La última audiencia en Nebaj contra Ríos Montt

Fue el viernes 9 de febrero de 2018. Se repetía la escena de hace cinco años. Una de las audiencias del juicio por genocidio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, su director de Inteligencia Militar durante el año y medio que estuvo en el gobierno, entre 1982 y 1983.

Esa segunda semana de febrero, el Tribunal se trasladó a Nebaj, Quiché, a 225 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, para escuchar a los testigos más ancianos y enfermos, los que tenían menos posibilidades de trasladarse en bus hacia los juzgados en la capital. Viajar en camioneta nueve horas es algo que ya no pueden hacer muchos de los sobrevivientes de las masacres; son personas tan ancianas como lo era Ríos Montt, que murió el pasado 1 de abril de un infarto, a los 91 años, en prisión domiciliar.

La justicia se acerca

Durante la semana que el sistema de justicia se acercó al lugar de los asesinatos, una pequeña sala de la sede del Organismo Judicial, en medio de la calle Cunén, de Santa María Nebaj, Quiché se llenó de trajes rojos y perrajes verdes, el color de los trajes mayas ixiles; hombres con sombrero y saco, y mujeres con el cabello entrelazado en tiras de tela. Junto a ellos estaban abogados y abogadas del Ministerio Público, querellantes, defensores y traductores.

Una de las familiares de sobrevivientes.

Afuera del juzgado había movimiento. De un lado de la calle, organizaciones sociales colocaron fotografías del primer juicio y de las exhumaciones de los desaparecidos; mujeres con flores y cruces en las manos realizaron una ceremonia en conmemoración de la audiencia. Del otro lado, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), con micrófonos, altoparlantes y cámaras fotográficas, se turnaban para justificar las masacres, para criticar e intimidar a los testigos y negar que Ríos Montt en su gobierno ordenara un genocidio.

Avemilguas toman fotografías para intimidar; insisiten en que no hubo genocidio.

Adentro de la sala de audiencias estaba Catarina Sánchez, de 80 años, vestida con el traje rojo Ixil y un perraje sobre su cabello. Su casa queda a hora y media del centro de Nebaj. La mañana del 9 de febrero pasado, un carro llegó por ella. Ese día debía presentarse al tribunal a dar su testimonio.

Antes de llegar a la misma sede que Catarina, los jueces, los fiscales, abogados, testigos, víctimas, familiares y peritos del caso, ya habían estado en 40 audiencias de este debate; era la segunda vez en Nebaj. En abril del 2016 el Tribunal también se trasladó a ese municipio de Quiché.

En ambas oportunidades, los afiliados de Avemilgua gritaban afuera de los juzgados con bocinas y altoparlantes, para complicar que los jueces oyeran los testimonios. En las audiencias, las voces suaves, tenues, de personas ancianas eran traducidas por hombres más jóvenes de la comunidad, del idioma ixil al español. Con una pared de distancia, era inevitable escuchar a Avemilgua. En la sala de audiencias los jueces prestaban atención a los testigos.

Caterina Sánchez relató lo que vivió cuando era joven, cuando su madre fue asesinada, cuando el ejército arrasó con su familia, su hogar y su comunidad.

Cinco años de intentar justicia por segunda vez, 35 años después

Antes de Ríos Montt, fallecieron cinco de los testigos que declararían sobre las políticas contrainsurgentes que ejecutó el Estado en el conflicto armado interno, las que provocaron que a principios de los años ochenta niños, mujeres, hombres y ancianos, en especial mayas ixiles, fueran masacrados sistemáticamente porque el ejército los consideró “enemigos del Estado”. Borraron del mapa entre 70 y 90 por ciento de sus aldeas, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU.

Los sobrevivientes de las masacres del ejército en Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal han contado muchas veces su historia, ante las Comisiones de la Verdad en los 90 y ante la justicia guatemalteca en 2013 y en 2018.

Familiares de los sobrevivientes esperan afuera del juzgado.

En el 2013, en el primer juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, gracias a sus testimonios, respaldados con peritajes y documentos militares desclasificados, se conoció a detalle el corto pero sangriento gobierno del general y expresidente del Congreso. Más de 90 ixiles declararon y el Tribunal dirigido por Yassmin Barrios, resolvió que sus testimonios y los peritajes demostraron “más allá de toda duda” que bajo el mando de Ríos Montt se ejecutaron planes para eliminar a la población ixil por considerar que apoyaban a la guerrilla, que Ríos Montt tuvo conocimiento de las masacres y no hizo nada para evitar que continuaran. Una condena de ochenta años cayó sobre el general, y fue enviado inmediatamente al cuartel militar Matamotoros, que ahora funciona como una cárcel, donde solo permaneció dos días, pues tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado y Héctor Hugo Pérez Aguilera, anularon la sentencia errores de forma.

