‘Todo coincide, todo está conectado’: El resumen del fallo del juez Gálvez

Capítulo 1: La Balita

–“Esta es la evidencia”. Un avión a escala pasa por las manos de las 57 personas que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan de cooptar el Estado. Observan la réplica los exgobernantes, funcionarios, empresarios, gerentes y abogados. Pocos saben bien la historia detrás de esa pequeña y blanca aeronave.

Es La Balita, el avión que la exvicepresidente Roxana Baldetti quiso regalarle al expresidente Otto Pérez Molina, y que hoy es una de las compra-ventas que el juez Miguel Ángel Gálvez usa para analizar el funcionamiento del Partido Patriota (PP) desde el 2007, cuando era un partido político que recaudaba fondos para su campaña y que para sus financistas menos transparentes creó una red de sociedades anónimas que con facturas por servicios falsos recibió los aportes millonarios. Baldetti le compró La Balita al exfinancista farmacéutico Gustavo Alejos por US$6 millones (Q45 millones). Su secretario Juan Carlos Monzón contó parte de la historia del aeronave. Cinco pilotos cercanos a la red del PP hablaron de lo mismo, de uno de los gastos emblemáticos producto de la corrupción.

Hilvanando el resto de testimonios (sin incluir el del exsecretario Monzón), las declaraciones, documentos, facturas, cheques y otros registros, el juez Gálvez llegó a la conclusión de que todo está conectado. La corrupción en el Partido Patriota dejó pruebas a su paso, el Ministerio Público las encontró y todo coincide, dice el juez Gálvez, rodeado de cajas y cajas con el resto de la evidencia.

Cuando analizó los indicios y tras semanas de escuchar a los fiscales, abogados defensores y señalados, resolvió ligar a proceso a 53 de las 57 personas que fueron vinculadas al caso Cooptación del Estado. Es decir, que formen parte del expediente de la investigación del MP y la CICIG y que con esto puedan ser investigados a profundidad. Que el MP y la CICIG puedan, por ejemplo, tener acceso a ver todas sus cuentas bancarias. A Pérez Molina y Baldetti se les ampliaron los hechos por los cuales son investigados por lavado de dinero y cohecho pasivo. Ya son indagados por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en el caso del puerto, TCQ.

Los señalados.

El exministro Mauricio López Bonilla fue ligado a proceso por lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo. Le exasistente Daniela Beltranena, el expresidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez y los exministros de Defensa, Noé Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio, serán investigados por lavado de dinero y asociación ilícita.

Flavio Montenegro, exgerente del Banco G&T, Jack Irving Cohen y Ana Graciela López, ex gerente de Blue Oil, enfrentarán proceso por financiamiento electoral ilícito, al igual que Alvaro Mayorga de la constructora Conasa, aliada de Cementos Progreso. Fernando Peña, expresidente de Banrural quedó ligado a proceso por financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.

No serán investigados en el caso Cooptación del Estado cuatro personas de las señaladas hasta ahora: Raúl Castillo (contratista), Luis Fernando Montiel (señalado de lavar dinero), ni Marvin Díaz y Julián Muñoz Jiménez (parte del equipo del PP).

En su resolución, el juez Gálvez le solicitó al Ministerio Público que investigue a las personas que conformaron las Juntas de Licitación en todos los contratos dónde se cobraron sobornos.

Capítulo 2: Las conexiones y la corbata de Saturno

Después de 23 días de audiencia del caso de corrupción más grande que el Ministerio Público ha llevado ante un juzgado, Gálvez estuvo listo para hablar. Fueron necesarias diez jornadas para que la Fiscalía explicara su investigación y presentara sus indicios de acusaciones. Se requirieron trece días más para que los abogados de los señalados defendieran la inocencia de sus clientes. Finalmente llegó el turno del juez.

Todos querían escuchar. Los señalados llegan a este punto con cara de haber esperado desde siempre por saber si serán ligados a proceso, si seguirán en prisión todo el tiempo que dure este proceso legal, si eventualmente serán enviados a juicio y si serán absueltos o condenados.

El día que inició a hablar de su análisis y su resolución, el juez Gálvez dijo que hay indicios, evidencias y conexiones que prueban que el Partido Patriota era una organización que se olvidó del bien común, que se organizó para enriquecerse y delinquir.

Foto: Rocío Conde.

“Yo no estoy haciendo nada malo, no estoy dictando la resolución por la presión popular, porque los procesos son mediáticos. Yo soy ajeno a todo eso. Estoy dictando la resolución con la frente en alto. Yo a ninguno de ustedes lo conocía. Mi resolución no tiene que ver con la declaración de Juan Carlos Monzón, esa ni la voy a mencionar. Haré referencia a otros medios de convicción. La declaración de Monzón la hago por un lado”, dijo el juez en su primer día de resolución.

Para la sorpresa de muchos el caso no está basado en la declaración de Monzón, el antiguo secretario privado de Roxana Baldetti, ahora uno de los colaboradores eficaces del Ministerio Público.

