Acisclo: El embajador que ansía ser fiscal tiene un hijo en problemas

Acisclo Domingo Antonio Pedro Francisco Luis Rodrigo Manuel José de Jesús Valladares Molina fue inscrito con un nombre de otra época un 17 de septiembre de 1946 en la Ciudad de Guatemala. Hace cuatro años se quitó ocho de sus nueve nombres y formalizó el nombre con que se le conoce en la sociedad, Acisclo Valladares Molina. Es el menor de los 6 hijos del matrimonio de Luis Valladares y Aycinena y María Molina, ambos provenientes de familias aristocráticas de Guatemala. La historiadora Marta Elena Casaús Arzú lo identifica como miembro de las redes familiares que dominan la actividad política y económica desde hace más de dos siglos.

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Su niñez y juventud transcurrieron mientras su papá se desempeñaba como abogado, diplomático y político. Luis Valladares y Aycinena fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobernación, embajador en España y ante la Santa Sede. Y además fue secretario general del Partido Unificación Anticomunista, un grupo político fundado en 1952, opositor al gobierno revolucionario de Jacobo Árbenz.

Acisclo Valladares estudió la primaria en Boston y la secundaria en el Liceo Javier, de donde se graduó a los 16 años. Después fue a estudiar abogacía a Salamanca y consiguió una especialización en Derecho Canónico (del derecho de la Iglesia católica) por la Universidad Gregoriana de Roma, en 1969. Después de terminar sus estudios en Europa volvió a Guatemala y validó su título de abogado en la Universidad de San Carlos, en 1972. En 1975 se casó con Raquel Urruela, también de orígenes patricios, con quien tuvo 5 hijos. Al lado de la vida familiar se dedicó a la política y la diplomacia.

Fue candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala en 1982 por el Comité Cívico de Liberación Popular y candidato a diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, por el Comité Cívico Liberación Popular. También militó en el Movimiento de Liberación Nacional, el partido anticomunista recordado como el partido de la violencia organizada. Se postuló dos veces como candidato presidencial, en 1995 y 1999, por su Partido Libertador Progresista, ‘el del avioncito’. Nunca ganó una elección.

Entre 1988 y 1991 fue el delegado de Guatemala ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Después de ser fiscal, trabajó en otras agencias de la ONU. Fue nombrado por Alfonso Portillo como embajador ante la Santa Sede entre 2000 y 2004 y después por Álvaro Colom ante la Santa Sede en 2008 y después trasladado a Londres desde 2010. Desde entonces su vida transcurre entre Londres y Guatemala, en donde pasa buena parte de su tiempo. Es, además, el único embajador que cuenta con una columna de opinión en uno de los principales matutinos del país, elPeriódico, desde donde se ha defendido a sus jefes, los presidentes.

En su foto de elPeriódico.

Su prueba de fuego: el Ministerio Público de 1991

El presidente Jorge Antonio Serrano Elías nombró a Acisclo Valladares como Procurador y Fiscal el 15 de marzo de 1991, cuando la PGN y el MP eran una sola institución y la forma de llevar las investigaciones era inquisitoria y no en juicios públicos como ahora. En el marco del conflicto interno y de la transición de gobiernos militares hacia mandos civiles, la investigación de actos de corrupción y las violaciones a derechos humanos se presentaban como sus más grandes retos.

‘Mi llegada al Ministerio Público en 1991 vino a marcar una importante diferencia, a partir de ese momento, los dos Procuradores, de la mano (el PGN y el PDH), esforzados por hacer real –quizá por vez primera– la protección del ser humano, la razón de ser del Estado’, dijo Acisclo Valladares en su columna ‘El buen juez’, del 19 de noviembre de 2016.

Uno de sus principales logros fue dar con el sargento mayor, Noé de Jesús Beteta, el autor material de la muerte de la antropóloga Myrna Mack, quien fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1991. Ese fue el primer paso para esclarecer la muerte de Myrna Mack, quien fue asesinada el 11 de septiembre de 1990, cuando trabajaba con comunidades desplazadas y desarraigadas por el conflicto armado interno.

