Ciudadanos versus poderosos: La batalla de los próximos 23 días

Hay cuatro actores políticos a quienes les preocupa no poder controlar a los ciudadanos, que estos pidan la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y que haya un vacío de poder. Los primeros actores son los políticos y empresarios que se han servido del sistema político actual para enriquecerse y que no cambie nada.

Los segundos son los militares que conforman casi la totalidad del círculo del presidente, la embajada de Estados Unidos y el sector privado organizado. De hecho, Washington y los empresarios le hicieron ver a Pérez Molina en las últimas semanas que él se salvaría políticamente si sacrificaba a su mancuerna de casi dos décadas, la otrora vicepresidente Roxana Baldetti.

Esto puede haber sido una estrategia para lograr que pudiera juzgarse a una de las dos cabezas del sistema de corrupción e impunidad del país: Roxana Baldetti. Pero puede ser también porque hay fuerzas que prefieren que no se haga tambalear a todo el sistema político.

Los cuatro actores –políticos, empresarios, estadounidenses y militares– son expertos en moverse en espacios de vacío de poder, como el que ya provoca que la mujer fuerte del Gobierno haya renunciado y vaya a ser investigada ocho meses antes de que concluyera su mandato.

A estas fuerzas se suman otros actores que también hacen votos porque Baldetti sea el personaje más poderoso (y el único poderoso) que sea llevado a juicio. A Manuel Baldizón, el candidato que encabeza las encuestas para las elecciones del 6 de septiembre, debería preocuparle que continúen las investigaciones de los socios de Baldetti. Desde el presidente Pérez Molina en el caso SAT, hasta el mismo Baldizón para otros casos de corrupción como la repartición de la obra pública en el Presupuesto Nacional. Y debería preocuparle que el tema de la corrupción, la impunidad y el hartazgo contra los partidos políticos ponga su foco en el Congreso de la República, que él domina prácticamente desde hace tres años y medio.

Un detalle es importante. No sólo estos actores de poder son expertos en moverse en espacios de vacío de poder. Las organizaciones de la sociedad civil también lo son. Y del último vacío de poder importante, cuando estalló el caso Rosenberg, surgió una ley para transparentar la elección de jueces y fiscales que desembocó en una de las más balanceadas y decentes Corte Suprema de Justicia de la democracia (2009-2014) y en la mejor fiscal general de la democracia, Claudia Paz (2010-2014).

¿Estos jueces pueden ser independientes?

Del otro lado del cuadrilátero político están los ciudadanos que manifiestan su hartazgo con la corrupción. #VasVosOtto ó #BaldizónTeToca eran dos de los lemas ayer en los carros en el parque y en las redes sociales. Las cuatro manifestaciones del 25 de abril, del 1 de mayo y del 2 de mayo en el Centro Histórico y el bloqueo de carreteras que hicieron el 4 de mayo los 48 cantones de Totonicapán fueron determinantes para vencer las resistencias o las dudas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir que se retirara la inmunidad a la ahora ex vicepresidente.

En las manifestaciones en las plazas y las carreteras están los ciudadanos, que pueden contar con apoyo de las universidades, las organizaciones sociales e instituciones académicas. Y su contraparte dentro del Estado son los fiscales del Ministerio Público (MP), con la ayuda de los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), así como algunos jueces del Organismo Judicial.

Al final de cuentas será el sistema de justicia el que defina si pueden ser independientes de los poderosos, de este sistema político que se ha construido por 30 años. Y ahí no hay ninguna garantía; cortesía de los jueces que eligieron el PP y Líder en septiembre de 2014.

La jueza Marta Sierra de Stalling, primera que conoció el caso, dejó libres a los más poderosos por corrupción –la CICIG demostró que la misma red de defraudación de La Línea activó una red de impunidad y retiró Q2 millones para pagar una fianza sabiendo que la jueza se las iba a dar antes de que el MP presentara las acusaciones.

El caso pasará ahora a un juzgado de alto riesgo para que se decida si procede empezar un juicio. Hay dos jueces de alto riesgo. Uno es Miguel Ángel Gálvez, que ha demostrado ser independiente de los poderosos. Y la segunda es Carol Patricia Flores, quien intentó boicotear el juicio por genocidio (y varios más contra poderosos) y tiene un proceso de antejuicio por parte de la CICIG. Como hay una causa abierta entre la CICIG y Flores, ella tendrá que excusarse y el caso irá a la sala de Gálvez. Con esto pueden tenerse más garantías de un proceso independiente. Pero sobre el juez habrá mucha presión de los actores políticos.

El primer capítulo de esta historia acaba de concluir. Una investigación de corrupción e impunidad indignó a la ciudadanía y llegó a la renuncia de la vicepresidenta Baldetti. Pero los fiscales y los manifestantes saben que si bien es un paso importante, esto no va a cambiar el sistema corrupto del país.

Una reforma a la ley de partidos políticos en el Congreso y el apoyo a instituciones de justicia independientes (Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Organismo Judicial) son indispensables para que el país pueda romper con una democracia de abusos e impunidad.