Es el problema que señalábamos en el primer artículo de esta serie, en el que la incapacidad de respuesta creativa al problema de la relación entre crecimiento económico y equidad social ha dado lugar a una crisis del capitalismo global que a su vez ha llevado a la crisis de la democracia en el área euroatlántica.
Administrar el consenso era relativamente fácil en el período de crecimiento económico global de pos-guerra mundial, que para las democracias occidentales implicó economías de reconstrucción posbélica impulsadas por el desarrollo industrial, acompañadas por un fuerte crecimiento demográfico y políticas de pleno empleo. Fue un período –la treintena gloriosa le llaman en Francia– en que el crecimiento económico fue acompañado por una sensible mejora en la calidad de vida de las poblaciones, la disminución de la inequidad en las sociedades y la estabilización de sus democracias.
Pero cuando el crecimiento comenzó a detenerse y las brechas sociales comenzaron a crecer en vez de disminuir, la complacencia dio lugar a la pérdida de la capacidad del sistema de dar respuesta a un nuevo contexto socio-económico global. Una derecha enfrascada en optimizar la rentabilidad del capital a rajatabla, y una izquierda dedicada a la administración de un sistema de bienestar desfinanciado, dieron lugar a la crisis económica mundial que ha fragilizado las democracias euroatlánticas: los partidos de derecha e izquierda históricos se ven acechados por formaciones que, desde ambos extremos, rechazan ese cansado ‘consenso’ y plantean políticas que buscan una re-oxigenación del sistema pero que, en algunos casos, erosionan el compromiso con la democracia como ruta y objetivo.
La derecha populista ha sido electa en Hungría y –más recientemente– en Polonia, con claras evidencias de su naturaleza anti-democrática. En Grecia, los votantes han rechazado a los partidos tradicionales de izquierda y derecha para entregárselo a una formación de izquierda radical que ahora debe enfrentar el reto de quedar bien con dios y con el diablo, administrando una economía en bancarrota sin salirse de los consensos establecidos en la Unión Europea. En otros lugares, los partidos tradicionales han logrado evitar ser desplazados pero en el contexto de dinámicas políticas inéditas: en España la protesta ciudadana ha impulsado las victorias electorales de Podemos y de Ciudadanos, que han roto el bi-partidismo virtual PP-PSOE; en Inglaterra, el ala izquierda del Laborismo ha rechazado al liderazgo centrista y ha ganado el control del partido; en Francia la victoria de la derecha populista de Marine Le Pen en las elecciones regionales ha sido contenido sólo gracias a la alianza electoral que los partidos de derecha e izquierda tradicional han sabido forjar, y en Estados Unidos, las primarias republicana y demócrata han sido dominadas por los discursos populistas –y xenófobos– de Trump y Cruz en el lado republicano y la legitimación del Socialismo Democrático como opción electoral por el demócrata Bernie Sanders, situación inédita para un sistema habituado a un angosto consenso liberal.
En América Latina y ciertamente para Guatemala el contexto histórico es diferente: el reto en las últimas décadas no ha sido la ‘administración’ y renovación de contratos sociales sino su construcción. A diferencia de Europa, nuestros procesos históricos no favorecieron la generación de grandes acuerdos políticos que legitimaran los derechos y los intereses de los distintos sectores sociales –élites económicas, capas medias, sectores populares, poblaciones indígenas– y establecieran reglas del juego claras para dirimir las tensiones inherentes a su conciliación dentro del sistema político. La ausencia de un Estado de Derecho sustentado en reglas claras y legitimadas socialmente dio lugar a estrategias de ‘Imperio por la Ley’ –en contraste con ‘Imperio de la Ley’– por medio de las cuales los sectores que logran copar o capturar el Estado –tradicionalmente las élites oligárquicas, pero recientemente élites emergentes– imponen ‘sus’ leyes a la sociedad –las que garantizan su dominación– sin intentar consensuarlas. El resultado ha sido una serie de sistemas políticos ‘no pacificados’, en los que la formalidad legal se ha utilizado con ánimo coercitivo, y que al depender en una u otra medida de la coerción para garantizar la gobernabilidad, son generadores de violencia.
La construcción de un ‘compromiso con la democracia’ en estos contextos es una tarea más ardua. Por una parte, las prácticas de ‘democracia de fachada’ –en que las instituciones de la democracia son utilizadas como disfraz de un sistema autoritario y excluyente– y de ‘imperio por la ley’ –en que el sistema legal es utilizado como herramienta de coerción para imponer leyes no legitimadas socialmente– han contaminado las instituciones y la cultura política de nuestras sociedades. Por la otra, los incentivos que en otras regiones dieron lugar a naciones democráticas y pacificadas no existen en nuestra región. La necesidad de garantizar la cohesión social en un contexto regional bélico fue el gran incentivo para que en Europa las élites aceptaran ‘pactar’ derechos y garantías con las capas medias y populares. Sin ese incentivo, la gobernabilidad de nuestras repúblicas se convirtió desde un inicio en una problemática de fuerza, y la democratización de nuestros países ha seguido un camino más arduo y más accidentado.