Además, esclareció el crimen del empresario estadounidense Michael Devine y la condena a 20 años de prisión de su asesino, el capitán Hugo Roberto Contreras Alvarado, en un tribunal militar. La condena de los asesinos Jean Philippe Bernard y Philippe Lucien André Biret por el caso del restaurante Chez Pierre. Otro de sus logros, según Acisclo, fue ‘la persecución penal de la usurpación de tierras como delito flagrante y la persecución penal de finqueros que denunciaron como usurpadores a sus colonos para no indemnizarles’.*

En febrero y agosto de 1992, la revista Crónica dedicó sus portadas para exponer el conflicto que enfrentaba en esa época a Acisclo Valladares Molina, como jefe del Ministerio Público y Juan José Rodil Peralta, presidente del Organismo Judicial. Los jueces acusaban a Acisclo Valladares de presentar acusaciones sin pruebas suficientes y usar casos de impacto con fines propagandísticos para ganar prestigio. ‘No es cierto que el Ministerio Público se limite a hacer denuncias y, si son varios jueces los que afirman lo mismo, quizá es sólo porque ellos se están fijando más en las deficiencias que en los logros’, respondía el entonces fiscal a las críticas.

Acisclo, hace 26 años, cuando era jefe del MP.

Julio Rivera Clavería, que era secretario de Rodil Peralta, declaró que “más que jugar su papel de colaborador, el MP ha entorpecido la administración de la justicia en el Organismo Judicial”.

(Aquí, dos de los números de Crónica, la primera revista de referencia de la era democrática en Guatemala, digitalizados por la Universidad Francisco Marroquín. Crónica 219. Crónica 267.)

En la gestión Acisclo Valladares se investigaron casos de corrupción. El MP denunció irregularidades en el procedimiento con el que el gobierno de Vinicio Cerezo privatizó la empresa estatal Aviateca, sin consultar al Congreso, y la adquisición anómala de tres helicópteros Sikorsky y sus repuestos, por US$5 millones, al reino de Jordania, que supuestamente fueron un regalo del rey Hussein. Al final, no logró que llegaran a condenas. A diferencia del caso de Aviateca, no hubo investigaciones sobre las facilidades que dio el presidente Vinicio Cerezo para la empresa de la que después se convertiría en socio su ministro de Comunicaciones, Mario López: Comcel-Tigo.

Contra su gestión también hay cuestionamientos serios. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, con fecha del 25 de noviembre de 2000, se señala que Acisclo Valladares interfirió en una diligencia clave en la búsqueda de Efraín Bámaca, en Retalhuleu, el 20 de mayo de 1992, cuando se pensaba que había sido ejecutado por el ejército.

En el documento se acusa a Acisclo Valladares Molina de presentarse acompañado de militares al lugar donde se realizaría una exhumación y cuestionar la legalidad de la diligencia. En ese tiempo, Jennyfer Harbury buscaba los restos de Bámaca, su esposo, un guerrillero que fue capturado y desaparecido por el ejército después de un enfrentamiento 12 de marzo de 1992. Incluso en la guerra, la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad.

En el testimonio que recogió la CIDH, Acisclo Valladares reconoció que se trasladó en un avión militar para presenciar la exhumación y cuestionó ante el juez la utilidad de la diligencia para identificar a la persona inhumada, pero aseguró que no canceló la exhumación. En 1994 planteó una serie de recursos para determinar el paradero de Bámaca, pero fueron infructuosos y hasta hoy se desconoce su paradero.

Es decir, en la CIDH, el Estado de Guatemala fue condenado porque, entre otros aspectos, consideró válido el testimonio en el que Jennifer Harbury señala a Acisclo Valladares de interferir en la búsqueda de una persona desaparecida por el ejército.

La CIDH también cuestionó el papel de Acisclo Valladares en la sentencia de la CIDH del Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, del 27 de noviembre de 2003. Maritza Urrutia era una guerrillera del EGP, secuestrada el 23 de julio de 1992 por tres miembros del ejército. Estuvo cautiva ocho días en un centro clandestino de detención donde fue sometida a torturas y se le obligó a grabar un video en la que justificó su desaparición como una manera de abandonar la organización e instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. El 29 de julio de 1992 el video se transmitió en dos noticieros de Guatemala.

