Tres claves mínimas para refundar el Estado

Pero no podemos hacernos ilusiones de que los cambios ya logrados sean suficientes, ni dar por sentado que serán sostenibles. Si a alguien le quedaban dudas de que el dinosaurio iba a desaparecer sin dar batalla, los eventos de los diez últimos días deberían ser suficientes para convencerlo.

La conducta de los magistrados de la vergüenza en la Corte de Constitucionalidad (que no son todos), las jugarretas políticamente obscenas de las grandes bancadas en el Congreso, y sobre todo, la obcecación de Otto Pérez Molina para permanecer en el poder a pesar del antejuicio que el Ministerio Público (MP) presentó en su contra por los indicios encontrados de su vinculación a la red criminal de La Línea –causa por la que Roxana Baldetti se encuentra bajo arresto-, evidencian que el dinosaurio todavía está aquí y que no quiere retirarse.

Es un escenario político de una incertidumbre profunda. El sábado la renuncia de Pérez Molina a la presidencia –la única salida que le ofrecía alguna dignidad- parecía inminente. Su irresponsable y peligrosa declaración del domingo 23 evidenció que incluso esa medida exigua de dignidad estaba más allá de su estatura, y que en su incomprensible intento de aferrarse al puesto –porque el poder lo perdió ya hace rato- no ha dudado en recurrir a un discurso que convoca a la confrontación y a la violencia. Es posible que la bravata no le dé resultado y que dentro de un par de días termine por desmoronarse ante la evidencia brutal de un repudio cada día más amplio.

Eso permitiría abrir un nuevo compás dentro de la crisis política profunda que estamos atravesando, y daría oportunidad para poner en marcha acciones y medidas que permitan afianzar el terreno ya ganado, comenzando por la constitución de un gobierno de unidad nacional y una agenda mínima compartida que reúna a los diversos sectores de la ciudadanía que han manifestado su rechazo al sistema político corrupto.

Pero es posible que, mediante pactos políticos espurios y la movilización de redes clientelares, su estrategia de evitar la renuncia a cualquier precio funcione y tengamos a este personaje indigno como Presidente hasta enero de 2014. Y por el tono y contenido de sus palabras, entendemos que si cree necesario recurrir a la violencia no dudará, hundiendo al país en un ciclo de violencia política cuyo objetivo será amedrentar a la ciudadanía y generar condiciones para la represión selectiva. Tendremos, en ese caso, un proceso electoral que sumará la violencia a su ilegitimidad evidente, y un escenario post-electoral caracterizado por una fragilidad institucional agravada con un escenario político polarizado y violento.

Cuesta, en estos momentos, tratar de discernir cuál escenario –y existen muchos- es el más probable. Si hay algo que hemos aprendido en estos cuatro meses de primavera ciudadana es que cualquier cosa es posible, y que eventos o acciones inesperadas pueden cambiar el escenario de la noche a la mañana. La coyuntura es confusa e impredecible. Pero lo que tenemos claro ya a estas alturas es que el esfuerzo de transformación que se inició con el despertar ciudadano va para largo.

Una refundación no se obtiene de la noche a la mañana. No basta con cambiar algunas leyes para ‘corregir’ el funcionamiento del sistema; hay que transformar el sistema mismo. Eso implica no solo las instituciones y los marcos legales que las regulan, sino a la relación que existe entre institucionalidad y ciudadanía, y a la ciudadanía misma: la forma como los guatemaltecos entendemos y practicamos la política.

Dentro de esta perspectiva de largo aliento, la renuncia de Otto Pérez Molina y la ilegitimidad evidente del proceso electoral actual no son sino hitos en lo que se anuncia como un largo recorrido de cambio. Si levantamos los ojos más allá del corto plazo podremos identificar claramente una serie de retos estratégicos que deberán orientar la acción ciudadana, cualquiera que sea el escenario político en el que nos encontremos en enero de 2016. Y dentro de estos, pueden identificarse claramente un objetivo estratégico y tres medidas sin-qua-non para alcanzarlo:

El objetivo estratégico del esfuerzo ciudadano debe ser la transformación profunda de la naturaleza del estado guatemalteco, expresada a veces en la idea de una refundación. La naturaleza patrimonialista y clientelar del estado guatemalteco de hoy no es casualidad, y la disfuncionalidad de sus instituciones políticas no es un error: son el resultado del esfuerzo consciente por establecer mecanismos que permitan la captura del estado por élites políticas y económicas para beneficio propio. La sustitución de este estado por una verdadera República Democrática -un estado democrático de derecho plural y equitativo- que efectivamente procure el bien común es un objetivo en el que podemos converger los distintos sectores políticos y sociales del país.

