Por qué dejamos de matarnos tanto en Guatemala (y por qué está en riesgo)

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Se esperaría que semejante éxito hubiera sido sistematizado por todos los involucrados, o por alguna institución al menos, pero no fue así. Nadie lo hizo.

Y es que el Gobierno de Guatemala no acostumbra a medir las cosas para ver si sus ciudadanos viven mejor. Le importa tan poco que es un país en el que no se ha realizado un censo de población desde 2002, hace quince años. Los gobiernos desde entonces prefirieron no hacer censos porque una ley decía que el número de diputados sería proporcional al de los ciudadanos del último censo. Y como no querían cargar con el enojo ciudadano con el aumento de diputados, no contaban a los ciudadanos. En 2016 finalmente se cambió la ley electoral para desenlazar ambos datos y desde finales de 2017 empezó a hacerse el censo.

Así que el primer objetivo de esta investigación fue hacer un cálculo de las vidas que se salvaron.

Se escogió el área metropolitana, los 13 municipios que conforman la Ciudad de Guatemala ampliada y que abarcaron el 40 por ciento de los homicidios entre 2008 y 2017.

Como no hay censos recientes que permitan saber a ciencia cierta cuánto ha crecido la población, se hizo este cálculo: con base en las cifrase de 2008, si hubiera seguido esa tendencia, ¿cuántos asesinatos se hubieran cometido, en números absolutos? La respuesta fue 4,030.

Una vez encontrado un punto de partida, empezamos a investigar qué provocó este descenso. Qué frenó la tendencia. Y no hay una respuesta unívoca.

Las cifras estratosféricas de violencia son herencia de la guerra más dura del continente en sus años más oscuros entre 1978 y 1992. Y como varios funcionarios que han estado involucrados en la lucha contra la impunidad, desde Nómada creemos que la violencia volvió a aumentar desde 2000 hasta 2008 por el regreso de la ‘limpieza social’ y por la impunidad casi absoluta en el país.

¿Cómo se convierte la ‘limpieza social’ en una política de Estado en democracia? Con el regreso de las Juntas de Seguridad, impulsadas primero por Alfonso Portillo (2003) con los exparamilitares y después con Óscar Berger (2004-2007). Muchas de estas juntas probablemente solo hicieron rondas en las noches, pero hay evidencias, como las que demostramos en uno de los reportajes y como han demostrado otros trabajos periodísticos, de sus asesinatos con total impunidad.

La limpieza social es el eufemismo para traducir el asesinato sistemático de ciudadanos desde ‘sospechosos’ de ser pandilleros en barrios pobres hasta reclusos que fueron masacrados en una cárcel a manos de policías en 2006.

¿Fue la ‘limpieza social’ estatal y vecinal el motor del aumento de la violencia hasta el techo de 2009? No lo sabemos. ¿Fue su freno institucional uno de los motivos para la reducción de homicidios? Consideramos que sí.

Después de esta investigación periodística tenemos esa y otras respuestas para explicar el descenso de los homicidios en Guatemala.

La respuesta más romántica vino desde la educación y la cultura. Desde 2008 hasta 2011, el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres lanzó el programa Escuelas Abiertas, que abrió las puertas de los establecimientos educativos públicos en horarios nocturnos y de fines de semana para programas de arte y de deporte. Esto pudo incidir en las reducciones, pero fue destartalado por el siguiente gobierno en 2012 sin evidencia estadística. Y a pesar de su cierre, la reducción continuó durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Hay tan poca información sobre el descenso que hubo barrios y autoridades que respondieron que la reducción fue gracias a la instalación de cámaras de videovigilancia, pero las cámaras nunca funcionaron. Sostienen que un placebo inhibió a las personas de cometer crímenes.

Hubo otros casos que encontramos que son macabros. Uno en el que los vecinos y las autoridades aseguran que el descenso se debió a que un grupo de ‘limpieza social’ colgó a los últimos acusados de delincuentes en el barrio.

Esto contradice a una de las intervenciones que más se repite desde la academia y que es reconocida en parte por las autoridades que investigaron crímenes: la persecución penal a la ‘limpieza social’ desde las autoridades del Ministerio Público, Gobernación y el apoyo de la CICIG.

