Por qué no es casualidad que la justicia le gane a Baldetti

En el banquillo de acusados, Roxana Baldetti estuvo intranquila. En un papel escribía oraciones religiosas, nombres de antiguos aliados y ahora enemigos. Ella, que con el puño firme llegó a la Vicepresidencia en 2012, estaba acorralada. Aunque su abogado, Mario Cano, aseguró que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no tienen un solo audio en el que se escuche su voz, las constantes referencias a Baldetti en las escuchas telefónicas y las demás evidencias la ponen en una situación muy comprometedora.

Durante las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011, Baldetti siempre se presentó como una persona segura de sí misma. No imaginaba que unos años después sus planes de protección fallarían y estaría en la Torre de Tribunales respirando despacio, nerviosa, mientras la CICIG y el MP presentaban las pruebas que la vinculan con la estructura de defraudación aduanera llamada La Línea. Cuando fue candidata y cuando fue diputada entre 2004 y 2011, la exvicepresidenta se mostró como alguien decidida contra la corrupción. La transparencia fue la principal imagen que vendió sobre su mandato. La transparencia que fue lo opuesto a su administración.

Vestida con un saco sencillo y una blusa crema, jugueteando con un lapicero y volteando constantemente la vista a su abogado, el lunes 24 de agosto todas sus promesas de luchar contra la corrupción quedaban lejos de la esquina del Juzgado de Mayor Riesgo donde estaba su silla. Ahora está acusada de encabezar la mayor estructura que se conozca de corrupción. Ayer, en las escuchas telefónicas, se evidenció que el proyecto político que formó en 2004 con Otto Pérez Molina tenía un objetivo distinto al de hacer política para mejorar al país. Tenía el objetivo de desbancar al Estado.

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Roxana Baldetti tuvo la oportunidad de hacer grandes cambios en Guatemala. Logró, en una sociedad machista, convertirse en la primera mujer vicepresidente. Pero su obsesión por controlar las aduanas fue más fuerte. Así, en las escuchas presentadas durante la audiencia, se oye cómo La Señora, La 2, La Mera Mera movía a su antojo piezas clave en el Gobierno para lograr la defraudación en aduanas. A la par, intentaba copar las cortes y la fiscalía para evitar que pudiera ser juzgada algún día. Y estuvo cerca de lograrlo.

Cerca. Pero esta semana ha estado ansiosa, con miedo, con movimientos titubeantes que nunca se le vieron cuando era la poderosa subjefa de Estado. O cuando hacía su primera participación en política, en 1993, como encargada de prensa del expresidente Jorge Serrano Elías, quien intentó dar un golpe de Estado para convertirse en dictador “al estilo Fujimori” y envió censores a los medios de comunicación. La graduada de periodista era la censora de información. Desde hace 22 años y hasta ahora. Durante la audiencia se presentó una llamada de su vocera, Karen Cardona, a Salvador Estuardo “Eco” González (miembro de la estructura y entonces gerente general del diario Siglo 21). La que le pedía no publicar ninguna noticia sobre las demandas en su contra por parte de la organización Acción Ciudadana.

Pero sólo por poco tiempo durarían los intentos de censura. La verdad empieza a alcanzar a Roxana Baldetti. Sin grilletes, pero sentada en el banquillo de los acusados. Allí empieza a perfilarse su rostro verdadero, el que se labró desde sus inicios en la política.

Atrás quedó la época en la que creció en la popular colonia Primero de Julio, en la periférica zona 19 de Ciudad de Guatemala. Atrás quedaron las deudas (y demandas por éstas) que tenía su familia. Atrás quedaron los tiempos de alianzas empresariales para fundar el Partido Patriota. Atrás quedaron las conferencias populistas para pedir renuncias de ministros o bloquear el parlamento. Atrás quedaron los excesos y los cinismos en Casa Presidencial como aquella frase sobre el manicomio nacional, en las peores condiciones latinoamericanas, que era “un lugar re-bonito”–. Allí estaba la vicepresidenta que renunció luego de la presión ciudadana un 8 de mayo de 2015. Allí estaba la persona dura que se adueñó, con una estructura criminal, de las aduanas del país. Allí estaba escribiendo el padrenuestro en una hoja blanca y con un lapicero prestado.

El tren de Baldetti-OPM y el tren de la justicia

Que Baldetti estuviera en un banquillo no era una casualidad de un caso de corrupción más ni un juicio más en Guatemala. Es uno de los juicios más determinantes de la historia y del futuro del país.

Empezó hace años. Un 13 de junio de 2002, junto al general Otto Pérez Molina y el empresario Alejandro Sinibaldi, Baldetti fundó el Partido Patriota tenía tres objetivos claros: controlar la Dirección General de Migración, la Dirección General de Aduanas y la Portuaria. Dos años después lograrían ser socios minoritarios en el gobierno empresarial de Óscar Berger y obtendrían las tres oficinas. Cuatro años después serían la segunda bancada en el Congreso. Ocho años después llegaron al Gobierno para montar la estructura de La Línea. Y tres años después tejieron una alianza con abogados y con el partido Líder –de Manuel Baldizón– para elegir a las cortes.