Pero la República Democrática no es un destino, sino un camino. No existe un consenso –ni debe haberlo- en torno al contenido de las transformaciones económicas y sociales necesarias para alcanzar los ideales de justicia, equidad, pluralidad y libertad que sustentan a una democracia. La pluralidad de ideas es la esencia de una democracia. Sí debe existir, en cambio, consenso sobre las normas que rijan el debate y la competencia entre los distintos imaginarios políticos en juego:esa es la República Democrática.

Y en la persecución de este objetivo podemos identificar tres medidas esenciales:

El combate a la corrupción administrativa es, desde ese punto de vista, un primer esfuerzo imprescindible. La venalidad de los funcionarios no es problemática solamente porque permite el desvío –robo y abuso- de los recursos públicos para beneficio de los funcionarios corruptos y sus clientes corruptores, con su cauda de una salud pública gravemente deteriorada, el abandono del sistema de educación pública, la falta de recursos para desarrollo de infraestructuras, etcétera. Es gravísima porque es el instrumento central de las estrategias de cooptación del sistema que le permiten a élites políticas y económicas manipularlo a su favor. La corrupción compra leyes, la corrupción compra impunidad, la corrupción burla la democracia, la corrupción coarta al desarrollo.

Una agenda nacional de combate a la corrupción que contemple reformas institucionales, legales y administrativas de alcance comprehensivo debe ser desarrollada mediante un amplio consenso ciudadano que la constituya en elemento de presión sobre el sistema político.

La depuración de la clase política es una medida que de igual manera tiene una doble intencionalidad. Limpiar el sistema político de los funcionarios  y activistas políticos –incluyendo organizaciones partidarias completas- cuya motivación central es promover -y medrar de- la corrupción del sistema sirve para corregir la corrupción como mecanismo de funcionamiento del sistema político. Pero es además una medida necesaria para poder asumir la tarea de la transformación profunda del estado guatemalteco.

Llámense reforma, revolución o refundación, el conjunto de medidas que habrá que implementar para alcanzar una transformación profunda del estado guatemalteco requerirá el concurso de una clase política a la vez capaz y honesta. Con honrosas excepciones, la clase política actual queda descalificada en ambos conceptos. En consecuencia, la renovación de la clase política es condición necesaria de la refundación.

La tercera medida no atañe a la institucionalidad del estado ni a los operadores políticos, sino al ejercicio de la ciudadanía. Como se ha ya mencionado repetidamente, la corrupción no es fenómeno nuevo dentro del sistema ni problema exclusivo de sus políticos, y se ha desarrollado en el contexto de una tolerancia social que se explica por una cultura política patrimonialista y clientelar. Es esta tolerancia social la que ha comenzado a resquebrajarse por un despertar ciudadano que ha unificado a sectores sociales, económicos y étnicos alrededor de la posibilidad de una sociedad distinta.

Pero el resquebrajamiento no es suficiente: la cultura política clientelar y patrimonialista persiste, y los próximos resultados electorales nos permitirán tener una medida más precisa de su alcance.

El despertar ciudadano ha sido notable, especialmente porque ha estado encabezado por los jóvenes, pero ni tenemos garantías de que este entusiasmo sea sostenible ni de que su alcance sea suficiente para transformar la cultura política del país. Va a ser necesario diseñar una estrategia de activismo ciudadano que vaya más allá de las protestas en las plazas e identifique mecanismos distintos que, desde lo local a lo nacional, permitan romper la tolerancia y la pasividad de la población. Pero si no empezamos a pensar ahora en mecanismos que nos permitan institucionalizar la presencia ciudadana dentro del espacio público, el 15 de enero nos encontrará desarmados ante un dinosaurio campante.

Preparémonos, entonces, para esa larga marcha. Combate a la corrupción; depuración de la clase política y fortalecimiento del activismo ciudadano son las tres claves para generar las condiciones mínimas para la refundación del Estado. Aprovechemos la coyuntura para lograr la convergencia de fuerzas e imaginaciones que nos permitirá continuar en este esfuerzo pero, sin abandonar la acción política responsable a corto plazo, no nos consumamos en la coyuntura.