Antes de hilvanar la historia que llevó a las 57 personas a estar sentadas durante más de un mes en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, Gálvez dio una cátedra de derecho penal. Con una presentación en Power Point titulada ‘Los límites al poder punitivo del Estado’ explicó que el derecho penal surgió para que haya armonía entre las personas, qué significa un delito, una acción o conducta, cómo se formulan los tipos penales y qué se entiende por crimen organizado.

También contó que la historia de este proceso penal, Cooptación del Estado, inició el 8 de mayo de 2014, hace dos años y tres meses, cuando el empresario de origen asiático Erick Miao Miao llamó a Julio Aldana Sosa para quejarse de la operación de La Línea, la red que cobraba sobornos para dejar pasar contenedores en la Empresa Portuaria Quetzal. La historia continuó el 16 de abril de 2015, cuando en los allanamientos para capturar a los miembros de La Línea, el MP y la CICIG encontraron en la oficina de Juan Carlos Monzón los indicios para comenzar una nueva investigación, la más grande de todas.

En la audiencia el juez repite que no le dio tiempo de leer todo, que es imposible, que lo que se necesita es tiempo porque la información está allí, ahora a la vista y alcance de todos.

En su análisis habló de Proinver, la financiera en la que Baldetti poseía el 40 por ciento de las acciones y con la que pretendía construir un Centro Comercial en Estanzuela, Zacapa. Se cuestionó que cuando la exvicepresidenta adquirió los compromisos de franquicia del Circuito Alba para instalar salas de cine en su centro comercial, el gobierno del PP impulsaba los salarios mínimos diferenciados en esa región. ¿Será que por eso dejó esos sueldos?, se cuestionó Gálvez.

Con Proinver, el juez llegó hasta el proceso de compra de Hotel Mansión de La Luz, en La Antigua Guatemala. Hay cheques, nombres y documentos que vuelven a vincular a Baldetti y a sus operadores con la red.

“Hay un cheque girado por Inversiones La Luz a favor de María Dolores García Castellanos por Q200 mil y la referencia es Juan Abner Fonseca, un directivo de Banrural. El problema de esto es la relación del banco”, menciona el juez en su análisis. Según el MP, el directivo Abner Fonseca, exgerente de ese banco, era el enlace entre Juan Carlos Monzón y Fernando Peña. Además, habría ocultado en las bodegas de Banrural Q5 millones en efectivo que luego fueron depositados por cajeros que, sin lograrlo, trataron de emitir una alerta a las entidades de supervisión financiera ante las transacciones anómalas.

El directivo Fonseca también agilizaba pagarés a favor de Baldetti para darle mayor capacidad crediticia a las empresas de la red. También fue uno de los personajes en la compra de acciones en Corporación de Noticias, Sociedad Anónima, la propietaria de Siglo 21.

El juzgador resaltó que entre toda la documentación se confirma la declaración del 28 de octubre de 2015, cuando Salvador Estuardo González, alias Eco, dijo que a finales de 2013 llegó a trabajar para la Vicepresidencia a administrar un grupo de sociedades anónimas.

Capítulo 3: El Grupo Estrella

El Grupo Estrella estaba conformado por las cinco sociedades con las que el PP recibió y ocultó los fondos para su campaña electoral. Por administrar y asesorar, Eco inició cobrando Q10 mil mensuales. Lo que Eco hizo hasta el día de su captura fue “dar apariencia de legalidad a cosas que no estaban bien hechas”.

La exvicepresidente Baldetti.

Las sociedades que aparecen vinculadas con la compra de bienes inmuebles para el exbinomio presidencial se relacionan a las sociedades del Grupo Estrella, enfatizó el juez Gálvez. Desde esas empresas se movieron recursos, por ejemplo, para comprar la finca de Pérez Molina en Zaragoza, para pagar el mantenimiento de las casas y ampliar las propiedades comprando los terrenos aledaños a las residencias. Aunque seguían teniendo gastos, esas sociedades dejaron de facturar en 2011, cuando acabó la campaña electoral.

“¿Cuántas transacciones se utilizaron para comprar una propiedad? ¿Por qué no se compra con un solo cheque de caja, por qué hacerlas partidas (fraccionar las compras)? Lo que están haciendo es desvirtuar la procedencia, eso es lavado de dinero”, indica Gálvez.

Durante su argumentación, el juez cuestiona los controles, la existencia y eficiencia del Registro Mercantil y del Registro de la Propiedad para estar al tanto de la creación de sociedades anónimas para lavar dinero y comprar bienes inmuebles con fondos que podrían ser ilícitos. También critica que el Tribunal Supremo Electoral se haya preocupado más por organizar los eventos electorales y no por vigilar las actividades del partido político antes de la contienda electoral.

¿Cómo es posible que pasen estas cosas?, se preguntó en la audiencia.

