Por qué Pérez Molina y los empresarios ya no están tan tranquilos

Hagamos memoria. Desde la renuncia de la vicepresidente Roxana Baldetti el 8 de mayo pasado, empezó un pulso en el país.

Por un lado estaban los ciudadanos, MP-CICIG y la Corte Suprema de Justicia, que quieren que se llegue a fondo con las investigaciones del sistema de corrupción e impunidad, aunque esto implique la renuncia e investigación del presidente Otto Pérez Molina. En Nómada los hemos agrupado dentro de los #JusticiaYa.

Por el otro lado estaban Otto Pérez, su aliado Manuel Baldizón, la embajada de Estados Unidos y el sector empresarial organizado en el Cacif, que consideran que la permanencia de Pérez Molina en la Presidencia les garantiza estabilidad.

Iban ganando porque la bancada de Líder, de Manuel Baldizón, se negó a quitar la inmunidad a Pérez Molina el suficiente tiempo para que la mayoría del juez Roberto Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad detuviera todo el proceso para quitar la inmunidad al Presidente.

Pero la historia no se termina todavía en este movido 2015.

Primera sorpresa: La CICIG no le hace el juego al CACIF

Los empresarios organizados en el Cacif no cabían de la alegría. Sentían que no sólo habían logrado que no renunciara Pérez Molina –a pesar de que algunas cámaras del Cacif sí lo querían–, sino que la CICIG estaba de su lado al investigar a los caciques corruptos que son el respaldo electoral de Manuel Baldizón para las elecciones de septiembre de 2015.

Philip Chicola, el analista político más agudo del Cacif, publicaba en su columna de elPeriódico, lo que parecía una celebración porque la CICIG empezara a investigar a diputados por estructuras paralelas de corrupción. Hace dos semanas, la CICIG pidió que se retirara la inmunidad a Baudilio Hichos, cacique de Chiquimula, ahora candidato de Líder, por otro caso de corrupción en el IGSS.

Chicola incluso proponía nombres para ser investigados. Otros tres caciques de Líder-PP: Mario Rivera en Quiché, Emilenne Mazariegos en Huehuetenango y Gudy Rivera en los municipios del departamento de Guatemala.

“(La depuración) implica un esfuerzo tripartito. De parte de CICIG y el MP, continuar la judicialización de casos con el fin de perseguir penalmente a legisladores y dotar al Registro de Ciudadanos con insumos para no inscribir candidatos señalados. (…) Implica que el TSE y la institucionalidad judicial cierren filas y apliquen el Artículo 113 constitucional (prohibir candidaturas). Esta ruta tiene dos ventajas. Dado que el plazo para inscripción de candidatos vence el 6 de julio, la no inscripción de estos personajes implica que sus estructuras no tendrán tiempo suficiente para reagruparse y buscar candidatos alternos. Asimismo, implica que los partidos perderán la movilización local de dichas redes. Para muestra, la expulsión de Hichos seguramente provocará una merma en el apoyo de Chiquimula al proyecto de Lider y Baldizón”.

Tiene razón en algo. La investigación de caciques parlamentarios por corrupción pone en apuros a Baldizón. Pero no tomaron en cuenta otra cosa. La CICIG no parece estar en el país sólo para boicotear a un candidato y para salvar los intereses empresariales. Le interesa llegar al fondo del sistema de corrupción e impunidad. Por eso el segundo diputado al que están investigando y que pidieron que se le quitara la inmunidad fue a uno de los diputados-empresarios por excelencia: Pedro Muadi, expresidente del Congreso y exdirector de la Cámara de Industria.

Muadi, todo indica, fue parte de la negociación de 2011 entre el Partido Patriota y la Cámara de Industria. Apoyo a la campaña a cambio de que incluyeran a sus candidatos en los listados a diputados.

Esta investigación contra el diputado-empresario deja en una posición incómoda a la Cámara de Industria –la que impidió que el Cacif pidiera la renuncia a OPM–, pues les recuerda que son parte del sistema de corrupción e impunidad.

Segunda sorpresa: OPM no tiene ganada a la Corte de Constitucionalidad

Otto Pérez Molina y el sector privado organizado han tenido una mayoría en la Corte de Constitucionalidad durante los últimos cinco años. Ganan casi en todas las ocasiones en las que están juntos por marcador de 3 jueces contra 2. Era tal su cercanía con la Corte que Otto Pérez sacó de esa mayoría al vicepresidente para sustituir a Baldetti, el juez Alejandro Maldonado.

La sustituta de Maldonado en la CC, María Araujo, fue esta vez el voto decisivo para proteger a Pérez Molina e impedir que se siguiera con el proceso para quitarle la inmunidad. Para lograrlo, dieron la razón a una protesta (amparo) que interpuso una abogada, Karen Fischer. Aunque esto significara que otro juez, Molina Barreto, se hubiera contradicho respecto de un fallo de 2010 sobre Karen Fischer y el entonces presidente, Álvaro Colom.

A esto se le sumó una crítica repetida entre la opinión pública, por la falta de legitimidad de Fischer y porque el fallo a favor de Pérez Molina respondió a criterios políticos y no jurídicos.

Ante la duda sobre el futuro de la protesta de Karen Fischer y para sellar definitivamente el caso, el presidente Pérez decidió presentar el fin de semana una protesta personal ante la CC. Pero para sorpresa suya y de todos, la jueza Araujo no se presentó a votar hoy, se sorteó para convocar a un suplente y el resultado para el presidente Pérez Molina fue el opuesto: 2-3. Los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón y Juan Carlos Medina decidieron que no se diera la razón a Pérez Molina.

Mañana continuará el pulso entre los jueces, pero, de momento, la CICIG y la suerte entre los magistrados han frenado la victoria que creían tener en sus manos el sector privado organizado y el presidente Pérez Molina.