Un país donde quepan progresistas y conservadores

Las reflexiones mencionadas me recordaron un artículo aparecido hace algunos años –al que desafortunadamente le perdí la pista– en el que Francis Fukuyama analizaba la crisis financiera global desatada en 2008 y sus efectos políticos y sociales en el mundo occidental. Recuerdo el argumento central: que el desarrollo de la democracia liberal era el resultado del contrapunto histórico entablado entre las ideas de la derecha y las de la izquierda, movilizadas cada una por formaciones políticas que competían políticamente dentro de un marco de legitimidad democrática. El comentario venía a colación por la crisis desatada por un capital financiero especulativo desbocado, cuyos efectos ponían en entredicho el contrato social sobre el que se funda el sistema político democrático de la pos-guerra mundial.

Si mi memoria no me falla, Fukuyama –alguien de quien difícilmente puedan sospecharse tendencias izquierdistas– argumentaba que la pérdida de la imaginación de la izquierda contemporánea para proponer alternativas económicas al capitalismo globalizado y movilizar a la opinión pública, había generado el marco político que dio lugar a los excesos del capital especulativo. Las brechas de desigualdad creciente causadas por dichos excesos erosionaban el contrato social que, en Estados Unidos y Europa, era resultado del contrapunto que entre mediados del XIX y la segunda mitad del XX había tenido lugar entre partidos políticos de derecha e izquierda. Pero la izquierda del pos-guerra Fría había perdido la imaginación crítica propositiva –argumentaba– y la lógica voraz de la derecha se había desbocado: la social-democracia se dedicaba a la administración de un sistema de bienestar social cada vez más devaluado y menos viable, y la derecha lo único que perseguía sin consideraciones de ningún tipo era obtener cada vez mayores ganancias. El resultado era un sistema político –la democracia– en fase de inestabilidad y crisis. No olvido el artículo porque su corolario, de la pluma de un intelectual conservador, era que el mundo necesitaba que la izquierda recuperara su capacidad propositiva y movilizadora para forzar a la derecha a renegociar un nuevo contrato social.

Dos observaciones: la primera es que Fukuyama se refería a las expresiones de la derecha y la izquierda que habían devenido mayoritarias y que, mediante la competencia electoral periódica, se alternaban en la conducción política de los Estados del área euroatlántica. Esas expresiones de centro-derecha y de centro-izquierda han sido dominantes, pero no únicas: las derechas y las izquierdas extremas fueron empujadas a los márgenes del sistema, pero no desaparecieron. La segunda es que el comentario no es válido para Latinoamérica, una región en la que –como lo menciona él mismo en otro texto– la construcción de contratos sociales es, mayoritariamente, asignatura pendiente.

Las élites políticas que construyeron nuestros países no tuvieron las motivaciones de sus contrapartes europeas para entrar a negociar con los movimientos sociales y las clases medias emergentes el establecimiento de sistemas políticos más justos, y la coerción siguió siendo su recurso favorito para la gobernabilidad. Como Tilly lo hizo evidente, las guerras internacionales que caracterizaron el entorno geoestratégico europeo del siglo XVII en adelante fueron el estímulo que llevó a las élites europeas al pacto social: la cohesión social interna era requisito indispensable para sobrevivir un entorno geográfico marcado por las guerras. Centeno aclaró que sin ese imperativo –Latinoamérica ha sido una de las regiones de menor belicosidad internacional– las élites latinoamericanas prefirieron mantener durante buena parte del siglo XX –no se diga el XIX– la dominación por la fuerza, sin concesiones a los sectores populares y medios, y sin pretensiones de establecer un verdadero contrato social. Y en este marco, el contrapunto político entre izquierda y derecha no ha sido sobre la negociación de los términos y los alcances del contrato social en el que se funda el sistema democrático, sino sobre su constitución misma, disputa que en sociedades aún no ‘pacificadas’ se instauró en un círculo vicioso de represión-insurgencia.

Es en términos de la necesidad de construir un verdadero contrato social –más allá de la política de la coerción y la violencia– que debemos entender la función de la política en nuestro país y en nuestro tiempo, y la necesidad de un contrapunto entre propuestas alternativas que le den contenido. La firma de los Acuerdos de Paz, condicionada por procesos internos e internacionales, cerró un ciclo histórico de violencia pero –por razones que no caben en estas líneas– no alcanzó a constituir el ‘pacto social’ que requiere la democracia. La tarea de aprovechar el fin del enfrentamiento armado interno para construir ese pacto era la responsabilidad de la clase política que monopolizó el sistema, y que –ya lo hemos visto– fracasó estrepitosamente; la tarea estaba más allá de su (des)interés, de su (in)competencia, y de su (in)moralidad. En su lugar, lo que ha surgido es un Estado fragilizado por la corrupción, de precaria legitimidad a ojos ciudadanos, y penetrado por grupos de élites tradicionales o emergentes que lo intentan ‘secuestrar’ para ponerlo al servicio de sus intereses, más o menos espurios.

Pero eso ya lo sabemos. Lo que vale la pena resaltar es que en el abordaje de esa asignatura pendiente –la construcción de un verdadero contrato social– vamos a requerir imaginación, propuesta y movilización. De ambos lados. La urgencia de una reconstitución de la clase política guatemalteca en torno a organizaciones que persigan idearios políticos –y no intereses espurios u oportunidades de enriquecimiento personal– y movilicen la opinión pública en su apoyo, estriba en la necesidad de negociar un verdadero contrato social en cuyos perfiles y condiciones mínimos puedan verse reflejados los distintos sectores políticos, y que cimente instituciones políticas sólidas y legítimas. Esa es una tarea que no podrán hacer ni la derecha ni la izquierda solas; ninguna, por sí sola, tendrá el alcance que requiere la representación y negociación de los variados y muchas veces contrapuestos intereses de una sociedad guatemalteca cultural y socialmente diversa. Pero ambas –sus expresiones políticas organizadas– tendrán que desarrollar la voluntad y las capacidades para acometer esta tarea de manera constructiva y liderar un proceso social de debate y reflexión pública.

Y por si cupiera la duda, la referencia al ‘contrato social’ no es a un pacto o documento de carácter oficial y legal, resultado de un proceso de negociación formal entre actores determinados. Es la referencia al entramado de acuerdos que en una sociedad se tejen día a día en múltiples y variadas interacciones –formales e informales–, que se sustentan en un marco de valores y principios compartidos. Es un ‘contrato’ que emerge de y se refleja en la constitución y en cada una de las leyes que se legislan; en la forma como la interacción entre autoridad política y ciudadanía se lleva a cabo; en el contacto cotidiano entre policía y vecino, entre funcionario y ciudadano; en la naturaleza de las relaciones entre los distintos sectores sociales; en el respeto o el desprecio con el que nos referimos a y nos relacionamos con los demás, y, especialmente, con quienes consideramos ‘diferentes’. Es un contrato que se re-escribe y se re-fuerza en cada una de las interacciones que constituyen el entramado social y en la medida con que expresan esos valores y principios subyacentes, y que al hacerlo, les dan vida y los van transformando.

(Continuará en la siguiente entrega).