PP: “Si Baldetti va por la alcaldía, lo hará sin renunciar a la Vicepresidencia”

Un día después de que venciera el plazo para que todos los funcionarios interesados en ser diputados del próximo gobierno presentaran su renuncia, cinco miembros del gabinete de Otto Pérez Molina dejaron el cargo. Pese a que propios y ajenos lo esperaban, Roxana Baldetti no está en ese listado.

La ley establece que para postularse a un cargo de elección popular los funcionarios deben apartarse del puesto tres meses antes de la convocatoria a elecciones generales. Además, el Acuerdo Gubernativo 197-2004 dentro de sus normas éticas obligatorias para miembros del Organismo Ejecutivo, subraya que éstos deben abstenerse de participar en el proceso electoral para no empañar con su “conducta la imagen de imparcialidad y neutralidad” de ese poder del Estado.

Sin embargo, lo expresado en el artículo 164 de la Constitución beneficia el debate abierto en torno a las supuestas intenciones politicas de Baldetti: “No pueden ser diputados los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo, Judicial, Tribunal y Contraloría General de Cuentas, así como magistrados del Tribunal Supremo Electoral y director del Registro de Ciudadanos”.

Diputados. La prohibición es dirigida para los miembros del Ejecutivo que busquen una curul en el Congreso, sostienen desde el oficialismo. Las aspiraciones de la vicemantaria serían otras. El presidente Otto Pérez Molina dijo en una entrevista con La Hora que dentro del partido un grupo de abogados estaba realizando estudios para determinar si la participación de la vicemandataria era legal.

Aleksander Castillo, subjefe de la bancada del Partido Patriota (PP), adelantó en una entrevista a Nómada una de las conclusiones del examen legal. Empezó diciendo que la primera preocupación de la agrupación es que el Tribunal Supremo Electoral les levante la suspensión de 6 meses por realizar campaña anticipada. Y siguió diciendo que basarán una potencial candidatura de Baldetti en el artículo 164 de la Constitución.

“La ley prohibe unas cosas y no prohibe otras. Y si la Ley permite situaciones como que ella pudiese competir a una alcaldía y la Constitución no lo prohíbe, pues está el camino para que pueda hacerlo si ella lo decide”, dijo.

El diputado Castillo, a la izquierda, de camisa polo, flanquea a Baldetti.

El diputado insitió en que la Constitución dice clara y expresamente que todo funcionario que vaya a un cargo de elección popular al Congreso de la República debe renunciar 90 días antes; sin embargo, no lo expresa en el tema de las alcaldías. “En ese caso la Constitución es la máxima ley o jerarquía que tiene nuestro sistema jurídico nacional y por lo tanto está por encima de cualquier ley o acuerdo gubernativo que existe”, subrayó.

El artículo 152 de la Constitución dice que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno”. El 182 refiere que “el Presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno”.

En ese sentido Castillo insitió en que si se postulara, la vicepresidenta estaría “participando” en el proceso electoral y no “beneficiando” a un partido político.

La batalla que vendrá por la interpretación

Rodolfo Rohrmoser, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, señaló que el único ente con capacidad para establecer si la Constitución está sobre el Acuerdo Gubernativo 197-2004 es el pleno de magistrados constitucionales.

“Cualquiera puede tener una opinión, pero es la Corte de Constitucionalidad a través de una acción general de inconstitucionalidad quien tiene que hacer la comparación y definir si acepta los argumentos del partido y ver si manda a archivar el Acuerdo”, dijo. El resto de las opiniones no tienen fuerza vinculante, por lo que en última instancia sería la CC quien defina la legalidad de la participación de la vicepresidenta.

Durante los últimos tres años de gobierno del presidente Otto Pérez y la vicepresidente Baldetti, la mayoría de la Corte de Constitucionalidad ha fallado en su contra en temas tributarios, pero les ha dado la razón en temas clave como la toma de posesión de los magistrados electos por la alianza PP-Líder (con el apoyo del Cacif en el lobby en la CC) o con la anulación del juicio por genocidio (también con apoyo de la patronal).

El tercer puesto con más poder en el país

En otros países latinoamericanos, la alcaldía capitalina es descrita como la segunda con más poder político en el país. En Guatemala, desde que la Vicepresidencia adquirió más notoriedad, quizás podría ser el tercero. La alcaldía de Ciudad de Guatemala es un feudo electoral importante para toda agrupación política. Si la vicepresidente decide no participar, dentro del Partido Patriota también aspira ocupar ese cargo Antonio Coro, actual alcalde de la vecina Santa Catarina Pinula. “Si la licenciada Roxana Baldetti no se postula, creo que sería yo (el designado), al menos eso siento”, respondió. El diputado Juan Pablo Urrea, el del programa “En la mira con cariño” y quien visitó oficialmente al reo Byron Lima en la cárcel, también quiere ser el candidato.

Mientras tanto, en las últimas semanas Roxana Baldetti se ha acercado más a los inquilinos de los mercados de la ciudad capital. En noviembre asistió a la inauguración de los trabajos de reconstrucción del segundo nivel del Mercado la Terminal y el pasado 30 de enero visitó a los inquilinos del mercado Colón para disculparse por asegurar que no fueron ellos quienes donaron comida al Hospital San Juan de Dios en una crisis de desabastecimiento.

El expresidente Álvaro Arzú, que lleva cuatro períodos como alcalde de la Ciudad de Guatemala, no descuida ese sector. En la página web de la municipalidad se anuncia que en febrero iniciarán los trabajos de remodelación interna y externa de los todos los mercados y que con el proyecto beneficiarán a más de 19 mil locatarios y sus usarios.

Sería una batalla electoral de proporciones incluso más grandes que la anterior, cuando Roberto González, Canela, y el patriotista Alejandro Sinibaldi, con una campaña multimillonaria de unos Q80 millones, intentaron derrotar a Arzú. Para eso falta una decisión de Baldetti y un fallo de la Corte.