En otros rieles, desde 2002, organizaciones de derechos humanos especializadas en derechos humanos y justicia también trabajaban por construir una Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) junto a Naciones Unidas y construir un sistema de justicia funcional. Cinco años después lograron que dos gobiernos distintos cabildearan por ella y el Congreso aprobara la fundación de la Comisión, en 2007. Dos años después lograron que se eligiera la Corte Suprema de Justicia con mejores magistrados de la democracia. Y un año después, que Claudia Paz y Paz llegara a la jefatura del Ministerio Público.

Con esa Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Barrientos llegó a presidir la Cámara Penal. Entre muchas decisiones, creó los tribunales de Mayor Riesgo, para casos paradigmáticos contra narcotraficantes, corruptos y militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Y seleccionó al juez Miguel Ángel Gálvez como uno de los más independientes. También a Jeannette Valdés o a Yassmín Barrios –cuyo tribunal sentenció por genocidio a Ríos Montt el 10 de mayo de 2013–. Son tribunales con medidas adicionales de seguridad para que los jueces pudieran fallar conforme a las evidencias y su criterio, y no a presiones políticas o amenazas de muerte. Estos esfuerzos hicieron que los niveles de impunidad por crímenes contra la vida bajaran del 98% al 72%, según un estudio de la fundación Myrna Mack.

El sistema de corrupción e impunidad iba ganando la batalla

Pero el proyecto de Pérez Molina y Baldetti, el sistema de corrupción e impunidad, necesitaba destruir esos pasos del sistema de justicia. Para lograrlo nombraron al exsecretario privado de Pérez Molina, el temible militar Juan de Dios Rodríguez, como su principal operador. Rodríguez era el presidente del Seguro Social y desde allí tenía acceso a cuantiosos recursos. Tantos, que por un caso de corrupción de Q116 millones (US$15 millones) que ha terminado con la vida de 26 pacientes renales, también está preso a la espera de un juicio, acusado por el MP y la CICIG.

Los operadores del sistema de impunidad presionaron tanto que parecían ganar la batalla. Llevaron a tal extremo esas presiones que el magistrado César Barrientos se suicidó un domingo 2 de marzo de 2014, frenando muchos de los avances de la Cámara Penal. Y los mismos jueces de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, Yassmín Barrios, creían que iban a ser eliminados esos tribunales.

Los aliados conservadores del presidente Pérez Molina y Baldetti lograron reducir el período de Claudia Paz y sacarla del cargo el 8 de mayo de 2014. Y nombraron a Thelma Aldana al frente del MP. Además, escogieron junto a Baldizón una Corte Suprema de Justicia y 120 magistrados de apelaciones afines el 2 de septiembre de 2014. Y, para cerrar el círculo, amenazaban con cerrar la CICIG no renovar el mandato de la CICIG en abril de 2015.

Pero no contaban con que el nuevo comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, llevaría investigaciones tan contundentes como La Línea, que los obligarían a renovar el mandato y los pondrían contra las cuerdas por casos de corrupción. Y, sorpresa, tampoco contaban con que la fiscal Thelma Aldana y 12 de los 13 magistrados se les rebelarían.

La Señora, frente al juez

Por eso un lunes 24 de agosto de 2015 estaba Baldetti en el banquillo de los acusados del tribunal de Mayor Riesgo. La audiencia de primera declaración en su contra fue programada para las 8:30 en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. Fue precedida por empujones, tensión y decenas de antimotines haciendo fila para cuidar a la exvicepresidenta de la República. El primero de tres días ante un juzgado.

Baldetti, frente a un juez, estaba más delgada, preocupada, atormentada. Sin más poder que un juicio público y un abogado defensor, como cualquier ciudadana.

El juez Gálvez pidió que se sentara frente a él para tomarle los datos personales. Dijo su nombre, su edad, su dirección, su profesión y datos generales sobre su familia. Posterior a eso, el juez le explicó cómo funcionaba el proceso penal y cómo se realizaría la audiencia de primera declaración.

Baldetti suspiró y parpadeó lentamente. En tono nervioso pero con una voz clara, saludó al juez y los nueve abogados sentados frente a ella. Cuatro fiscales, dos mandatarios de la CICIG, el representante de la Procuraduría General de la Nación y el de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Antes de empezar la audiencia, por error, un fiscal reprodujo una melodía de Beethoven. Baldetti aprovechó para ver a los ojos a todos. Bromeó y rió con los fiscales. Fue la única pausa para distensión. Cuando el investigador Juan Antonio Morales leyó la primera parte de la sindicación en su contra, la exvicepresidenta, moviendo su cabeza de un lado a otro, lo veía de frente y achinaba los ojos. Desaprobaba lo que decían. De sus labios se leía un no.