El 30 de Julio de 1992 Urrutia fue liberada cerca del Ministerio Público en la Ciudad de Guatemala. Bajo amenazas de muerte de sus captores, se dirigió a la oficina Acisclo Valladares, quien la recibió y la llevó a un juzgado para pedir una amnistía para que no se le persiguiera. ‘Ni la jueza ni el señor Acisclo Valladares le preguntaron sobre su situación o sobre lo que le había pasado’, en referencia a posibles torturas mientras estuvo capturada por el ejército, señala el documento de CIDH. La tortura, incluso en la guerra, es considerada un crimen de lesa humanidad.

Javier Monterroso, secretario privado del MP en tiempos de la fiscal Claudia Paz y Paz, considera que la experiencia de Acisclo Valladares Molina en derecho penal es escasa. “Su paso por el Ministerio Público fue muy corto y no debería tomarse en cuenta como un aporte para su hoja de vida, porque en su tiempo ni siquiera se aplicó el Código Procesal Penal que usamos ahora”, señala.

“En la década de los 90 el papel investigador realmente lo ejercían los jueces y no el MP, que tenía un papel más inquisidor, y no era para nada científico”, dice Javier Monterroso. Además, señala que la especialidad del embajador es el derecho canónico (de la Iglesia católica), que no es útil para labor del fiscal general. También considera que se deben tomar en cuenta las advertencias de la CIDH sobre el papel de Acisclo Valladares al frente del Ministerio Público.

El escándalo familiar por una millonaria herencia

Acisclo Valladares Molina se vio envuelto en una polémica, por la que fue forzado a interrumpir en mandato al frente del MP en 1992, acusado de haber encubierto a un familiar.

Todo comenzó con la disputa por una fortuna –que la prensa estimaba en unos Q100 millones, entonces US$20 millones–. La fortuna era de sus tías Antonia Matos Aycinena, de 89 años, que permanecía postrada en cama y afectada por una profunda depresión, y María Matos Aycinena, de 91 años, en silla de ruedas. Las ancianas no tenían descendientes, así que su patrimonio se lo disputaban entre su sobrino favorito, Luis Domingo Valladares Molina, hermano del entonces jefe del MP, y un personaje más sorpresivo, Luis Humberto Velásquez Solís, un salvadoreño de 33 años, novio de la tía María.

La nonagenaria tuvo la intención de casarse con su pareja, 58 años menor, pero la familia Valladares se opuso. El salvadoreño Velásquez afirmó que la idea del matrimonio había sido una de las opciones propuestas por su abogado, Emerio Lemus, para que María Matos pudiera heredarlo, según contó la revista Crónica.

Al final no se concretó la boda de la anciana y el joven, pero realizaron una acción de compraventa simbólica de varios bienes en favor del treintañero Velásquez, con usufructo vitalicio para las ancianas. En respuesta, Luis Domingo pidió que un tribunal declarara interdictas a sus tías, para invalidar los negocios que pretendía hacer Velásquez y administrar las propiedades, con la supervisión de un juez.

Mientras en los tribunales tomaban una decisión, las propiedades de las tías Matos cambiaban de manos a través de procedimientos notariales. El treintañero Velásquez y administrador de los bienes y la tía María, denunciaron al sobrino Luis Domingo, por la supuesta falsificación de documentos para apropiarse de parte de la fortuna, y en septiembre de 1992 presentaron al Congreso dos solicitudes de antejuicio contra Acisclo, a quien acusaban de encubrir a su hermano.

Acisclo Valladares tuvo que dejar el cargo que tanto había añorado, acusado de haber preferido el encubrimiento de un familiar.

Un mes después, el Congreso retiró la inmunidad a Acisclo y fue forzado a dejar su cargo como procurador y jefe del Ministerio Público, e incluso pasó un corto tiempo en la cárcel. Las investigaciones se extendieron por varios meses hasta que el 23 agosto de 1993, una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones le permitió volver a su puesto cuando se desvanecieron los señalamientos.

