Los ocho asesinatos por los que la CICIG se instaló en el país ocurrieron en un lunes de febrero como hoy

El asesinato tensó las relaciones entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala, pero lo que vendría, terminaría de captar la atención mundial en ese lejano 2007.

Presionadas por el escándalo, las autoridades guatemaltecas capturaron tres días después a cuatro agentes de la División de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil. Dijeron que los GPS instalados en las patrullas de la Policía y cámaras habían permitido determinar que cuatro agentes de la unidad de élite de investigación policial eran los responsables materiales del asesinato de los cuatro salvadoreños. Se les acusaba de haber raptado, torturado y finalmente llevado a los diputados con la banda que se habría de encargar de incinerarlos.

Se trataba de José Korki López, José Gutiérrez, Marvin Lange y Luis Arturo Herrera. Este último tenía 39 años, era el mayor de los cuatro y reprochaba por su captura a altos cargos del Ministerio de Gobernación: “Yo me los voy a llevar a todos. ¿Es por esto? Pedimos ayuda y esta es la ayuda que nos dio. Usted va a saber de mí, usted y todos los demás. Se lo prometo”, reclamaba el policía Herrera cuando estaba detenido.

No les dio tiempo de denunciar a “todos los demás”, a los autores intelectuales. El domingo 25 de febrero los cuatro agentes fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad de El Boquerón, en Escuintla.

Los demás eran sus jefes en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio de Gobernación. Y las evidencias después del segundo crimen evidenciarían que sus jefes los habían mandado a matar. Y esos jefes y esas mafias se habían asegurado el control sobre el Ministerio Público para que todo quedara en la impunidad.

El semanario alemán Der Spiegel mostraba su conmoción por el clima de terror que había en el país. “Los policías asesinos operan casi como en los días de la dictadura militar de principios de los años ochenta… Las mafias se han infiltrado en la policía y la justica”, puntualizaba el semanario en una nota titulada “Horror en tierras mayas”. No era para menos.

¿Cómo fueron posibles aquellos crímenes?

Estos ocho asesinatos en Guatemala constataban lo que ahora, en 2018, se está constatando en El Salvador, Honduras y México: que escuadrones dentro de la policía cometían asesinatos de ciudadanos y el sistema de justicia los protegía para dejarlos en la impunidad.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas de 2007 describía el panorama: La poca capacidad del Estado para respetar y garantizar el derecho a la vida tuvo diversas manifestaciones, siendo una de las más graves la persistencia de lo que se denomina comúnmente como ‘limpieza social’ que, en ocasiones, se ejecuta bajo responsabilidad, directa o indirecta, de agentes estatales.

Naciones Unidas constató la existencia de grupos organizados criminales, que a menudo contaron “con el respaldo de autoridades locales o con la colaboración de servicios privados de seguridad”.

Con los criminales dentro del mismo Estado, incluso los políticos tuvieron que reconocer que se necesitaba ayuda externa.

Cuando el empresario Óscar Berger asumió la presidencia en 2004, entregó el Ministerio de Gobernación a un empresario que en el pasado había militado en el anticomunista MLNC y había presidido de la Cámara de Industria, Carlos Vielmann. Éste a su vez dejó la Policía en manos de Erwin Sperissen, antiguo guardaespaldas del alcalde Álvaro Arzú, el odontólogo Javier Figueroa (subdirector) y Víctor Soto (Director de Investigación Criminal, DINC, la unidad de élite cuyos cuatro agentes habían asesinado a los salvadoreños).

A esos nombres se sumaría el de Víctor Rivera, que vino desde Venezuela para asesorar al gobierno de Álvaro Arzú en materia anti secuestros en los noventa y que se quedó durante diez años al frente de una oficina ilegal de inteligencia conocida como “Los Riveritas”. Varias investigaciones judiciales posteriores señalaron a este grupo de haber sido el responsable de asesinatos de ciudadanos, técnicamente descritos como ‘ejecuciones extrajudiciales’. El círculo lo cerraba el control del Ministerio Público desde 2005, con Juan Luis Florido a la cabeza y Álvaro Matus, entonces fiscal de Delitos Contra la Vida.

