¿Qué hacer cuando las elecciones ya no son la solución? (I)

A partir de 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, se dan en Guatemala las condiciones básicas de una democracia electoral: ¿Alternabilidad en el poder de funcionarios electos? Si, desde 1985 ningún partido que ha ejercido el poder ha logrado reelegirse. Las elecciones han sido libres y –en la medida en que no han sido fraudulentas o violentadas- justas. ¿Libertad de pensamiento y expresión? También, las diversas fuentes de acoso al periodismo libre  no responden a una política de estado. Y tenemos la libertad de organizarnos en agrupaciones políticas ya sea como partidos o como comité, en proponer candidaturas y ser candidatos compitiendo por el voto popular, que es universal y efectivo. Es decir, a quienes nos gobiernan los elegimos en efecto la mayoría de los guatemaltecos.

Y sin embargo, a las puertas de un nuevo año electoral, nos damos cuenta de que toda esa panoplia de libertades y derechos no ha sido suficiente. Veinte años de democracia electoral sin cortapisas y el país no sólo continúa en el marasmo, sino que va de mal a peor.  El fin del estado contrainsurgente no ha dado lugar a un estado democrático de derecho funcional, sino a un sistema en el que el alcance de sus formas democráticas es limitado por el sustrato patrimonial y clientelar de su cultura política.

Muchos de nosotros estamos otra vez en un escenario de opciones negativas que sólo puede dar lugar al voto desesperanzado, desilusionado, calculado en dos nociones vagas: la idea de que estamos tan mal que cualquier cosa que venga será mejor; y la teoría del ‘mal menor’.  Pero hemos estado equivocados: el barril político en que estamos hundidos no tiene fondo. Los vicios de los que se van son superados por los de los que llegan, y el voto por el ‘mal menor’ no resuelve el problema esencial –sistémico- de nuestra democracia: la ínfima calidad de sus elites políticas.

La desesperanza se instala en parte porque nos movemos en un marco conceptual de una democracia entendida como sistema manejado por elites legitimadas en procesos electorales periódicos. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se instaló en el pensamiento democrático de occidente el paradigma del ‘elitismo democrático’, de acuerdo al cual la participación de las masas en la conducción de la democracia se debe limitar a la elección periódica de quienes se les confía la conducción de la cosa pública.

Dentro de la democracia ha existido una constante ambigüedad en torno a la relación entre las elites políticas y el conjunto de la población –la proverbial tensión entre elite y masas- en la que la participación directa de la población en la toma de decisiones se considera inviable no sólo por razones ‘logísticas’ –las dificultades logísticas de manejar este tipo de participación- sino ‘políticas’: la masa no está calificada para deliberar responsablemente. En consecuencia, hay que limitar su incidencia al proceso de selección de aquellos quienes sí están calificados para hacerlo: la democracia representativa.

Los límites de este ‘elitismo democrático’ como teoría de la democracia –marco para su interpretación y base para la acción democratizadora- se hicieron evidentes ya hace rato, cuando las crisis políticas recurrentes en muchos países, entre ellos el nuestro, comenzaron a ser explicadas como problemas en la baja calidad de las elites que manejan el sistema. Entonces, ¿Qué hacer cuando el problema reside en la calidad deficitaria del grupo que está supuesto a dirigir el proceso en virtud de su mayor idoneidad?

Dentro del paradigma del ‘elitismo democrático’, para el que la participación directa de las masas en la toma de decisiones políticas es peligrosa para la democracia misma, las opciones no son muchas: si el funcionamiento de la democracia depende de las elites, y las elites actuales son deficitarias, pues hay que sustituirlas. ‘Que vengan los mejores al rescate’ termina siendo el lema que promueve el involucramiento de grupos que no habían participado en el sistema partidario, a los que desde el punto de vista de los valores y las actitudes que manifiestan se considera ‘sanos’, con la intención que su irrupción en la arena político-electoral re-oxigene y corrija el sistema.

A veces, esto funciona, pero otras no es suficiente. Para nosotros, esta es una ruta difícil: la estructura del sistema político partidario en Guatemala –el peso y el costo de la propaganda en el proceso electoral; las normas vigentes de financiamiento-,  y un entorno de cultura política clientelar –tenemos un déficit de ciudadanía expresado en la tolerancia a las prácticas clientelares y a la corrupción- lo hacen muy difícil.

Este balance pareciera dar la razón a quienes, bajo el disfraz de la defensa del sistema democrático, buscan eliminar sus bases. En los años setenta argumentaban las virtudes de una ‘democracia dirigida’ que le permitiría a una elite ‘iluminada’ abrogarse la representación de unos intereses ‘nacionales’ que, según  ellos, el pueblo mismo no podía entender.

Ahogados en las aguas de lo que Huntington llamó la Tercera Ola de Democratización, estos adalides del elitismo re-emergen en el siglo XXI del fango de la crisis de la democracia electoral latinoamericana, intentando reciclar las mismas ideas anti-democráticas bajo el manto de un nuevo discurso ‘anti-populista’ y ‘republicano’. Que terminen citando como modelo al Partido Comunista de China es una ironía jocosa de la que no se dan cuenta.