No se comprobaron las acusaciones contra Luis Domingo y Acisclo Valladares. En ese tiempo, Serrano Elías ya se encontraba fuera del país después de su fallido autogolpe de Estado y el presidente entonces era Ramiro de León Carpio.

Para entonces, lo que quedaba de la fortuna, que todavía no se había repartido entre las dos partes, se dividió poco a poco entre la familia Valladares y el salvadoreño Velásquez, por un mutuo acuerdo. Antonia murió en 1994 y María en 1995. Y en 1996, Luis Humberto Velásquez fue asesinado en El Salvador. El crimen quedó impune.

Ahora, Acisclo dice que es un tema estrictamente familiar, ‘concerniente a mi familia y que nada tiene que ver con el patrimonio del Estado o con el patrimonio de persona que sea ajena a nosotros’, pero afirma que en su tiempo facilitó las cosas para someterse a los tribunales de justicia.*

Defensor oficioso y diplomático cercano al poder

A través de sus columnas de opinión y apariciones en medios, Acisclo Valladares ha defendido ante la opinión pública a presidentes y otros políticos poderosos en los últimos años. Según tres diplomáticos guatemaltecos consultados, esa es una de las razones por las que se ha mantenido en sus puestos como embajador itinerante entre El Vaticano, Reino Unido y la Ciudad de Guatemala.

Los presidentes no tienen a muchas personas que los defiendan en la opinión pública en Guatemala, así que el embajador hace suya esa función especial.

Defendió a Sandra Torres en 2011 sobre su divorcio con tanto ahínco que un columnista de la época, Jorge Palmieri, a su vez embajador ante México del dictador Romeo Lucas García y famoso por sus propias defensas oficiosas, acusó a Acisclo Valladares de ‘desvergonzada marrullería’. En otro de sus análisis sobre Sandra Torres, siendo la esposa de su jefe, Acisclo la elogiaba y cuestionaba: Fueron muchos los ataques contra Sandra Torres por la posible corrupción en el manejo de las transferencias condicionadas, habiéndose encargado el tiempo de desmentirlo, así como reiterar que, así como creo en estas, rechazo los programas de bolsas y fertilizantes en tanto que no exista catastro y evaluación de resultados, pinche negocio para ‘escogidos proveedores especiales’.

También alabó a Otto Pérez Molina, el presidente que renunció cuando se solicitó su orden de captura por acusaciones de corrupción. El 12 de septiembre de 2015 comentó que el presidente no tenía la obligación de renunciar, pero tomó la decisión ‘de un hombre de Estado’ y sugirió que la dimisión ocurrió ‘después de superadas las intentonas golpistas de establecer un gobierno inconstitucional provisorio’.

En agosto de 2015, en plena campaña electoral, Acisclo Valladares aplaudió a los dos candidatos presidenciales que repuntaban en las encuestas, a pesar de que la UNE y Líder no eran transparentes en el manejo de sus finanzas y eso les provocara líos legales dos años después, a pesar que Líder hubiera hecho campaña electoral anticipada y llena de dinero cuyo origen era cuestionado: ‘Manuel Baldizón y Sandra Torres están a la cabeza y merecen estarlo: se preocuparon por organizarse con la anticipación debida y recorrieron –uno a uno– los caminos’, escribió el diplomático.

Al final, Lider fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral al violar la Ley Electoral y su exsecretario general, Roberto Villate, está acusado por el MP de financiamiento electoral ilícito. Orlando Blanco, entonces secretario general de la UNE, también está bajo investigación por el mismo delito.

Aunque es un crítico de las conferencias de prensa del MP y la CICIG en las que explican las acusaciones, Acisclo Valladares no es ajeno explicar sus posiciones a la opinión pública por medio de sus columnas. La defensa más aguda del embajador en los últimos meses fue para el presidente Jimmy Morales y su familia: José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano.

