Manual para hacer que se repitan elecciones de jueces, #hechoenGuate

El pacto entre el Partido Patriota y Líder para escoger a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 2 de octubre detonó la indignación de organizaciones que fiscalizaron el proceso, abogados, jueces y, al parecer, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Tanto que la elección está tambaleando y la CC deberá decidir entre hoy y mañana si ordena al Congreso repetirla, como en 2009, cuando le ordenó a los diputados que revisaran el análisis de la honorabilidad de los candidatos y que no solo se limitaran a votar.

Como en 2009, la batalla por invalidarla empezó con un recurso del abogado Alfonso Carillo, del bufete corporativo más poderoso del país. Señaló, el 3 de octubre de 2014, un problema de forma también en esta ocasión. El Congreso había elegido a los 13 magistrados de la Corte Suprema sin esperar el plazo para presentar quejas contra la selección de los 26 semi-finalistas. (Acá en un gráfico interactivo sobre qué diputado votó por qué juez.)

La sociedad civil, con la activista Helen Mack a la cabeza, respaldó la petición de Carrillo, como en 2009 y 2010. En 2010, la CC ordenó repetir el proceso para elegir Fiscal General y de este segundo surgió Claudia Paz y Paz, reconocida en el mundo como la mejor jefa del MP en la historia del país.

La CC dijo a Carrillo que no tenía razón, pero temporalmente. La Corte guarda siempre ese as bajo la manga. Puede decir que no «provisionalmente» y luego arrepentirse y cambiar de opinión «en definitiva».

Presión social aumenta

El domingo pasado, 5 de octubre, la presión subió de tono. Una de las jueces con más prestigio, Claudia Escobar, renunció a su reelección por haber visto anomalías y corrupción en el proceso de selección. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido. Quien convocó a la conferencia de prensa de la magistrada Escobar fue nada menos que el vocero la CICIG.

La CICIG, de capa caída en los ultimos años, volvió a tener peso desde que en septiembre desmantelara la estructura que dominaba los traslados entre las cárceles, liderada por el reo y capitán Byron Lima, condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, y el mismo director de presidios que Lima le recomendó al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

A la denuncia de la jueza Escobar se han ido sumando apoyos. Empezó un movimiento de Jueces y han interpuesto amparos contra la elección el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Acción Ciudadana, la Convergencia por los Derechos Humanos, aspirantes rechazados, y hasta algunos candidatos que quedaron (que pidieron adherirse a las acciones legales). La Organización de las Naciones Unidas, el Procurador de Derechos Humanos, organizaciones de juristas internacionales y tuiteros piden que se repita el proceso para garantizar la independencia judicial.

El martes 7, en un acto sin precedentes, la magistrada Escobar, en representación de 50 jueces autodenominados «Jueces por la independencia judicial», le dio un día a la CC para que resolviera las acciones. De lo contrario a partir de mañana viernes, el grupo de jueces tomará medidas de hecho que incluirían paralizar sus funciones en los juzgados y salas de apelaciones. Una huelga de jueces.

«No estamos en contra de personas. Estamos en contra de un sistema que se tornó perverso, a donde llegaron personas ajenas a los administradores de justicia», señaló Haroldo Vásquez, ex presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. «No pedimos favores, y los compañeros que no fueron escogidos es porque precisamente no se han prestado ni para pedir ni para hacer favores», insistió.

«La CC tiene en sus manos un proceso histórico», agregaba Claudia Escobar. A su movimiento se sumaron los jueces Yassmín Barrios, Marco Antonio Villeda, Saúl Álvarez, Mireya Batún, Miguel Ángel Gálvez, entre otros profesionales.

Y en el proceso hay dos vertientes. Quienes piden repetir la elección en el Congreso (que necesita repetir una sesión en el pleno de diputados) y quienes piden repetir todo el proceso con las comisiones de postulación (que dura cuatro meses con participación de muchas instituciones).

El proceso para selección de jueces, como muestra esta investigación de Nómada, es cooptado por grupos de poder, aunque en ocasiones la disputa entre varios grupos produce que sean electos mejores jueces, como en 2009, en 2010 con la fiscal Paz y Paz o en 2014 con una mayoría de magistrados independientes de los partidos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Héctor Manfredo Maldonado, presidente de la Cámara Penal, que buscó y no logró su reelección, envió una carta a la Supervisión General de Tribunales para que inspeccionara el trabajo de la Sala Tercera Civil, donde labora Cristina Fernández, jurista que apoya a la jueza Escobar, y que no fue electa por el veto de la Cámara del Agro y del PP por una resolución que hizo en el primer semestre, según fuentes consultadas y una denuncia del periodista Juan Luis Font.