Años y decenas de amparos después, el Ministerio Público intentó reiniciar el juicio. El 6 de enero del 2015 el general fue trasladado una ambulancia, camilla, lentes oscuros y envuelto en una manta a la Torre de Tribunales. Fue la última vez que se presentó ante los jueces. Con esa aparición, sus abogados insistieron en el argumento de que, por su condición de anciano con demencia senil, era incapaz de ser sometido a un proceso penal. Ese juicio también se anuló por dudas en el procedimiento; aunque no avanzó mucho, algunas de las víctimas pudieron declarar.

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Un tercer intento por juzgar la violación a los derechos humanos contra la población xixil, tuvo éxito el 16 de marzo del 2017, cuando inició un nuevo juicio contra los generales, en el tribunal a cargo de los jueces María Eugenia Castellanos, Sara Yoc Yoc y Jaime González Marín.

Para que el juicio se llevara a cabo había muchas dudas. Al final, por medio de amparos se resolvió que se realizarían dos juicios separados, pero con un mismo tribunal. Todas las declaraciones y pruebas se presentarían dos veces, una contra Ríos Montt a puerta cerrada y la otra contra Rodríguez Sánchez en audiencias públicas. Esto porque el Inacif dictaminó que el estado de salud de Ríos Montt estaba tan deteriorado que era incapaz de enfrentar y entender un proceso penal en su contra. Sus abogados lo representaron ante los jueces.

Ríos Montt, cuando fue juzgado en 2013 en la Ciudad de Guatemala.

Para que la historia de sangre llegara nuevamente al juzgado de Nebaj pasaron cinco años de enredos legales y 35 años de búsqueda de justicia de los familiares de las 1,771 personas masacradas y los sobrevivientes.

La espera de la justicia

Para volver a su casa, Catarina abordó un vehículo que por casi una hora sigue un camino de tierra abierto entre montañas, plano en unas partes y lleno de piedras en otras. La vivienda es de madera y lámina, pequeña con el techo a una baja estatura. Las paredes están negras, cubiertas de la acumulación del humo de la leña con la que Catarina cocina.

La casa está compuesta por una habitación larga que funciona de dormitorio, comedor, sala y espacio para una máquina de coser; al fondo hay un cuarto más pequeño que es utilizado para cocinar con leña Afuera hay pollos, gallos y perros.

Catarina tiene ochenta años y ha vivido allí desde que es niña. Su vida parece apacible hasta que cuenta su historia y las lágrimas vuelven a formarse y deslizarse por los pliegues de sus arrugas.

El futuro del caso

Erick de León, fiscal a cargo de los casos, dijo que el Ministerio Público también gestionaba la documentación para verificar si Ríos Montt falleció o no. También dijo que el juicio contra José Mauricio Rodríguez Sánchez continuará este viernes, cuando el Tribunal escuche cuatro de los testimonios pendientes.

En un comunicado, CALDH, la organización que desde hace 17 años planteó la primera demanda contra Ríos Montt, dijo que en este caso “ellos y ellas (las víctimas y sobrevivientes) escogieron este camino de justicia a pesar de que el sistema les ha revictimizado, que ha sido largo y doloroso, por lo que la búsqueda de la justicia por el genocidio, violencia sexual y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno continúa como una garantía de no repetición”.

La muerte de un acusado implica el cierre del expediente en su contra. Aunque Zury Ríos dijera durante el entierro de su padre, que “murió libre y está libre”, lo cierto que es hasta el próximo viernes 6 de abril, que sus abogados presenten el certificado de defunción en el Tribunal, el nombre de Efraín Ríos Montt permanecerá en los registros del sistema de justicia, como un militar ligado a dos casos por violaciones a los derechos humanos: el genocidio en el área maya ixil y el asesinato de más de 200 personas en la comunidad Las Dos Erres.

Los sobrevivientes esperarán llegar a una sentencia que les garantice que su historia es reconocida por el Estado y que puedan establecerse medidas de reparación digna, para que vivan mejor lo que queda de sus vidas y se avance para que un intento de exterminio no se repita nunca más en Guatemala.