Contra Jimmy Morales hay dos denuncias: La primera por financiamiento electoral ilícito de FCN, por al menos Q6.5 millones en la campaña electoral de 2015, y la segunda, por recibir sobresueldos del ejército por Q450 mil entre diciembre de 2016 y agosto de 2017. Los dos antejuicios están detenidos en el Congreso y la Corte de Constitucionalidad.

En una entrevista en Canal Antigua, Acisclo Valladares, dijo que el antejuicio contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito, al igual que los antejuicios contra Villate y Blanco, de Lider y UNE, respectivamente, tienen una ‘sensación de espurios y políticos’.

En esa entrevista, Acisclo también cuestionó el momento en que el MP y CICIG presentaron las acusaciones contra Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito, justo cuando Jimmy Morales estaba en Nueva York para pedir al secretario general de la ONU la destitución de Iván Velásquez. La argumentación podría haber sido a la inversa: Jimmy Morales intentó la destitución de Iván Velásquez cuando se enteró que estaba siendo investigado.

La CICIG y el MP también acusan a los dos familiares del presidente de participar en el caso Botín Registro de la Propiedad, liderado por Anabella de León, por procesos ilegales de contratación. El 31 de enero y el 4 de febrero de 2017, Valladares se encargó de exponer el caso a sus lectores, y con sus propios matices, minimizar la responsabilidad del hijo y el hermano de Jimmy Morales.

Sobre el caso de los familiares de su jefe, Jimmy Morales, Acisclo sostuvo que José Manuel y Samuel no incurrieron delitos y solo cometieron faltas, al ‘única y exclusivamente proporcionar las facturas’ para hacer una venta fraccionada para el Registro de la Propiedad, evitando las reglas de la Ley de Compras. ‘Al perseguir hechos que no son constitutivos de delito, se mina la figura del Presidente de la República, Representante que es de la Unidad Nacional’, escribió en su columna del 22 de noviembre de 2016.

En respuesta, la periodista Claudia Méndez Arriaza hizo un análisis en el que explicó que ambos son sospechosos, no solo de fraccionar la compra, sino de crear una ficción al inventar competidores en el proceso de adquisición.

‘Mis opiniones personales, personales son y defiendo, ataco, critico, analizo e instruyo a mi exclusivo gusto, tal y como ocurre con mis páginas, estrictamente personales, de Facebook, Twitter y otros espacios electrónicos’, respondió Acisclo Valladares para este reportaje.

Los tres diplomáticos de carrera consultados para esta nota, dicen que a Valladares lo conocen como el defensor del estatus quo, por defender desde los medios de comunicación las figuras más cuestionables de la política. Por ese papel, afirman los tres, tiene comunicación directa con Jimmy Morales. Acisclo dice que esas acusaciones solo le causan una 'sonrisa' y responde que es un embajador de carrera, políglota y bien formado.*

El pago para mensual del Ministerio de Relaciones Exteriores para Acisclo Valladares Molina como embajador guatemalteco ante el Reino Unido es de US$10,239.05 (Q74,700), además del pago de vivienda y servicios como embajador y los boletos de avión. A pesar de ese sueldo, no permanece todo el tiempo en Londres y regresa con frecuencia a Guatemala. Y recibe compensaciones. Entre los viáticos de la Cancillería, en 2017, recibió Q83,639 (US$11,333).

Un operador en el plan de Jimmy

Acisclo Valladares es mucho más que el embajador de Guatemala en el Reino Unido. Es una de las mentes que dirigen la política exterior en el gobierno de Jimmy Morales. Así lo definen los diplomáticos de carrera en el servicio exterior que entienden que la canciller Sandra Jovel sigue sus directrices en el plan para vengarse del atrevimiento de Iván Velásquez de pedir el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales por el financiamiento de su campaña electoral en 2015.

Sandra Jovel asumió el puesto de canciller el 26 de agosto de 2017, cuando Carlos Raúl Morales y dos viceministros se negaron a firmar la orden de expulsión contra Iván Velásquez. ‘Él se está encargando de asesorar al presidente para apresurar la salida del comisionado, aunque es ella (Jovel) quien da la cara en el Ministerio de Relaciones Exteriores’, advierte un funcionario en el servicio exterior.

