¿Tres exCicig-MP con el Rey del Tenis? Qué fue lo que pasó en realidad

Gamboa, Ulate & Coma Consultores, S.A., es la consultora que ofrecerá análisis, estrategias y litigio, y fue fundada la semana pasada por Christian Gamboa, Christian Ulate y José María Coma, el 18 de noviembre. Su nombre comercial es Estratégica Legal.

Christian Ulate era abogado y mandatario judicial de la CICIG y tiene parte del mérito del éxito de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dentro de la comisión tenía asignadas las investigaciones relacionadas con corrupción judicial. Los últimos casos que litigó fueron en contra de las juezas Martha Sierra de Stalling y Jisela Reinoso. Ambas están detenidas y a la espera de juicio, acusadas de transar con el bufete de la impunidad, que trabajaba para la estructura de defraudación aduanera de La Línea, y por enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Hace un año, el 12 de noviembre del 2014, Gamboa le pidió a la Corte de Constitucionalidad, en nombre de la comisión, que anulara la elección de los nuevos magistrados por irregularidades en las Comisiones de Postulación, especialmente por la evidencia recopilada con el caso del diputado patriota Gudy Rivera, que le ofreció la reelección a la jueza Claudia Escobar si anulaba un caso contra la entonces vicepresidente Roxana Baldetti por hacer campaña electoral anticipada.

Cristian Gamboa fungió durante cinco años como jefe de información y análisis de la CICIG; es otro de los artífices de la rigurosidad de la Comisión. Procesó la mayor parte de las investigaciones de la comisión, de las interceptaciones telefónicas e información documental. Velaba porque se aplicara la metodología de análisis y porque los casos se presentaran de forma sólida.

Ulate, durante una audiencia en la Corte de Constitucionalidad.

Se asociaron con un empresario de trayectoria en el país, José María Coma. Llegó a ser gerente de Tigo hace 15 años, época en la que la empresa ya basaba parte de su competitividad en financiar y sobornar a políticos. Afectados por la ley de Telecomunicaciones del gobierno de Álvaro Arzú (PAN) –que privatizaba Guatel y abría el mercado de la telefonía celular– Tigo apoyó al candidato opositor, Alfonso Portillo (FRG) –según declaraciones entonces de un oficial de Millicom–.

Y después dieron cheques a su secretario privado, Julio Girón; al hermano del gerente de Guatel, Luis Fernando Del Pinal; y a César Medina Farfán, amigo de Portillo y hoy detenido por recibir sobornos junto al yerno del expresidente Otto Pérez Molina en el caso Jaguar Energy. A cambio de los cheques, Tigo recibió el monopolio de una banda de telefonía. Eran ventajas parecidas a las que Tigo –ya sin Coma en la gerencia– logró 15 años después con permisos para la instalación de antenas durante la mayoría del PP y Líder en el Congreso. Por esto está siendo investigada en Suecia.

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Uno de los subjefes de la FECI-CICIG

La consultora ‘Estratégica Legal’ aspira a un plantel de lujo. La firma, según tres fuentes de Nómada, contratará a José Antonio Morales, uno de los subjefes de la fiscalía especial contra la impunidad del Ministerio Público, la FECI, que está a cargo de la investigación del caso La Línea. Tiene el mérito de haber dirigido al equipo del MP que tiene en prisión preventiva a Pérez Molina, Baldetti y una veintena de operadores más. La FECI es la fiscalía del MP que es la contraparte de la CICIG, indispensable para las investigaciones y los litigios en tribunales.

José Antonio Morales confirmó a Nómada que le presentó su renuncia a la Fiscal General el pasado 10 de noviembre. No dijo cuáles eran sus motivos para dejar el MP porque la renuncia no ha sido aceptada. Dijo que tiene una relación de amistad con Ulate y confirmó que recibió una oferta de trabajo. “A ambos (Ulate y Gamboa) los conozco muy bien. Creo en la capacidad de ambos. La oferta de trabajo para mí es muy importante porque sé de la calidad profesional de ambos, pero mientras yo formalmente no tenga una respuesta del Ministerio Público sobre mi renuncia, sería irresponsable confirmar que voy a trabajar con alguien más”.

Este subjefe de la FECI –es el jefe del grupo de trabajo que lleva este caso, pero hay otros subjefes encargados de otros casos– tiene pendiente presentar las acusaciones formales y más evidencias contra los implicados en la Línea. Considera que cualquier persona que trabaja con él en su equipo de trabajo está en capacidad de continuar con las investigaciones y sostener la acusación en un juicio.