El abogado defensor Mario Cano pidió una hora para estudiar el expediente del caso y preparar su defensa. “Solicitamos tener acceso al expediente, más sin embargo (sic), el Ministerio Público solo quería darnos una parte”. El juez denegó su solicitud y en las redes sociales se convirtió en trending topic #MásSinEmbargo para burlas de la defensa escueta de los abogados de Baldetti, impopular como pocas entre los tres millones y medio de guatemaltecos con acceso a internet.

Las escuchas telefónicas sí le dan miedo a Baldetti

Sólo un momento fue más difícil para Baldetti que escuchar al juez. Fue escuchar las grabaciones telefónicas que el MP y la CICIG presentaron como medios de prueba. Parecía que iba a quebrarse.

Los acusadores comenzaron a presentar las pruebas. Grabaciones, tablas de excel y anotaciones en agendas. La Señora, La 2 y La Mera Mera son los sobrenombres de las escuchas que, de acuerdo con el MP y la CICIG, utilizó La Línea para referirse a Baldetti. Las defensas de su abogado parecen poco contundentes. Que La 2 no era ella sino la segunda al mando de la SAT. Que la SAT era autónoma de Baldetti y la Presidencia.

El argumento se cayó cuando sonó la voz del presidente Pérez Molina en una de las escuchas, exigiéndole al jefe de la SAT cambios en la estructura organizacional.

– Ya, mañana empezamos a trabajar internamente. Va, mire, el de Recursos Humanos que habíamos dicho de los cambios… porque, si no, eso no va a caminar nada, ya el sindicato dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas, entonces, antes de eso entrémosle de una vez. ¿Por qué no quiere cambiar al de Recursos Humanos? ¿Cuál es el rollo?

Carlos Muñoz, uno de los dos jefes de la SAT capturados, se escuchaba con mucho miedo en la conversación. Y Pérez Molina, con toda la autoridad sobre él. Con un tono como el del video de su mensaje a la nación en el que decía que no iba a renunciar.

Lea: El video de Otto Pérez en el que dice no renunciará

Es sólo una de las 20 escuchas presentadas en esta primera audiencia. El MP y la CICIG tienen más de 88,900.

La exigencia de Pérez Molina está íntimamente ligada a La Línea. El puesto de director de Recursos Humanos era clave para colocar a las piezas involucradas en la estructura que empezaba desde abajo, desde los vistas, que recibían los furgones desde los barcos. La Línea ofrecía a los empresarios pagar menos impuestos a cambio de sobornos y manipulaba los datos de recaudación para evitar ser detectados. Baldetti y Pérez Molina, según la CICIG y el MP, recibían 50% de los sobornos de la estructura.

Pero no parecen ser los únicos implicados dentro del Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.

En la oficina de Eco –uno de los jefes de la Línea– la CICIG y el MP encontraron  apuntes en unos documentos en lo que parece ser una “coperacha”, una recolecta de US$3.7 millones (casi Q30 millones).

El nuevo documento tiene tres nombres escritos a mano. “Mindf”, “Mingob” y “Energía y Minas”. Los nombres, en la misma secuencia, son Manuel, uno imposible de leer y Eric. Además, también recibieron dinero Juan de Dios y “Sipi”.

La investigación detalla que estos corresponden a Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa; el Ministerio de Gobernación; Erick Archila, exministro de Energía; Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social y Alejandro “Sipi” Sinibaldi, exministro de Comunicaciones.

El periodista y economista Quique Godoy tuiteó que se trata de una recolecta entre los ministros para beneficiar al Presidente.

El juez empieza a decantarse por el MP-CICIG y no por Baldetti

“¿Por qué el Presidente estaba preocupado por alguien de recursos humanos (dentro de la SAT)? Porque obviamente se preocupa por sus intereses”, fue una de las frases más contundentes que utilizó el juez Gálvez en su argumentación. Cuestionaba la injerencia de Pérez Molina y Baldetti en la oficina de recaudación tributaria.

Gálvez lo resumió así: “Dice (el abogado defensor) que de Baldetti no habla (en las escuchas). ¿Y si hablan en una conversación de darle Q20 mil a un juez? Jueces hay muchos. ¿Vicepresidentas? Bastantes, no”.

El juez Gálvez no sólo decidió que Baldetti espere tras las rejas mientras el MP y la CICIG terminan la investigación y dura el juicio. También decidió que Baldetti espere tras unas rejas de ciudadana común. Ordenó que el Sistema Penitenciario saque a Baldetti de la cárcel especial para hombres en el cuartel militar de Matamoros y la traslade a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en donde ha estado una expresidenta del Organismo Judicial y una exdirectora de la Policía Nacional Civil.

Y (justicia poética después de las burlas de Baldetti al estado del manicomio), la cárcel de Santa Teresa queda enfrente del Federico Mora.