Acisclo Valladares se contradice sobre el tema. En una comunicación digital para este reportaje, el embajador y candidato a Fiscal asegura que no asesoró el plan para declarar ‘non grato’ a Iván Velásquez. ‘No creo en quejitas, ni asesoro quejitas; ni contra el actual Comisionado, ni contra nadie’, aseguró

Pero el 1 de septiembre dijo a Nómada que presentó una nota verbal de protesta escrita ‘de su puño y letra’: ‘La nota verbal de protesta a Naciones Unidas y en la que pedimos hacer una auditoría jurídica por las actuaciones de Iván Velásquez la escribí de mi puño y letra. Ojalá algún día se haga pública’. ¿Qué decía? ‘Básicamente que hay un abuso mediático para llevar acusaciones legales. Está litigando por medio de la prensa’.

En una comunicación por escrito ante esta contradicción, Acisclo Valladares ahora sostiene que no escribió esa nota de protesta contra Iván Velásquez. ‘Es absolutamente falso’, apuntó.

Sobre su papel en la diplomacia y sus viajes constantes a Guatemala, dice que no es “ningún diplomático maceta, objeto decorativo”. Y en realidad, no lo es. Por su experiencia, contactos y habilidades, el embajador Acisclo Valladares es el hombre que Jimmy Morales ha llamado a su lado para pedir consejos y estrategias.

También parece ser su candidato favorito para el Ministerio Público, pero sus vínculos con una empresa, con el presidente y con su propio hijo, Acisclo Valladares Urruela, lo ponen en medio de conflictos de interés.

El ministro Valladares Urruela.

Primer conflicto de interés: una constructora investigada

En su hoja de vida, Acisclo Valladares consigna que es mandatario judicial Aceros Prefabricados S. A. (Apsa). Apsa es la empresa que se encarga de las obras de ampliación en el mercado El Guarda, que se encuentran bajo una investigación del Ministerio Público.**

Unos 30 inversionistas aportaron Q7 millones en 2014 para las obras de ampliación del mercado, con la autorización de la Municipalidad de Guatemala, pero el proyecto quedó inconcluso. La falta de interés en el proyecto hizo que varios potenciales inversionistas ya no compraran los locales que se estabn construyendo, y eso provocó una parálisis en las obras desde hace cuatro años.

Acisclo dice que ahora está alejado de la profesión de abogado y asegura que en los últimos diez años no ha ejercido los mandatos que tiene en su CV público. Añade que, de ser designado fiscal general, recurrirá a designar a un fiscal especial cuando enfrente un conflicto de interés.*

Segundo y tercer conflicto: en su propia familia y con su jefe

El 23 de noviembre de 2017, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP y la CICIG ejecutaron 5 allanamientos para secuestrar documentos relacionados con la telefónica Tigo. Uno de los allanamientos se hizo en una propiedad de Acisclo Valladares Urruela, entonces Comisionado Nacional de Competitividad. Es el hijo de Acisclo Valladares Molina.

Acisclo Valladares Urruela fue director jurídico y de asuntos corporativos de Tigo. El 25 de agosto de 2015 se incorporó al gobierno de Otto Pérez Molina como jefe del Programa Nacional de Competitividad. Y en el gobierno de Jimmy Morales se le juramentó como viceministro de Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía el 1 de diciembre de 2017, ocho días después de que los fiscales del MP y la CICIG, allanaron una de sus propiedades.

Solo pasó un mes y medio para que ascendiera en el gobierno a un puesto con derecho de antejuicio, de inmunidad para evitar ser investigado o allanado. El 17 de enero de 2018 fue nombrado ministro de Economía. En esa ocasión, el gobierno difundió su hoja de vida sin mencionar que trabajó para Tigo y, consultado el funcionario sobre los allanamientos, dijo a la prensa que hizo consultas al Ministerio Público y le dijeron que no era parte de un proceso penal.

La CICIG no ha aclarado de qué se trata el caso por el que allanó la sede de Tigo y la casa de Valladares Urruela, pero puede tener relación con una disputa entre las empresas de telefonía Claro y Tigo, explicada en esta investigación de Nómada del 17 de octubre de 2017: el caso de los US$400 millones no investigados entre Claro, Tigo, el PP y la UNE.

