Salvador González, Eco, dijo que Ricardo Grijalva provocó que su familia tuviera que salir de Guatemala porque lo amenazó para que no declarara contra el expresidente de la República. Grijalva no ha sido demandado por esa amenaza de muerte. Pero tampoco ha sido acusado por el caso IGSS-Pisa, un soborno por el que han muerto 49 pacientes renales.
La historia entre ambos data, al menos, del 26 de mayo de 2010, cuando Ricardo Grijalva ejerció de notario en un contrato de arrendamiento para Eco. Según consta en el Archivo de Protocolos del Organismo Judicial, Salvador González, quien entonces era representante legal y gerente general de Comunicaciones IBW, una empresa de telefonía y televisión por cable, acordó arrendar un apartamento por Q1,000 mensuales, ubicado en la Avenida Reforma 8-95, en el Edificio Avenida, de la zona 10. Eco arrendó el apartamento a un estadounidense que exportaba café.
Ricardo Grijalva no está detenido, pero era un hombre indispensable en el sistema de corrupción del gobierno del Partido Patriota. El abogado Grijalva fue el único desconocido que mencionó reiteradamente Eco en su declaración como colaborador eficaz antes de Semana Santa. Eco acusó a Grijalva de amenazarlo si declaraba contra Otto Pérez Molina y también dijo, sin especificar su rol, que participaba en La Línea. Grijalva, que desde la sombra colaboró con Pérez Molina y su mano derecha Juan de Dios Rodríguez, es el puente entre estos dos casos que despertaron la indignación ciudadana que movió al país en 2015.
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El presunto mensajero también aparece mencionado dentro del informe que la CICIG elaboró del caso IGSS-Pisa: “La investigación ha permitido recopilar los suficientes elementos probatorios para señalar, más allá de la duda razonable, a Otto Fernando Molina Stalling, Herbert Rodolfo García Granados, Edgar de La Peña, Ramiro Lorenzana, Arturo Castellanos Poou y Ricardo Alfredo Grijalva Rodríguez”.
El documento es parte de la acusación formal que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y que sirvió de base para que la jueza Silvia de León abriera juicio contra los señalados. Todos menos él. Un hombre externo al seguro social que cabildeaba para que se dieran contratos con procedimientos fuera de la ley.
El abogado de los Stalling
El 31 de octubre de 2014, el MP y la CICIG tenía intervenido el teléfono de Otto Fernando Molina Stalling, asesor del IGSS implicado en el caso IGSS-Pisa. La Fiscalía y la Comisión escucharon en esa intervención telefónica que daba instrucciones para remitirle a “Ricardo”, “el tío” los datos concretos sobre el evento de licitación de diálisis peritoneal con Pisa.
El informe de la CICIG perfila al abogado Grijalva como un hombre con estrechos vínculos con la familia Molina Stalling, cuya matriarca es Blanca Stalling, magistrada y principal enemiga de la CICIG en la Corte Suprema de Justicia. El abogado Grijalva fue el asesor y notario de confianza de Stalling cuando ella empezó a construir su capital político una década al frente del Instituto de la Defensa Pública Penal. En 2009 participaron juntos en la constitución de los estatutos de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.
Además, el abogado Grijalva firmó, el 19 de abril de 2010, el acuerdo de donación de un terreno municipal en Jalapa para el Instituto de la Defensa Pública Penal dirigido por Blanca Stalling.
La relación entre la magistrada y el abogado migró hacia el gobierno del Partido Patriota; en especial hacia sus principales negocios, el de La Línea y el del IGSS. En el IGSS, Grijalva fue quien analizó si se comprometían con la empresa Pisa para el contrato de pacientes renales. La CICIG y el MP acusan a toda la directiva y a varios funcionarios de haber otorgado el negocio de Q116 millones ($15 millones) a cambio de un soborno del 15%.
El abogado Grijalva era el contacto que daba seguimiento al avance de la contratación de Pisa. Era quien analizaba cuáles eran los riesgos de perder dinero en el negocio. Era el alfil dentro del IGSS para ganar ilícitamente concursos e incidía en la tramitación del evento licitatorio a cambio de una comisión indebida, dice la CICIG en el informe de investigación entregado al Ministerio Público y que ahora es parte de la acusación formal contra el resto de implicados.
La bonanza de los representados por Grijalva (gracias al PP)
El abogado Ricardo Grijalva es mandatario de 13 empresas y tiene un bufete junto a su hermano, Estuardo René Grijalva. Se llama Servicios Legales (Serlegal).
De las 13 empresas en las que tiene mandato legal, sobresalen cuatro: Hesa, Sergesa, Constructora Jireh y la constructora Serdelco. Estas destacan porque todas son propiedad del empresario emergente Jaime Aparicio, cercano a Roxana Baldetti y el Partido Patriota.
Serdelco y Jireh han tenido millonarios contratos a través del Fideicomiso Vial y el Ministerio de Comunicaciones. Según Guatecompras, durante el gobierno del Partido Patriota entre 2012 y 2015, cobraron Q741 millones (US$90 millones) en trabajos de construcción y mantenimiento de tramos carreteros.
Pero la bonanza de estas dos empresas no empezó con el PP. Durante el gobierno de la UNE, Serdelco tuvo contratos por Q530 millones para la reconstrucción tras la tormenta Agatha. De ocho contratos, la mitad fueron desde el Fondo de Solidaridad, dirigido en 2011 por Armando Escribá, uno de los principales financistas de la campaña de Manuel Baldizón en 2011 y 2015, y actual diputado por Jutiapa, antes de Líder y ahora de la nueva bancada Alianza Ciudadana.
Según el Archivo de Protocolos, Grijalva también ha tenido relaciones notariales con Escribá: fue él quién hizo el mandato para que el ahora diputado estuviera al frente de Inmobiliara Japa, una de las sociedades de Jaime Aparicio.
El futuro de Grijalva
Nómada intentó hablar con el abogado. Pero su bufete, ubicado en la 8 avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, no tiene timbre y su teléfono está desconectado.
El MP y la CICIG tienen abierta una investigación contra Grijalva. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) no quiso ahondar en detalles.
Está por verse si incluirá a los casos de La Línea, de IGSS-Pisa, las amenazas contra Eco, los contratos de la constructora Jireh o su relación con los financistas Aparicio y Escribá, ahora diputado de la bancada Alianza Ciudadana.
Es curioso que los servicios de IBW ahora son parte de TigoStar
Moisés Berducido /
Falta, junto a este Grijalba y el "Tio Güicho" Mendizabal, Erick Archila y la relación entre los medios de prensa y el gobierno del PP. RECUERDEN: salvo dos medios, por obra y gracia de sus propietarios, nadie criticaba a PP. E incluso Zamora, era amigo personal de OPM y se enemistó con él, cuando se dio cuenta la clase de ladrón que era.
Perico Picón /
Mas creo que se enemistó cuando le retiro las pautas publicitarias... Además todos saben que el verdadero cerebro no era la r ni el 1; el plan lo fabricó ECO; flamante catedrático de financiera de la marro en los 90, desde allí venía enseñando como eludir y evadir impuestos. Los otros dos pendejos no tenían el alcance ni tiempo para dedicarse a ese rollo, como bien lo hizo el eco auxiliado por su mero cuate monzón.
alfonso villacorta /
con este que mencionan mas mendizabal, como que la justicia no es tan justicia y corre el peligro de ser un show mas