En este contexto, el riesgo para la derecha e izquierda democráticas es doble: por un lado, ser incapaces de romper con las dinámicas históricas de polarización política inherentes a estados fundados en las razones de la imposición por la fuerza y no las del compromiso negociado. Décadas de desconfianza y de discursos antagonizantes marcan las actitudes de formaciones políticas, dentro de los cuales se encuentran –en ambos campos– formaciones e individuos cuyo compromiso con la democracia es inexistente y que sólo hacen uso de la misma instrumentalmente para acceder a sus objetivos.
Por el otro, se encuentra el riesgo de entender el ‘compromiso con la democracia’ como un prurito por las formalidades legales que sostienen un orden legal cuya funcionalidad y legitimidad son precarias. En el pasado, los argumentos de ‘legalidad’ fueron usados para justificar el apoyo a ‘democracias de fachada’ cuya esencia era autoritaria. Hoy aparecen nuevamente como argumentos para justificar el apoyo de ‘democracias vacías’ que sirven de vehículo a intereses patrimonialistas y clientelares. Los sectores que logran cooptar un sistema político e inscribir sus intereses en el entramado legal sin legitimarlos políticamente rechazarán cualquier intento por alterarlo bajo argumentos de preservación de la legalidad. Pero la legalidad sin legitimidad es dictadura: no basta un Estado de Derecho si este no es también Democrático. Larga es la lista de dictaduras de izquierda y de derecha amparadas en constituciones y legislaciones cuya función era legalizar la dominación autoritaria, ya que no podían legitimarla.
En Guatemala tenemos hoy un doble reto: no sólo tenemos una sociedad en la que la pobreza y la inequidad crecen, sino un sistema político diseñado para mantener los privilegios sectoriales que lo mantienen. Por eso la necesidad, en nuestro caso, de avanzar en la construcción de un nuevo contrato social. Reforma, refundación, revolución; no tiene sentido enredarnos en una discusión semántica o académica sobre el término más adecuado. Lo importante es reafirmar, por una parte, la determinación de alcanzar un nuevo contrato social que refleje y recoja los intereses de los distintos sectores guatemaltecos que integran el país, y no sólo los de quienes por razones históricas están mejor posicionados para promoverlos. Y por la otra, la necesidad de hacerlo por mecanismos democráticos que dejen de lado la amenaza y el uso de la coerción, y que privilegien el diálogo y la negociación.
La historia nos coloca ante situaciones concretas: los incentivos que necesitamos para la construcción del ‘contrato social’ que requieren nuestras sociedades no los podemos buscar –como fue el caso en Europa– en el miedo sino en la esperanza. No es la amenaza existencial derivada de un vecindario militarizado la que va a dar lugar a la lucidez de las élites, razón por la cual la democratización de nuestros países ha costado tanto. Debería serlo, sí, el reconocimiento de la inviabilidad de estrategias coercitivas que pretendan imponer por la fuerza una dominación no legitimada, expresada en condiciones económicas y sociales que no gocen de un mínimo consenso social. Esa ha sido la ruta que el estado guatemalteco siguió a lo largo de casi toda su historia, con la cauda de violencia que todos conocemos. Y no se puede aspirar razonablemente a consensuar un sistema que condena a las grandes mayorías de la población a la pobreza y que en lugar de reducir la inequidad la agudiza, como el nuestro.
Derechas e izquierdas en Guatemala deben asumir el ‘compromiso con la democracia’ necesario en el marco de su participación en la construcción de un verdadero contrato social, más allá de desconfianzas históricas y rituales formalistas. No hay Estado sin política ni democracia sin partidos políticos, pero no cualquier tipo de partido político construye democracia y Estado. Los partidos que necesitamos deben poder asumir el reto histórico que implica la construcción de un verdadero y legítimo ‘contrato social’ y estar en capacidad de liderar, cada uno desde sus preocupaciones y lineamientos ideológicos y programáticos, un proceso de negociación social destinado a constituirlo.
No se trata de promover la timidez, las medias tintas y el formalismo legalista. En momentos de crisis del sistema capitalista global y de la democracia liberal de pos-guerra mundial, la construcción de un sistema democrático entraña enormes retos conceptuales y programáticos. Pero sí de asegurarse que en la conducción de los debates a lo largo de los cuales se irá construyendo ese ‘contrato social’ aún ausente, navegando en un entorno internacional turbulento e incierto, izquierdas y derechas democráticas actuarán con la claridad de que si a cierto nivel son adversarios, en otro nivel son aliados en la preservación de la naturaleza democrática de las instituciones políticas y de la paz en el país.
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