Un soborno de Q18 millones que costó 13 vidas

El caso era uno más entre centenares de adjudicaciones. Todo parecía normal. Dos empresas competían por tratar a pacientes con problemas con los riñones. Y la competencia en Guatecompras.gt aparecía como una en la que había ganado la oferta más barata para el Estado.

Pero habían dos detalles. Uno es que a la empresa que tenía todo para ganar no la dejaron seguir compitiendo por trámites de forma (pidieron una documentación para un martes y la notificación le llegó un miércoles) y el otro es que había una negociación tras bambalinas.

Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, es una farmacéutica de origen mexicano que no tenía nada de experiencia en diálisis peritoneal ni atención de pacientes renales. Desde el 2005, año en que empezó a proveerle al Estado, anualmente ganaba concursos entre los Q770 mil y Q5 millones. La mayoría de contratos que se le adjudicaban eran compras de medicamentos.

Hasta el año pasado, cuando Juan de Dios Rodríguez ya estaba asentado como presidente del IGSS y era el operador político del presidente Otto Pérez Molina. Rodríguez tenía como asesor a Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, la misma que salió en las escuchas telefónicas entre los integrantes de La Línea, la misma que es la magistrada estelar de las elegidas por el Partido Patriota en el Congreso.

Con Rodríguez y Molina Stalling, Pisa saltó de categoría. Participó en una licitación dirigida. Sin experiencia en atención a pacientes renales, sin médicos, sin infraestructura, ni centro de diálisis, logró que el 17 de diciembre de 2014 el IGSS le adjudicara el contrato por Q116 millones. Un mes después, la entidad era una de las 60 empresas que financiaban un suplemento en matutinos felicitando al gobierno por sus grandes logros en el tercer año de gestión y por “llevar al país en el rumbo correcto”.

Ese salto habría costado hasta Q18.6 millones de comisión y hasta hoy, la cabeza de Juan de Dios Rodríguez y Julio Suárez, presidentes del IGSS y del Banco de Guatemala, respectivamente.

Una investigación del Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) permitió la detención de casi toda la Junta Directiva del IGSS, la Junta de Licitación que avaló el contrato de servicios de diálisis peritoneal, y dos directivos de la empresa que ganó el concurso. Rodríguez estuvo a punto de ser capturado, pero para evitarlo ésta mañana se internó en Hospital Maranatha por diabetes, ansiedad, depresión, reflujo gástrico y enfermedad péptica.

Sí fueron detenidos, Suárez, quien además de presidir el Banguat es vicepresidente del IGSS; Jesús Oliva Leal, representante de la Universidad de San Carlos en el Seguro Social; Erwin Raúl Castañeda, decano de Facultad de Medicina de misma casa de estudios, y delegado del Colegio de Médicos; Max Quirin, nombrado por el sector privado, y Julia Lotán Garzona, del Sindicato de trabajadores de la entidad.

También fueron aprehendidos Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada y presidenta de la Cámara Penal, Blanca Stalling, Herberth Rodolfo García-Granados Reyes; Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña, vocero y gerente de ventas de Pisa.

La reacción de Otto Pérez

El presidente Otto Pérez Molina, blanco de la manifestación que ha reunido a 60 mil personal en la Plaza de la Constitución para pedir su renuncia por los casos de corrupción que han desatado la CICIG y el MP, dio declaraciones en respuesta al nuevo escándalo.

“Qué bueno que estás cosas están saliendo a luz. No es posible que el sistema siga permitiendo que este tipo de abusos se estén cometiendo.” “Yo acepto parte de la responsabilidad”. “Yo deposite confianza en algunas de estas personas. Pero eso no quiere decir que yo me haga responsable de los hechos. Ellos han defraudado la confianza que yo deposite en el momento”, fueron algunas de sus frases durante la conferencia de prensa.

En conferencia de prensa, Iván Velásquez, jefe de la CICIG, afirmó que la estructura para favorecer a Pisa habría sido dirigida por Mollina Stalling y García-Granados Reyes. Ambos se habrían comprometido con los directivos de Pisa a lograr que la adjudicación del contrato fuera para ellos a cambio de una comisión.

“De acuerdo con las conversaciones escuchadas por interceptaciones se determinó que entre el 15 y el 16 por ciento se le cobraba a esta empresa contratista para que se le adjudicara el contrato de diálisis”, dijo Velásquez.

Todas las carencias médicas de Pisa para poder ganar el concurso, fueron desvanecidas por Molina Stalling y García-Granados Reyes. También influyó colaboración de Medicina Corporativa, Sociedad Anónima (Medax) que firmó un contrato por Q7 (sí, siete quetzales) para arrendarle a la empresa tres habitaciones del Hospital Las Américas y que pudiera utilizar los servicios de nefrólogos (especialistas en enfermedades renales) y enfermeras. Así, con la ayuda de Medax, Pisa parecía cumplir con todos los requisitos.

Al IGSS no le importó que en realidad se tratara de una subcontratación y dejó fuera a Baxter, la empresa que fue la proveedora durante los últimos seis años. Los detalles de las negociaciones y el acuerdo para cobrar comisiones serán expuestos por la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, este jueves 22 de mayo en la audiencia de primera declaración de los sujetos capturados.

La jueza Silvia de León Santos, será quien conozca el caso. Pero a jurista fue incluida en el informe Los jueces de la Impunidad, elaborado por la CICIG cuando era dirigida por Francisco Dall´Anese. Fue señalada de favorecer al ex fiscal General, Carlos de León Argueta, al dejarlo en libertad y desvirtuar una investigación por lavado de dinero.

La lucha de los enfermos renales (contada por Nómada)

530 pacientes renales se organizaron para protestar por este negocio corrupto. Tuvieron que morir 17 pacientes renales, infectarse 97, existir una condena de la Procuraduría de Derechos Humanos por violación de los derechos de vida y salud, y presentarse una denuncia por homicidio culposo en el Ministerio Público para que lo detuvieran. Ante ese panorama, el pronunciamiento de Pisa era “tarde o temprano van a fallecer”. Ramiro Lorenzana, vocero de la empresa y hoy capturando, decía tener las pruebas para desligarse de los casos.

Aquí, la historia en tres reportajes.

El negocio del IGSS con una empresa que podría matar (literalmente) a 530 pacientes

Caso Pisa: van 54 personas infectadas y 5 fallecidas. Pacientes piden fin del contrato

De cómo 530 pacientes frenaron un caso de corrupción que había matado a 12 personas