El juez que protege a OPM argumentó lo opuesto en 2010

El sistema de corrupción e impunidad tiene sus artimañas. Cuando el presidente Otto Pérez Molina, una de las cabezas del sistema, estaba contra las cuerdas, se apoyó de los fuertes del sistema: Manuel Baldizón, el Cacif, Estados Unidos y también en los dos jueces del establishment. Uno, Roberto Molina Barreto, fue el que arrebató ayer la votación para suspender el proceso para juzgar a Otto Pérez, aunque hace cinco años argumentó lo contrario en un fallo.

antejuicio Corte de Constitucionalidad fallo impunidad n246 P147 Pérez Molina

Los jueces del establishment, Molina Barreto y Alejandro Maldonado (ahora Vicepresidente).

Foto: Carlos Sebastián

Nómada publicó ayer que el pulso por quitar la inmunidad a Otto Pérez Molina (OPM) por los escándalos de la SAT y el IGSS estaba empatado y que había fallo pendiente de decidirse, el del portero del sistema de corrupción e impunidad del Estado de Guatemala: la Corte de Constitucionalidad (CC). Se trata de la instancia dominada por los poderosos que frena impuestos, reformas, juicios por genocidio o juicios por corrupción contra un presidente en funciones.

Así fue este capítulo.

En la nueva CC desde que Alejandro Maldonado –el otro juez del establishment– fue designado por Pérez Molina y el Congreso como su vicepresidente, parecía estar en un balance de fuerzas. 2-2 y una incierta. Por un lado, Gloria Porras, quien preside este año, y Mauro Chacón, son más independientes. María Araujo Bohr, suplente de Alejandro Maldonado, no había votado en un caso tan fuerte. Y por el otro, Héctor Pérez Aguilera, fiel a OPM, y Roberto Molina Barreto, el abogado de los grandes empresarios, con diez años ya en la Corte.

De Molina Barreto, por ejemplo, Nómada publicó que estaba en un conflicto de intereses al recibir fondos en su fundación por parte de la gremial de textiles (VesTex) pero haber fallado a su favor en el caso del salario mínimo reducido. Él niega que haya conflicto de interés.

De Pérez Aguilera, por ejemplo, tiene una relación estrecha con Otto Pérez Molina. Durante este gobierno nombró a su hija, Olga María Pérez Tuna, en la misión de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

El truco (y la contradicción) de Molina Barreto

La sesión de la CC para decidir sobre el caso de la inmunidad de Pérez Molina no estaba programada para ayer jueves. En la sesión del miércoles, presidida por Gloria Porras, se iba a conocer el amparo de Karen Fisher a favor de Pérez Molina. Pero los magistrados titulares solicitaron tiempo para estudiar el caso, al menos una semana.

Entonces, en la mañana de ayer, Gloria Porras viajó hacia Costa Rica para un encuentro de magistrados constitucionales para conocer experiencias para agilizar las cortes.

Pero ayer mismo, cuando la reunión era dirigida por Mauro Chacón, según la información de dos fuentes dentro de la CC, Molina Barreto solicitó entrar a conocerlo y había mayoría de 3-2 a favor de Pérez Molina. Así fue. Se resolvió.

Esto a pesar de que el mismo Molina Barreto había votado en contra en un caso muy parecido hace cuatro años. En 2010, la misma abogada Karen Fischer había presentado una protesta judicial (amparo) contra el presidente Álvaro Colom. Molina Barreto votó en contra de aceptar el amparo porque Fischer no contaba con legitimidad para presentarlo; es decir, no le afectaba directamente como ciudadana si Colom seguía siendo presidente. Y la legitimidad para presentar un amparo es uno de los tres requisitos legales. Se trata del expediente 3253-2010.

Pero esta vez fue diferente. Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y María de Los Ángeles Araujo Bohr votaron a favor de conceder el amparo presentado por la abogada Karen Fisher, fiscal en tiempos del cuestionadísimo Carlos de León Argueta (2002-2004), y cercana a Pérez Molina. Con esto detuvieron temporalmente el proceso para quitar la inmunidad al Presidente. Temporalmente porque hace falta una segunda votación de la CC para decidir si lo aprueban en definitivo o lo rechazan.

Pero de momento, Pérez Molina puede respirar. Queda suspendido el proceso que había iniciado la Corte Suprema de Justicia (por unanimidad) cuando dijo el miércoles de la semana pasada que habían indicios de delitos suyos en los casos SAT e IGSS y envió el expediente al Congreso para que le quitaran la inmunidad. Como sucedió con la exvicepresidente Roxana Baldetti.

