Las violencias femicidas no son lineales. Por el contrario: son mamushkas que se abren y desplegan capas y capas de violencias históricas, de terrorismo sexista acumulado y preexistente al momento en que se pone en pausa la vida. Algunas de estas formas de violencias dejan huellas, otras son invisibles. No siempre pueden leerse debajo de un microscopio ni en la camilla de una sala de autopsias. Las violencias femicidas a veces son mucho más complejas que un examen de ADN, una pericia de laboratorio, un resultado forense, una huella en el cuerpo. Cuando las marcas, la firma femicida, quedan en los cuerpos, los cuerpos hablan. Otras veces no. Siempre es necesario poder poner la lupa sobre el contexto. Cuando la forma de violencia machista más extrema queda impune, se transforma en violencia institucional.
A esta altura, no debería ser necesario insistir en aquello que las norteamericanas Diana Russell y Jane Caputi caracterizaron ya en 1990 cuando nombraron a los femicidios como las muertes violentas de mujeres que se encuentran en un continuum de violencias que las afecta, ya sea en la esfera pública o en la privada. El activismo latinoamericano logró introducir el femicidio como una categoría teórica y política. También la hizo jurídica aportando el agravante de género en la figura del homicidio. Y puso el foco sobre la responsabilidad estatal de estas muertes evitables. Sin embargo, el sistema de administración de justicia aún ignora ese continuum.
Hace dos años y un mes un nombre propio recorrió las redes, las conversaciones y las manifestaciones feministas: Lucía Pérez. Su sonrisa adolescente, su mirada repleta de irreverencia juvenil, su pose canchera de pibita rockera también. Su femicidio, sumado a la represión sufrida en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, convocaron al primer paro de mujeres, lesbianas, travestis y trans en Argentina. Tenía 16 años y había salido con un pibe seis años más grande que ella, que le había vendido marihuana. No sobrevivió a ese encuentro. Muchos otros países de la región se sumaron a la medida de fuerza del paro como un modo de acompañamiento.
Las formas de la justicia y la memoria feminista para las que no sobreviven a la violencia femicida no esperan a la justicia tradicional. Las manifestaciones hicieron que el nombre de Lucía Pérez fuera sinónimo de denuncia, demanda y un deseo: vivas y libres nos queremos.
“Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, decíamos en aquel entonces. Dos años y un mes después, el sistema de administración de justicia de la Argentina da un mensaje que ratifica aquello que señalaron los machos que la dejaron muerta en una sala de salud de Playa Serena: nuestras vidas no valen. Matías Farías y Juan Pablo Offidani que llevaban dos años presos acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. El tercer imputado, Alejandro Maciel, llegó a juicio sospechado de encubrimiento. También terminó absuelto.
“Esa desigualdad entre hombre y mujer, esa asimetría en la relación de poder, no se hallan presentes en este caso. Acá no ha existido ni violencia física, psicológica, subordinación ni humillación ni mucho menos cosificación”, dice en un fragmento en sus argumentos. El fallo de los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas destina páginas y páginas a hurgar sobre la vida íntima de Lucía y muy poco sobre el contexto en el que murió. El texto es un estereotipos de género y mitos sobre la violencia sexual.
La primera fiscal de la investigación, María Isabel Sánchez, habló en un momento inicial de muerte por empalamiento. Su irresponsabilidad también construyó el mensaje de impunidad. La deficiente investigación judicial que realizó, también. Aquello que salió a decir públicamente y construyó un imaginario social alrededor del crimen de Lucía no pudo comprobarse en las pericias forenses.
Lucía murió por “asfixia tóxica” y en su cuerpo no se encontraron, según las pericias, signos de abuso sexual. Tampoco se constató la existencia de “actos de resistencia”, que fue otro dato que buscaron desde la investigación. Parece ser que de un femicidio siempre se espera un lugar común: un cuerpo destrozado, una víctima que se defiende a golpes de puños del peso de las masculinidades prepotentes y violentas.
Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por comerciar drogas. Un sistema de administración de justicia que castiga la venta de drogas pero que no puede encontrar la forma de juzgar un femicidio y envía un mensaje de impunidad es un sistema miope y misógino.
La perspectiva de género aún no es obligatoria en la formación de operadores y operadoras judiciales. Las abogadas feministas vienen insistiendo en el denominado “contexto propiciatorio” y actualizando los debates sobre el consentimiento. Este año INECIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, con el impulso de Ileana Arduino, llevó adelante un encuentro de política criminal y feminismos, participaron sólo dos varones.
Durante el juicio por el femicidio de Lucía Perez, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo fue convocado por la querella familiar. En su declaración como testigos especializadas, Laurana Malacalza argumentó por qué creía que es preciso utilizar la figura penal del femicidio para investigar y juzgar y qué dimensiones creía significativas poner en juego para ponderar los contextos de violencia y dominación que operaron en el crimen de Lucía, más allá de que el uso de otras figuras conduzcan a la misma posible pena para los autores y partícipes.
En el país de Ni Una Menos no se pudo juzgar el femicidio de Lucía. Sin perspectiva de género, sin la visibilidad del continuum de violencias Ni Una Menos seguirá siendo un deseo.
0
COMENTARIOS