Hemos sido partícipes y testigos de un despertar ciudadano que decide plantarle cara a un dinosaurio que quiere hacer de nuestro país su hábitat. Un despertar sorprendente en una Guatemala en la que la abulia ciudadana –la falta de voluntad y energía para la acción cívica- parecía haberse convertido en enfermedad crónica, y entusiasmante en un contexto electoral en el que las esperanzas para el cambio político estaban casi totalmente apagadas. Un entusiasmo esperanzador que es producto de constatar que al frente de este esfuerzo están los jóvenes; que los rostros de esa Guatemala que despierta son los de una juventud a la que el temor y la timidez de las generaciones anteriores parecieran serle saludablemente ajenas.
En realidad, la crisis poco tiene de nuevo: la transformación de los partidos políticos en maquinarias clientelares y la reducción de la función pública a estrategias de enriquecimiento ilícito; el contubernio entre funcionarios civiles y militares, empresarios y criminales y la constitución de redes paralelas que minan el estado y traicionan sus intereses –que son los del bien común- no son noticia. El escándalo actual ha servido para recordar robos, estafas y abusos cometidos al amparo del poder político en el pasado reciente y en el que no lo es tanto: tienen sus raíces en el Estado contrainsurgente y se han proyectado más allá de la democratización y de la firma de la paz.
Incluso el sentimiento de hastío que lleva a sentir que ‘ya basta’ y empuja a la calle –real y virtual- a gritarlo no es completamente nuevo: la denuncia pública de la corrupción y de los corruptos, la decisión de salir a la calle a protestar ante el abuso, han estado allí desde hace décadas, en las voces cansadas de individuos o pequeños grupos que no cejaban ante la desesperanza, pero que no lograban movilizar a la población.
Han sido periodistas, activistas sociales, académicos, organizaciones e incluso funcionarios que llevan años de denunciar y documentar la corrupción, la impunidad y el abuso, y que hoy debemos reconocer como el antecedente ético de lo que sí es nuevo: el sentimiento de hastío como fenómeno social que nos empuja al esfuerzo colectivo y solidario, a la recuperación del espacio público como espacio natural de la acción ciudadana. Un sentimiento que está haciendo que la lucha contra la corrupción deje de ser la demanda de minorías ‘incómodas’ para convertirse en un fenómeno social que por su dimensión y por su fuerza puede transformar la realidad deteriorada de nuestra vida republicana.
Pero no nos engañemos: esta es una realidad planteada y todavía no realizada. La explosión de civismo que hemos visto en las últimas semanas en todo el país no por potente deja de ser incipiente. Es necesario que seamos más. Muchos y muchas más, y de todas las condiciones sociales posibles. Habrá que abarrotar no solo el Parque Central sino los parques y las plazas de todo el país, como ha comenzado a suceder espontáneamente. Pero tendremos además que saber darle sostenibilidad al esfuerzo, y asegurarnos que su dimensión se mantenga y su impulso no disminuya.
Me explico: la crisis de la SAT, como lo han repetido y documentado innumerables estudios y artículos, es sólo la punta del iceberg. La penetración de la corrupción en todas sus expresiones –incluyendo el abuso, el crimen organizado, la impunidad- en el estado y en la sociedad guatemalteca es tal que no es problema sólo de este gobierno ni tendrá solución en una campaña de movilización de algunas semanas. Aún en el remoto caso de que la demanda central en la que se ha concentrado la protesta - la renuncia de la Vicepresidenta- fuera satisfecha, sería un error pensar que ese logro sería la culminación del esfuerzo.
El problema es sistémico, y las personalidades involucradas –en este caso al más alto nivel del Estado- son su expresión, no su causa. La naturaleza del sistema político guatemalteco indica que del proceso electoral no solo no surgirá una solución a este problema sino que todavía puede llegar a empeorarse. Se trata de una contienda electoral minada por el clientelismo y el patrimonialismo, financiada por intereses particulares y por el crimen organizado en sus distintas expresiones, con muchos candidatos a puestos de elección popular –nacional y local- cuyos antecedentes de corrupción son de dominio público.
Aclaremos: no todos los políticos son corruptos; pero el problema está lo suficientemente extendido en las formas como se practica la política en nuestro país como para convertirlo en un problema sistémico y no de individuos. Objetivo central de este esfuerzo debe ser recuperar –legitimar- la política; rescatarla de las manos de una clase política venal que la utiliza para fines patrimonialistas. Pero hay que recordar: la corrupción ni comienza ni termina en la política.
En todos los espacios de la sociedad –escuelas, empresas, hospitales, comités de barrio, organizaciones no gubernamentales, etcétera- existen prácticas y costumbres abusivas, corruptas e incluso claramente delictivas que se amparan en mecanismos de impunidad característicos a cada ámbito y en la tolerancia de un entorno social acostumbrado a ‘mirar para el otro lado’. Profesionales que estafan a sus clientes, funcionarios menores que abusan del pedacito de autoridad que les corresponde, comerciantes que cometen fraude en sus negocios, ‘empresarios’ del tráfico de influencias, etcétera.
Hay que reconocer que el problema es tanto de las instituciones que se han venido construyendo en las últimas tres décadas, como de la cultura política de la que cada uno de nosotros somos portadores. Enfrentarlo no es, en consecuencia, cuestión de una campaña de movilización rápida destinada a solucionar un problema, un ‘caso’. Estamos en el ámbito de la transformación profunda de mecanismos, mentalidades y actitudes: combatir la corrupción en los más altos niveles es imprescindible pero no suficiente. Hay que barrer parejo. Llevar a cabo una transformación de este aliento implicará el esfuerzo, la organización y la imaginación del conjunto de la sociedad; de una Guatemala que parece haberse despertado, y que comienza a levantarse.
La lucha ciudadana contra la corrupción no ha hecho sino iniciarse. El reto de ahora en adelante será sostener y canalizar el entusiasmo en estrategias claras y puntuales que le den forma a un esfuerzo ciudadano de largo aliento, y le permitan incidir de manera concreta en el espacio público. Ocupar la calle mediantes plantones y manifestaciones va a seguir siendo necesario pero no suficiente.
Tendremos que desarrollar mecanismos concretos de seguimiento y monitoreo a la función pública en sus distintos niveles, y que den concreción a la noción de ‘rendición de cuentas social’: mecanismos que faciliten la investigación y la denuncia de casos concretos; articulación de esfuerzos de combate a la corrupción llevados a cabo en todos los ámbitos profesionales, los niveles políticos y los espacios geográficos del país; elevar el ‘costo’ social y político de la corrupción. Y para llevarlo a cabo, tendremos que aprender a articular procesos de colaboración incluyentes y participativos que trasciendan las diferencias sociales, geográficas y étnicas a las que hemos aprendido a aferrarnos. En resumen, transformar las condiciones sociales de abulia cívica y la tolerancia social que permitieron que la corrupción se arraigara.
Sólo así lograremos hacer sostenible los cambios. Comprometernos más allá del corto plazo y organizarnos en estrategias operativas concretas evitará que este despertar inédito y fresco termine adormecido a la sombra del infame dinosaurio.
¡Nos vemos el 16 de mayo!
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