Es lo que los académicos llaman ‘poliarquía’: libertad de asociación y organización; libertad de pensamiento y expresión; el derecho a elegir y ser electo; acceso a la información y comunicación; alternabilidad en el poder y competitividad política; y certeza jurídica de un marco jurídico que regule y controle este sistema.
Y en efecto, los procesos de acceso al poder político que son el cimiento de un sistema democrático se cumplen en nuestro país: partidos políticos libremente organizados, libertad de expresión y de comunicación, acceso a la información, elecciones periódicas supervisadas por autoridades competentes, alternabilidad en el poder. Tenemos, además, una Constitución que –imperfecta y con lagunas- provee un marco democrático. Es decir, las formalidades de la democracia ya existen.
Pero en estos 29 años hemos constatado que estas formalidades no son suficientes. El sistema político sigue beneficiando a pocos –viejas y nuevas elites- y marginando a las mayorías. Ya no se trata de un problema en las formas de la democracia, sino de su calidad, expresada en el grado en que responde a las expectativas y necesidades de las mayorías.
El problema no son las instituciones democráticas, sino de la idoneidad de quienes las administran y de la pasividad de quienes los dejan administrarlas. Me explico: las élites que han disputado el control de las instituciones políticas son responsables del deterioro de la esfera pública de nuestra crisis. Pero comparten su responsabilidad con quienes, elección tras elección, período tras período, han permitido que su incapacidad y su venalidad se vean recompensadas con los votos que le permiten a la clase política que administra nuestras instituciones abusar. Esos somos nosotros. Los electores: los hombres y mujeres de este país, que con nuestra incapacidad para indignarnos, o para traducir la indignación en acción, dejamos el terreno libre a quienes degradan nuestra democracia.
Intencionalmente he dicho electores en vez de ciudadanos: porque la ciudadanía exige una responsabilidad de participación e involucramiento en las cuestiones que afectan el desarrollo del país –eso que técnicamente llamamos ‘la esfera de lo público’- que los guatemaltecos solo ejercemos incipientemente.
Existen múltiples formas y distintos caminos para asumir la co-responsabilidad que como ciudadanos tenemos de contribuir al desarrollo de nuestra sociedad: desde el debate de las ideas y de las políticas, hasta el involucramiento directo en iniciativas que enfrentan algún problema. Los jóvenes que participan en proyectos de construcción de vivienda ejercen ciudadanía. Los habitantes de una comunidad que se organizan para defender sus intereses ejercen ciudadanía. Los profesionales que se organizan para impedir la penetración de intereses espurios en las instituciones del Estado ejercen ciudadanía.
Resta articular todos estos esfuerzos y su espíritu en una capacidad de acción que no se limite a paliar las deficiencias de nuestra democracia. No basta darle atención de urgencia a un niño afectado de desnutrición aguda: hay que eliminar las condiciones que dan lugar a la desnutrición crónica. Está muy bien hacer colectas para acudir en apoyo de quienes no tienen un techo, pero lo crítico es promover las condiciones para que existan empleos dignos con salarios suficientes. La capacidad de indignación ante la crisis que nos rodea es importante, pero ventilarla en conversaciones de salón no va a contribuir a transformarla.
Es en este sentido que, con un grupo de colegas, hemos decidido aunar esfuerzos y contribuir a esa recuperación ciudadana del espacio público. Semilla se siente parte de esa Mayoría Alternativa de guatemaltecos y guatemaltecas que en todo el país aspiran a un mejor futuro y están comprometidos con lograrlo. Y no se trata de construir un partido político, sino de contribuir a la articulación de un movimiento ciudadano que reúna la imaginación y el esfuerzo de los millones de guatemaltecos cansados de asistir al malbaratamiento de nuestro futuro como nación.
Sabemos que no estamos solos: escuchamos y sentimos las expresiones de preocupación y agotamiento de quienes nos rodean en las calles, en los comercios, en las oficinas, en las casas. Sabemos que somos mayoría, y esperamos que esta iniciativa caiga en la tierra fértil de la voluntad de acción de quienes estamos comprometidos a hacer geminar en nuestro país una verdadera democracia de ciudadanos.
* Y casi lo olvido. Si quiere participar, acá el link a la página en Facebook. (Gracias María por su comentario.)
Ruben Zamora /
Hoy, bajo el régimen de Otto Pérez y Roxana Baldetti (2012-16), se está ejecutando el segundo gran asalto al OJ desde el gobierno, también con la intención de apoderarse de las Cortes, también en menoscabo del principio republicano de separación de poderes. Igualmente, los operadores oficialistas (instruidos y coordinados desde la Vicepresidencia de la República), con fondos públicos, planificaron y han venido poniendo en práctica la estrategia de agenciarse de la CSJ y de la CA (calcada en la del régimen de Colom), también con fines de impunidad y persecución de disidentes y opositores.
Esta vez ni las “formas” se guardaron. Tanto es así que varios comisionados que respondían al oficialismo se “autopostularon” como candidatos a magistrados, haciendo caso omiso del elemental principio del conflicto de interés. La evaluación de aspirantes fue subjetiva y arbitraria, en abierta violación del mandato constitucional de selección por oposición para los ingresos, promociones y ascensos en el OJ, y sin respetar la carrera judicial, poniendo en evidencia una violación flagrante a la independencia judicial. El epílogo de este segundo gran asalto al OJ fue la “politizada” elección de magistrados por los diputados. El oficialismo y sus aliados están por ponerle la tapa al pomo (juramentación y toma de posesión) salvo que la CC lo impida.