Los muertos de la aldea modelo tienen por fin un entierro digno

Esos ‘centros de rehabilitación’ no deberían haber tenido cementerios clandestinos. Eran los ‘polos de desarrollo’ promovidos por el ejercito de para reconstruir la sociedad después de las masacres entre 1982 y 1986. Las masacres fueron la respuesta del ejército ante la simpatía y el apoyo de las comunidades ixiles a la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, entre el 70 y el 90% de las comunidades ixiles fueron borradas del mapa. Fue la región más reprimida de todo el altiplano maya.

Santa Avelina es una comunidad de aproximadamente 500 familias que se encuentra entre las montañas, en San Juan Cotzal, a 250 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

A muchos de los civiles a los que no lograron matar porque huyeron a las montañas, les ofrecieron una tregua y los invitaron a las aldeas modelo. Que eran algo parecido a campos de concentración. “En esas aldeas el ejército experimentó en el periodo 1982/86 su propio modelo de reorganización social para tener un control total de la población considerada base social de la guerrilla. En todo el país hubo entre 50 y 60 mil ”, resume el informe Guatemala Nunca Más, de la Iglesia católica, en el tomo II en su segundo capítulo. En ellas, el ejército usó a la población para las patrullas de autodefensa civil (PAC), con un horario de actividades controladas por oficiales o la religión evangélica (que era la que practicaba el dictador Efraín Ríos Montt). Así esperaban quitar la base social a la guerrilla y acabar con la tradición ixil.

“En las aldeas modelo toda la vida cotidiana estaba bajo supervisión del ejército. La población pasaba por un adoctrinamiento constante. Cuando había obras de infraestructura qué llevar a cabo, principalmente abrir carreteras entre Nebaj y las aldeas modelo, los jefes militares obligaban  a trabajar sin paga, o a cambio de alimentos. Se amenazaba a los recién llegados con matarlos si intentaban escapar de la aldea modelo. También se les proveía de asistencia humanitaria, atención médica o alimentos”, resume el periodista Sebastián Escalón en este reportaje.

Pero las osamentas humanas debajo de la cancha de futbol de Santa Avelina, una de las 17 aldeas modelo en la región ixil, muestran que el acceso a los medicamentos era tan limitado como costoso.

Los científicos, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontraron los restos de 172 personas que murieron en su mayoría por hambre y enfermedades curables. Sólo 15 murieron ejecutados.

El número de personas que no se lograron identificar, ni por ADN ni por reconocimiento de objetos, es de 61. Entre ellos 52 niños y 9 adultos.

Eran 14 neonatos, 66 infantes, menores de 3 años, 28 niños entre 4 y 12 años, 8 adolescentes, 10 adultos jóvenes, 33 adultos hombres y mujeres, 10 ancianos y 3 que no fue posible identificar. Los 172 estaban en un cementerio ilegal.

El hambre y la falta de servicios de salud son consecuencias del conflicto armado y del estricto control militar en la zona, explica la investigadora de la FAFG, Yeni de León.

A los antropólogos les tomó tres años para poder reconocer por medio de ADN la identidad de 41 de las 172 osamentas. De las 131 víctimas restantes, se expuso la ropa que se encontró dentro de la fosa y algunos objetos que estaban cerca de los cuerpos, como muñecas, aretes y vasijas. Y fue así que familiares e investigadores lograron identificar a 70 personas más.

La identificación de familiares después de 35 años no es cosa sencilla.

Doña Inés, 61, espera el final del día junto a los ataúdes de 3 de los 4 niños que enterró. No pudo llevárselos a su casa para velarlos en la noche porque no puede caminar bien.

Doña Inés Rodríguez tiene 61 años aunque aparenta muchos años más. No puede caminar bien y su voz es suave. Ella se encuentra sentada frente a tres ataúdes. Al preguntarle quiénes son, responde con un español muy básico que son sus hijos.

Antes que responder, se acerca desesperadamente a preguntar por su cuarto hijo. Al ver que su mensaje no está siendo transmitido, pide ayuda a su hija para que traduzca al español. Ella explica que su mamá enterró cuatro niños pero que solo pudieron identificar por ADN a tres.

Diego tenía 1 año, Gabriel tenía 8, Juan 10 y Mateo 13. Uno de ellos era adoptivo.

Doña Inés cuenta que sus hijos se murieron, los 4, con una semana de diferencia cada uno. Ella no sabe explicar qué pasó. Pero los investigadores de FAFG sí. Ellos lograron identificar que en el año 1982 hubo una epidemia de sarampión en Santa Avelina, y por la falta de atención médica y la desnutrición, muchos niños de la aldea murieron casi de inmediato.

