De hecho, se trata de la megahidroeléctica Xalalá, en Alta Verapaz. En junio de 2014 el diputado Amílcar Pop, entonces presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, denunció a la empresa brasileña Intertechne Consultores y a su representante legal Carlos Alfonso Da Cámara Texeira. Sospechaba de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en un procedimiento anómalo en el INDE (El Instituto Nacional de Electrificación).
Siete meses antes, Da Cámara y Marinus Boer, entonces presidente del INDE, firmaron el contrato para realizar el “Estudio de ingeniería básica con factibilidad geológica, geotécnica, sísmica y geofísica del Proyecto Hidroeléctrico Xalalá”. También se entregó un cheque por US$1 millón 145 mil (Q9 millones 160 mil) de adelanto. El estudio finalizado cuesta US$5 millones 738 mil 472 (Q45 millones 907 mil).
Un estudio de ese tipo, según el diputado Pop, podría costar hasta Q3 millones. Cuando el congresista comenzó a indagar en las condiciones en que se firmó el negocio, encontró que fue hecho de forma directa, sin licitación pública ni cotizaciones.
“Mi temor, y puedo estar equivocado, es que de Q45 millones, una empresa gaste Q5 millones y se robe Q40 millones. Desde los años ochenta, cuando ya se contemplaba la construcción de la hidroelécrica Xalalá, se realizaron informes que advertían que alrededor de 20 comunidades corrían riesgo de resultar afectadas con el proyecto. Un segundo informe señalaba que la mezcla de los suelos arenosos y arsillosos aumentaba las posibilidades de tragedias, colapsos e inundaciones”, dijo el diputado.
El informe O-630-219-2013GDP (Gerencia de Desarrollo de Proyectos) del INDE fue el argumento de la institución para declarar el proyecto de urgencia nacional y justificar la contratación directa de la empresa brasileña Intertechne, que en ese momento no tenía representación jurídica en Guatemala. También indicaron que en una licitación previa -hecha el 9 de abril de 2013- ninguna empresa participó y se declaró desierto el concurso. Tres sociedades anónimas que manifestaron interés en realizar los estudios no participaron porque tener acceso a las bases del proyecto costaba US$10 mil dólares.
El Consejo Directivo del INDE solicitó que se buscara a los personeros de esas tres empresas y se les consultara porque no ofertaron: Euro Estudios, SL, Aqua Ingeniería, S.A. y Geociencia Aplicada, S.A. dijeron que no lo hicieron porque los municipios donde debía hacerse el estudio de impacto ambiental (Cobán, Ixcán y Uspantán) son área de conflictos sociales y por el “oneroso precio” del concurso.
Intertechne, en cambio, expresó incertidumbres técnicas en el espacio territorial donde se construiría la hidroelécrica. “Consideraron oportuno no participar y sugieren que es más recomendable validar la información técnica previo a realizar estudios de campo, y con ello anular el riesgo de una inversión estéril de parte del Inde en este proyecto y en consecuencia dispendio de recurso financiero y tiempo”, consigna el mismo informe del Instituto.
No obstante esa opinión, los acercamientos del personal del INDE con las tres empresas continuaron para que presentaran una propuesta. Sólo Intertechne contestó. Su plan era hacer el estudio de prefactibilidad de la hidroelécrica en dos fases: En la primera revisarían los estudios anteriores hechos por la firma Lahmeyer-Salzgitter-Fichtner en 1980 y por Ingetec en 2005; y luego realizaríanel diseño, cuantificación, costeo, especificaciones técnicas y planos para todas las estructuras y componentes para licitar las obras.
Según el contrato, el Inde pagaría siete cuotas de US$155 mil mensuales (para un total de US$1,085,000), además de cancelar montos entre US$1 millón 260 mil y US$310 mil en las ocho etapas del proceso. Es decir, Q9.1 millones. La oficina de comunicación del INDE informó que Intertechne terminó el estudio de prefactibilidad en diciembre del año pasado y que los analiza la Gerencia de Desarrollo de Proyectos de la entidad.
El INDE afirma que no ha realizado ningún pago adicional al anticipo de US$1 millón 145 mil (Q9.1 Millones) y que cancelarán el resto hasta que sean aclaradas las dudas que tienen sobre el informe hecho por Intertechne.
El contrato entre el Instituto y la empresa brasileña concluyó pese a los cuestionamientos de la Comisión de Probidad del Congreso, las comunidades que se oponen al proyecto, la denuncia de la Contraloría General de Cuentas y los cuestionamientos de los diputados del partido Líder, que dijeron que éste era uno de los motivos para interpelar a Erick Archila, ministro de Energía y presidente del INDE. Después, sorpresivamente, desistieron de interpelarlo en la semana en la que el Gobierno les cedió la Comisión de Finanzas del Congreso.
