Estas son las 4 deudas del Estado con la familia Molina Theissen

En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco buscar el cadáver del niño Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido desde 1981. En 2018, tras un juicio histórico en el que cuatro militares fueron condenados, tampoco cumple con la búsqueda del cuerpo, ni con otras exigencias de la Corte.

Un tribunal condenó en mayo de 2018 a los responsables de la desaparición del niño Molina Theissen y de la tortura y violación de su hermana, Emma Guadalupe, ocurridos en Quetzaltenango en 1981. Una semana después, también ordenó a varias instituciones públicas reparar los daños causados a la familia y honrar la memoria de sus víctimas.

Entre esas medidas está cumplir con la sentencia de la CIDH emitió en 2004. La Corte ordenó al Estado buscar el cuerpo del niño, crear un banco genético, aprobar una Ley para la búsqueda de desaparecidos y pedir perdón por la desaparición de Marco Antonio, en un acto público. Catorce años después, estas cuatro acciones son memoria histórica pendiente.

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Oídos sordos

En 1998, la familia Molina Theissen llevó el caso a la CIDH. El proceso concluyó en 2004 y  responsabilizó al Estado de Guatemala. Lo acusó de violar derechos humanos por no investigar el paradero del niño Marco Antonio Molina Theissen, desaparecido como venganza y represalia al activismo político de sus padres.

La CIDH (que en este tipo de casos hace el papel de ente investigador) pidió una serie de medidas de reparación para la familia. El Estado cumplió en 2004 sólo con el pago de las costas procesales que ascendían a cerca de Q7 millones. Con la sentencia de este más también cumplió con investigar el caso, sin embargo el resto de medidas sigue esquivándolas. Eso implica encontrar los restos del niño y pedir perdón en un acto público a la familia.

Tampoco dieron cumplimiento a otras medidas como la creación de un banco genético y la aprobación de legislación para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada.

Estos incumplimientos no son solo en el caso Molina Theissen. En 2015 el órgano supervisor de la CIDH señaló que en al menos otros doce casos no existía compromiso del Estado por cumplir con las medidas de reparación. Entre esos casos está el de la Panel Blanca, el de la desaparición de Myrna Mack y el del asesinato del dirigente político Jorge Carpio Nicolle.

En ese momento, bajo el gobierno de Otto Pérez Molina, el Secretario de la Paz era Antonio Arenales Forno, un abogado defensor de militares, que calificó como “inaceptables” a todas las resoluciones de la CIDH.

Diez años con la ley estancada

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) acompañó a la familia Molina Theissen cuando el caso llegó a la CIDH. Mario Polanco, director de la organización, señala que las medidas ordenadas por el tribunal este mes de mayo:

– Viene a fortalecer las medidas que dictó la CIDH en 2014 y vienen a actualizarlas. Sin embargo sigue sin existir voluntad política y en parte se debe a que cada institución evade su responsabilidad. Habría que personalizar y exigir al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, al Ejecutivo y al Legislativo, que cumplan con estos compromisos.

Por ejemplo, la creación de un banco genético es responsabilidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero en la institución no hay avances por falta de presupuesto. El único banco genético del país funciona gracias a la Fundación de Antropología Forense, que no es una institución estatal.  

Otro de los requerimientos hechos tanto por la CIDH como por el tribunal guatemalteco es la aprobación de la iniciativa 3590 que crea la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La diputada Nineth Montenegro cuenta:

– Esa iniciativa lleva diez años varada en el Congreso. Tardamos cinco años en que pasara primera lectura y otros cinco en que llegara a segunda. Sin embargo hay grupos que creen que esta comisión será un instrumento para perseguir penalmente a los responsables de las desapariciones cuando en realidad es una ley de carácter humanitario. Sólo alguien que perdió a un familiar en el conflicto puede entender la necesidad de por fin encontrarlos.

Nineth Montenegro perdió durante el conflicto a su entonces esposo, Edgar Fernando García. Por eso caso también se obligó al Estado a aprobar la iniciativa y, entre otras cosas, a poner el nombre de la víctima a una biblioteca pública. Tampoco eso se cumplió.

Las nuevas obligaciones

Ahora quedará en manos de la gestión del presidente Jimmy Morales darle prioridad o no al cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal. La mayor de ellas sería encabezar el acto oficial para pedir perdón a la familia Molina Theissen mientras que su ministro de Gobernación, debería anunciar las recompensas para quien brinde información sobre cementerios clandestinos.

Mario Polanco del GAM duda que esto suceda y cree que se deberían buscar mecanismos de presión para obligar al Estado a cumplir con los compromisos.

Por ejemplo, el tribunal no quiso pedir que se diera de baja deshonrosa a los militares involucrados en la desaparición de Marco Antonio y en la violación y tortura de Emma Guadalupe. La propuesta del GAM es una iniciativa de ley que promoverán para obligar al ejército a dar de baja y quitarle cualquier aporte económico a todo militar que sea encontrado culpable por un tribunal.