La noticia no es en sí la defensa estatal de un acusado. Todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa y si no tienen fondos para costearla, el Estado les provee un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Para eso el Estado tiene un presupuesto y los abogados son del nivel que el Instituto puede costear. El caso de Julio Suárez y el Banco de Guatemala es ligeramente distinto.
El caso, que fue sacado a la luz pública por Nómada en febrero de 2015, inició con un grupo de pacientes renales que denunciaba a este medio y a la oenegé Acción Ciudadana un mal servicio con el cambio de compañía responsable de atenderlos. Desde el inicio, la adjudicación olía mal y era evidente que estaba dirigida a una empresa sin experiencia ni respaldo, que había ganado un contrato por Q116 millones (US$15 millones). Se convirtió en el caso más letal de corrupción del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Según las escuchas telefónicas presentadas por el MP y la CICIG en la audiencia, hubo un soborno por Q18 millones para beneficiar a Droguerías Pisa, S.A.
Julio Suárez, el presidente del Banguat, está preso y siendo juzgado porque es parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que firmó y avaló el contrato.
Pero tiene más medios que cualquier ciudadano para su defensa. Abogados de mayor experiencia y más caros que los que podría darle el Instituto de la Defensa Pública. Abogados también pagados con los impuestos de los ciudadanos.
El origen legal es un artículo de la ley orgánica del Banco de Guatemala, que establece que los funcionarios y empleados del Banguat contra los que se planteen demandas por decisiones adoptadas dentro de sus funciones, tendrán derecho a una defensa penal. Habrá que ver si el espíritu de la ley incluye acusaciones del MP por corrupción, como ocurre con el todavía presidente del Banco –en prisión preventiva en la base militar Mariscal Zavala desde hace ocho meses–.
El caso es que desde el 1 de octubre, Suárez es defendido por los abogados Leonardo Hipólito Moreno Mérida y Vinicio Rafael García Pimentel. Moreno es el gerente jurídico del Banco de Guatemala y uno de los 11 asesores permanentes de la institución. Tiene un sueldo fijo dentro del Banco, de Q44 mil mensuales.
García Pimentel, en cambio, fue contratado como asesor externo para esta defensa. La página del Banco no especifica si tiene un sueldo de asesor jurídico básico, de Q20 mil. García Pimentel fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, ha sido asesor de la Municipalidad de Guatemala y fue tachado por la CICIG en el proceso de elección de Fiscal General en 2010.
En un receso de las audiencias de esta semana, en las que la jueza Silvia de León decidirá si envía a los 17 acusados a juicio, Nómada habló con Suárez.
–¿Considera legítimo que el Banco de Guatemala asuma su defensa?
– Por su puesto que es legítimo si estoy en el uso de mis funciones, respondió visiblemente molesto.
– ¿Va a renunciar a la presidencia del Banguat?
– No voy a renunciar. Según la ley, sólo una sentencia firme y ejecutada puede removerme del cargo.
– ¿Cuál es el monto de la inversión que el Banguat gasta en su defensa?
– Son como dos mil quetzales mensuales porque es un contrato que cubre a todos los miembros de la junta directiva y gerentes del Banguat.
La respuesta de Suárez no pudo ser verificada con la información del banco disponible en la web. Un asesor jurídico tiene un salario de Q20 mil y no aparece una asesoría jurídica específica para la defensa de funcionarios. Y estos Q2 mil no incluyen el salario fijo del gerente jurídico. El abogado Moreno tiene un sueldo de Q44 mil mensuales.
El asesor García Pimentel respondió que no cobra por la defensa en sí, “pues cobra directamente a la institución”. O sea, cobra al Banguat por defender a Suárez. Asegura que también hace otros estudios para el banco.
La estrategia de la defensa de Juárez es plantear que él pidió informes para saber si Pisa estaba cumpliendo el contrato que la Junta Directiva había autorizado. Una visita física al entonces hospital del Grupo Medax en donde estaban las oficinas de Pisa era suficiente para saber que era imposible que una empresa sin experiencia ni equipo ni oficina pudiera dar el servicio a 530 pacientes. Nómada denunció en febrero que ese contrato dejaba a 530 pacientes literalmente en peligro de muerte. 49 murieron en 2015. Desde las primeras 48 horas del cambio de proveedor empezaron a enfermar los primeros pacientes, dice la denuncia de CICIG y el MP.
– Cuando pedí informes, el doctor Vicente Sánchez Polo, el especialista en enfermedades renales, me contesta sí se cumple con todos los requisitos. Dijo que tuvo la oportunidad de hacer supervisiones a las instalaciones de Pisa y observó que sí cumplía. Pedí cifras y estadísticas y en la información que me traslada la Subgerencia de Transparencia e Integridad, que es la encargada de verificar que se cumplan los contratos, me indican que todo está mucho mejor que los servicios del año anterior, se defiende Suárez.
El próximo lunes, 8 de febrero, la jueza Silvia de León decidirá si la defensa planteada por Suárez –costeada con fondos públicos– tiene la razón y es separado del caso, o si tienen la razón el MP y la CICIG y continúa en el juicio por este soborno que costó la vida de 49 pacientes del IGSS.