El grupo más grande entre los 172 es el de los infantes, quienes por las condiciones de vida eran los que tenían menos posibilidades de supervivencia. Como Magdalena, hija de Miguel Torres y Teresa Medina. “Tenía un año exacto cuando murió”, dice Miguel Torres, un señor de 60 años. Le hacen falta algunos dientes, pero eso no le impidió sonreír de tranquilidad cuando su esposa logró identificar la pijama rosada con la que habían enterrado a su cuarta hija hace más de 30 años.

Magdalena era la cuarta de 13 hijos que tuvieron Miguel y Teresa, ella es la única fallecida.

La familia de Miguel y Teresa es numerosa. Tuvieron 13 hijos y solo una ha fallecido: Magdalena, tenía 1 año.

El español no es su primer idioma, por lo que la comunicación resulta un tanto difícil. Pero tanto Teresa, como Miguel, responden con ayuda de su hijo mayor Moisés, que tiene casi 40 años. Explican que la niña murió de susto, una enfermedad que contrajo por medio de su mamá durante el embarazo por el miedo que sentían de la guerra.

“Nosotros luchamos, con ella luchamos, pero estaba enferma por el problema en el embarazo y no aguantó más del año”, traduce Moisés lo que dice su mamá.

Al susto por las atrocidades de la guerra hay que añadirle la falta de alimento y la salud débil que identificaron los investigadores de FAFG

Otra dificultad para buscarlos en los cementerios clandestinos es el tiempo.

Doña Teresa Toma, de 69 años, tuvo que enterrar en el cementerio clandestino a su esposo Baltazar Córdova. Él murió a los 40 años con heridas de machete en el cuello. Ella lo encontró muerto en una catarata en las montañas afuera de la aldea. “Solo había salido a buscar leña y un poco de maíz para comer”, cuenta la sobrina de Baltazar, que ayuda como intérprete.

Doña Teresa recuerda que lo tuvo que enterrar rápido y a escondidas, porque no quería que los soldados supieran que lo había encontrado. Ella no pudo estar en el momento de la exhumación en 2014 y ahora no lo encuentra entre las exposiciones de ropa.

“Cuando mataron a mi esposo, 10 y 5 años tenían los dos hijos que teníamos”, cuenta Teresa con cara de angustiada mientras los investigadores buscan entre sus informes las características de vestimenta con la que dice enterró a Baltazar. “Playera blanca, pantalón azul y una de faja de tejido de colores”.

El ejército prohibía salir de las aldeas modelo porque el ejército temía que pudieran entrar en contacto con la guerrilla, escondida en las montañas, explica José Ceto Cobo, líder de la Asociación comunitaria organizada de desarrollo de la población desarraigada en la región Ixil (ACOPRI).

La misma represión llevó a los habitantes de Santa Avelina a establecer un cementerio ilegal. Ellos conocían el lugar y tenían mapeado el espacio en el que habían enterrado a sus familiares. Pero por el paso del tiempo y las condiciones del terreno, las ubicaciones no eran las mismas. Además, la memoria de muchos familiares no es capaz de recordar detalles ni factores importantes de la muerte de estas personas. Selket Callejas, antropóloga forense de FAFG, resume muchos testimonios recibidos: “muchos pusieron marcas para recordarse, pero con el tiempo ya no las encontraron y así perdieron a sus familiares, por eso el objetivo es recuperarlos, identificarlos y entregarlos”.

El entierro digno 30 años después

La denuncia de los familiares ha dado frutos. Tres años después de la exhumación de en 2014, los restos regresaron a la comunidad para ser velados e inhumados. Ya hay 41 plenamente identificados con muestras de ADN, 70 reconocidos por la ropa y objetos, y faltan 61 por establecer quiénes son. Todos fueron enterrados en un nicho comunal donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con algunos de los ataúdes. Y todos cuentan con un expediente en la FAFG, para que los familiares puedan seguir buscándolos y en el futuro encontrarlos. Teresa Toma que va a pedirle a sus hijos, que migraron a la Ciudad de Guatemala, que se hagan las pruebas de ADN para poder identificar a su papá.

Cinco organizaciones participaron del entierro digno que se les dio a estas personas: ACOPRI, el Ministerio Público, Cruz Roja Internacional, FAFG y el Programa Nacional de Resarcimiento. El último solo colaboró con la alimentación por la falta de presupuesto que el PNR tiene asignado por parte del gobierno central.

Uno de los 83 velorios que se vivieron en la aldea Santa Avelina la noche del 29 de noviembre.

Los sobrevivientes ixiles emprendieron también la búsqueda de justicia en 2001, con una demanda contra el exdictador Efraín Ríos Montt por el intento de exterminio étnico entre 1982 y 1983. Documentos estatales describían que todos los ixiles eran enemigos del Estado. En 2013, los jueces Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul condenaron a Ríos Montt por genocidio. Diez días después, los jueces Alejandro Maldonado, Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto anularon la sentencia y ordenaron repetir el juicio. Cuatro años después, continúan los esfuerzos por juzgarlo.