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Diputados quieren dar Q6 millones del presupuesto 2020 a quien defendió el transfuguismo

El dictamen del presupuesto para el 2020 incluye un aporte millonario para el ‘Instituto de Justicia Ciudadana’, dirigido por un abogado que se benefició de contratos con instituciones públicas y aspiró a un alto cargo en el Organismo Judicial.

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Único registro digital de la oenegé Instituto de Justicia Ciudadana. Una página de Facebook que no se alimenta desde 2016.

Foto: Tomada de Facebook

Los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso consideraron que la propuesta del gobierno de Jimmy Morales, de aprobar un presupuesto de Q91,900 millones para el 2020, era demasiado ambiciosa, tomando en cuenta que la recaudación fiscal es y será un problema para el Estado.

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Así que el 28 de octubre de 2019 decidieron recortar, entre otras, las asignaciones para educación y salud, y reducir el plan de gastos a Q89,773 millones. Pero aprovechando que tenían el presupuesto entre sus manos, los diputados también incluyeron asignaciones de fondos públicos para organizaciones no gubernamentales poco conocidas, que ni siquiera estaban contempladas en la iniciativa del gobierno.

Una de esas es el Instituto de Justicia Ciudadana, que, según el dictamen de la Comisión de Finanzas, debería recibir Q6 millones de fondos del Ministerio de Gobernación.

Ahora, nadie en el Congreso explica a qué diputado se le ocurrió por qué esa institución debería recibir recursos públicos y qué se piensa hacer con ese dinero el próximo año. Incluso, los diputados ni siquiera saben a qué se dedica y quiénes son las personas encargadas de la administración.

No hay una página web o un registro público de la organización; solo hay una cuenta en Facebook que no se actualiza desde julio de 2016. Lo cierto es que detrás está un buen amigo de los diputados.

El defensor «de los pobres» y de los tránsfugas

A través de un rastreo legal se puede identificar a Ragde Rivera Aquino como el fundador, presidente y representante legal del Instituto de Justicia Ciudadana.

Esa organización se autodefine como una “asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear acciones legales en beneficio de la sociedad”.

Rivera Aquino aspiró a ser magistrado de las Cortes de Apelaciones, y en la hoja de vida que presentó a la comisión de postulación para optar a ese cargo, reconoció que es el responsable del Instituto.

Y también recalcó que, con ese cargo, dictó una conferencia sobre “la integración de la familia” a niños de una escuela primaria en la colonia Nimajuyú, en la zona 21 capitalina.

 

No hay evidencias de que Rivera Aquino asesore a personas en situación de pobreza o pobreza extrema, pero su nombre sí es reconocido entre los diputados más cuestionados.

Con el auxilio de los abogados Arardo Alessandro Sandoval y Juan Francisco García Morales, Rivera Aquino presentó en 2018 una acción legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la prohibición del transfuguismo establecida en la Ley Electoral.

Según la Ley, las organizaciones políticas y a los bloques legislativos no pueden incorporar en sus filas a diputados que hayan sido electos por otro partido y la prohibición sigue vigente porque la acción de Rivera Aquino, y las de otros abogados, fueron descartadas por la CC.

La defensa de un abogado sin explicaciones

Además de presidir una asociación que podría recibir Q6 millones el próximo año y de intentar ser magistrado de las Cortes de Apelaciones, Rivera Aquino también tiene contratos con el Estado.

Entre el 2016 y el 2019 fue asesor legal en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos e integrante de juntas examinadoras en esa casa de estudios. Por eso ganó Q336,400.

En el 2019 también consiguió un contrato en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por Q72,000, como asesor en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

 

En una breve conversación telefónica con Rivera Aquino se intentó conocer cómo el abogado administra y cumple con las responsabilidades del Instituto, trabaja en el Mides y es examinador de la Usac. Y sobre todo, cómo piensa administrar Q6 millones de fondos públicos.

—Eso se lo dije ya a la Comisión (de Finanzas). Si hay algo que decir, pregúnteselo a ellos, fue se respuesta.

Al cierre de esta nota, el diputado Rudy Pereira, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que la inclusión de organizaciones no gubernamentales en el presupuesto se decidió por votación en la sala de trabajo y dijo que no estaba disponible para dar declaraciones.

 

Gráfica: Lucía Menéndez

Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre de 2019 para aprobar el presupuesto del 2020, y si no lo consiguen, el plan de gastos de este año cobrará vigencia el próximo.

Javier Estrada Tobar
/

Periodista y comunicador. Se formó y trabajo durante casi diez años en Lahora.gt. Apasionado por las letras, el desarrollo humano, la política, las redes sociales, el cuidado del medio ambiente y la buena comida.


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