El Tribunal Primero B de Mayor Riesgo programó para el próximo 11 de enero el segundo intento, el tercero, para juzgar a Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
El 10 de mayo de 2013, el tribunal encabezado por la jueza Yasmín Barrios condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel y absolvió a Rodríguez Sánchez. Diez días después, ante la presión del sector privado organizado, la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó su repetición.
La primera repetición fue programada para el 5 de enero de 2015. Pero presentaron una excusa médica para que el general no asistiera a la audiencia. Aducían una delicada enfermedad en la columna vertebral. La jueza Jeannette Valdés lo obligó a presentarse aunque fuera en camilla. Una ambulancia lo recogió en su casa y 40 minutos después entró al tribunal. En ningún momento se movió o habló.
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Ese día se salvó de enfrentar el segundo debate por dos razones: la jueza Jeannette Valdés, que encabezaba el tribunal, escribió en 2004 la tesis titulada “Criterios para una mejor aplicación del delito por genocidio”. La defensa del exjefe de Estado conoció el documento en junio de 2013, pero esperó hasta el 30 de diciembre de 2014, seis días antes de que iniciara el juicio, para apartarla del caso y detener el proceso.
Aunque Valdés aseguró que era imparcial, sus colegas jueces consideraron que ya había emitido opinión y dejaron que una Sala de Apelaciones decidiera si podía o no continuar el caso. Finalmente, la jueza quedó fuera del proceso.
A mediados de 2015, se confirmó a los integrantes del tribunal que juzgará a Ríos Montt: María Eugenia Castellanos Cruz, como presidenta; Sara Yoc Yoc y Jaime Delmar González Marín, como vocales.
Para el año 2016, el entramado legal alrededor del caso sigue siendo complejo y hay posibilidades de que una vez más, el inicio del juicio se retrase. El laberinto legal armado el 20 de mayo de 2013 por el fallo de Alejandro Maldonado, Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera cumple su cometido: evitar que se juzgue el genocidio.
Un juicio sin testigos
El jueves 3 de diciembre de este año, esta nota de Nómada revela que la Corte de Constitucionalidad (CC) notificó a los involucrados que el juicio sigue en pie. No se detendrá como lo había ordenado otra sala de apelaciones.
Para que esa decisión llegara tuvieron que pasar cuatro cosas: primero, el Tribunal B ordenó un juicio especial para Ríos Montt. El 25 de agosto de 2015 los jueces concluyeron, tras casi una decena de exámenes médicos, que el exjefe de Estado padece demencia senil y que por tanto el debate se realizará a puerta cerrada, con sus abogados y familia representándolo. Si es encontrado culpable por genocidio en el área ixil no será condenado con años de prisión, sino se le aplicarán medidas de seguridad. Prisión domiciliar o internarlo en un hospital.
Considerando que un juicio de esta magnitud tiene un costo millonario (económico, por el traslado de los testigos, peritos, familiares y el pago a todos los operados de justicia que lo tramitan; y social) y para evitar que los testigos fueran revictimizados, el Tribunal ordenó un juicio doble. Es decir, mientras Ríos Montt será juzgado desde su casa, Rodríguez Sánchez estará frente al tribunal escuchando las mismas pruebas, alegatos y argumentos. Todo a puerta cerrada; los medios de comunicación y la ciudadanía no podrán conocer los detalles del proceso.
Los abogados que representan a las víctimas estuvieron en contra de esto. Según el inciso 4 del artículo 485 del Código Procesal, un juicio especial se debe tramitar independientemente de cualquier otro.
“Las víctimas reclaman el derecho a la justicia, una justicia que se ha querido negar y esconder. Llevar ese juicio de forma conjunta y a puerta cerrada va en contra de eso”, dijo Edgar Pérez, abogado de las Asociación Justicia y Reconciliación. Por ese motivo presentaron un amparo, una protesta jurídica, que meses después fue denegado. Los magistrados le dieron la razón y ordenaron que el debate del 11 de enero se suspenda y que cada juicio se lleve por separado. El Tribunal debía decidir con cuál empezaba, si con el juicio especial a Ríos Montt o con el ordinario para Rodríguez Sánchez. Uno privado, a puerta cerrada, y otro público. No se definieron las fechas.
Pero todo dio un giro. Como la defensa de Rodríguez Sánchez buscaba un juicio pronto, apeló. Es decir, hay una contradicción entre los dos acusados, uno condenado y otro absuelto el 10 de mayo de 2013. Ríos Montt no quiere que el juicio se dé, pero Rodríguez Sánchez quiere que se juzgue lo más pronto posible.
La CC estuvo de acuerdo con sus argumentos, los de Rodríguez Sánchez.
El juicio para el 11 de enero de 2016 está en pie. A puerta cerrada, de forma conjunta. Sin embargo, los magistrados no explicaron el procedimiento que debía seguirse.
“Estamos preparando un documento para pedirle a la CC que aclare los puntos”, indica el abogado de los ixiles, Edgar Pérez. Quieren tener certeza de cómo escuchar (de nuevo) el testimonio de las víctimas y diligenciar el resto de pruebas.
Jaime Hernández, abogado de Ríos Montt, (obvio) tiene una interpretación diferente de lo que sucederá con el caso. “Lo que nos notifica la Corte es que automáticamente el 11 de enero comienza el juicio. Sin embargo, hay una resolución donde el mismo tribunal declara la incapacidad del general (Ríos Montt). La audiencia que se llevará a cabo no es un juicio, solo se le aplicará una medida de seguridad, sin un debate”.
El abogado Hernández, de Ríos Montt dice ya no tiene por qué enfrentar juicio. Él y el resto de abogados que defienden al general retirado planean presentarse a la audiencia del 11 de enero y que de una vez, el Tribunal le aplique a su cliente una medida de seguridad, que es equivalente a una condena en un juicio ordinario.
Héctor Reyes, abogado de CALDH, disiente de esa interpretación. Según explicó, para llegar a esa conclusión primero tendrían que diligenciar todas las pruebas.
Como todo este caso, la decisión de la Corte no es definitiva sino provisional. Esto supone el riesgo de que al reanudar el juicio, en cualquier momento se detenga.
“Pasó un año y estamos en el mismo círculo vicioso. Es un litigio malicioso”, dice Edgar Pérez. Hace un recuento de las recusaciones, amparos, exámenes médicos y concluye que la confusión generada por tantas acciones dentro del proceso no ha cambiado. La justicia y la impunidad siguen en el mismo lugar: en el limbo.
Lo que cambió este año fue que Ríos Montt, el una vez intimidante general que comandó un Estado criminal, fue declarado demente senil. Cambió que el general retirado Héctor López Fuentes falleció por una enfermedad terminal. O que el abogado principal de Ríos Montt, Francisco Palomo, fue asesinado. O que el país decidió luchar contra la corrupción y la impunidad. Todavía está pendiente de verse si esta incluye a la impunidad del pasado.
* Aspectos de forma de este reportaje fueron modificados el 9/12/15 a las 22.00.
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