Sierra dijo que, en el pleno de magistrados de la CSJ, Maldonado fue amonestado verbalmente: «El presidente de la Cámara Penal le dio instrucción a la Supervisión de Tribunales para que fuera a las salas de apelaciones a ver si estaban en sus lugares los magistrados, fundamentalmente los magistrados de la Sala Tercera de lo Civil. Fue una decisión inconsulta, improcedente y lo tratamos en el pleno de magistrados y resolvimos desautorizar totalmente ese tipo de actividades».

El presidente de la Corte no apareció

Hoy es un día clave. En este momento, 10.30 de la mañana, la Corte de Constitucionalidad empezará el análisis de los 80 recursos de apelación interpuestos por la sociedad civil, incluido el anterior del abogado Carillo. Pero hay un detalle en el balance de poder de la Corte, sujeta a presiones, por lo general, del sector privado y del gobierno del presidente Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Hay dos magistrados más cercanos al sector privado: Alejandro Maldonado y Roberto Molina Barreto, presidente de la CC este año. Hay un magistrado más cercano al Gobierno: Héctor Pérez Aguilera. Una magistrada más cercana a la UNE: Gloria Porras. Y el magistrado electo por la USAC: Mauro Chacón. Los cinco, por ejempo, validaron el recorte del período de la fiscal Claudia Paz. Los primeros tres fueron los que anularon la sentencia contra Efraín Ríos Montt por genocidio.

Estos periodistas que escriben han recabado información sobre cómo están las presiones y podrían estar los votos. El Gobierno, que decidió la Corte junto a Líder, no quiere que se repita el proceso. El sector privado está dividido y hay una parte que está conforme con algunos magistrados de la Corte. La UNE está en contra. La USAC participó de la elección. Y Pérez Aguilera tiene amigos entre los nuevos magistrados electos.

Pero, como se mencionó, hay un detalle. El presidente actual de la CC, Molina Barreto, dejó dicho en su oficina que no trabajará esta semana. Algunas versiones lo sitúan en un viaje fuera del país. En su despacho, respondieron que no pueden dar detalles pero confirmaron que no está trabajando en el edificio de la Corte. En su lugar asumiría la magistrada Carmen Gutiérrez de Colmenares, de mucho prestigio.

En el 2009 la Corte de Constitucionalidad jugó un papel determinante en el proceso de elección de la nueva Corte, ya que le ordenó al Congreso que revisara el análisis de la honorabilidad de los candidatos y que no solo se limitara a votar. En dos semanas ya son varios los diputados que han manifestado que ésta vez ni siquiera tuvieron tiempo de ver la hoja de vida de los aspirantes. Los nombres de los elegidos ya estaban en resaltados con amarillo fluorescente en la lista que solo vieron para guiarse en su votación.

«Una justicia corrompida puede convertirse en una tiranía», gritó ayer frente a la CC Diego Meza, un joven tuitero y estudiante de Derecho que atendió a una convocatoria hecha por las redes sociales. «Me motiva estar aquí porque me indigna la situación. Yo estoy estudiante de Derecho y no me gusta ver que (la justicia) sea pisoteada y trastocada por poderes fácticos. Si bien puedo salir a parrandear con mis cuates, puedo tomar una conciencia social y estar aquí presente».

La actual Corte Suprema de Justicia, aún sin la certeza de la situación, había enviado sus invitaciones para el acto de toma de posesión de los nuevos jueces este lunes 13 de octubre.

A lo largo del viernes, la presión continuó. La CICIG y el Ministerio Público denunciaron a un magistrado de apelaciones por cobrar Q3 millones por hacer una sentencia. El exjefe de la Asociación de Jueces denunció que la vicepresidente Baldetti lo presionó para juzgar a Sandra Torres. Claudia Escobar, la jueza que renunció a su reelección, denunció con una grabación que el diputado del PP, Gudy Rivera, le había ofrecido la reelección a cambio de fallar a favor de la vicepresidente Roxana Baldetti en un amparo por la suspensión que le hizo el Tribunal Supremo Electoral por campaña anticipada.*

La jefa del MP, el jefe de la CICIG y el soborno del juez. Foto: Carlos Sebastián.

En la CC, los magistrados Gloria Porras, Alejandro Maldonado, Carmen María Gutiérrez y Juan Carlos Medina votaron a favor de suspender la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones por «las graves denuncias» presentadas en torno a cómo el Congreso eligió a nuevos magistrados. Hugo Pérez Aguilera votó disidente.*

La CC validó la eficiencia del manual. Esta tarde suspendió la elección de jueces y no podrán tomar posesión el lunes.

La Corte Suprema de Justicia tendrá que notificar que sus invitaciones para el lunes, ya no serán válidas.

* Estos párrafos fueron actualizados el 12/10/14.