Uno de los argumentos de los tres magistrados de la CC fue que si no suspendían el trámite del antejuicio, podría afectarse la institucionalidad del Estado. Es el mismo argumento que ha utilizado el presidente y los que están a favor de él para que continúe en el cargo.

Esta mañana se intentó preguntar a Molina Barreto por qué había cambiado de criterio respecto de 2011 sin razonar su voto, pero no fue posible localizarlo en su oficina ni en su celular. A las 11.30 de la mañana dio una conferencia para explicar su fallo. Dijo que todos los medios habían entendido su resolución, menos uno: Nómada.

Esa tarde, Molina Barreto envió una carta a este medio, en la que argumenta que son distintos los casos de Fischer de 2010 y 2015. Explica que se rechazó su amparo de 2010 no porque no tuviera legitimidad, sino porque la CSJ ya había dicho que era presentado por razones espurias (a diferencia del caso de 2015, en el que la CSJ sí validó la demanda de Amílcar Pop contra el presidente Pérez).

Añade que la Corte ha tenido el criterio de dar legitimidad a ciudadanos individuales para amparos “en casos que pongan en riesgo la institucionalidad del Estado”. Recuerda que ha sido así en casos como los de Ricardo Sagastume, Helen Mack o Alfonso Carrillo. “Esta corte estimó que debe existir la certeza fundada que al primer dignatario de la nación no se le lleve a juicio por razones espurias, políticas o ilegítimas, lo que pondría efectivamente en riesgo la institucionalidad del Estado, que concierne a la ciudadanía en general y que legitima a la postulante del amparo (Karen Fischer)”.

Alejandro Balsells, integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), fue consultado sobre los dos argumentos. “Con todo el respeto que merece la Corte, el término legitimidad fue ampliado para que en amparo pudiera discutirse temas constitucionales macro de la estructura del Estado, empezando por caso del período de la fiscal Claudia Paz (presentado por Sagastume) o el de la validez de la elección de las cortes (electas por PP y Líder, presentado por Mack y Carrillo). La diferencia es que en esos casos eran cuestiones macro y en este (de Fischer) hay un expediente judicial de un conflicto entre dos partes: el diputado Pop y el presidente Pérez Molina. Los únicos legítimos para actuar son ellos dos. No es lo mismo que la integración de las cortes (rechazado por esta Corte). Otra crítica que yo hago a la Corte, con todo respeto, es por qué sí permitieron el proceso de antejuicio contra la exvicepresidente Baldetti y contra el presidente Pérez no. Aunque Baldetti misma fue la que interpuso un amparo en su defensa”.

Alexander Aizenstadt, vicepresidente del Cedecon, tuiteó sus críticas a la sentencia.**

El diputado Amílcar Pop, de Winaq, había denunciado a OPM por encubrimiento propio, incumplimiento de deberes, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por su presunta implicación en el caso de defraudación en la SAT, La Línea, y el caso IGSS.

Los magistrados que votaron en contra, Mauro Chacón y Héctor Trujillo Aldana, argumentaron que Pérez Molina tiene instancias específicas que lo pueden defender, como la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, y que en su amparo la abogada Karen Fisher no fundamentó de qué forma resultó afectada directamente. Los tres abogados que votaron a favor, explicó el secretario de la CC, dijeron que aceptaron la participación legítima de personas particulares que defiendan el orden constitucional.

La magistrada que puso el voto clave

Esta Corte se ha caracterizado por tener votaciones divididas, 3-2. Roberto Molina Barreto, Hugo Pérez Aguilera y Alejandro Maldonado, el ahora Vicepresidente, fueron quienes estuvieron de acuerdo en anular y enredar el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, en reducir el período de la fiscal general Claudia Paz y Paz, y de avalar la cuestionada elección de Líder y PP para los jueces de la Corte Suprema y las cortes de apelaciones.

Pero con Alejandro Maldonado en la Vicepresidencia, quedaba la incógnita sobre el nuevo balance de fuerzas. Y María Arujo Bohr fue la persona clave ayer.

¿Quién es ella? Fue electa como magistrada suplente de la CC en el 2011 por el Congreso. Recibió el voto de 129 diputados de 135 presentes. Los únicos que no votaron por ella fueron los diputados de URGN, entre ellos Amílcar Pop, y tres congresistas independientes. Es presidenta de Empresas Marítimas, S.A. Graduada de la Universidad de San Carlos. El 10 de septiembre del 2013 se cambió el segundo apellido Bor por Bohr.

