Militar condenado pide ser juzgado en La Haya (no es una broma)

Ésta no es una historia de personajes de ficción. Durante los años más duros de la guerra (1978-85) hubo un personaje que fue el encargado de dirigir de la represión urbana. Héctor Bol de la Cruz, entonces director de la Policía Nacional, entidad responsable de hacer que Guatemala fuera el país con más desaparecidos per cápita del continente. 45,000 en un país de 7 millones de habitantes, en una ciudad capital de menos de 2 millones de habitantes.

Fue retratado como uno de los genios del mal en la investigación periodística que se convirtió en un best-seller: El rector, el coronel y el último decano comunista, de Pilar Crespo y Asier Andrés, en Plaza Pública. Controló todos los movimientos de la población y ordenó miles de desapariciones y torturas en la sede de la Policía en la zona 6. Fue condenado el 20 de septiembre de 2013 por una desaparición. Fue encontrado culpable de la desaparición del estudiante, líder sindical y activista del Partido Guatemalteco del Trabajo, Fernando García.

Fernando García era el esposo de la diputada Nineth Montenegro. El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, integrado por Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul, lo sentenció a 40 años de cárcel. Junto a él, también fue condenado Jorge Alberto Gómez López.

La búsqueda de la anulación de la sentencia

Año y medio después de su sentencia, Héctor Bol de la Cruz, quiere anular su condena y que a la vez se cierren los casos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Todo invocando la amnistía decretada por el ex jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores, amnistía que quedó nula después de que el Congreso aprobara una ley que excluye de la amnistía tres delitos: genocidio, tortura y desaparición forzada.

El abogado defensor de Bol de la Cruz también pide que el proceso sea conocido por la Corte Penal Internacional (CPI).

Hace dos meses, el 13 de noviembre de 2014, Walter Robles, defensor de Bol de la Cruz, presentó una casasión. Le pidió a los nuevos magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tres cosas:

1. que se anule el fallo que condenó a 40 años de cárcel al ex director policial,

2. que su cliente sea amnistiado y

3. que se ordene el reenvío del caso la Corte Penal Internacional.

El reclamo de aministía es el que han argumentado los abogados de Efraín Ríos Montt (condenado a 80 años por genocidio y ahora en prisión domiciliar mientras espera que se repita el juicio). Todas las instancias judiciales que han conocido el argumento consideran que esa ley fue derogada. El presidente Otto Pérez Molina, general retirado, está en contra que de se juzguen crímenes del pasado.

Y los abogados de los militares insisten. “El decreto fue creado para fotalecer la paz y la concordia entre los habitantes del país y fortalecer la reconciliación nacional (…) de consiguiente no podrá entablarse ni seguirse acción penal de ninguna especia contra autores y complices de tales delitos. En el caso, que ya existiere sentencia si esta no se encuentra firme, los tribunales deben dictar el auto de sobreseimiento definitivo”, argumenta Robles en su petición.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso por genocidio contra Ríos Montt han rebatido ese argumento apuntando que la normativa vigente en Guatemala es Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 27 de diciembre de 1996, y que concede extinción total de la responsabilidad penal a los delitos políticos, menos genocidio, tortura y desaparición forzada. El Grupo de Apoyo Mutuo, querellante en proceso contra Bol de la Cruz, coincide con esa postura.

Si una instancia judicial autoriza la petición de amnistía, la resolución podría beneficiar a todos los vinculados a procesos penales o investigaciones sobre esos delitos.

Ir a a la Corte Penal Internacional

Guatemala se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal de protección de los derechos humanos, el 1 de julio de 2012, como una muestra de buena voluntad del gobierno de Pérez Molina. A partir de esa fecha, esa instancia tiene competencia para investigar y juzgar a guatemaltecos señalados de haber participado o cometido delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura y terrorismo de Estado. Los hechos tienen que haberse cometido a partir del año 2012.

En Guatemala ningún caso ha sido llevado a esa instancia. En el artículo 17 del estatuto refiere que para que un caso sea admitido en la Corte, primero se tiene que demostrar que el Estado no quiere ni puede conocer el proceso en sus propias instancias judiciales.

Sin embargo, la defensa de Bol de la Cruz le pide a la Cámara Penal que solicite la cooperación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se inice los trámites burocráticos y que el caso sea presentado en la Corte Internacional.

“(Por desaparción forzada) el Estado de Guatemala estaría siendo juzgado por el propio Estado de Guatemala y precisamente Guatemala se adhirió a los Estatutos de Roma para evitar la impunidad, la corrupción y los móviles políticos a los que se prestan este tipo de casos, al ser juzgados por el propio país, lo cual impide la imparcialidad de los jueces, por lo que la ley que debe aplicarse es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, argumenta Robles.

Antes de llegar a la Cámara Penal, la petición fue conocida por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que resolvió que los argumentos eran improsperables ya que la Corte tiene competencia para juzgar crímenes cometidos después de la entrada en vigor de la adhesión al Estatuto de Roma.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) recordó que se respetaron todas las garantías procesales, constitucionales y en debate oral y público, y que Bol ya fue juzgado y condenado.

La petición de Bol de la Cruz está bajo análisis. El 18 de diciembre del 2014 se realizó la vista pública en la CSJ. Según el procedimiento, la petición debe ser resuelta en un plazo de quince días hábiles, que pasaron en enero.

En las manos de la Cámara Penal, presida por Blanca Stalling –esposa de un exmilitar- e integrada por los magistrados Nery Medina, Delia Marina Dávila y José Antonio Pineda, está decidir si los argumentos son válidos. Sería el primer caso en el planeta Tierra en el que un condenado por una desaparición forzada ocurrida en 1984 le pide a la Corte Penal Internacional que lo juzgue en La Haya.