Desde 2009, la CICIG, el Ministerio Público y Gobernación empezaron a investigar y llevar a juicio a grupos élites de la Policía Nacional Civil acusados de participar en casos de ‘limpieza social’. Las instituciones que investigaron tuvieron responsables: Amílcar Zárate, Gloria Porras, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana en el Ministerio Público. Carlos Menocal, Mauricio López Bonilla y Francisco Rivas en Gobernación. Tantos jueces valientes que sentenciaron a los responsables. La CICIG.

Las organizaciones de derechos humanos fueron las primeras que lo denunciaron, publicaciones periodísticas siguieron, y en una transición poco común en países como Guatemala, los funcionarios públicos tomaron la estafeta y empezaron a combatir la limpieza social en sus instituciones. Dejaron de lado las retóricas de terrorismo sobre los criminales y empezaron a desarticularlos con investigaciones. Varios funcionarios y actores claves coincidieron a lo largo de las entrevistas en la importancia de estas investigaciones para la reducción de la ‘limpieza social’.

Otro disuasivo para los potenciales asesinos fue el trabajo combinado entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación.

Allí están los únicos que reivindican haber frenado con sus acciones diarias los asesinatos. Con interceptaciones telefónicas a bandas de sicarios, pandillas y otras estructuras criminales lograron detener a quienes estaban a punto de cometer asesinatos y acusarlos en tribunales porque los grabaron planificándolos. Encontraron armas que habían sido usadas para distintos delitos y pudieron llevar a juicios a los responsables. Desarticularon clicas de pandillas para convencer a integrantes de traicionarlas y colaborar con las autoridades para frenar más crímenes. Pero ellos mismos matizan que no son los responsables de todas las 4,030 vidas salvadas.

Nos sorprendimos con muchas cosas. Una de ellas es que no hay evidencia que la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, a diferencia de casos paradigmáticos de Colombia o de Estados Unidos, haya intervenido en este descenso, a pesar de haber sido uno de los municipios más violentos, con 124 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en donde se redujeron hasta 70.

En el área metropolitana se redujeron de 86 por cada 100 mil hasta 50. Pero todavía tiene una tasa que representa el doble del promedio nacional.

Quizás por eso la única certeza que encontramos en estos nueve meses de investigación fue que en todos los barrios visitados, en donde ahora se mata pero antes se mataba más, el descenso no es suficiente. La gente en los barrios, salvo con una excepción, no ha notado la mejoría y todavía está lejos de vivir en paz.

Las cosas podrían estar peor. En México es un subibaja en las tasas de asesinatos. En Honduras hay un descenso pero las organizaciones civiles no lo consideran real porque hay muertos que no se cuentan. En Honduras y El Salvador sobreviven con el doble de asesinatos.

Pero es imperdonable que el Estado de Guatemala no sea capaz de contar a sus ciudadanos vivos. Ni de explicarles por qué morían más y por qué ahora mueren menos. Ni de asegurarles que en la próxima década continuarán viviendo más y mejor.

Esta investigación de Nómada sale a la opinión pública en un momento crítico. El más crítico de la última y en el que se pone en riesgo todos los avances. El presidente Jimmy Morales, sus asesores militares y su aliado municipal Álvaro Arzú amenazan con destruir la coordinación y la confianza entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación con tal de garantizarse impunidad para casos de corrupción.

Están decididos a convertir legalmente en terroristas a las pandillas con tal de ganar oxígeno político en Guatemala y en Washington, siguiendo el camino fracasado de Honduras y El Salvador.

Parecen decididos a destruir toda la última década con tal de gobernar dos años más y asegurarse impunidad.

Pero no podemos permitirlo. Ni los periodistas ni las organizaciones ni los ciudadanos ni los policías ni los fiscales ni los jueces.

Porque tenemos que salvar más de 4,030 vidas guatemaltecas. Y tenemos que asegurar que llegan al Estado funcionarios que se preocupan al menos por contarlas. E idealmente, porque vivan mejor.