Se trata de una batalla legal entre las dos empresas, en la que se involucraron políticos a partir de 2011. Según confesó antes la CICIG, Julio Carlos Porras Zadik, gerente de Claro, entregó sobornos al Partido Patriota para que el gobierno de Otto Pérez Molina beneficiara a esa empresa en la resolución de conflicto que mantenía con Tigo por la definición de tarifas para el servicio de llamadas internacionales, y así evitar una demanda de US$400 millones.

El reportaje recalca que hace falta que el MP y la CICIG investiguen dos aristas de la denuncia: ¿Cuánto supo de estos sobornos el CEO mundial de Claro-América Móvil y familiar del magnate mexicano Carlos Slim, quien se fotografió con Pérez Molina y Baldetti? ¿Y cuánto de cierto hay que Tigo también financió ilegalmente al PP y a la UNE para asegurar estos beneficios? En ese momento, Tigo era co-dirigida por Acisclo Valladares Urruela.

El ahora ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, dice que fue él quien demandó a Julio Carlos Porras Zadik, de Claro, a quien acusa de originar el conflicto. “En apoyo de la lucha en contra de la corrupción y para evitar que vuelva a burlarse en el futuro a instituciones como el Ministerio Público y la CICIG y, a través de estas, de los propios Tribunales de Justicia, interpuse querella penal en contra del testigo falso, ex gerente de Telgua/Claro, competidora de Tigo, la empresa líder en el mercado, empresa a la que presté servicios profesionales varios años’, dijo el ministro Valladares Urruela, consultado por Nómada.

En sus respuestas, enviadas por escrito, el embajador y el ministro dicen que Nómada tiene un conflicto de interés al informar de este caso, debido a que Julio Carlos es hermano de Estuardo Porras Zadik, accionista de este medio. Para este medio, los lectores pueden corroborar que es cierto el conflicto de interés. Desde su fundación en 2014, Nómada hizo público el nombre de todos sus accionistas. Estuardo Porras Zadik es uno de los 22 accionistas y tiene el 1% de las acciones. Como el resto de los accionistas, no ha intervenido en las decisiones editoriales. Una muestra de esa independencia es la investigación de Nómada sobre el caso Tigo-Claro y los señalamientos sobre las inconsistencias de la declaración de Julio Carlos Porras Zadik.

Sobre la acusación de un conflicto de interés, el candidato a fiscal Acisclo Valladares Molina asegura que su hijo no está siendo acusado en un proceso de la CICIG y el MP, sino que ha sido un acusador. De cualquier forma, en su plan de trabajo contempla la posibilidad de que se presente conflicto de interés por un caso contra su hijo y tiene una idea para resolverlo: un Fiscal Especial, como en el caso del FBI contra el presidente estadounidense Donaldo Trump.

En Estados Unidos se designó a un fiscal especial para investigar si Trump se alió con Rusia para alterar las elecciones de 2016. Robert Mueller, el fiscal especial, no fue nombrado por el equivalente al jefe del MP, Jeff Sessions, ya que él también podría estar envuelto en la trama. Al final, la responsabilidad recayó en Rod Rosenstein, asistente del fiscal general, como una forma de garantizar la independencia. El objetivo es limitar la influencia que pueda ejercer un presidente Trump y su jefe del FBI, Sessions. El fiscal especial Mueller tiene una larga trayectoria y fue jefe del FBI entre 2001 y 2013.

El problema es que en Guatemala, el Fiscal Especial es nombrado por el jefe del Ministerio Público. Y para tener una independencia parecida a la de Mueller, es algo así como que se nombrara a Claudia Paz y Paz como fiscal especial en un caso contra el hijo del Fiscal General.