En el 2011 fue abogada de Mario Brol, por el gran caso de defraudación fiscal de Alka Wenker, condenado por la defraudación de Q800 millones. Su esposo es William Méndez –con quien fundaron el bufete Méndez & Araujo*–, quien ha defendido a acusados de narcotráfico y también al expresidente Álvaro Colom. Fue candidato a Fiscal General en el proceso de selección pasado, pero no logró avanzar hasta los seis finalistas porque recibió seis objeciones, entre éstas una de la CICIG, que lo señaló de representar a sindicados de delitos de crimen organizado y corrupción.

Cuando participó en el 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala enfatizó de él que “se ha caracterizado por defender a narcotraficantes y empresarios corruptos”. Su simpatía hacia la CICIG, que lleva el caso de la SAT y el IGSS, probablemente sea escasa.

Además, la sociedad civil tachó al esposo de Araujo por retrasar juicios de manera maliciosa, ya que presentó 31 amparos en el proceso por la masacre de Las Dos Erres.

El diputado Pop tachó la resolución como un “serio retroceso en la lucha contra la impunidad”. También dijo que una parte del sector empresarial habría influido en la decisión de la CC.

Aunque hubo cámaras dentro del sector privado organizado, el Cacif, que están a favor de pedir la renuncia de Pérez Molina –como pidieron la de Baldetti–, los grandes industriales lo vetaron y consideran que no les perjudica que Otto Pérez siga o no siga en la presidencia. Temen que sin él en el puesto, la sobrevivencia del sistema pueda ser incierta.

Con la suspensión de ayer, el sistema logró detener el proceso para quitarle la inmunidad al presidente. Ahora la Corte deberá convocar a una vista pública en donde el diputado Pop y la abogada Karen Fischer expongan sus argumentos. Eso podría ser la próxima semana. Después podrán resolver en definitiva. Con esto también quitan un peso de encima a la comisión de cinco diputados –dominada por el partido Líder, de Baldizón– que tenían que recomendar quitar o mantener la inmunidad de Pérez Molina.

Una instancia que también se había estancado porque el diputado que la presidía, Baudilio Hichos, renunció después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) pidiera quitarle la inmunidad para investigarlo por otro caso de corrupción en el Seguro Social.

* Este detalle fue agregado el 22/6/15 después del comentario de un lector.

** Estos cuatro párrafos fueron agregados el 22/6/15.

Jody García
/

Periodista. También lectora y pintora. Trabajó dos años en Diario La Hora cubriendo el sistema de justicia. Llegó a Nómada por el futuro. @Jody_Garcia_


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    ANONIMO /

    20/08/2015 12:34 AM

    […] Lea: El juez que protege a OPM falló lo opuesto en 2010 […]

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    ANONIMO /

    06/07/2015 2:00 AM

    […] argumentos legales y las evidencias judiciales deberían ser las que decidan si un presidente debe ser despojado de su inmunidad para ser investigado por corrupción, si un candidato puede participar o si hay condiciones para […]

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    ANONIMO /

    02/07/2015 11:49 AM

    […] Los tres conservadores de la CC lograron esta victoria aunque Molina Barreto se contradijera sobre un fallo de 2010 y abogados progresistas y conservadores le recordaran que Fischer no tenía legitimidad para intrometerse en el caso, como contó Nómada en este reportaje. […]

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    ANONIMO /

    25/06/2015 11:06 AM

    y Restaurantes Kloster, en donde se peleaba el derecho a la educación. Molina Barreto y Pérez Aguilera son nocivos para la justicia en Guatemala, ya que avalan fallos en los que se violentan derechos constitucionales y dan aval a intereses políticos y de la burguesía en Guatemala, pero para nada protegen los derechos de la población en general y lo mismo podría decir del resto de "honorables" magistrados de la actual CC. Es imperativo que se depure esta corte máxima de justicia ya que está claro que también está plagada de corrupción, clientelismo y tráfico de influencias. Los guatemaltecos no reparamos en el daño que estos ilustres magistrados causan a nuestro ordenamiento jurídico porque nos mantenemos indiferentes ante el acontecer cotidiano. Lo cierto es que la CC está para hacer cumplir la ley no importando a quién afecte en su aplicación, pero sucede todo lo contrario, allí se gestan terribles fallos legales sin fundamento legal o doctrinal alguno y de allí se origina un abuso de autoridad y mala fe en la aplicación de la justicia por la máxima autoridad en materia jurisdiccional Me pregunto si un ciudadano pretende llevar un caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde se violentó derechos humanos a través de un fallo reciente de la CC y la hija de Pérez Aguilera forma parte de la Misión de Guatemala ante la OEA, se podría esperar justicia internacional?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    ana virginia lopez /