Los nombres de estos funcionarios solían repetirse en varios casos que causaron conmoción en aquellos años. El asesinato durante el desalojo de la Finca Nueva Linda en Retalhuleu (31/08/04), que dejó ocho campesinos asesinados con señales de tortura; la ejecución extrajudicial de 3 reos que se habían fugado de la cárcel El Infiernito y el asesinato de 7 reos durante la toma de Pavón en 2006.

Desde esas instituciones se cerraba un círculo de impunidad.

Los hombres más poderosos de Gobernación podían controlar quien entraba y salía del país, utilizar agentes de la PNC para actos ilegales, alertar sobre capturas a los criminales, alterar escenas del crimen, archivar o entorpecer investigaciones, acceder libremente a los centros penitenciarios. Silenciar testigos.

La activista Helen Mack recuerda aquellos sucesos: “Estábamos en uno de los puntos más bajos que había tocado el país en época de democracia. Los casos Parlacen y Boquerón demostraron que sí existían estos cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad que nosotros habíamos estado denunciando y por lo que creíamos que era necesaria la creación de la CICIG”.

Con la llegada al poder del FRG (2000-2004), activistas de la sociedad civil propusieron desde 2000 la creación de una Comisión Internacional contra cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que después se convertiría en la CICIG.

Efectivamente los crímenes de 2007 obligaron a los líderes políticos a buscar una solución al problema de la impunidad: el presidente Óscar Berger, el vicepresidente Eduardo Stein negociaron con la ONU y los candidatos opositores Álvaro Colom y Otto Pérez Molina tuvieron que poner los votos de sus partidos en el Congreso para la superar la oposición de la extrema derecha, del FRG, del partido unionista y el MR y el 7 de agosto de aquel año fue aprobada la creación de la CICIG.

Un experimento inédito en el mundo en el que una Comisión con financiamiento internacional pudiera tener a investigadores y abogados latinoamericanos y europeos para acompañar al Ministerio Público a detectar las estructuras de crímenes, procesarlas en tribunales guatemaltecos y proponer reformas para que no volvieran a nacer en el Estado de Guatemala.

Justicia a medias

Para desmantelar estas estructuras era necesario fortalecer el Ministerio Público. Los juicios por aquellos crímenes –los 8 de los salvadoreños y los policías, los 7 de Pavón y tantos más de los que estaban acusados escuadrones dentro de la Policía– demostraron no sólo grandes deficiencias en las investigaciones sino también un esfuerzo por garantizar impunidad.

Por el caso Parlacen se condenó, en enero de 2008, al ex acalde Manuel de Jesús Castillo y a cinco personas más. La hipótesis apuntaba a que “Manolito” y el ex diputado salvadoreño, Roberto Silva Pereira, fraguaron el asesinato como parte de una venganza política. Los agentes de la DINC y la banda Jalpatagua, habría terminado de hacer el ‘trabajo sucio’. Buscaban droga en el carro de los policías para robarla.

El sustento de la hipótesis fueron algunos testimonios sueltos, una llamada de 30 segundos cuyo contenido nunca fue revelado, recortes de periódico y el testimonio de un testigo protegido.

El primer fiscal a cargo del caso, Cándido Ascencio, intentó determinar el nivel de participación de los altos funcionarios de Gobernación. Solicitó estados de cuenta bancarios de los funcionarios para rastrear los US$5 millones que los diputados salvadoreños llevaban en el carro. Sin embargo, esa información nunca fue parte del expediente de la investigación y el fiscal fue sustituido por otro investigador, con solo 4 años de experiencia investigando temas de pandillas.

El asesinato de los cuatro policías que amenazaban a sus jefes con contar sus responsabilidades no avanzó un centímetro. En el caso de la cárcel El Boquerón nunca se condenó a un solo responsable. El MP llevó a juicio a 13 miembros de la Mara Salvatrucha pero todos fueron absueltos en marzo de 2008. Algunos de los acusados ni siquiera estaban en esa cárcel el día del crimen.