Hay más miembros de la familia Valladares en puestos públicos. El hermano de Acisclo, Rodrigo Valladares Molina, es el jefe del Registro Mercantil, del Ministerio de Economía. Y el hijo de éste, José Rodrigo Valladares Guillén, es diputado en la bancada Todos. Javier Valladares Urruela, también hijo de Acisclo Valladares, es ingeniero civil y es tercer el secretario en la Embajada de Guatemala en Francia. Y su hijo mayor, Acisclo Valladares Urruela es Ministro de Economía.

Además, tiene un tercer conflicto de interés.

El jefe de casi todos sus familiares funcionarios es el presidente Jimmy Morales, quien tiene a su vez tres casos pendientes de enfrentarse a la justicia: el financiamiento electoral ilícito –detenido en el Congreso–, el de haber recibido Q450 mil de sobresueldo del ejército –detenido en la Corte de Constitucionalidad– y el de su hijo y su hermano por defraudar al Registro de la Propiedad. Sobre éste último caso, Acisclo opinó que las acusaciones contra José Manuel y Samuel Morales deben ser consideradas una falta y no un delito.

La promesa de Acisclo: trabajar junto a la CICIG

Acisclo Valladares, en la comunicación por escrito para esta nota, asegura que, si llegara a ser designado como jefe del Ministerio Público, trabajaría con el comisionado y la CICIG.

Aunque matiza ese apoyo: “Pienso que ha hecho bien su trabajo pero que puede y debe mejorarlo y pienso, asimismo, que ha cometido errores, los que debe y puede corregir”.

Además, de los extractos de sus respuestas, publicados a lo largo de este reportaje, Acisclo Valladares Molina solicitó que los lectores pudieran tener acceso a todas sus respuestas, que pueden encontrarse Respuestas Perfil Acisclo Valladares Molina 2018, de cinco páginas.

‘Un abogado muy capaz, pero con conflictos de interés’

Álvaro Castellanos, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, considera que Acisclo Valladares es un candidato a fiscal consistente y un abogado muy capaz, pero cree que puede estar en medio de un conflicto de interés que representa un obstáculo para su designación. Opinar en medios de comunicación y escribir columnas defendiendo al presidente Jimmy Morales, y también a su hijo y hermano, lo ponen en una situación complicada, dice el abogado Castellanos.

Pero añade que también el presidente Jimmy Morales tiene un conflicto de interés, siendo él un acusado -aunque no hayan avanzado las causas- al tener que tomar una decisión sobre quién será el responsable de la persecución penal en el país. “Eso lo tiene que tomar en cuenta la comisión de postulación”.

***

Entre hoy y el 16 de abril, los 15 abogados que integran la Comisión de Postulación –el presidente de la Corte Suprema, dos representantes del Colegio de Abogados y 12 decanos de facultades de Derecho– presentarán una lista con 6 candidatos electos con 10 de los 15 votos para que el presidente Jimmy Morales escoja al próximo jefe del MP a partir de mayo para sustituir a Thelma Aldana. A partir de hoy, Nómada presentará perfiles de 8 de los 29 candidatos con más posibilidades para ser seleccionados por la Comisión de Postulación.

Perfil 2/8: Claudia Escobar. La jueza del CV (casi) perfecto y le dijo que no a Baldetti quiere ser Fiscal

Perfil 3/8: Mayra Véliz: La heredera de Thelma para el MP tiene capacidad de trabajo y mala memoria

Perfil 4/8: Roberto Molina Barreto. El magistrado que falló a favor de OPM se otorgó 17 diplomas desde su propia fundación 

Perfil 5/8: Tamara de León. La candidata favorita de la Fundación contra el Terrorismo dice que quiere a la CICIG

* Estas respuestas fueron añadidas a las 11:10 del 12/3/18, pues fueron entregadas en ese momento por el personaje de este perfil. Envió también un texto de cinco hojas, que puede encontrarse en Respuestas Acisclo 2.

** En la investigación original se publicó que Acisclo Valladares era mandatario de Sigma y fue consultado con él como fuente. No obstante, hubo un error. No es mandatario de Sigma Constructores sino de Apsa. Ofrecemos disculpas a Sigma Constructores por la información consignada. Sigma Constructores, por cierto, no forma parte de los casos de alto impacto que lleva el juzgado de Mayor Riesgo B.