Jesus Fernandez /
el artículo tiene algunas deficiencias. Primero el Gerente Jurídico, que se retiró del Banco de Guatemala, hará más de 10 años, regresó en calidad de Asesor Jurídico y ahora resulta que tiene un nombramiento de Gerente Jurídico, lo que ha todas luces es ilegal, por el hecho que, los Asesores no pueden funcionar como Gerentes, son personas contratadas por el B., de G., en la calidad de litigantes y este señor, en cuyo artículo hasta el nombre es incorrecto, pues se llama Leonel Hipólito Moreno Mérida, nunca se ha desempeñado como litigante activo. Por aparte, el señor Julio Suárez, cuando incurrió en el ilícito penal que se le adjudica, sin bien era alto funcionario del B., de G., estaba desarrollando funciones como Vice-Presidente del Seguro Social, No como Presidente del B., de G., y de la Junta Monetaria, la aplicación de la norma que le permite estar gozando del pago de honorarios para el abogado que lo está defendiendo, adoloce de un una falla en la interpretación de la norma. Adoptó decisiones en función del B., de G., o del IGSS., en consecuencia, es lo primero que debiéramos de dilucidar. Por aparte, fallecieron 49 personas que durante su vida activa en sus correspondientes fuentes de trabajo, aportaron las cotizaciones correspondientes, al aporte obligatorio de los trabajadores. Ese señalamiento es necesario también aclararlo, pues solo se hacer ver que fallecieron 49 personas y como en una oportunidad señalara el Diablo de Dios Rodríguez, es que ya les tocaba... Eso no puede ser así. Fallecieron por mala práctica, al aplicárseles tratamiento por personas carentes de experiencia y sin capacidad médica. De otra manera estarían, todavía, contando el cuento
italomorales /
Otro desgraciado ladrón. Dice que tiene derecho a defensa "por decisiones adoptadas dentro del uso de sus funciones:" Pero sus funciones no son apoyar la corrupción. Esta gente debería esconderse en una cueva de la verguenza.
Moisés Berducido /
INDIGNANTE!!! Tenemos PRESO al presidente del Banco de Guatemala y le pagamos TODOS (con nuestros impuestos) su defensa. Basta corruptos de abusar.
Juan Manuel Salazar /
Estimada Jody, autora del reportaje, en nuestro país, al igual que en muchos otros, existe la presunción de la inocencia hasta ser encontrado culpable. Es uno de los derechos que tenemos las personas y este no está sujeto o no depende de si el que acusa es una persona, el MP o el presidente de Guatemala. La justicia tiene que llevarse a cabo y los culpables deben ser condenados, pero desde ningún punto de vista se debe insinuar que el derecho de ser presumido inocente debe depender de lo que una persona o muchas opinen, por lo menos no se deberían insinuar este tipo de situaciones por parte de medios de comunicación serios y sobre todo éticos. Ud. insinúa que se debería cuestionar el derecho que tiene el Sr. Julio Suárez a ser representado legalmente por el BG y no lo cuestiona porque legalmente no esté en derecho, pues ud. misma ya menciona que la ley orgánica del BG así lo estipula. Lo cuestiona porque está ud. suponiendo que por ser el MP el que acusa, ya el acusado es medio culpable y por lo mismo no debería tener ese derecho. Muchas personas quieren sangre y no les importa la de quien se derrame y es un sentimiento comprensible, sobre todo por las personas que fueron directamente afectadas por este crimen. Pero eso no quiere decir que sea correcto y mucho menos que se deban promover estos sentimientos de linchamiento. Todo esto se lo manifiesto con todo el respeto que ud. me merece y sin ánimo de ofender o de entrar en confrontación con su persona.
Edgar Batres /
Un buen articulo, un hecho casi olvidado por lo que es necesario someterlo al debate, y por ello demandamos que se modifique la norma que permite cubrir este gasto y que este personaje asuma su responsabilidad y los costes de su defensa, no podemos permitir mas gasto para corrupción y apañando la impunidad.
El reportaje presenta información incierta e incompleta, eso sin entrar a los errores tipográficos que abundan en tan pequeña nota.
Ni en las audiencias ni en las conferencias se ha dicho que el ministerio público o la cicig piense que él haya sido parte de un soborno, es más el delito que le señalan no refiere ningún tipo de enriquecimiento.
Pero el dato más importante es que la ley del banco prevé su protección legal, ese hecho debiese hacer nula esta discusión.
Moises Avila /
es una baina no? los señores de la Junta Directiva ahora andan viendo como abren brecha de los hechos de corrupción que llevaron a la lamentable muerte de varias personas. Si los absuelven sería una burla más a el fantoche de sistema de Justicia guatemalteco. Más asco me daría que éste señor termine de asesor de algún otro banco privado....
Calanche /
Qué mal periodismo!
La cicig y el mp no le señalan a esta persona haber recibido algún soborno (cohecho pasivo); en la conferencia de prensa que se dio en mayo, el mismo comisionado dijo que la investigación no hacía pensar que los miembros de la junta directiva hubieran recibido dinero.
Eso se confirma con que la acusación que le hacen es por fraude, un delito que no conlleva beneficio economico.
Las únicas personas a quienes se les señala de haber gestionado un cobro indebido es al hijo de la magistrada y a un doctor (cobro ilegal de comisiones), asi como a un particular de apellido garcia a quien le señalan cohecho activo.
En congruencia con el principio de inocencia, porqué tendría que renunciar? no hay razón alguna.
Asusta que las notas periodisticas estén tan mal hechas.