    25/06/2015 12:56 AM

    De acuerdo a la informacion que provee uno de los comentaristas, es preocupante que funcionarios publicos coopten con familiares todos las instancias de justicia, es algo que debemos parar porque es preocupante que como ciudadanos acudamos a la CC para intentar hacer valer la justicia pero ignoramos que hay una gran probabilidad de que haya justicia para aquel que tiene acceso.directo con los magistrados que responden a intereses politicos y economicos de las altas esferas de Guatemala. PEREZ AGUILERA fue el magistrado ponente en un caso que relaciona a la familia REICHENBACH propietarios de Colegio Suizo Americano, Universidad Internaciones y Restaur

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Roberto Lopez /

    24/06/2015 9:27 AM

    MOLINA BARRETO no se prestó a esa sucia jugada por amor al arte. Este abogado está cabildeando su reelección como magistrado de la CC, por lo que le interesa demostrarle a la clase política que es confiable para la preservación del status quo. Molina Barreto ha archivado los amparos para antejuiciar a los diputados Gudy Rivera, del PP, y Mario Rivera, de Líder, lo cual lo convierte en un aliado de la impunidad. Es el mismo que favoreció la anulación de la sentencia por genocidio contra Ríos Montt. También se mostró contrario a la suspensión del salario mínimo diferenciado de Q1,500 por una sencilla razón: Tiene conflictos de interés porque la fundación Fundacívica —de la cual es fundador y una de sus hijas es la gerente— ha recibido fondos de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex), interesada en la vigencia de ese salario que viola derechos constitucionales de los trabajadores.
    A ESE MAGISTRADO VENAL se unieron Héctor Hugo Pérez y María Araujo. El primero le debe favores a Pérez Molina, ya que este nombró a su hija, Olga María Pérez, en la misión de Guatemala ante la OEA en Washington. La segunda llegó a la CC en sustitución de Alejandro Maldonado, y mantiene la misma línea progobiernista de su antecesor. (SHETIMUL)

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Nachito /

    22/06/2015 10:45 AM

    la corrupcion es imperante en todos los niveles y en los tres organismos del estado, se encuentra la magfia, interes de la clase poderosa, son los mismos que detienen el desarrollo del pais con sus estructuras explotadores y destructores que se espera de ellos, solo velan por sus intereses se les olvidan del bien comun.

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Gustavo Hernandez /

    22/06/2015 5:51 AM

    La CC dejo de ser CC y paso a ser una empresa al servicio del mejor postor (bueno nunca lo fue) al igual que el congreso, la Cj, todos en un 90% son unos perfectos mercaderes de la justicia e constitucionalidad. Lo que pasa es que estos tres poderes del estado al servicio del poder económico tradicional, se a ido queriendo independizar y a estado creciendo en redes de mafia que ya le afectan de alguna manera a ese mismo poder económico tradicional y entonces están tratando de ingresarlo a su estatus tradicional (títeres por un manojo de pisto) y no que crezcan tanto como lo han venido haciendo. Esos recintos APESTAN!!!

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    ANONIMO /

    20/06/2015 9:36 PM

    Este Molina no es pariente de la gente de Repsa, y no tendra alguna relación con esta decisión?

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!

    Roberto Lopez /

    20/06/2015 6:24 PM

    Roberto Molina Barreto, presidente hasta hoy de la Corte de Constitucionalidad (CC), preside una fundación que recibió fondos de la Industria de Vestuario y Textiles (VesTex) y les dio la razón en un fallo sobre la reducción de salarios mínimos en cuatro municipios.
    Quienes crearon la Fundación, según el acta constitutiva, fueron Lucrecia Molina Spillari, quien es abogada como su padre, Molina Barreto. También es fundador Federico Sandoval Duchez, quien es representante legal y gerente general de la empresa Orcatec, que desde el año 2005 ha recibido Q4.5 millones en contratos con el Estado, según Guatecompras. En el 2010 le vendió a la CC equipo para el departamento de informática por Q70 mil. *ASI LO DIJO NOMADA*

    ¡Ay no!

    ¡Nítido!







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