El aliado del viejo sistema

Esta alineación estelar de abogados y analistas tiene otro matiz. Han ofrecido sus servicios a varios bufetes y empresas. Entre los grandes bufetes corporativos, se dividen entre los tradicionales y los emergentes. El más importante de los emergentes es D’LOVI, el de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, que ha prestado sus servicios a una de las dos cerveceras o uno de los cuatro bancos más grandes del sistema.

La historia de López Villatoro empezó en 2001, cuando fue designado por su entonces suegro y presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, para cabildear la reforma de la Ley de Colegiación, para romper la hegemonía de los grandes bufetes en el Colegio de Abogados y en la elección de jueces. López Villatoro, de Cuilco, Huehuetenango, y campechano como pocos, hizo fortuna importando tenis de China. Afinó su influencia sobre las cortes por medio de cenas y fiestas para abogados, y pagando viajes a posgrados en Sevilla, España, a quienes después impulsaría como jueces. Desde el establishment y la sociedad civil se le acusó de ser un mero contrabandista, y tras una publicación periodística de 2001 se le conoce como “el Rey del Tenis”. En un ejemplo de su influencia y de las diferencias entre el mundo mediático y el mundo de la política, los diputados y abogados emergentes entrevistados por Nómada, se refieren a López Villatoro únicamente como “el Rey”.

El Rey, después de una votación en el Colegio de Abogados, en la que se enfrentó a las planillas de Roxana Baldetti y Pérez Molina, en 2015.

En la historia política nacional, el Rey pasó de ser el malo de la película porque le arrebató la hegemonía de las cortes a los bufetes tradicionales, a ser el aliado de parte de la sociedad civil y la embajada estadounidense para derrotar a los grupos cercanos a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Su valor en el mercado viene de haber colocado a abogados subalternos como jueces para asegurarse buena parte de las victorias en tribunales.

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López Villatoro incluso participó en la creación de algunas universidades privadas –el otro bastión del sector privado en las Comisiones de Postulación–. “Después de ir ganando en el Colegio de Abogados, nos dimos cuenta que (los tradicionales) nos seguían ganando en las comisiones de postulación por las universidades privadas, y entonces nos pusimos a crear algunas para competirles”, dice uno de sus aliados. Es decir,  es uno de los actores de poder del sistema de justicia que se basa en colocar a jueces aliados para ganar casos en el mercado y en la política guatemalteca.

¿Es ética esta consultora?

Investigadores de la CICIG, periodistas y empresarios no tienen duda de la ética profesional de Christian Ulate, Christian Gamboa y José Antonio Morales. Asesores de la CICIG aseguran que los primeros dos salieron en buenos términos de la Comisión, que nunca faltaron a la ética y que sus actuaciones fueron muy rigurosas. Ulate defiende en una entrevista con Nómada su derecho a formar un bufete: “La fiscalía es una escuela (para un abogado) en determinados puntos. Iniciar en un bufete conocido o abrir uno es parte de su derecho de trabajo y bienestar”.

A esto se suma un detalle. Los salarios en el Estado para los mandos medios –como José Antonio Morales, subjefe de la FECI– no son nada competitivos en comparación a los salarios del mercado. Y esto no va a cambiar pronto. Los grandes empresarios, que prefieren contratar a los mejores abogados en el mercado, se oponen a pagar el impuesto adicional para la justicia que propuso el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y que la UNE ha convertido ya en iniciativa de ley. Además, los medios tradicionales satanizan cualquier aumento o bono que se le quiera dar a los trabajadores de una institución estatal, por más que puedan ser independientes de los poderosos o metan a todo un gobierno corrupto a la cárcel.

Ulate y Gamboa aseguran que nunca conocerán casos contra la CICIG ni usarán información privilegiada a la que tuvieron acceso. Las fuentes en la CICIG no dudan de su ética. Los únicos que los han señalado han sido la sección de chismes elPeladero y un reportaje en elPeriódico en el que citan fuentes que aseguran que ofrecen impunidad en casos de la CICIG. Otra fuente de ese reportaje de elPeriódico coloca al empresario y periodista Quique Godoy como socio de ‘Estratégica Legal’. No es cierto. Godoy es dueño del edificio en la zona 10 que renta una oficina para la consultora. “Cuando Chema Coma me pidió un local para la consultora, pedí referencias al anterior patrono de sus dos socios, que era la CICIG, y el comisionado Iván Velásquez me dijo que Ulate y Gamboa habían salido en buenos términos”, dice Godoy.

Que exabogados de la CICIG y la FECI creen un bufete con un exgerente de Tigo, que puede prestar servicios a bufetes como el del Rey del Tenis plantea dudas sobre la legitimidad y sobre el sistema. Tigo ha financiado a políticos y está siendo investigada por sobornos. Y López Villatoro ha colocado a abogados afines como jueces para ganar casos.