“Las cantidades, todos esos dispositivos se los encontraron a Monzón y a Eco. Cuando establecemos incluso las comisiones de los contratistas, encontramos un presupuesto, aparece la tabla, el número de NOG (de Guatecompras), aparece la negociación”, enfatiza el juez Gálvez. Todo está documentado. Todo tenía apariencia de legalidad.

Los registros contables de Pérez Molina y Baldetti eran tan detallados que incluso había datos de las compras que se realizaron con el dinero que se recaudaba con el ‘Incentivo Comercial Monetario’, el eufemismo para referirse a la comisión, la coima, la mordida, el soborno.

“El 80 por ciento de lo que estoy diciendo está corroborado con documentos físicos. Si quieren los medios de investigación que yo tengo, no hay problema, les ofrecí los cuadros”, insiste el juzgador.

Capítulo 4: Los bancos y el helicóptero

El segundo día de resolución. El juez se dirigió a los presentes con un traje azul marino, una camisa de rayas y una corbata azul. Miguel Ángel Gálvez está rodeado de cajas de documentos, de decenas de fólders, de abogados, acusados, seguridad, periodistas y familiares de detenidos que han estado esperando desde hace un mes por su resolución. Solo verificar que todos los detenidos y sus abogados están presentes le toma 16 minutos.

Ya van 25 días de audiencia. A estas alturas, para el juez algo es evidente: entre los hechos que el MP y la CICIG detallaron, aún sin la declaración de Monzón, es claro que está frente a personas que cometieron los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilegal y lavado de dinero.

Según la investigación, el Banco GyT y Banrural contribuyeron de forma anómala con la campaña del PP y lo hicieron utilizando el mismo método que los canales 3 y 7, propiedad de Ángel González. Recibieron facturas por servicios ficticios de las empresas del Grupo Estrella y a cambio entregaron aportes en efectivo.

En su defensa, la mayoría de empresarios, gerentes y banqueros señalados de ser los financistas, tuvieron un argumento en común: el verbo rector del delito de financiamiento electoral ilícito es recibir. Es decir, que según el análisis que los defensores hacen del delito, quienes cometen una acción ilegal son los partidos políticos al recibir fondos sin reportarlos en sus contabilidades y no al TSE. Ninguno de los señalados negó haber dado el dinero, pero le echaron la culpa al partido de sorprenderlos en sus buenas intenciones.

“Me llamó la atención el análisis de un abogado que dice que si en dado caso el banco incurrió en una ilegalidad se le tendría que imponer una sanción”, dice Gálvez. Las infracciones para las entidades bancarias están reguladas en el artículo 32 de la Ley de Bancos, pero el delito de lavado de dinero no tiene nada que ver con las acciones reguladas en esa norma, según el juez.

Si se detecta una anomalía en el sistema bancario, el procedimiento es que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presente un informe o una denuncia al Ministerio Público para que los fiscales verifiquen la existencia o no de un delito. Sin embargo, la Fiscalía es un ente autónomo de investigación que no tiene que esperar a que otra instancia reporte inconsistencias para actuar. Ese es el criterio del juez Gálvez, que considera que se puede iniciar una investigación de lavado de dinero independiente de ese proceso, cuya ausencia los defensores recriminaron.

“Todo coincide. Todo eso se puede corroborar”, siguió el juez, hilvanando declaraciones con documentos.

Uno de los señalamientos del Ministerio Público es que un grupo de ministros del gobierno del Partido Patriota se organizó para comprarle a Pérez Molina el helicóptero Bell 470GX, modelo 2013. La pista inicial para esa investigación fue un documento que se encontró en la oficina de Juan Carlos Monzón. Luego lo confirmó el excontador de la organización, Víctor Hugo Hernández, que entregó la tabla con los montos que cada funcionario debió entregar. Además, la fiscalía recopiló la declaración de cuatro pilotos que estuvieron al tanto de la compra. Uno que incluso cuenta que Jonathan Chevéz llevó chocolates, champagne y moña azul para adornar el aeronave y que tuvieron que indicarle cuál era el mejor lugar para colocarla sin dañar la pintura.

El expresidente Pérez Molina.

El argumento de defensa de Otto Pérez Molina al dar declaraciones a la prensa es que lo único que la fiscalía tenía en su contra era la declaración de Juan Carlos Monzón, “un delincuente mentiroso”. ¿Será que solo Juan Carlos hizo todo eso solito?, se preguntó el juez Gálvez. Los documentos están a la vista de todos los señalados. Son miles y hay declaraciones, entrevistas e interrogatorios que hilvanan la historia.

El Ministerio Público y la CICIG acusan a los funcionarios públicos y a los empresarios de cooptar juntos el Estado. Algunos abogados de los empresarios acusados dicen que el único responsable de los delitos es el partido político. Pero parece que el juez no les va a dar la razón. El MP tendrá tres meses más para investigarlos y encontrar más evidencias para que empiece el juicio más grande de la historia de la República de Guatemala.