó a la esquina del parque de Mazatenango para continuar la plática con sus colegas periodistas. No hizo ningún comentario de su conversación con Juárez, a quien muchos se refieren como una persona violenta y prepotente. Veinte minutos habían pasado cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a los comunicadores. Frente a la sede de Gobernación, frente al lugar más público del municipio y  a 20 metros del despacho del alcalde Roberto Lemus.

“Llegó una persona de sexo masculino, nos empujó, sacó el arma de fuego, le jaló el pelo a Danilo y le disparó primero a él y luego a (Federico) Salazar”, dice el testigo. Fue un ataque directo. El hombre que disparó, describe, “tenía el corte de pelo como que era policía de seguridad”. Esa persona le detuvo la cabeza con una mano, y con la otra percutó el arma. En total fueron cuatro disparos. Un tiro alcanzó la espalda del corresponsal de Nuevo Mundo, Federico Salazar y lo mató. El resto de periodistas, como el resto de la gente del parque, corrió y se dispersó. Una de las balas alcanzó también a Marvin Tunchez, también periodista y sobreviviente del ataque.

“¿Por qué los mataron?”, preguntó un investigador a uno de los testigos y amigos de Danilo López. “Me imagino que un mal negocio que hizo, porque me parece sospechoso lo que hizo. ¿Por qué se metió al carro de Julio Juárez, más de 2 horas? ¿Qué pudo haber  estado negociando? A él le gustaba la plata, sé que realizaba investigaciones periodísticas pero desconozco el contenido”, responde.

Pero otra fuente dice lo opuesto y defiende la independencia del periodista. Afirma que ese día el exalcalde Juárez quería pagarle Q5 mil a Danilo López por evitar la publicación de notas que lo afectaran. Y Danilo López no aceptó. Entre las pertenencias del comunicador se encontraron Q775 en efectivo, tarjetas del banco y una libreta de ahorro, junto con su grabadora y cuaderno de apuntes.

Qué dice el ex alcalde Juárez

El pasado de Juárez tiene registros en el Ministerio Público. Un reporte de la fiscalía revela que contra Juárez se han presentado alrededor de 19 denuncias, de las cuales 3 continúan en fase de investigación. El resto fueron desestimadas. Las denuncias activas son por amenazas y violencia contra la mujer. Pese a que la reunión entre el periodista y el exalcalde figura dentro del expediente judicial, el Ministerio Público no ha hecho ninguna solicitud para investigarlo. Juárez no tiene ningún impedimento para encabezar el listado distrital de candidatos a diputados por el partido Líder.

En una entrevista con ContraPoder y Nómada fue cuestionado al respecto, y dijo que fue Roberto Villate, secretario general del partido, quién le hizo la invitación para llegar al Congreso. Dice que “en su momento” fue amigo de Danilo López y que el día de su muerte se reunió con él.

“Yo platiqué ese día con él. Por eso creo que me quieren investigar, pero yo estoy libre de cualquier situación con él”. ¿Cómo fue su relación con los periodistas departamentales? “Bendito sea Dios, bien”.

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El 1 de julio, la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público presentó la acusación formal en contra de los sicarios Artemio de Jesús Ramírez Torres y Sergio Waldemar Cárdona Reyes, sindicados del delito de asesinato y asociación ilícita. Según las primeras investigaciones, Cardona lidera un grupo de sicarios, tráfico de armas y robo.

Por matar a sangre fría a dos periodistas cobraron Q25 mil. Cuando fueron capturados, en los allanamientos de sus residencias se encontraron cinco máscaras que se presume utilizaban para cometer los delitos: el muñeco Chucky, Billy de Saw, una calavera, un luchador mexicano, y el payaso de la película It.

Dos de los periodistas fueron asesinados a menos de 50 metros del despacho de Roberto Lemus, alcalde de Mazatenango.

Hasta la fecha el Ministerio Público no ha solicitado el retiro de inmunidad de ninguno de los cuatro alcaldes. Los fiscales a cargo del caso dijeron que no se descarta la solicitud de autorizaciones judiciales para poder investigarlos.

Pero a 67 días de las elecciones, los cuatro alcaldes parecen sobrepuestos de trago amargo que les hicieron pasar los periodistas y testigos que los acusaron de ser los responsables de los asesinatos. Están preocupados por mantener su cargo por cuatro años más o por conseguir los votos para llegar al Congreso.

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Julio Juárez fue electo al Congreso el 6 de septiembre de 2014, asumió el 14 de enero de 2016 y el 5 de febrero de 2016 se sumó al partido FCN-Nación, del presidente Jimmy Morales.