Documentos de CICIG hechos públicos en 2009 apuntaban que el entonces fiscal de Delitos Contra la Vida, Álvaro Matus, había manipulado la investigación para encubrir a los verdaderos responsables.

Nunca se investigó por qué los reclusos fueron trasladados de Pavón a El Boquerón sin orden de juez. El MP también ignoró los testimonios de testigos que habían visto entrar guardias de la PNC fuertemente armados y con gorros pasamontañas.

Además, para llegar a la celda dónde estaban los agentes recluidos, los asesinos debieron cruzar ocho puertas o portones que no fueron forzadas. Todo después de que los policías y el agente Jorge Korki López dijera en público al ser capturado: “Yo me los voy a llevar a todos. ¿Es por esto? Pedimos ayuda y esta es la ayuda que nos dio. Usted va a saber de mí, usted y todos los demás. Se lo prometo”. Era obvio que estos asesinatos fueron fraguados dentro del Ministerio de Gobernación y el MP nunca quiso investigarlo.

Una década después, en riesgo de retroceder al pasado

Las primeras investigaciones de la CICIG fueron para ‘limpiar’ las direcciones del Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Sistema de Justicia.

El jefe de la DINC, Víctor Soto, fue condenado a 33 años de prisión por la muerte de 7 reos en Pavón mientras estaban en custodia de las autoridades. El subdirector de la Policía, Javier Figueroa, huyó a Austria y fue absuelto por 6 de 10 integrantes de un juzgado de ciudadanos.

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Su jefe, Erwin Sperisen, huyó a Suiza y en primera instancia fue condenado a cadena perpetua por estos crímenes, pero después un tribunal de apelaciones suspendió la sentencia por cuestiones de forma y está en arresto domiciliario a la espera de que se reabra el juicio.

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Su jefe, el exministro Carlos Vielmann, fue absuelto en Madrid en un fallo dividido en el que los tres jueces sí reconocieron que hubo estructuras de asesinatos dentro del Ministerio de Gobernación.

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Después de diez años de trabajo, la CICIG ha logrado que el Ministerio Público trabaje en la lucha contra la impunidad con tres fiscales distintos: Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz y Paz, y Thelma Aldana, para que asesinatos como los de los salvadoreños y los policías no vuelvan a ocurrir.

Y la CICIG ha evolucionado su trabajo no sólo contra las estructuras que procuran impunidad para crímenes y delitos, sino contra su financiamiento. Así ha llegado a perseguir, por ejemplo, el contrabando y el financiamiento electoral ilícito. Por el primero acusó al expresidente Otto Pérez Molina y por el segundo acusa al presidente Jimmy Morales y al alcalde Alvaro Arzú.

Jimmy Morales y Arzú, en respuesta, han colocado a un Ministro de Gobernación que por primera vez en diez años no coordina con el Ministerio Público y colocó de vuelta como viceministro a un ‘Riverita’. En su primer mes como ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, la PNC fue descubierta obligando a un supuesto extorsionista a ‘actuar su detención’. Periodistas cuestionaron al MP si investigará esta alteración de la escena de los operativos. Aquí, el video.

Pero hay otro problema en el futuro de un MP independiente, con apoyo de la CICIG. El principal candidato de Jimmy Morales para dirigir el MP a partir de mayo de 2018 es su embajador Acisclo Valladares, uno de los principales promotores de la expulsión del jefe de la CICIG, Iván Velásquez. El único freno serán los 6 de los 15 integrantes de la Comisión de Postulación, pues cada pre-candidato de la lista del Sexteto de Finalistas necesita pasar con el voto de dos terceras partes de la Comisión de Postulación.

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Para la activista Helen Mack “El peligro de retroceso es evidente; todavía nuestras instituciones son vulnerables a caprichos políticos y los pactos de corruptos nos han demostrado que esas estructuras de impunidad quieren regresar. La elección de Fiscal General será la clave”.