Cuando el presidente Otto Pérez Molina, a instancias del excanciller Fernando Carrera, anunció al mundo, en una columna en The Guardian, sus intenciones de modificar la política contra las drogas, nadie daba un centavo por la audacia. Era la primera vez que un gobernante en funciones se atrevía a desafiar la corriente tradicional, en boga desde hace más de medio siglo y encabezada por Estados Unidos. Corriente prohibicionista y fracasada, como explicó el NewYorker sobre Honduras y Centroamérica.
La osadía tuvo sus réplicas. Es probable que haya animado iniciativas como las que luego se observaron en Uruguay, Colorado y Washington, estados que hoy permiten la producción, el comercio y el consumo regulados de marihuana.
Hace 20 meses, Carrera aseguró que el Gobierno estaba siendo más blando con las capturas por posesión de marihuana para consumo o con las capturas por cultivos de amapola: «Ha habido una conciencia para que sea así. Ha habido flexibilidad en el tema de los cultivos. Se han destruido cultivos pero ha habido un diálogo con las comunidades. Encargamos un estudio sobre qué puede hacer Guatemala diferente. (…) Esto es lo que ha ido saliendo como con los cultivos de amapola, en vez de seguirle quemando la amapola a los campesinos, integrarlos al mercado legal, porque cada vez la cultivan más. Hay compañías farmacéuticas que estarían dispuestas a comprar producto natural para fines farmacéuticos».
Las estadísticas oficiales, sin embargo, muestran que hasta 2013 no se habían reducido las capturas por posesión para el consumo.
En blanco y negro lo que ya se intuía
Hacia dentro, se avanzó poco. Hacia fuera, Guatemala continuó con la diplomacia. Llevó una propuesta de debate a la ONU, dirigió la cumbre de la OEA para romper el tabú sobre la política antidrogas, y hace ocho meses instaló una Comisión sobre Drogas con dos ministros, un asesor y cuatro expertos civiles de peso para hacer una propuesta en el marco de la cumbre extraordinaria de la OEA, celebrada en Guatemala la semana recién pasada. Para la conferencia había traído a expertos de primer nivel mundial: Miguel Insulza, secretario de la OEA, la integrante de la Comisión Global sobre Drogas, Ruth Dreyfuss (ex presidenta suiza); Molly Meacher (ex presidenta del grupo parlamentario británico sobre la reforma de política de drogas) y John Collins (coordinador del informe Acabando la guerra contra las drogas, del London School of Economics). Expositores de primer nivel para un día que podría haber sido histórico para la política interna.
El informe, presentado de forma privada en el Palacio Nacional de la Cultura, a grandes rasgos pone en tinta lo que se intuía desde siempre: La ausencia de información reciente y fidedigna hace difícil el planteamiento de propuestas de una manera responsable. Guatemala no es ni un país primordialmente productor ni uno principalmente consumidor. Es, eso sí, un país puente para el tráfico de cocaína. Reformar es la alternativa válida y legítima ante el fracaso del prohibicionismo estricto. Debemos definir, de manera conjunta, una política de drogas por, para y desde Guatemala, y la comunidad internacional debe respetar nuestra autonomía.
Conformada ocho meses atrás, la Comisión es presidida por el canciller Carlos Raúl Morales y está integrada por un asesor ministerial (Cristian Espinoza), el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, y cuatro delegados que colaboran ad honorem como técnicos independientes: Carlos Mendoza, Daniel Haering, Salvador Paiz y Carmen Rosa De León.
¿Por qué se perdió el momentum?
En un contexto así, con una cumbre extraordinaria de la OEA sólo para hablar del nuevo enfoque sobre drogas, parecía el momento para que Guatemala diera un paso más allá. Pero el informe sólo incluye una propuesta de cambio de ley: reformar la ley de Extinción de Dominio para que parte de los bienes y dineros incautados sean para salud pública y la reducción de la demanda de drogas. El resto de reformas las pospone para diciembre, después de consultar con más actores estatales y de la sociedad civil.
Se les preguntó por qué no se propuso una iniciativa de ley para regularizar las drogas en el país.
Algunos indicios apuntan a que la coordinación con otras instituciones de gobierno no ha sido fácil. La Comisión le preguntó a Luky López-Angulo, a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), cómo podía trabajar ella en términos de planes, estrategias y decisiones sin información disponible. Ella se justificó respondiendo que cuenta con treinta años de experiencia como psicóloga.
Carlos Mendoza, técnico, economista de CABI: La presencia del Ministerio de Gobernación es insuficiente. La Comisión debería incorporar, también, al de Salud y al de Educación, máxime si la tendencia apunta hacia abordar el problema de las drogas como un asunto de salud pública, y a enfocarse no sólo en la dimensión punitiva sino también en la preventiva.
Cristian Espinoza, asesor ministerial: Guatemala no aspira a una posición unilateral (a diferencia de Uruguay, Colorado y Washington) sino multilateral, en concordancia con su política de los últimos veinte años. Se busca un acuerdo regional porque el problema es regional. No nos interesa adelantarnos, sino actuar sistémicamente.
Carmen Rosa de León, técnica y directora de IEPADES: Porque esa [la regulación] y otras propuestas que saldrán, serán producto de las mesas y encuentros con sectores, en estos meses. [¿No es demasiado difícil en un año electoral?]. Sí, eso me preocupa, pero de todas formas hay situaciones como las de las comunidades de San Marcos [productoras de amapola, en las] que hay que buscar una solución o alternativa, y este presidente o el próximo tendrán que buscar una solución. Igualmente, el tema de descriminalización es necesario para evitar los problemas que se derivan de no hacerlo.
Daniel Haering, técnico, catedrático en la UFM: Tenemos una orfandad en la política. Ausencia de Estado. Nuestro padrastro, nuestro padre putativo, quien decide por nosotros es Estados Unidos. La comisión lleva apenas ocho meses de vida. Los logros en ese tiempo no son pocos. Nos responsabilizamos de eso, no de lo que no se hizo antes. La misma Ruth Dreyfuss lo reconoció: es impresionante lo que han logrado en tan poco tiempo. En tan sólo ocho meses, Guatemala ha modificado su discurso acerca del problema de las drogas. En diciembre se presentarán las propuestas concretas, resultado de una fase de discusión pública con actores estatales y la sociedad civil.
No obstante, podría haber una ventana para una propuesta innovadora. Mendoza recuerda que Salvador Paiz contactó a algunos laboratorios asentados en Guatemala. Ellos importan la materia prima, pero no tienen conocimiento ni la capacidad instalada para transformar el producto orgánico obtenido del vulvo de la amapola (es un látex) a la materia prima química necesaria para la producción de opiáceos.
Así las cosas, Guatemala podría haberse quedado a la orilla de una reforma a nivel nacional después de encender un debate a nivel global. A menos que, con tres años de desgaste gubernamental y a las puertas del año electoral, surja una propuesta de reforma profunda a finales de este año.
* Con información de Andrés Zepeda.
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