¿Es esto una legítima decisión de abogados que quieren crecer como empresa después de sus éxitos en la CICIG y el MP y después de trabajar para fortalecer la justicia en Guatemala? ¿O es esto una estrategia del bufete de López Villatoro para contratar a algunos de los mejores abogados de la CICIG y debilitarla?

Se cuestionó a Ulate y al empresario Coma.

– Usted tiene experiencia investigando corrupción judicial, y sabe que Roberto López Villatoro es como una persona que influía en el nombramiento de jueces. ¿No le produce un conflicto ético llegar a concretar alguna consultoría con él?, se le preguntó a Ulate.

– Yo no lo hubiera escuchado (para conversar sobre servicios legales) si en algún momento se hubiera acusado formalmente a esa persona. Pero una cosa es lo que dicen y lo otro es que se pueda probar. Nunca me voy a sentar con una persona que haya sido acusada (formalmente ante un juzgado). En la CICIG se abrió el espacio para que cualquier ciudadano vaya a denunciar, y denuncias contra todos los ciudadanos pueden haber. Yo puedo decir ah, vinieron a denunciar a este ciudadano entonces no me siento con él porque fue denunciado a la CICIG. Entonces no me podría sentar con media Guatemala. O con toda Guatemala, porque una mitad acusó a la otra. Una cosa es denunciar y otra procesar a alguien. Sé lo que se especula, lo que se habla (de Roberto López Villatoro). Yo en particular estoy en contra de las comisiones de postulación y así se lo expresé ese día (que hablaron).

Coma añade el valor mercantil de la consultora. “Cuando me dijeron que querían poner un bufete yo les dije que por qué no hacer una consultora. Christian (Ulate) es un experto en análisis de bases de datos. Podemos ayudar a muchísimas personas a utilizar la altísima tecnología que ellos conocen para aplicarla a los análisis de datos en las empresas, ayudarlos a evaluar riesgos, buscarles estrategias de mitigación de riesgos (…). Cuando formamos este proyecto la bola se corrió. Se nos acercaron tres o cuatro bufetes, y entre ellos aparece don Roberto López. Nos pregunta qué queremos hacer. Nos ofrece asociarnos pero nos negamos. Somos tres socios y no necesitamos a nadie más y tampoco vamos a dar exclusividad a ningún bufete de abogados”, asegura Coma.

López Villatoro confimó a Nómada su interés en contratar los servicios de Gamboa, Ulate y Coma. Él dice que se reunieron porque los tres socios de Estratégica se lo solicitaron. Él les pidió exclusividad, pero los exCICIG no aceptaron. Ahora negocian una capacitación en materia penal y de investigación. "Ellos me comentaron que iban a seleccionar a los bufetes de prestigio con los cuales iban a hablar. Pero no hemos llegado a ningún acuerdo", dice. También rechaza haber "reclutado" a Ulate y Gamboa.*

Su incursión en el mercado legal guatemalteco, afirman los dos “excicig”, es aportar para que los casos se basen en análisis y litigio, y no en sobornar a jueces.

– Un abogado me dijo, cuando yo trabajaba en la CICIG: Christian, qué bueno que esto está pasando (los casos como el de La Línea o el IGSS), porque ahora sí nos buscan a nosotros, a los que vamos a hacer defensas técnicas y jurídicas, no a pagar jueces, dice Ulate.

El costarricense defiende en que no hay nada de malo en ofrecer servicios profesionales a López Villatoro ni en intentar que se les una José Antonio Morales, el jefe de la FECI. “Si él (López Villatoro) quiere elevar (mejorar) su bufete y nosotros le podemos colaborar en algún sentido para que haga las cosas bien –si es que ha hecho algo malo– pues qué bien. Yo quisiera pensar que a las personas malas, su maldad se les demuestre en los tribunales de justicia, con pruebas, bases sólidas y argumentos”.

Sobre Antonio Morales, responde: 

“A él yo lo busqué porque sabía que se quería salir del Ministerio Público. No conozco sus motivos. Cuando yo me enteré de eso, lo busqué. ¿Quién no va a querer tener en su equipo a José Antonio Morales? ¿Quién? Trabajamos de la mano en muchos casos y conozco su profesionalismo y su ética de trabajo. No queremos que se interprete que nos llevamos al caso de La Línea. Yo no sé por qué se ve mal. En Estados Unidos, los mejores bufetes se llevan a los mejores fiscales”.

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El tema ha desatado un torbellino. El viernes 27, la fiscal general, Telma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez, han salido al paso para decir que confían en la integridad de estos investigadores y que tienen derecho a hacer su propia consultora. La cancillería le revocó las visas de trabajo a los dos costarricenses.

(*) Éste párrafos se agregó a las 11:33 horas del 26/11/15.