El año pasado, entre septiembre y noviembre, el Congreso estuvo inmerso en la discusión del presupuesto del Estado para 2015. Una discusión a puerta cerrada. La bancada del presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti estuvo negociando en dos frentes; uno con los partidos pequeños y otro con Líder. Al final, fue un pacto con este último partido el que permitió la aprobación de un presupuesto muy cuestionado, en el que se dejó un bolsón para el Ministerio de Comunicaciones dentro de las obligaciones del Estado, por la cota de Q1,965 millones.
Entonces, diputados de diferentes bancadas y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) cuestionaron no solo la forma de aprobación, sino la forma en que se negociaron nuevos impuestos (impugnados ya en la Corte de Constitucionalidad), el monto de la contratación de la deuda, pero además, las cantidades millonarias que supuestamente no tenían un destino específico.
“El Icefi alerta sobre la asignación inusual, opaca e injustificada de gastos de administración por Q 1,965 millones, en concepto de Otros aportes a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, dentro de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, monto en riesgo de desviarse o malversarse para fines político electorales en el marco de los comicios de 2015”, manifestaron por medio de un comunicado de prensa.
Esos casi dos millardos surgieron luego de que el Congreso recortara el presupuesto al sector justicia (Q854 millones menos que en 2014), la Superintendencia de Administración Tributaria (Q 180 millones menos), al gasto social (casi Q1,000 millones menos) y al pago de la deuda pública (Q 1,162.4 millones menos).
Con una crisis en los hospitales que no cuentan con medicamentos ni alimentos para los pacientes, la semana pasada, el Ministerio de Finanzas aprobó una transferencia multimillonaria. Q915 millones se trasladaron para incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud y otros Q50 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional. En Salud, esos recursos estarían destinado para la compra de insumos hospitalarios y alimentación de los usuarios de los diferentes centros asistenciales. En Defensa, para la reconstrucción que se desarrolla por el terremoto de julio de 2014. De acuerdo con el informe de los gastos realizados durante la vigencia del Estado de Calamidad, el ejército gastó Q22 millones 644 mil en la reconstrucción de 579 casas en cuatro departamento.
Sin embargo, no todo lo que está en el presupuesto público es lo que dice. De acuerdo a Ley de Presupuesto, el Ministerio de Finanzas, que administra el presupuesto, debería tener control los gastos de salarios, inversión y otros pocos rubros. Luego, los gastos que tienen que ver papelería y útiles, materiales varios, entre otros, los controla cada entidad pública, en este caso, cada ministerio.
En consecuencia, de los Q965 millones que se pasaron para Salud y Defensa podrán ser administrados como decidan los ministros Luis Enrique Monterroso y Manuel López Ambrosio. He ahí el dilema.
Jonathan Menkos, director del Icefi, afirma que la asignación de esos casi dos millardos de quetzales es uno de los elementos de mayor opacidad dentro del presupuesto de 2015. También dijo que la reacción ante la evidente necesidad del Ministerio de Salud revela una falta de estrategia.
“Estas decisiones demuestran la falta de tino en materia de política fiscal que estamos observando en el actual gobierno, y más bien allanan el camino para la incertidumbre y no para la certeza”, dice.
Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), recordó que el 11 de febrero pasado su partido presentó una iniciativa de ley para darle un destino a los Q1,965 millones. El partido proponía que el Ministerio de Salud, y el Tribunal Supremo Electoral recibieran Q300 y Q200 millones; que la Universidad San Carlos de Guatemala y el Ministerio de Educación contaran con una ampliación en su presupuesto por Q225 y Q175 millones.
“Esperamos conocer cada una de las transferencias para poder monitorearlas y fiscalizar que realmente sean ejecutadas como se debe y no sean utilizadas de manera clientelar. Nosotros presentamos amparos ante la Corte de Constitucionalidad para evitar el uso discrecional de los fondos”, insistió el congresista.
El acuerdo gubernativo que avala la transferencia millonaria aún no ha sido publicado; no obstante, el movimiento de los recursos ya fue publicado en el Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas. Q1,000 millones aún siguen disponibles en obligaciones a cargo del Estado a cargo del Tesoro, sin destino claro ni específico. Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), señala la Contraloría tiene que auditar cada una de las transacciones, ya que el dinero puede ser utilizado con fines electorales. Esto tanto por el Partido Patriota como por Líder.
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