El diputado y la Contraloría también solicitaron que ese contrato se declarara lesivo para los intereses del Estado, pero Vladimir Aguilar, entonces Procurador General de la Nación, ahora presidente de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, dijo que solo el Consejo Directivo del INDE podía examinarlo.
El contrato del INDE con la empresa brasileña estaba entre los proyectos que salieron a luz en el escándalo de corrupción continental.
Guatemala y Brasil tras contratos por hidroeléctrica
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), que trabaja con apoyo de la CICIG, recibió las denuncias presentadas por Amílcar Pop contra Intertechne y su representante legal, y la de la Contraloría General de Cuentas contra el ministro de Energía y siete funcionarios.
Por la forma en que se suscribió el contrato y las suspicacias que levantó su costo, el Ministerio Público presentó en septiembre del 2014 una solicitud para que se pudiera investigar al ministro en la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte no ha respondido. Rafael Rojas, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, confirmó que el caso está en análisis y que no se prevé una resolución pronta por la cantidad de casos que tienen que resolver.
Para adelantar en las pesquisas, la FECI solicitó asistencia jurídica internacional a la fiscalía brasileña, que en este momento también lleva el caso contra el empresario Aldemario Pinheiro y su supuesta red de corrupción con entidades privadas y estatales en América Latina.
El papel shuco
El expediente judicial de la fiscalía brasileña alberga otro documento que vincula a Guatemala con los intereses de la empresa brasileña OAS, cercana a Intertechne. El archivo de dos hojas titulado Novos Negocios (Nuevos Negocios) contiene una lista de proyectos en los que la empresa estaría interesada. De Guatemala se detalla la rehabilitación y ampliación de 127 kilómetros de la carretera CA-9 Norte, con un valor estimado de US$405 millones. Como financistas del proyecto,en color rojo se menciona BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil) y BCIE (Banco Centroaméricano de Integración Económica).
Líneas abajo figura el nombre de la Hidroelécrica El Tamarindo (o Sisimite) con un valor estimado de US$140 millones. Y de último se menciona el proyecto de la Hidroelécrica Xalalá, con un valor estimado de US$550 millones y que sería financiado con bancos privados, uno brasileño y un centroamericano.
“Hemos logrado avanzar con respecto a la investigación relacionada a las personas que no gozan del derecho de antejuicio (ministros o diputados, a quienes no se puede investigar sin autorización de la Corte). Como la empresa (Intertechne) y su representante legal no tienen domicilio en Guatemala, en la solicitud de una asistencia jurídica internacional se pide verificar la existencia legal de la entidad, registros públicos de sus actividades, personalidad jurídica y domicilios fiscales”, explicó el fiscal Óscar Xaad.
Aunque el Ministerio Público cuenta con indicios de la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, para poder comprobarlos requieren que se le quite el derecho a inmunidad a los funcionarios denunciados.
Intertechne sí tiene representación legal en Guatemala. En Guatecompras está registrada con la dirección 5 avenida 5-55 zona 14 Edificio Europlaza Torre 2 Nivel 5 oficina 501. En el mismo lugar se ubica el bufete de abogados Comte y Font, que también integra la representante legal de la empresa brasileña, Andrea Alicia Contreras Vidaurre. La sociedad anónima se constituyó en Guatemala el 16 de diciembre de 2013 y el 8 de enero del año pasado fue inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Mercantil. (*)
El presidente Otto Pérez Molina defiende el contrato entre el INDE y la empresa Intertechne. La gubernamental Agencia Guatemalteca de Noticias lo citó diciendo que dejarán las bases y los estudios técnicos para que el próximo gobierno inicie el levantamiento de la generadora.
(*) Este párrafo se agregó el 12 de febrero de 2015.
Marvin Ramirez /
Siendo el fondo del asunto intereses puramente económicos, es menester hacer ver que en principio, el actuar de estas empresas fomenta la conflictividad social, esto por dos cuestiones fundamentales:
Debido a que de raíz estos contratos son anómalos, en ningún momento se busca el beneficio social; de esta cuenta es que no se realizan los consensos pertinentes y cuando se hacen, no se respetan.
La segunda es que cuando finalmente se llegan a instalar estas empresas en las comunidades, estas últimas no obtienen ningún beneficio, puesto que en el caso de las hidroeléctricas, la energía es exportada, y las comunidades periféricas continúan alumbrándose con candelas u ocote incluso.
Aunado a lo anterior, todavía criminalizan a los inconformes, cuando el problema principal lo llevan ellos.
Quizás otras fueran las reacciones de las comunidades si la forma de operar fuera la correcta.